El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, responsabilizó al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla por la muerte del activista ambiental y militante priista Lázaro Medina, denunciando un patrón de violencia sistemática contra voces opositoras en Michoacán.
En una declaración que contrasta las celebraciones oficiales con la realidad de inseguridad, Valencia señaló que mientras el gobernador inauguraba el Teleférico de Uruapan, los defensores sociales continúan siendo asesinados. «De nada sirve denunciar cuando el gobierno no asume su responsabilidad», declaró el también diputado local.
Las cifras respaldan la gravedad de la situación: durante el actual sexenio han sido asesinados siete alcaldes, evidenciando que los ataques no se limitan a activistas civiles sino que alcanzan a funcionarios electos. Valencia invocó la Responsabilidad de Proteger, norma internacional que obliga al Estado a garantizar la seguridad ciudadana.
El dirigente priista fue más allá de las críticas locales al acusar que «el crimen organizado está convertido en un instrumento del gobierno para silenciar a los activistas sociales». Esta declaración eleva las acusaciones al sugerir una posible colusión entre autoridades y grupos criminales.
Ante lo que califica como «hechos no aislados», Valencia exigió intervención de organismos internacionales para detener la violencia estatal. «Están matando a nuestras voces, están matando a los defensores de nuestros bosques», enfatizó al referirse específicamente a ambientalistas como Medina.
El caso suma tensión al clima político michoacano, donde la protección de activistas sociales se ha convertido en un tema central del debate público, especialmente cuando se trata de defensores ambientales que enfrentan intereses económicos poderosos en regiones forestales del estado.