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Con entusiasmo y compromiso, la diputada Liz Alejandra Hernández Morales se integró hoy al Comité de Comunicación Social de la 75 Legislatura de Michoacán.

La legisladora aseguró que se esforzará para abonar al trabajo que se viene realizando en materia de comunicación social, para mantener informada a la ciudadanía sobre la labor del Congreso del Estado.

Los diputados Daniela de los Santos Torres y Víctor Hugo Zurita Ortíz, presidenta e integrante, respectivamente, del Comité, así como el Coordinador de Comunicación Social, Luis Antonio Neri Palafox, le dieron la bienvenida a la legisladora y le informaron sobre el estatus que guarda la agenda de trabajo en materia de comunicación.

La diputada Daniela de los Santos esbozó que una de las labores que tienen sobre la mesa de trabajo, es la adecuación de la Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social 2023, así como, el reglamento interno de la Coordinación de Comunicación, para homologarlos con la Ley General de Comunicación Social 2023.

Por su parte, el diputado Víctor Zurita se congratuló de la integración de la diputada Liz Hernández, y destacó la importancia de sumar esfuerzos para que el trabajo de las y los legisladores sea difundido de la mejor manera a la población que tiene derecho de conocer lo que se está haciendo por las y los michoacanos.

Con el propósito de dar mayor certeza y transparencia a los resultados de las elecciones en Michoacán, el Diputado Local del Partido del Trabajo Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa para homologar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Federación, para que el caso de elecciones locales el Consejo Distrital realicé nuevamente el escrutinio y computo de la votación, si se da el caso de que en el resultado de alguna de estas votaciones el número de los votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar de la elección.

El Legislador petista, explicó que en la legislación de nuestro estado no está considerado este supuesto, por tal motivo considero en su propuesta la necesidad de homologar esta reglamentación para combatir los fraudes electorales, de tal forma que permita mejorar los procesos democráticos, con mayor transparencia, certeza y por su puesto respetar la decisión del pueblo.

«Es necesario reformar nuestro Código Electoral para homologar nuestra legislación con la federal, con esto se le dará transparencia y certeza a los candidatos y a los votantes cuando en un proceso electoral se presente este supuesto. En México el fraude electoral siempre ha estado presente en las elecciones, con la intención de que determinados candidatos lleguen al cargo por el que se postulan aún y cuado los votos no le favorezcan, práctica que debemos desterrar definitivamente y transitar a una plena democracia donde se transparente en su totalidad los resultados de las elecciones».

Gaona García señaló que en Michoacán es un tema pendiente el llamado voto por voto, casilla por casilla, ya que los procesos locales se prestan a la especulación, a prácticas desleales, al fraude y va en contra de la voluntad del pueblo, además de llevar al poder a personajes que solo buscan saciar ambiciones personales desde los cargos públicos.

«La transparencia y legitimidad en los procesos electorales es una tarea pendiente en Michoacán, por lo que invito a esta legislatura para que dejemos como legado la transparencia en el conteo de los votos de las diferentes elecciones». Concluyó.

Por unanimidad, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó conformar un Comité Organizador de la Conmemoración y Celebración del Bicentenario del Primer Congreso Constituyente del Estado, así como de la Promulgación de la Constitución del Estado libre federado de Michoacán.

Durante el lapso de un año y tres meses, el Comité se encargará de planear y coordinar las acciones y eventos conmemorativos a dichos acontecimientos, entre el 06 de abril de 2024 y el 19 de julio de 2025.

El dictamen presentado por la Comisión de Cultura y Artes, y avalado por el Pleno del Poder Legislativo, establece que el Comité será encabezado por la Junta de Coordinación Política, al que se integrarán las comisiones, comités y órganos del Congreso que la JUCOPO así determine.

Las y los legisladores refirieron que el 6 de abril de 1824, se instaló el Congreso Constituyente del Estado. Así, el Constituyente local, alternando su composición con propietarios y suplentes, según las circunstancias, dio fin a sus tareas quince meses después y expidió la Constitución del Estado libre federado de Michoacán el 19 de julio de 1825.

Destacaron la importancia de reconocer dichos hechos históricos que integran las bases del actual panorama jurídico del que hoy goza el Estado, para que las nuevas generaciones conozcan los antecedentes de la democracia, así como del ordenamiento jurídico, político e institucional.

La aprobación de la llamada “Ley 3 de 3” es un mensaje contundente de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y establece una ética política al impedir que agresores sexuales y familiares ocupen cargos públicos, resaltó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Julieta García Zepeda.

Tras la aprobación en la 75 Legislatura del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la citada Ley, con la finalidad de abonar en la construcción de una sociedad libre de violencia de género, la diputada se congratuló porque se logró un avance significativo para que se respeten cabalmente los derechos humanos de las mujeres.

García Zepeda destacó que la enmienda constitucional busca que quienes tengan antecedentes, denuncias o sentencias como deudores alimenticios, acosadores sexuales o agresores en el ámbito familiar no puedan aspirar a ningún cargo de elección popular.

Señaló que se establecen acciones para sancionar con la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, a las personas que hayan sido sentenciadas por ejercer violencia sexual, psicosexual, salud, seguridad, libertad y política, entre otros.

Así, remarcó, la “Ley 3 de 3” es un parteaguas que fortalece la ética en la política, pues cerraría las puertas a deudores que violentan los derechos de la niñez, a agresores sexuales y familiares. En ninguno de los tres órdenes de gobierno podrá estar un agresor o deudor alimenticio, acotó.

Con el objetivo de garantizar el libre desarrollo de la personalidad, a través del respeto por la libre orientación sexual, identidad, expresión de género de las personas, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, hizo una propuesta para que en la entidad se legisle con perspectiva incluyente hacia la comunidad LGBTIQ+.

Para ello planteó que se cree la Comisión de Diversidad en el poder legislativo local, a través de un proyecto de decreto en el que propuso adicionar una fracción IX Bis al artículo 62 y adcionar un artículo 75 Bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán y que así se garantice a través de la ley, el respeto a los Derechos Humanos de todas y todos sin importar su orientación y/o preferencia sexual.

“Es momento de que en Michoacán se legisle desde la perspectiva de inclusión de la diversidad que permita el goce y disfrute de los Derechos Humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado, a fin de garantizar el libre desarrollo de la personalidad respetando y haciendo respetar por igual la orientación sexual, la identidad o expresión de género de las personas”, argumentó el diputado petista.

Reyes Galindo, agregó que la actual legislatura local está llamada a dejar un legado a favor de la igualdad, el respeto de todas y todos, a través de acciones que promuevan la tolerancia de los valores de cada persona, más allá de su orientación sexual o identidad de género y en ese contexto explicó que conformar
una Comisión de Diversidad resulta fundamental para responder a los retos y atender a las y los michoacanos de manera óptima, plural e incluyente.

“En el PT, estamos convencidos de que la mejor manera de atender las necesidades de un sector o núcleo poblacional es dirigiéndose con respeto de su lenguaje y terminología, más aún cuando esta se encuentra en una dinámica constate de evolución, tal y como sucede con las personas que pertenecen a la población LGBTTTIQ+”, indicó el líder parlamentario.

Dijo además que una de las premisas de las y los integrantes de su bancada es que la diversidad enriquece a la sociedad, y al generar condiciones de igualdad se fortalece el Estado de Derecho; aunado a que es impostergable la responsabilidad de atender esta problemática, “pues se trata de la dignidad humana y del ejercicio de derechos humanos, que no pueden ser restringidos ni violentados por razón alguna, a ninguna persona”, puntualizó.

En la dictaminación de la cuenta pública que realiza el Poder Legislativo, no deben darse juicios de valor, por lo que es necesario suprimir de la norma el fundamento para su aprobación o reprobación, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

“El poder legislativo tiene la facultad de revisar y dictaminar la cuenta pública de la hacienda estatal y la de los municipios, sin embargo, este proceso no tiene la claridad normativa que requiere su ejecución y función social”.

Julieta Gallardo subrayó que el dictamen se ha politizado y ello ha sido en detrimento del propio ejercicio de rendición de cuentas, ya que el espíritu de esa facultad es que las diputadas y diputados conozcan y evalúen cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos de cada ejercicio fiscal y no una declaración política de aprobación o reprobación.

“El concentrarnos en la declaración política hace que dejemos de lado el mejoramiento del dictamen y sus efectos vinculantes, en este sentido, esta Legislatura tiene la oportunidad de quitar de en medio la simulación y abonar en la construcción de una interpretación suficiente para que la Comisión Inspectora y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública fortalezcan el contenido técnico del dictamen, haciendo señalamientos precisos a las unidades programáticas presupuestales, consolidando a nuestro órgano técnico de fiscalización y la rendición de cuentas y transparencia que debería procurar el análisis de la Cuenta Pública”.

La legisladora agregó que de no hacerse cambios el ciclo va a repetirse y el jaloneo entre diputados tendrá la intervención en las sombras del Ejecutivo y todo se centrará nuevamente en señalar la indebida integración informativa por parte de entidades fiscalizadas, atribuible a las dependencias estatales; y, las omisiones de la Auditoría Superior del Estado, “que es como un balazo en el pie, ya que es el órgano técnico de este Poder, ahora con el involucramiento de la ineficiente Unidad de Evaluación y Control”.

Resulta imperante establecer mayores penas para aquellos delitos cometidos mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados, recalcó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador presentó este miércoles una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para incrementar las penas de los delitos de homicidio, lesiones y robo calificado como grave, cuando se empleen drones para cometerlos.

“Estos vehículos aéreos no tripulados frecuente y aceleradamente son utilizados con fines ilícitos, como lo es la vigilancia a distancia de viviendas previo a un robo de casa habitación, acoso, toma de videos y fotografías sin consentimiento, transporte de sustancias ilícitas, monitoreo de actividades, entre otros”.

Víctor Manríquez refirió que el constante aumento en el uso de drones para estas actividades resulta alarmante para la sociedad y simultáneamente representa una gran preocupación para las autoridades encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía.

“El Código Penal para el Estado de Michoacán, no contempla una sanción para aquellos quienes hacen uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, y dista mucho en contemplar agravantes para quienes violen las normas oficiales, y, aunado a ello, empleen estos vehículos aéreos no tripulados para cometer actos ilícitos”.

El legislador apuntó que si bien es cierto que existen normas que regulan la fabricación y estándares necesarios para estas aeronaves, resulta imprescindible contemplar en la ley agravantes cuando se cometen delitos con ayuda de estos dispositivos.

Es necesario garantizar que el proceso de investigación y persecución de un presunto delito se lleve a cabo con respeto al principio de legalidad, transparencia y eficacia por parte de nuestros elementos de seguridad pública, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este miércoles una iniciativa para reformar las leyes del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de Responsabilidades Administrativas para el Estado, así como el Código Penal del Estado.

“En el afán cuantitativo de presentar a un mayor número de supuestos delincuentes se alteren los informes que estos rinden fabricando culpables sin elementos que correspondan a la realidad en la narración de los hechos”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador apuntó que estos servidores públicos al caer en el supuesto de falsedad de declaraciones, no solo cometen una falta administrativa si no que este tipo de conductas pueden y deber ser consideradas como un delito, ya que su alcance puede llevar a una persona inocente a recibir una sanción o condena injusta por un hecho que no es veraz.

“En México los bajos niveles de percepción de seguridad y la falta de confianza en las autoridades policiacas merman la calidad de vida de las personas así como su desarrollo laboral y económico”.

Destacó que la violación de un derecho pondera el ejercicio de otros, por lo que para garantizar la integración de un debido proceso se debe erradicar este tipo de prácticas nocivas para la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

“La seguridad pública en el Estado de Michoacán sigue siendo uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos todos los habitantes día con día”.

Víctor Zurita recalcó finalmente que el deber y responsabilidad de los legisladores es tomar las acciones necesarias para mitigar y resolver esta gran problemática y devolver la confianza de los ciudadanos en nuestros cuerpos policiales.

La 75 Legislatura validó la minuta que recude la edad mínima para ocupar un cargo público: para ser diputado o diputada se deberán tener 18 años cumplidos al día de la elección, edad que anteriormente estaba fijada en 21 años.

Asimismo, para ser secretario de Estado, se requiere estar en ejercicio de sus derechos y tener 25 años cumplidos, eliminando la edad mínima de 30 años como requisito para ejercer dicho cargo.

En sesión, el Pleno de la 75 Legislatura de Michoacán aprobó la minuta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ocupar un cargo público.

En este sentido, el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales concuerda con el objetivo de la Minuta aprobada por el Congreso de la Unión, destacando que se requiere un cambio jurídico en materia de políticas de juventud, para potencializar su participación en los procesos electorales, la conformación de gobiernos y la toma de decisiones.

Por lo tanto, reducir la edad para ser legislador, ampliará la participación política de este sector, de tal forma que ejercerán su voto activo y también podrán ser candidatos elegibles, incentivando con esto el interés de los jóvenes para participar en los asuntos del Congreso de la Unión.

Asimismo, en sus consideraciones, hace énfasis en que el Estado tiene la obligación de crear escenarios que permitan tener una política completa para que este grupo de la sociedad tenga las condiciones jurídicas y materiales suficientes para su participación y desarrollo dentro del estado democrático y representativo.

Ninguna persona agresora o deudora alimenticia podrá acceder a un cargo de elección popular o empleo en el servicio público, así quedó establecido luego de que la 75 Legislatura avalara la reforma constitucional denominada “Ley 3 de 3”.

Con la aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, se acreditan las modificaciones a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenidas en la Minuta de Decreto aprobada por el Congreso Unión, en aras de respaldar las acciones que abonen a la construcción de una sociedad libre de violencia de género.

Se busca, además, evitar cualquier tipo de actos de violencia y discriminación hacia las personas, garantizando el contar con servidores públicos que se conduzcan con honradez y acato a sus facultades y responsabilidades, sin que ello sea una herramienta para denostar o vulnerar los derechos de las personas.

De esta forma, en sus consideraciones, la Comisión Dictaminadora concuerda con los argumentos vertidos en la Minuta y respalda las acciones para evitar y sancionar con la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, a las personas que hayan sido sentenciadas por ejercer violencia sexual, psicosexual, salud, seguridad, libertad y política, entre otros.

Asimismo, sanciona el incumplimiento de la responsabilidad de dar pensión alimenticia, a las personas que, por mandato judicial, o por acuerdo contraído con autoridades jurisdiccionales, recaen en deudores alimentarios, subrayando, que, esta acción, también se encuentra establecida dentro de los supuestos de violencia.

En este contexto, de manera específica, la reforma modifica los requisitos para ser fiscal general de la República, el cual deberá ser de ciudadanía mexicana y en ejercicio de sus derechos.

Agrega, además, que existen antecedentes en materia electoral donde aquellas personas que pretendían ocupar algún cargo, vía elección, debían presentar una declaración bajo protesta de no haber sido sentenciado por ilícitos; sin embargo, se trata de un acto de buena fe, sin sustento jurídico.

Por lo cual, ahora en la Constitución General se establecen los supuestos, para ejercer acciones sustantivas a favor de las mujeres.

La diputada local, María Guadalupe Díaz Chagolla, celebró la aprobación del Pleno de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado para reformar la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, en favor del combate al acoso escolar, mejor conocido como el bullying.

La legisladora agradeció a las comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y Educación, así como a las y los diputados que votaron a favor del dictamen de la iniciativa que presentó en meses pasados y consiste en adicionar en la legislación la violencia digital, catalogado como acto internacionalmente dañino que se presenta a través de las tecnologías de la información de manera reiterada en el entorno escolar.

Lupita Díaz Chagolla explicó que también se adicionó una herramienta de prevención, la cual consiste en la recepción de las denuncias por medio de un buzón anónimo, con el objetivo de que las niñas, niños y adolescentes que por temor no quieran hablar con sus padres o maestros, puedan denunciar cualquier acto de violencia que estén sufriendo.

En este sentido, explicó que con esta herramienta se podrán detectar aquellos focos rojos y prevenir el incremento de los casos de violencia escolar; además, se contempla la corresponsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, de todas las acciones y sanciones que hace mención la Ley.

Díaz Chagolla, aseguró que, con la aprobación de esta iniciativa, por medio de la prevención, se estará dando un paso más para combatir el problema social de la violencia escolar en Michoacán, la cual deja daños emocionales y físicos irreparables en las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la reforma contempla que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) deba entregar un informe cada mes de agosto a las Comisiones de Protección a la Niñez y Adolescencia y Educación del Congreso del Estado sobre el estado que guardan las acciones ordenadas por esta Ley.