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* Al posicionarse sobre el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, destacó que este padecimiento es una realidad que toca los corazones de mujeres en todo el mundo.

*Morelia, Mich. a 11 de octubre de 2023.-* La prevención es clave en la batalla contra el cáncer de mama, los chequeos regulares y la conciencia sobre nuestro cuerpo son herramientas poderosas en la detección temprana, subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zitácuaro emitió ante el Pleno Legislativo un posicionamiento en relación al Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, destacando que este padecimiento es una realidad que toca los corazones de mujeres en todo el mundo.

“El cáncer de mama es una batalla que muchas han librado, que muchas más aún la enfrentan y otras muchas que han perdido la batalla; en este momento, más que nunca, es crucial recordar la importancia de apoyarnos mutuamente, de ser sororas”.

Gloria Tapia recalcó que cada año, miles de mujeres se enfrentan a este diagnóstico, y cada una de ellas tiene una historia única y valiente, por lo que no solo hay que recordarlas este mes de octubre, sino que se les debe reconocer todo el año, pues la sororidad es esa red de apoyo entre mujeres, una hermandad que une a las mujeres en las luchas y triunfos.

“No debemos olvidar que la prevención es fundamental, por eso es importante decir: date una mano, explórate, conócete, cuídate; en conclusión, recordemos que la hermandad es una fuerza imparable en nuestra lucha contra el cáncer de mama, cuidémonos mutuamente, apoyémonos y compartamos nuestras historias, juntas, somos más fuertes”.

Finalizó refiriéndose a cada mujer que ha enfrentado esta batalla y a quienes están en medio de ella, a quienes les dijo que no están solas, “la hermandad es nuestra arma más poderosa. Juntas, podemos vencer cualquier desafío”.

• La diputada celebró la aprobación de la reforma al Código Penal que contempla penas de hasta 16 años para quienes usen ácido u otras sustancias corrosivas para atacar a otras personas.

*Morelia, Mich. 11 de octubre del 2023.-* La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, celebró la aprobación en el Congreso de Michoacán, de la reforma al Código Penal que contempla penas de 10 a 16 años para quienes usen ácido u otras sustancias corrosivas contra las mujeres.

Al refrendar su compromiso a favor de las acciones que se promueven para castigar con mayor severidad los ataques con ácido contra las mujeres, refirió que, en esta 75 Legislatura, presentó una iniciativa que hoy fue aprobada y tipifica los ataques con este compuesto químico para que sean sancionados y calificados como graves.

Expuso que esta norma encontró su inspiración en la Ley Malena que a nivel nacional promueven colectivas feministas, los cuales exigen sea visto como feminicidio los ataques con ácido contra las mujeres en México.

La reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán y al Código Penal para el Estado de Michoacán, a fin de establecer nuevas figuras penales cuando se trata de este tipo de hechos, fue propuesta por la diputada.

“En la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres la violencia física se define en nuestro Estado como cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto, pero también cuando se utilice el ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas”, informó.

Informó que estas acciones ya las contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece esta definición y que en nuestro Estado de Michoacán no se tenía, pero a partir de ahora las lesiones o actos causadas por ácido, serán castigadas.

Además, en el Código Penal del Estado se señala que cuando las lesiones se produzcan dolosamente mediante el uso de ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas, se imponga una pena hasta de 16 años de prisión.

Morelia, Michoacán, a 11 de octubre de 2023.- En un acto de justicia y solidaridad, que abone de manera efectiva a combatir ese lacerante delito, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó hoy el marco jurídico de la nueva Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán.

Esta Ley abarca el fenómeno de desaparición forzada, los mecanismos de búsqueda, y demás herramientas jurídicas e institucionales para la localización de personas desaparecidas.

Las y los legisladores votaron a favor del dictamen elaborado por las comisiones de Justicia y Gobernación en donde se contemplaron las tres iniciativas que sobre el tema fueron presentadas por las diputadas Margarita López Pérez y Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, así como por diversas asociaciones civiles, con la finalidad de crear un solo marco jurídico que atienda el contenido de las mismas, a efecto de dotarla de mayor operatividad y de un efecto útil en su eventual aplicación.

De acuerdo con la exposición de motivos, la creación de la ley a nivel estatal atiende en su integralidad la problemática de desaparición forzada, adecuándola a la Ley General en la materia, para que en la interpretación y aplicación conjunta de ambas legislaciones (federal y local) abonen a la prevención del fenómeno, con el único fin de lograr la localización de las personas desaparecidas y para que las autoridades estatales tengan las herramientas necesarias para la investigación, procesamiento y sanción de este tipo de actos delictivos.

“El referido delito además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimientos de especial gravedad en sus familiares y allegados, al ignorar su paradero, suerte y, en su caso, el destino final que se les ha dado a sus cuerpos, de haber sido privados de la vida. Esto genera temor y la incertidumbre de ignorar qué ha sido de su ser querido, no les permite cerrar un ciclo de duelo, provoca un deterioro emocional, económico e incluso de salud física y mental y en las relaciones entre los familiares sobrevivientes”, precisa el dictamen.

De acuerdo con el nuevo marco normativo, se establecen como principios medulares que la búsqueda de una persona desaparecida debe realizarse bajo la presunción de vida; que ésta requiere procedimientos, experiencias y conocimientos especiales que satisfagan las necesidades particulares; define el derecho de participar en la búsqueda; establece que debe ser de manera inmediata, que no debe condicionarse a plazo alguno; y, que las autoridades deben actuar de manera independiente, autónoma y desempeñar todas sus funciones con respeto del principio del debido proceso.

También define como algo medular, que los protocolos que se aplican para la búsqueda, son una herramienta importante para garantizar la efectividad y la transparencia de la misma; que la búsqueda es una obligación permanente y que debe desarrollarse en condiciones seguras.

Con la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las y los legisladores michoacanos pretenden que las autoridades locales cuenten con un marco normativo que responda a las exigencias nacionales e internacionales para erradicar esta lamentable problemática que representa la desaparición forzada de personas.

*Morelia, Michoacán a 11 de octubre de 2023*.- De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los municipios de Morelia, Uruapan y Zamora, son “focos rojos” en casos de trata de personas, sin embargo, no se cuenta con datos precisos sobre esta grave situación.

Para prevenir y reprimir la trata de personas, especialmente en niñas, niños y adolescentes, la diputada del Partido Encuentro Solidario Michoacán, Luz María García, presentó una iniciativa de ley que tiene como objeto obligar a los prestadores de servicios de hospedaje o alojamiento, como hoteles, moteles, casas de hospedaje, a que exigan a los adultos que se encuentren acompañados de menores de edad y pretendan alquilar una habitación, la acreditación de su relación de familiaridad o permiso legal para encontrarse en compañía o custodia del menor.

Desde la tribuna del Congreso del Estado de Michoacán, Luz García, precisó que esta medida obligaría a que se presente algún documento oficial que certifique que existe una relación real entre el adulto y el menor o menores.

Refirió que en el mundo, el 30 % de las víctimas de trata de personas son menores de 18 años y, de ellas, el 70 % son niñas y mujeres. Ellas son las más vulnerables porque, mientras los niños son utilizados con frecuencia para actividades relacionadas con el tráfico, venta de droga y acciones violentas, las niñas generalmente son víctimas de violencia sexual.

_”Esto representa un primer esfuerzo para disminuir el libre tránsito de personas que se aprovechan de la discreción con la que se opera sobre todo en los accesos a moteles, y utilizan estos inmuebles para cometer delitos contra menores de edad, como son la trata de niños y niñas, la pederastia y la producción de pornografía infantil entre otros”_ ahondó.

Actualmente no existe un registro preciso sobre estos actos ilícitos, ya que prácticamente no hay denuncias sobre esta conducta delictiva, ya que en muchos de los casos, son los propios padres y madres de familia quienes prostituyen o explotan a sus hijos.

_”Es un tema casi silencioso en nuestro estado, pero las propias autoridades han reconocido que existe y es muy preocupante. Creo que este es un primer esfuerzo para erradicarlo”_ declaró.

Finalmente la legisladora del PES, recordó que en 2003 México ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niñas, obligándose con la comunidad internacional a prevenirla, perseguirla, sancionarla y a brindar protección y asistencia a las víctimas.

* A fin de eliminar los matrimonios o uniones forzadas de niñas y adolescentes.

*Morelia, Michoacán, 11 de octubre del 2023.-* Con la finalidad de proteger y salvaguardar los derechos de niñas y adolescentes de Michoacán ante el fenómeno del matrimonio infantil forzado, el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de decreto para adicionar el delito de cohabitación forzada al Código Penal del Estado.

La propuesta establece que quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio, se le impondrá una pena de ocho a 15 años de prisión, y de mil a 2 mil 500 días multa.

“Queremos un país y estado que elimine los matrimonios forzados de niñas y no sigan violentando sus derechos, por ello resulta urgente promover la sanción de esta práctica que anula el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que cosifican a las menores obligándolas a casarse o ser vendidas como esposas”, expresó.

Núñez Aguilar destacó que, de acuerdo al Consejo Estatal de Población (Coespo), señaló que en la Meseta Purépecha sigue practicándose el matrimonio forzado, lo que también ha provocado que esta zona registre mayor índice de embarazo adolescente, junto con el municipio de Tuzantla.

Además, que, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en embarazos en adolescentes, entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.

Expuso que el matrimonio forzado infantil constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres al tratarse de niñas y jóvenes menores de edad que adolecen de plena conciencia y condiciones físicas y emocionales para dar su consentimiento en una relación formal, como el casamiento.

El legislador local agregó que, la pena prevista se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo en caso de que la víctima pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.