El Congreso de Michoacán aprobó reformas que transfieren las funciones del extinto Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IMAIP) a la Secretaría de Contraloría del Estado. La decisión consolida en una sola dependencia las tareas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales que antes manejaba el organismo autónomo.
La reforma establece que la Contraloría será responsable de conocer los procedimientos de acceso a la información, verificar el cumplimiento de la ley de transparencia e imponer sanciones a funcionarios que incumplan con estas obligaciones. También deberá proponer actualizaciones al código de ética de servidores públicos y promover mecanismos de participación ciudadana en la evaluación gubernamental.
La titular de la Contraloría fungirá como liquidadora del IMAIP, con la responsabilidad de garantizar la transferencia ordenada de recursos humanos, materiales y financieros del instituto extinto. Los diputados otorgaron 180 días hábiles al Ejecutivo estatal para realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias.
Esta concentración de funciones marca un cambio significativo en el modelo de transparencia michoacano, que pasa de un organismo autónomo a depender directamente del Ejecutivo estatal. Los legisladores argumentan que la medida fortalecerá los principios de transparencia y rendición de cuentas, aunque críticos señalan que podría comprometer la independencia en la supervisión de la información gubernamental.
La reforma responde a una iniciativa del gobernador del estado y representa una restructuración profunda del sistema de transparencia en Michoacán, cuyas implicaciones se verán reflejadas en los próximos meses conforme se concrete la transición.