El trabajo doméstico no remunerado podría considerarse legalmente como violencia contra la mujer si prospera una iniciativa presentada ayer en el Congreso de Michoacán. La propuesta, impulsada por el diputado Reyes Galindo del Partido del Trabajo, busca reformar la Ley Por una Vida Libre de Violencia para reconocer como agresión el no remunerar las labores del hogar y el cuidado familiar.
Las cifras respaldan la relevancia del tema: según datos del INEGI, en 2025 el trabajo no remunerado representó 37.4% del PIB estatal michoacano, muy por encima del promedio nacional de 30%. Esto significa que más de una tercera parte del valor económico de Michoacán depende del trabajo invisible de las mujeres en los hogares.
La propuesta también establece que obligar a mujeres embarazadas a realizar trabajos de esfuerzo considerable que pongan en riesgo su salud gestacional constituye violencia de género. Esta medida busca proteger tanto la salud materna como la del bebé en desarrollo.
A nivel global, la Organización Internacional del Trabajo reporta que las mujeres dedican 59 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, casi el triple que los hombres (22 horas). En México, las mujeres destinan 28.8 horas semanales solo a cuidados, mientras los hombres apenas 12.4 horas.
La iniciativa responde a recomendaciones de ONU Mujeres sobre la necesidad de que los gobiernos implementen políticas para abordar el trabajo doméstico no remunerado, históricamente invisibilizado pese a ser fundamental para la supervivencia económica de los hogares. De ser aprobada, Michoacán se convertiría en pionero en tipificar esta forma de violencia económica de género.