El Congreso de Michoacán aprobó ayer una reforma constitucional federal que transformará la estructura y los gastos del sector público en el estado. La medida, conocida como ‘Plan B Electoral’, establece límites estrictos a los salarios de funcionarios y reduce el tamaño de los gobiernos municipales.
La reforma más visible para los ciudadanos será en los ayuntamientos, que ahora tendrán máximo 15 regidores en lugar de los hasta 20 que actualmente pueden tener algunos municipios grandes. Esto significa menos funcionarios electos cobrando del erario público en cada administración municipal.
En términos de austeridad, la medida prohíbe que consejeros electorales, magistrados y funcionarios de alto nivel contraten seguros médicos privados, seguros de vida o pensiones especiales con recursos públicos. Sus salarios tampoco podrán exceder los topes constitucionales ya establecidos.
Para el Congreso estatal, la reforma establece que su presupuesto anual no puede superar 0.7% del presupuesto total del estado. Además, elimina la posibilidad de reelección consecutiva de diputados locales, mientras que a nivel federal el Senado deberá reducir 15% su presupuesto respecto a 2026.
La reforma busca generar ahorros significativos en el gasto público estatal y municipal, aunque aún no se ha calculado el monto específico que representará para las finanzas de Michoacán. Los cambios entrarán en vigor una vez que sea aprobada por la mayoría de los congresos estatales del país.