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«En Michoacán las elecciones no pueden decidirse bajo amenazas, violencia o presión del crimen organizado», aseveró el diputado del PRD, Octavio Ocampo, quien presentó una propuesta de reforma electoral para que cualquier proceso contaminado por la intervención de grupos delictivos pueda ser anulado cuando se acrediten afectaciones graves en las casillas electorales.

Octavio Ocampo, explicó que la iniciativa busca establecer mecanismos legales para proteger el voto ciudadano y evitar que la violencia altere los resultados electorales. «No podemos permitir que una elección sea válida cuando existen amenazas, presión o intervención del crimen organizado. La democracia debe defenderse con reglas claras y con instituciones que actúen», señaló.

La propuesta contempla modificar la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana del Estado, estableciendo que la nulidad pueda decretarse por casillas afectadas. En caso de que se anule más del 20 por ciento de las casillas de una elección por incidencia delictiva, se procedería a declarar la nulidad total del proceso electoral correspondiente.

Octavio Ocampo indicó que el planteamiento forma parte de los trabajos de análisis de la reforma electoral local en las mesas interinstitucionales entre el Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado. Añadió que el objetivo es fortalecer la legalidad de los procesos electorales y garantizar que las elecciones se definan por la participación ciudadana.

El legislador aseveró que el PRD «ha sido, desde sus orígenes, un partido impulsor de la defensa democrática y de las libertades políticas del país. Su surgimiento estuvo acompañado de la exigencia de elecciones libres, instituciones electorales autónomas y garantías para la participación ciudadana. A lo largo de los años, el PRD promovió reformas que contribuyeron a la democratización de México, y hoy mantiene vigente esa misión al promover mecanismos legales que protejan la voluntad popular y la legalidad de los procesos electorales».

«En Michoacán las elecciones no pueden decidirse bajo amenazas, violencia o presión del crimen organizado», aseveró el diputado del PRD, Octavio Ocampo, quien presentó una propuesta de reforma electoral para que cualquier proceso contaminado por la intervención de grupos delictivos pueda ser anulado cuando se acrediten afectaciones graves en las casillas electorales.

Octavio Ocampo, explicó que la iniciativa busca establecer mecanismos legales para proteger el voto ciudadano y evitar que la violencia altere los resultados electorales. «No podemos permitir que una elección sea válida cuando existen amenazas, presión o intervención del crimen organizado. La democracia debe defenderse con reglas claras y con instituciones que actúen», señaló.

La propuesta contempla modificar la Ley de Justicia en Materia Electoral y Participación Ciudadana del Estado, estableciendo que la nulidad pueda decretarse por casillas afectadas. En caso de que se anule más del 20 por ciento de las casillas de una elección por incidencia delictiva, se procedería a declarar la nulidad total del proceso electoral correspondiente.

Octavio Ocampo indicó que el planteamiento forma parte de los trabajos de análisis de la reforma electoral local en las mesas interinstitucionales entre el Congreso del Estado, el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado. Añadió que el objetivo es fortalecer la legalidad de los procesos electorales y garantizar que las elecciones se definan por la participación ciudadana.

El legislador aseveró que el PRD «ha sido, desde sus orígenes, un partido impulsor de la defensa democrática y de las libertades políticas del país. Su surgimiento estuvo acompañado de la exigencia de elecciones libres, instituciones electorales autónomas y garantías para la participación ciudadana. A lo largo de los años, el PRD promovió reformas que contribuyeron a la democratización de México, y hoy mantiene vigente esa misión al promover mecanismos legales que protejan la voluntad popular y la legalidad de los procesos electorales».

Con la premisa de que esta 76 Legislatura sea impulsora de obras literarias que fortalezcan la difusión de los derechos humanos en Michoacán, el Poder Legislativo abrió sus puertas para la presentación del libro «Compilación de tratados e instrumentos internacionales básicos en derechos humanos», obra de Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete.

En esta presentación, el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, manifestó que este libro, tiene un enorme valor en la vida de las y los michoacanos, pues acerca el conocimiento jurídico a personas, ayuda a conocer cuáles son los derechos que nos protegen y las obligaciones que tiene el Estado con las personas.

«En este Congreso del Estado, siempre hemos legislado pensando y poniendo en primer lugar a la persona humana, cada Ley que se aprueba debe tener como centro, la dignidad de las personas, siempre debe buscar justicia social y bienestar colectivo», agregó.

Por su parte, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 76 Legislatura, indicó que, esta obra adquiere una relevancia especial en el momento histórico que vive México, ya que hoy enfrenta una realidad compleja, marcada por profundas exigencias sociales de justicia, igualdad, seguridad, inclusión y dignidad humana.

«Desde el Congreso del Estado de Michoacán, tenemos la enorme responsabilidad de impulsar marcos jurídicos cada vez más compatibles con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos. Pero también tenemos la obligación de promover una auténtica cultura institucional de respeto a la dignidad humana, donde el centro de toda decisión pública sean siempre las personas», finalizó.

En su intervención, el autor de esta obra Cuauhtémoc Manuel de Dienheim Barriguete, expuso el trayecto que tuvo que recorrer para poder concluir este libro y aseguró que la difusión de los Derechos Humanos, debe ser una tarea de todos y de todas, «que la sociedad conozca sus derechos, va a generar que haya una sociedad más libre, más pacífica y en armonía».

Por su parte, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante de la 76 Legislatura y comentador de este libro, destacó que, en esta obra se enlistan los documentos más relevantes en materia de protección y defensa da destacó los Derechos Humanos, además de que quienes lean este libro podrán entender a la perfección y de manera muy sencilla, la interacción que México tiene respecto al derecho internacional y ofrece un panorama básico de los Derechos Humanos.

En su turno, el ex diputado local de la 75 legislatura e impulsor de esta obra, Jesús Hernández Peña, refirió que esta obra refleja un compromiso con la enseñanza y la difusión de los Derechos Humanos, además de que es una herramienta accesible, clara y útil para acercar conocimiento a la sociedad.

El diputado Baltazar Gaona García precisó que los Derechos Humanos actualmente están en crisis «no porque se hayan perdido, sino porque hoy se enfrentan enormes desafíos, vivimos tiempos muy complejos en donde la violencia lastima nuestras comunidades, donde muchas personas sienten que la justicia llega tarde o simplemente no llega».

Al dar la bienvenida en la presentación del libro «Los Derechos en Crisis», el Presidente la Mesa Directiva del Congreso del Estado señaló que los derechos humanos son conquistas históricas de la humanidad, que costaron años de lucha, sacrificio, movimientos sociales y muchas veces, hasta vidas humanas y que pareciera que compiten con agendas políticas o con intereses económicos.

La sociedad comienza –dijo- a normalizar la violencia, a dejar de indignarse ante la injusticia y hasta por el dolor ajeno, y ante ello, instó a seguir trabajando «para que futuras generaciones no hereden miedo, violencia, ni divisiones. Sino que hereden un México más humano, más justo y más solidario».

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Xóchitl Ruíz González resaltó la importancia de la obra coordinada por José René Olivos Campos, Jaime Cárdenas Gracia y Pastora Melgar Manzanilla, como un ejercicio que aporta reflexiones que enriquecen la discusión pública y contribuyen a los pensamientos colectivos sobre cómo avanzar hacia mejores condiciones de libertad, igualdad y justicia y el desarrollo para todas y para todos.

«La defensa de los Derechos Humanos exige una reflexión crítica sobre las instituciones, las desigualdades y las relaciones del poder que atraviesan nuestra sociedad», señaló.

Ante el Diputado Federal Ernesto Núñez, magistrados del Tribunal Electoral del Estado Michoacán y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Coordinador del libro Los Derechos en Crisis, destacó que el Estado tiene la responsabilidad de atender y respetar los mandatos constitucionales y convencionales que ubiquen al ser humano como el origen, el centro y el fin de toda acción pública.

«Vivimos tiempos marcados por las patologías que vulneran nuestros derechos: la corrupción que erosiona la confianza pública; la inseguridad que fractura el tejido social; la fragilidad institucional que no garantiza plenitud», puntualizó.

Agregó que el libro, es una herramienta crítica para garantizar los derechos de toda persona, «sea el punto de partida, para dialogar, consultivamente informar y generar una transformación. Sea un instrumento para fortalecer nuestras instituciones, sea el impulso para hacer de la justicia una realidad visible para todas y todos».

Durante la presentación, Carlos Sinhué Vital Punzo expuso que como parte del derecho humano, se encuentra el derecho a la propiedad privada en el que se tienen muchos desafíos, porque «aún este en México más del 50% de la de la tierra en este país se encuentra en un carácter irregular; vale la pena recordar que tenemos trabajo pendiente para que a las personas más necesitadas se les acerque ese título, derecho que está establecido en la constitución».

Al reconocer que la que la industria de los videojuegos se ha convertido en una herramienta que desarrolla en los jóvenes la disciplina, les genera creatividad y les brinda un espacio de inclusión, el diputado Baltazar Gaona García resaltó la importancia de acercar a los jóvenes michoacanos a las nuevas tecnologías.

En el salón de Recepciones, el Presidente de la Mesa Directiva, junto con la diputada Brissa Ireri Arroyo Martínez, dieron la bienvenida a CEO´S de PUBGM de China para las Américas, así como de Erremedia, y al titular del Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH), a fin de avanzar hacia la construcción y uso de herramientas tecnológicas para las infancias y las juventudes michoacanas.

Baltazar Gaona García destacó que en la entidad hay jóvenes talentosos, creativos, con enormes capacidades que requieren solamente acceder a las herramientas para que se desarrollen exitosamente en el uso de las nuevas tecnologías.

Destacó que al abrir una puerta, con un proyecto de colaboración entre particulares y las autoridades estatales, les permitirá a los jóvenes michoacanos «acceder, aprender y hacerse llegar de recursos y herramientas que hacen falta para que, estos jóvenes se puedan desarrollar en esta autopista de las nuevas tecnologías».

Destacó que al abrir espacios para la animación digital, el desarrollo de software y la creación de videojuegos en las distintas universidades y en diversos municipios del estado, se facilitarán vínculos entre las plataformas de gaming y el sector académico o estudiantil, en beneficio de la sociedad misma.

La diputada Brissa Arroyo reconoció la iniciativa del titular del IJUMICH y el Gobierno del Estado para impulsar el proyecto que llevará nuevas tecnologías a los jóvenes a través de programas, que representan herramientas tanto económicas como de participación ciudadana, como lo son los viodeojuegos.

«Hoy ya son herramientas inseparables para socializar, para aprender y hasta para entretenimiento, fomentan sin duda, la creatividad y un sentido de pertenencia. Hagamos de las pantallas nuestras aliadas para la educación de nuestras hijas y nuestros hijos», precisó.

Agregó que los videojuegos se han convertido en potentes herramientas educativas y de aprendizaje, que fomentan una interacción con otros compañeros de su propio entorno; que fortalecen el desarrollo del pensamiento crítico, ayudan a la resolución de problemas y la motivación intrínseca de todos los jóvenes.

René Herrera, CEO de Erremedia, michoacano que funge como enlace entre la industria tecnológica con empresas internacionales detalló que hay estudios que avalan que el tema de los videojuegos generan condiciones buenas para los jóvenes como el desarrollo de habilidades, conocimiento, trabajo en equipo y la comunicación con personas de otro lado, y a hacer amigos.

«Son tecnologías que impulsan a los jóvenes a mejorar y ser mucho más productivos y a desarrollarse en el tema de la inteligencia artificial», precisó.

Lenín López explicó que dicha estrategia impulsará a los jóvenes el ámbito tecnológico, proyectado para desarrollarlo en todas las universidades de Michoacán, en algunos municipios y en zonas prioritarias de la entidad, lo que lo convertirá en un producto único en América Latina. «No lo hay en otro estado de la república son los pioneros en este tema y lo digo con mucho orgullo que Michoacán es el primer estado de todo continente americano».

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, refrendó su compromiso para que este mismo año quede lista y pueda concretarse la Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán, al considerar que se trata de una deuda pendiente con cientos de familias michoacanas.

El legislador recordó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Michoacán existe un registro histórico de 7 mil 801 personas desaparecidas, cifra que contempla casos acumulados desde la década de los años sesenta hasta la fecha, por lo que consideró urgente fortalecer el marco jurídico estatal en esta materia.

Baltazar Gaona explicó que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversos esfuerzos legislativos para concretar esta ley, incluyendo iniciativas ciudadanas y propuestas presentadas por distintas diputadas y diputados desde el año 2021. Precisó que incluso en octubre de 2023 el Pleno aprobó una propuesta de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán; sin embargo, observaciones realizadas posteriormente por el Poder Ejecutivo y reformas federales provocaron que el proyecto quedara desfasado.

«Hoy existe una nueva propuesta que se sigue trabajando en mesas técnicas con instituciones del Estado, la Fiscalía y colectivos. Nosotros vamos a darle puntual seguimiento para que esta ley finalmente pueda salir adelante», señaló el diputado presidente del Congreso.

Gaona García destacó además el trabajo que se ha realizado para construir consensos con madres buscadoras y diferentes dependencias, al tiempo que reconoció la disposición de la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Anabet Franco Carrizales, para acelerar los trabajos legislativos y concretar el dictamen correspondiente.

«Voy a hacer el compromiso de que sea este mismo año cuando podamos tener lista esta ley en Michoacán, porque no podemos seguir postergando un tema tan sensible para miles de familias», expresó Baltazar Gaona, quien subrayó que actualmente Michoacán se encuentra entre las siete entidades del país que aún no cuentan con una legislación específica en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y proteger el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes, el diputado local Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para reconocer y fortalecer el derecho de convivencia familiar de hijas e hijos de personas privadas de la libertad.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que las consecuencias del encarcelamiento no deben trasladarse a las y los menores de edad, quienes enfrentan afectaciones emocionales, psicológicas y sociales derivadas de la separación de su madre o padre.

«La privación de la libertad de una persona no puede traducirse en la vulneración de los derechos de sus hijas e hijos. El Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos que protejan su bienestar y fortalezcan los vínculos familiares», expresó.

Iván Vera señaló que actualmente la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán no contempla disposiciones suficientes para garantizar de manera integral los derechos de convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores privados de la libertad, situación que contraviene el principio constitucional del interés superior de la niñez.

La iniciativa propone reconocer expresamente en la legislación estatal los derechos de las y los menores a mantener una convivencia efectiva con su madre o padre, así como establecer un régimen especial de visitas y convivencia que fortalezca los vínculos materno-filiales y paterno-filiales.

Asimismo, la propuesta busca impulsar una protección integral de la niñez michoacana, priorizando el bienestar emocional y el desarrollo de las y los menores afectados por la separación familiar, mediante acciones que reduzcan el impacto psicológico derivado de la ausencia de la figura materna o paterna.

Con esta iniciativa, el diputado Iván Vera refrendó su compromiso de impulsar reformas con enfoque humanista y de protección a los derechos de la niñez, fortaleciendo las políticas públicas orientadas a garantizar entornos más justos y sensibles para las familias michoacanas.

Con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes y construir mecanismos de prevención social más efectivos, el diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán para crear un procedimiento especializado dirigido a adolescentes que cometan faltas administrativas.

La propuesta contempla la creación de un nuevo capítulo denominado «Del Procedimiento de Justicia Cívica y Mediación Administrativa para Adolescentes», con el propósito de establecer un modelo preventivo, formativo y restaurativo que permita atender estas conductas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo integral.

El legislador destacó que la intención no es criminalizar ni estigmatizar a las y los adolescentes, sino brindarles herramientas que permitan su reintegración y evitar que conductas administrativas puedan escalar hacia situaciones más graves.

«Debemos apostarle a la prevención y al acompañamiento, no a la sanción por sí sola. Nuestro compromiso es construir oportunidades para nuestros jóvenes y fortalecer el tejido social desde las primeras señales de riesgo», expresó Alfredo Anaya.

La iniciativa establece que, cuando un adolescente incurra en una falta administrativa, las autoridades deberán privilegiar medidas educativas y de reintegración social, garantizando en todo momento el respeto al interés superior de la niñez y sus derechos fundamentales.

Asimismo, se contempla que los adolescentes tengan derecho a ser escuchados durante el procedimiento, contar con el acompañamiento de padres o tutores y recibir orientación jurídica adecuada. También se propone que las audiencias se desarrollen bajo principios de oralidad, transparencia y rapidez.

Otro de los puntos relevantes de la propuesta es la posibilidad de que los jueces cívicos canalicen los casos a procesos de mediación administrativa o comunitaria para fomentar el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción del entorno social.

La reforma también establece que las medidas aplicables deberán ser de carácter formativo y no punitivo, evitando sanciones privativas de la libertad como medida principal. Además, se prohíbe que adolescentes sean retenidos en instalaciones destinadas a personas adultas, garantizando su integridad física y emocional.

De igual forma, la propuesta busca fortalecer las herramientas de seguimiento mediante la implementación de bases de datos biométricas en las direcciones de Justicia Cívica del estado, permitiendo una mejor coordinación con instituciones como la Fiscalía y el DIF para identificar a padres o tutores, dar seguimiento puntual a los procesos de reintegración y prevenir conductas de mayor riesgo.

Con esta iniciativa, Alfredo Anaya refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención, la protección de las juventudes y la construcción de una justicia más humana y cercana a las necesidades de la sociedad.

Con el objetivo de generar un espacio participación para las niñas, niños y adolescentes, a fin de promover el ejercicio pleno de sus derechos, así como, impulsar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia, el Congreso del Estado emitió la Convocatoria para el Parlamento Infantil Incluyente 2026.

Cuarenta niñas, niños y adolescentes de 9 a 12 años de edad, originarios o residentes de la entidad podrán hacer uso de la Tribuna del Poder Legislativo los días 23 y 24 de junio, en un ejercicio de aprendizaje, académico, libre expresión que fortalecerá su participación cívica y democrática.

Del viernes 22 de mayo y hasta el viernes 12 de junio del 2026, las y los interesados deberán presentar un manuscrito elaborado de su puño y letra, de manera impresa o digitalizada (en formato de imagen) y anexar una versión transcrita de su propuesta sobre temas como Derechos humanos y Cultura de la paz; Educación; Salud; Recreación; Deporte; Familia; Inclusión e igualdad; Medio ambiente; y, Uso de tecnología y redes sociales.

De acuerdo con la convocatoria, quienes deseen inscribirse, deberán enviar su trabajo y documentación digitalizada al correo electrónico parlamentoinfantil.2026@gmail.com, o de manera física en la oficina de la Diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, ubicada en la Calle Francisco I. Madero No 97, Centro Histórico, Morelia Michoacán, en un horario de 09:00 a.m. a 17:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

La propuesta deberá ser acompañada por los documentos: copia de CURP de la niña, niño o adolescente; copia del Acta de Nacimiento vigente o copia certificada; Constancia de estudios o en su caso de inscripción; original y copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

Además, deberán presentar formatos de autorizaciones expedidos por las Comisiones Unidas, para que sea asistido dentro de los trabajos del Parlamento Infantil Incluyente, participar en los debates dentro de las instalaciones del Poder Legislativo, así como, el reconocimiento de autoría del proyecto presentado de la niña, niño o adolescente, asimismo, para la publicación del nombre e imagen exclusivamente para fines institucionales del evento;

Es importante que ningún menor haya sido seleccionada o seleccionado, en un evento del Parlamento Infantil Incluyente anterior, ni familiar de diputadas y diputados del Congreso del Estado o de las y los titulares de la Administración Pública Estatal hasta en segundo grado de parentesco.

Las Comisiones Unidas de Protección a la Niñez y Adolescencia, así como, de Educación, emitirán y publicarán el día martes 17 de junio del 2026, en el portal del Congreso del Estado www.congresomich.gob.mx la lista definitiva e inapelable de las niñas, niños y adolescentes que integrarán el «Parlamento Infantil Incluyente del Estado de Michoacán de Ocampo para el Año 2026».

La Convocatoria puede consultarse directamente en la dirección: https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/05/CONVOCATORIA-PARLAMENTO-INFANTIL-INCLUYENTE-2026.pdf

En el marco de la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen impulsado por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, que reconoce el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes a no ser sancionadas académicamente cuando la dismenorrea (dolor menstrual severo) les impida asistir a clases, garantizando así condiciones de aprendizaje con dignidad y equidad.

Durante su intervención, la legisladora explicó que la iniciativa parte de una premisa fundamental: el derecho a la educación no puede ejercerse plenamente si se ignoran las condiciones reales de salud física, emocional y biológica de quienes estudian. «Educar no solamente es permitir el acceso al salón de clases, sino garantizar condiciones efectivas de aprendizaje, permanencia y desarrollo con dignidad», afirmó.

Arreola Ruiz señaló que la menstruación es un proceso biológico natural, pero para un número significativo de mujeres se acompaña de síntomas como dolor abdominal intenso, cólicos severos, fatiga, náuseas, cefaleas y limitaciones funcionales reales que dificultan o impiden la asistencia a clases y el desempeño académico. No obstante, la falta de reconocimiento normativo ha generado una omisión estructural, enfrentando a las estudiantes a una disyuntiva injusta: asistir en condiciones de malestar extremo o ausentarse y asumir consecuencias institucionales como faltas injustificadas, evaluaciones reprobatorias o sanciones.

La diputada respaldó su posicionamiento con datos contundentes: el 78.9 por ciento de las estudiantes universitarias mexicanas padecen dismenorrea, y el 37 por ciento ha faltado a clases al menos una vez como consecuencia del dolor menstrual. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reconocido que esta condición puede generar incapacidad funcional temporal por varios días.

«Ignorar la realidad que viven miles de estudiantes implica desconocer una condición de salud legítima, diagnosticable y verificable. De nada sirve reconocer el derecho a una menstruación digna si una niña sigue siendo sancionada por faltar a clases cuando su cuerpo le impide levantarse», expresó.

Subrayó que se busca construir un sistema educativo que abrace, entienda y acompañe a las mujeres, y que no mida la responsabilidad de una alumna únicamente por su asistencia, sino por su esfuerzo y su derecho a aprender en igualdad de condiciones.

Al anunciar su voto a favor, la diputada Arreola Ruiz concluyó: «Hoy queremos lograr que ninguna niña vuelva a sentir que su menstruación es motivo de castigo; que ninguna tenga que elegir entre cuidar su salud o cuidar sus calificaciones; y que ninguna estudiante vuelva a creer que su dolor debe soportarse en silencio para no tener consecuencias académicas. Legislar con perspectiva de género también significa reconocer las desigualdades que históricamente han sido normalizadas».

El dictamen aprobado fue turnado a las instancias correspondientes para su implementación en las instituciones educativas del estado.