Una propuesta de ley nacida en el Congreso de Michoacán está generando cambios legislativos en Argentina y Honduras, convirtiéndose en un fenómeno regional que busca proteger los derechos de la infancia ante el abandono parental.
La «Ley Cazzu», impulsada por la diputada local Sandra Arreola Ruiz (PVEM), plantea limitar el poder de veto de padres ausentes o deudores alimentarios en decisiones clave como obtener pasaportes o permisos de viaje para sus hijos. Lo que comenzó como una lucha local en marzo de 2026 ahora inspira cambios legales más allá de México.
En Argentina, el senador Carlos Linares presentó un proyecto nacional que crea la «suspensión cautelar de la responsabilidad parental», permitiendo a jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de progenitores que incumplan con pensiones alimenticias o se ausenten por más de tres meses. La propuesta ya cuenta con 38 mil firmas ciudadanas y busca agilizar decisiones sobre salud y viajes en máximo 180 días. Mientras tanto, en Honduras una petición ciudadana gana fuerza para otorgar permisos de viaje permanentes al progenitor custodio cuando se compruebe abandono legal.
El impacto trasciende fronteras porque el problema es estructural en Latinoamérica. En Michoacán existen más de 410 mil deudores alimentarios, y miles de mujeres enfrentan obstáculos legales diarios para realizar trámites básicos para sus hijos. Como explica Arreola Ruiz: «Quien cuida, educa y sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no».
A nivel nacional, la iniciativa ya fue replicada en Puebla, Guanajuato y Oaxaca, mientras que el diputado federal Ernesto Núñez Aguilar trabaja en una reforma al artículo 4º constitucional. Los proyectos en Argentina y Honduras continúan su curso legislativo, consolidando una red regional de protección infantil que promete transformar la vida de millones de familias latinoamericanas.