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La diputada local Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la 76ª Legislatura del Congreso de Michoacán, respaldó la propuesta de reforma enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para garantizar un presupuesto pleno y democratizar la elección del rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Esta reforma, aseveró, busca fortalecer a la máxima casa de estudios del estado, marca un antes y un después en la educación superior de Michoacán.

Rivera Camacho destacó que este proyecto representa una oportunidad histórica para incluir a todos los sectores que integran la universidad en un diálogo abierto y constructivo.

Y en ese sentido “estamos dialogando con maestros, trabajadores, sindicatos y con todos aquellos que tienen algo que aportar para fortalecer esta reforma. Nuestra intención es que cada voz sea escuchada y que todos sean partícipes de la transformación de nuestra querida universidad”, afirmó la legisladora.

La diputada también subrayó que esta iniciativa está alineada con los principios de la Cuarta Transformación, que busca trabajar de la mano del pueblo y construir un futuro más justo e inclusivo para todos. “En esta Legislatura, nuestro compromiso es con el bienestar del pueblo y con el fortalecimiento de las instituciones que forman el presente y el futuro de nuestra sociedad.

Con este paso, el Congreso de Michoacán refrenda su compromiso con la educación y con las instituciones que representan el legado y el porvenir de los michoacanos.

Con la finalidad de darle la facultad a la Secretaría de Seguridad Pública y las policías, de la investigación de los delitos; así mismo la coordinación y dirección de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como de los programas y políticas respectivas, el Congreso del Estado de Michoacán, aprobó la reforma constitucional en materia de seguridad pública.

La Minuta con Proyecto de Decreto aprobada por este Poder Legislativo contempla reformar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Pública.

Con este decreto se establece que “la Secretaría de Seguridad Pública, también auxiliará a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal en las funciones en materia de seguridad nacional, así como le corresponderá la coordinación del sistema nacional de inteligencia en materia de seguridad pública; y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones de seguridad pública, las cuales
deberán de proporcionar la información de que disponen”.

Esta reforma Constitucional se basa en tres líneas fundamentales que
es: la integración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como autoridad en la investigación de los delitos; la mejora de la coordinación interinstitucional para ejecutar la Estrategia de Seguridad Pública; y el fortalecimiento en las acciones de seguridad ciudadana.

La primordial de esta reforma, radica en la importancia de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sea participe en la investigación de los delitos, es para aprovechar los recursos materiales y humanos con los que cuenta dicha dependencia, y que participe activamente en la recopilación y análisis de información, para aprovechar las herramientas tecnológicas y de inteligencia.

Es importante señalar que con esta reforma, se fortalecerán las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que es importante desde el aspecto material
y jurídico, para fortalecer y consolidar el sistema de seguridad pública de México y con ello dotar de una eficacia y coordinación basada en inteligencia aplicada.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 3, 73; y se adiciona un párrafo al artículo 4, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Protección y Cuidado Animal.

Esta minuta tiene la finalidad de establecer en los planes y programas la perspectiva de protección, cuidado y no maltrato de los animales, en función de las relaciones específicas que guardan con las personas.

En ese sentido, en la adición que se hace al artículo 4, se estipula que “queda prohibido el maltrato a los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, en los términos que señalen las leyes respectivas.”

Dentro de esta minuta, también se incorpora como facultad del Congreso de la Unión, el aprobar leyes concurrentes para proteger, cuidar, así como prevenir y prohibir el maltrato animal conforme a su naturaleza y vínculos con las personas, incluso de animales destinados al consumo humano.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado de Michoacán, dijo reafirmar su compromiso de garantizar que los recursos públicos sean destinados a aquellos rubros que promuevan el bienestar social, un principio fundamental en el marco de la Cuarta Transformación; en un contexto donde la atención a las necesidades de la población es más urgente que nunca, el partido se compromete a ser un agente de cambio y justicia social.

El Coordinador del Grupo Parlamentario, diputado Reyes Galindo Pedraza, subrayó la importancia de priorizar las políticas públicas que beneficien a los grupos vulnerables.

«Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo asegurar que nadie se quede atrás en este proceso de transformación. Estamos aquí para defender los derechos y el bienestar de quienes más lo necesitan», aseguró durante su intervención en la sesión extraordinaria en donde se presentó el paquete económico.

En este sentido, el grupo parlamentario se compromete a realizar un análisis exhaustivo del Paquete Económico 2025. La intención es revisar cada una de las partidas y garantizar que se destinen recursos con un enfoque equitativo, maximizando su impacto en el bienestar social.

«Nuestra misión es asegurar que cada peso invertido en el presupuesto tenga un efecto positivo en la vida de las familias michoacanas», afirmó el diputado Galindo Pedraza.

Asimismo, el grupo parlamentario se compromete a impulsar la resiliencia ambiental como parte fundamental de su labor legislativa. «El cuidado del medio ambiente es esencial para garantizar un futuro sostenible. Promoveremos iniciativas que fomenten prácticas responsables y que ayuden a mitigar el impacto del cambio climático en nuestro estado», destacó el Coordinador.

En conclusión, “el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se posiciona como un aliado del bienestar social y la justicia en Michoacán, con la firme convicción de que una sociedad más justa y equitativa es posible, continuaremos trabajando con transparencia y dedicación para hacer realidad los principios de la Cuarta Transformación, asegurando que los recursos se utilicen en beneficio de quienes más lo requieren”.

La presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, junto al presidente del Congreso del Estado, Juan Antonio Magaña de la Mora, recibieron en manos de Luis Navarro García, secretario de Finanzas, y Carlos Torres Piña, secretario del Gobierno de Michoacán, el Paquete Fiscal 2025, con el compromiso de analizarlo de manera responsable y garantizar que sea equilibrado, sin déficit, y que no contemple nuevos impuestos.

“Hoy es un día muy importante para los michoacanos. El paquete fiscal que estamos recibiendo representa el futuro cercano de nuestro estado, ya que de él depende el desarrollo de infraestructura, la atención a servicios públicos, la mejora de la seguridad y la salud, así como el bienestar de todos los ciudadanos. Este presupuesto debe ser equilibrado, pero sobre todo responsable, y que no recargue al pueblo con nuevos impuestos”, señaló la diputada Bugarini.

En este sentido, secretarios, quienes asistieron en representación del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, adelantaron que el presupuesto de 2025 contempla una inversión histórica en seguridad, con 6 mil millones de pesos, y un incremento significativo en el presupuesto de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con 700 millones de pesos adicionales, lo que representa un aumento de más del 20% en comparación con el presupuesto anterior.

Por su parte, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Congreso, subrayó que este presupuesto tiene una gran responsabilidad, ya que no solo impacta la operatividad del gobierno estatal, sino también la vida cotidiana de los michoacanos a través de los municipios.

“El presupuesto que hoy recibimos las y los diputados representa recursos vitales para la construcción de carreteras, la mejora de servicios públicos, la seguridad, y la infraestructura social. Este presupuesto transformará la vida de los michoacanos, lo verán reflejado en sus calles, escuelas, hospitales y servicios de salud”, expresó Magaña.

Luis Navarro García, secretario de Finanzas, destacó que la recaudación local ha crecido significativamente gracias a la digitalización del gobierno, pasando del 4.5% al 8.5% del total de los ingresos estatales en los últimos años, lo cual es un avance muy positivo para Michoacán. “Gracias a los esfuerzos en materia de digitalización, la recaudación ha mostrado una gran mejoría, lo que nos permite tener un presupuesto más sólido y con mejores perspectivas para el futuro”, apuntó Navarro.

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, añadió que la evaluación del proyecto de ingresos y egresos es fundamental para asegurar que se destinen recursos adecuados a las prioridades de la administración estatal, tales como salud, educación, infraestructura y seguridad. “Es una actividad que realizamos con toda responsabilidad. Este paquete es equitativo y garantizar que tanto el gobierno estatal como los municipios puedan cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente y operativa”, concluyó Torres Piña.

Finalmente, la diputada Giulianna Bugarini reiteró el compromiso del Congreso con un presupuesto responsable, equitativo y que priorice el desarrollo y bienestar de la ciudadanía. “Este presupuesto tiene que tener tres características: ser equitativo, darle viabilidad a los municipios y los estados, y ejecutarse con la mayor responsabilidad para que los michoacanos vean reflejado en su vida diaria los beneficios de una gestión pública que realmente responde a sus necesidades”, concluyó Bugarini.

Con la entrega oficial del presupuesto, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública comenzará el análisis detallado de las propuestas para garantizar que cada recurso se distribuya de manera justa y eficiente, permitiendo que los gobiernos municipales y el gobierno estatal puedan cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en áreas clave como seguridad, salud, educación, infraestructura y servicios públicos.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, recibió por parte del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal del año 2025.

El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, informó que este documento será turnado a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública, para su estudio, análisis y dictamen.

“Seguro estoy que se hará el estudio necesario a la brevedad, con la intensidad que caracteriza a las comisiones y después el pleno. Tenemos que hacer un análisis entre lo que se requiere y lo que se puede, pero ya hay un gran avance con lo que hizo el secretario de finanzas y su equipo”, aseveró.

Por su parte, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, manifestó que una de las premisas de esta 76 Legislatura es no incrementar los impuestos, priorizar la inversión pública, los recursos para programas sociales y garantizar los recursos para los programas de bienestar.

En ese sentido, la legisladora Alanís Sámano, reconoció el trabajo de la diputada Giuliana Bugarini Torres, como presidenta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del diputado Alfredo Anaya Orozco, presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, por lo que aseguró que con su trabajo y el de los demás compañeros integrantes de las Comisiones Unidas, Michoacán tendrá un Paquete Económico adecuado para el Ejercicio Fiscal 2025.

En su intervención el Secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, señaló que si bien el Paquete Económico Federal aún no se aprueba, lo que hoy se presentó ante el Legislativo local, es con base en el estimado y estudio que ya realizó el Ejecutivo Estatal, además de que prioriza en gran medida un presupuesto sin déficit y que cumple con las necesidades de Michoacán.

En tanto el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, detalló que en el Paquete Económico presentado, se propone un presupuesto de 98 mil 930 millones de pesos; además destacó que es un presupuesto que no trae deuda y que de este presupuesto se invertirán más de nueve mil millones de pesos.

En esta actividad estuvieron presentes también diputadas y diputados de la JUCOPO, de las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; y de Hacienda y Deuda Pública, así como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

En virtud de los accidentes aparatosos de trascendencia mediática del último año registrados en la caseta de Zinapécuaro de la Autopista de Occidente, el diputado del PRI, Santiago Sánchez Bautista, presentó ante el Congreso del Estado un exhorto de urgente resolución a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) del Gobierno Federal, para que informen a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán, sobre los avances en la solicitud de su reubicación.

La Propuesta de Acuerdo que no se consideró de urgente resolución, contó con la simpatía de 11 diputados, incluidos algunos legisladores de la 4T; 12 más votaron en contra y hubo dos abstenciones; por ello, se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su estudio, análisis y dictamen.

Sánchez Bautista recordó que el tema no es un asunto nuevo, toda vez que el 9 de diciembre del año pasado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla hizo público que su administración ya había presentado la solicitud a la SICT, para reubicar “la caseta de miedo”, sin que hasta la fecha se haya realizado, ni que se tenga conocimiento público sobre los avances, “mientras que los accidentes continúan”.

De igual manera, solicitó a las autoridades exhortadas, tomar en cuenta la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-033-SCT2-2024, Diseño de plazas de cobro en carreteras. Criterios de seguridad vial; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año en curso, con posterioridad a la solicitud hecha por el gobernador, respecto a la velocidad de operación y a los nuevos parámetros de análisis de ubicación contenidos en dicha NOM.

Asimismo, destacó que el artículo 5º de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, establece que es competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos del caso.

Por otra parte, mencionó, que el Artículo Primero, fracción VI, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del diverso que reestructura la organización y funcionamiento del organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mandata que es objeto de dicho organismo construir, administrar, explotar, conservar, mantener y modernizar por sí o por terceros, las instalaciones complementarias que requiera para el cumplimiento de su objeto, incluyendo el uso, explotación y aprovechamiento del derecho de vía, en los caminos y puentes concesionados y, de ser el caso, en los que opere; así como en los que realice el mantenimiento o administre a través de contrato o convenio.

En su oportunidad, la diputada Ana Belinda Hurtado de la Representación Parlamentaria y el diputado Baltazar Gaona del PT, se pronunciaron por la urgente reubicación de la caseta de Zinapécuaro.

Las prestaciones sociales, tales como la inscripción al IMSS, el acceso a servicios médicos, pensiones y otros beneficios, son derechos irrenunciables de todo trabajador, especialmente de aquellos que se dedican a la seguridad pública, por lo que el diputado local, Alfredo Anaya Orozco propone que se tome en cuenta su garantía en los municipios para acceder a fondos en materia de seguridad.

Con la propuesta de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo del estado para que, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, modifique las reglas de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz (Fortapaz), se busca establecer como requisito para los municipios que deseen adherirse al programa, la comprobación de que sus elementos policiales están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuentan con todas las prestaciones sociales previstas por la ley.

“La seguridad pública es uno de los pilares fundamentales para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de cualquier sociedad. En Michoacán, la labor de preservar el orden y la paz social enfrenta desafíos constantes, por lo que resulta imprescindible contar con instituciones de seguridad robustas y eficientes. Los cuerpos policiales son la primera línea de defensa en esta tarea, y para que puedan desempeñar su función de manera eficaz, es fundamental que cuenten con condiciones laborales dignas, que incluyan, además de un salario adecuado, el acceso a todas las prestaciones sociales que por ley les corresponden”, explicó el legislador al presentar su propuesta.

Anaya Orozco subrayó que en el más reciente informe del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se estima que en Michoacán hay aproximadamente 11 mil 508 policías entre estatales y municipales, de los cuales 6 mil 808 pertenecen al estado y la cantidad restante pertenecen a las corporaciones municipales, lo cuales “son quienes enfrentan, en gran medida, las demandas inmediatas de seguridad de nuestras comunidades. Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, es alarmante constatar que muchos de estos elementos carecen de las prestaciones sociales básicas, como el acceso al seguro social, lo que no solo pone en riesgo su bienestar y el de sus familias, sino que también compromete la efectividad de su labor en la seguridad pública”.

De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022, menos del 50% de los policías municipales de Michoacán cuenta con seguridad social. Esto significa que la mitad de aquellos que arriesgan sus vidas diariamente para proteger a la ciudadanía carece de acceso a servicios médicos, seguros de vida, pensiones y otras prestaciones fundamentales.

“Esta situación no solo es injusta desde un punto de vista laboral, sino que también mina la capacidad operativa y el compromiso de los policías con su misión. No podemos maltratar a quien le pedimos que nos cuide y al ser el Fortapaz un fondo destinado al fortalecimiento de las capacidades de seguridad en los municipios, debe ser una herramienta que no solo aporte recursos para el equipamiento y la capacitación de los policías, sino también para garantizar que los municipios cumplan con su obligación de ofrecer condiciones laborales dignas”, explicó.

En ese sentido, el diputado integrante de la LXXVI Legislatura afirma que es fundamental que se establezca como requisito para los municipios que deseen adherirse a este programa, que demuestren que sus elementos de seguridad están registrados en el IMSS y cuentan con todas las prestaciones sociales que les corresponden.

“Con este acuerdo, no solo buscamos fortalecer la seguridad pública, sino también dar pasos firmes hacia la justicia laboral y la dignificación del trabajo policial. Con mejores condiciones laborales, nuestras fuerzas de seguridad estarán más capacitadas y motivadas para proteger y servir a la ciudadanía de Michoacán. Evitando la violencia laboral contra nuestros policías pondremos el ejemplo y un paso importante para erradicar la violencia en general. En otras palabras, como coloquialmente se dice…. dejar de ser candil de la calle y oscuridad de tu casa”, acotó.

En defensa de la autonomía universitaria y en busca de fortalecer el vínculo democrático con la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el coordinador parlamentario del PRD Michoacán, Octavio Ocampo Córdova, propuso garantizar que cualquier proyecto de decreto, iniciativa de ley o acción legislativa que implique cambios en el marco jurídico de la Universidad sea sometido previamente a un proceso de consulta con los tres sectores fundamentales de su comunidad: estudiantes, docentes y empleados administrativos.

Este jueves, en sesión extraordinaria de la 76 legislatura del estado, Ocampo explicó ante el pleno que la iniciativa presentada se deriva de que son, “Los docentes, los empleados administrativos y los alumnos quienes conocen de primera mano las necesidades de la Universidad Michoacana. Ellos deben opinar sobre la viabilidad de cualquier medida que afecte su marco normativo”, destacó.

El legislador señaló que, en congruencia con el respeto a la autonomía universitaria, es imprescindible implementar un mecanismo de consulta similar al realizado en las comunidades indígenas a través del Instituto Electoral de Michoacán, donde se garantizan procesos participativos.

En el marco de esta iniciativa, Octavio Ocampo expresó también su respaldo a la propuesta de reforma presentada por el titular del Poder Ejecutivo, que plantea cuatro aspectos clave: Establecer un presupuesto constitucional para la UMSNH; garantizar que su presupuesto cubra también jubilaciones y pensiones; reafirmar su autonomía universitaria en la Constitución y; asentar formalmente su nombre completo: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Así pues, la propuesta presentada por el coordinador parlamentario consiste en agregar un párrafo al artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, estableciendo la obligación de realizar consultas previas ante cualquier modificación legislativa que impacte a la UMSNH.

“Estoy a favor de estas reformas, ya que fortalecen a nuestra querida Máxima Casa de Estudios. Sin embargo, considero que también es momento de una real apertura a la Universidad Michoacana, para que su comunidad participe plenamente en estas decisiones trascendentales”, afirmó.

Con esta propuesta, el perredista reiteró su compromiso con el respeto a la autonomía universitaria, la democracia participativa y el fortalecimiento de las instituciones educativas en Michoacán.

La 76 Legislatura exhortó a la titular del Poder Ejecutivo Federal para que se generen los mecanismos necesarios que atiendan la problemática que enfrentan los usuarios de las autopistas en Michoacán, debido a la falta de cobertura de los gastos generados por siniestros, actos de vandalismo y daños en vehículos ocasionados por baches en tramos carreteros con peaje, por parte de los seguros empleados por las concesionarias.

Lo anterior, a propuesta del diputado Víctor Manuel Manríquez González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, quien desde la máxima tribuna del Estado, aseguró que el exhorto no busca entorpecer la operación de las concesionarias, sino más bien fortalecer los mecanismos de protección a los usuarios que confían en un servicio por el que ya han pagado.

“Al garantizar que los seguros contratados cumplan con sus obligaciones, estaremos asegurando que las autopistas de cuota en Michoacán sean verdaderamente seguras y confiables para todos los usuarios”, precisó.

El legislador subrayó que es imperativo que el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto, instruyendo a las autoridades competentes, como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), para que realicen una evaluación exhaustiva sobre el cumplimiento de las obligaciones de las aseguradoras y concesionarias en el Estado, y que, en su caso, implementen las sanciones y medidas correctivas necesarias.

Para concluir, el parlamentario reiteró que los peajes no solo deben cubrir el uso de la infraestructura, sino también garantizar un mínimo de seguridad y protección ante eventuales siniestros, “el hecho de que las aseguradoras, contratadas por las concesionarias, no cumplan con sus obligaciones representa una violación a los derechos de los usuarios, quienes ya han aportado una cuota económica esperando un nivel de seguridad superior al que ofrecen las carreteras libres”.

La diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa con el objetivo de garantizar la protección de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

El abandono de adultos mayores, niñas, niños y adolescentes es un deber que la presente legislatura tiene que atender con el objetivo de garantizar la protección de estos grupos, es por ello que se requiere un marco más robusto que sancione de manera efectiva el abandono y la omisión de cuidados, enfatizó.

Vanhe Caratachea señaló que en nuestro estado, el abandono de adultos mayores es una realidad alarmante. Tan solo en México más de un millón 700 mil personas de este grupo poblacional viven en estás condiciones, enfrentando situaciones de vulnerabilidad que van desde el hambre hasta enfermedades crónicas y abusos. Asimismo, existen casos de niñas, niños y adolescentes que viven en la omisión de cuidados vitales por parte de sus padres o tutores legales quedando expuestos a peligros que comprometen su desarrollo integral y sus derechos fundamentales.

“La presente iniciativa responde a una necesidad urgente de brindar amparo a los adultos mayores, niños, niñas y adolescentes”. Vanhe Caratachea

Esta problemática, prosiguió la legisladora Vanhe Caratachea, no solamente es un síntoma de la descomposición del tejido social que vivimos en la actualidad, sino también una señal de que nuestras leyes actuales no son suficientes para prevenir y sancionar este tipo de conductas, es por ello que proponemos tres instrumentos legales clave para atender esta problemática desde un enfoque integral.

En primer lugar, establecer penas de cuatro a siete años de prisión a quienes abandonen a menores o adultos mayores bajo su cuidado, considerando este acto como una violación grave a la dignidad humana. En segundo, reforzar la obligación legal y moral de cuidado hacia este grupo poblacional, al igual que establecer agravantes al abandono y omisión grave de cuidados que genere afectaciones severas a los derechos fundamentales de los menores.

Es momento, concluyó Vanhe Caratachea, de que como sociedad reafirmemos nuestro compromiso con los valores que nos unen, como la solidaridad y el respeto hacia la dignidad humana, fomentando no sólo el cumplimiento de las leyes, sino también una mayor conciencia sobre la importancia de cuidar a quienes más lo necesitan. Esta propuesta no solo atiende un problema legal, sino que también sienta las bases para un cambio cultural que fortalezca nuestro tejido social.

En virtud de la era tecnológica actual, es imperativo que se realice una actualización a nuestra Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado, para incluir los nuevos formatos, señaló ante el pleno el diputado David Martínez Gowman.

En el marco de la sesión celebrada este jueves, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), precisó que desde 2008, no ha sido reformada la Ley de Fomento a la Lectura en ningún sentido, siendo necesario que se incluya en ella el reconocimiento de los libros digitales; así como de las plataformas diseñadas para la lectura a través de la vía electrónica, en consecuencia de que estas alternativas representan un almacén de patrimonio cultural digital y de que resultan en muchas ocasiones, vías de acercamiento más económicas y accesibles para la población lectora.

“Los libros además de servirnos como fuente pura e inmediata de información de diversos tópicos son una herramienta esencial del desarrollo y progreso social; pues a través de ella, se educa a los ciudadanos; se fomenta a la reflexión, al ejercicio de análisis y de concentración, a la actividad de recreación de manera sana y libre y a la transmisión de valores y enriquecimiento cultural”, precisó.

En su propuesta de Decreto, Martínez Gowman precisa la reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones XII, XIII y XIV al artículo 2 de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Michoacán de Ocampo, para implementar las bases técnicas para la elaboración de los programas Estatal y Municipales para el Fomento a la Lectura, el Libro y los Libros Digitales, así como impulsar el desarrollo de sistemas integrales de información sobre el libro, su distribución, la lectura y los derechos de autor.

Mencionó que de acuerdo con el INEGI, a través del Módulo sobre la Lectura (MOLEC) en su estadística generada en 2024 señala que en México el 69.6% de la población alfabeta de 18 años y más indicaron haber leído algunos de los siguientes materiales: libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros o blogs, lo más leído fueron libros el 41.8%, páginas de internet, foros o blogs el 39.4%, revistas el 21.7%, periódicos el 17.8% e historietas el 4.6%. Lo anterior, permite observar que el dato disminuyo en 14.6 puntos porcentuales, con relación al MOLEC del año 2015, el cual fue de 84.2%.

“Atendiendo las cifras anteriores, uno de los objetivos principales de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, es impulsar la lectura como herramienta para favorecer la igualdad en el acceso a la cultura, aprendizaje para el desarrollo intelectual y colectivo en aras de fortalecer la consolidación democrática, ponderando a la lectura como una pieza clave para el desarrollo sostenible”, finalizó.