“Vamos muy bien, ya nos otorgaron la suspensión definitiva y esperamos ganar este amparo en favor de toda la gente de esta región”, señaló el secretario Jurídico, de Transparencia y Atención a Víctimas del PRI Michoacán, Alejandro Villaverde Reyes, respecto al amparo promovido para que las autoridades comisionen a elementos a su cargo que cuenten con las calificaciones técnicas adecuadas para que en coordinación institucional conjunta emprendan acciones concretas y eficaces para localizar, retirar, desactivar, neutralizar y destruir las minas que se encuentran en las comunidades de Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán del municipio de Buenavista Tomatlán.
En ese sentido, dijo, está a la espera de la audiencia constitucional que se llevará a cabo el próximo 4 de abril donde se demostrarán los argumentos y posteriormente habrá que esperar una resolución definitiva para el amparo.
El también titular del Centro de Atención a Víctimas del Comité Directivo Estatal, explicó que no fue fácil que los jornaleros agrícolas de aquella zona de Tierra Caliente accedieran a solicitar el amparo. Para lograrlo, se trasladó junto con su equipo jurídico a la localidad de Santa Ana Amatlán para reunirse con cortadores de limón, hombres y mujeres que viven aterrorizados por la situación que prevalece en la región.
“Fue muy difícil que accedieran, pero les explicamos que la finalidad era presentar un amparo para cuidarles sus garantías como personas, sus derechos humanos y que ellos pudieran trabajar sin el riesgo de salir de sus casas y no saber si van a regresar, además que íbamos de parte de nuestro presidente Memo Valencia, a quien le han tomado confianza, lo han visto cómo ha acompañado a la mamá de Pablito y cómo ha visibilizado todo lo que ha pasado en aquella zona”, indicó.
Villaverde Reyes comentó que, pese a que no todas las personas quisieron sumarse, sí lo hizo la gran mayoría y obtuvieron las firmas suficientes para presentar el amparo.
“El 7 de marzo fue cuando presentamos la demanda de amparo, donde se denunciaron violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades responsables, entre ellas el derecho a la vida, a la integridad personal, al trabajo en condiciones de seguridad y a un ambiente sano y seguro con el que puedan realizar sus tareas cotidianas sin miedo a perder la vida por la colocación de minas terrestres por parte del crimen organizado”, detalló.
Asimismo, relató, ese mismo día el Juzgado Primero de Distrito admitió el trámite de la demanda y se declaró el incidente de suspensión provisional, solicitando a las autoridades señaladas que presentaran cada quien el informe previo y se señaló el 14 de marzo para la audiencia incidental, a pesar de que un día antes, el juzgado recibió un recurso de queja por parte de la SEDENA, en contra del auto de fecha 7 de marzo y no presentaron el informe provisional, porque según ellos, el juez no fundó ni motivó su determinación de otorgar la suspensión provisional.
“Lo que ellos hicieron fue una ´chicanada´ para ganar tiempo, porque iba fundada y motivada perfectamente la determinación del juez”, aclaró.
De igual manera, el secretario Jurídico y de Transparencia señaló que el 18 de marzo acudió al juzgado, donde se les notificó el resultado de la audiencia incidental, en la cual se manifiesta que fue recibido el informe rendido por el fiscal general del Estado de Michoacán y que la queja interpuesta por la SEDENA fue radicada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimoprimer Circuito.
Derivado de lo anterior, el juzgado requirió a las autoridades para que en un término de 48 horas acrediten el cabal cumplimiento a esta medida cautelar, acompañado de documentales que demuestren gestiones y acciones concretas y eficaces.
