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«En este Congreso no se legisla más a espaldas del pueblo; hoy, las propuestas de quienes viven día a día con una discapacidad son nuestra prioridad», aseguró la diputada Nalleli Pedraza, al presentar formalmente una iniciativa histórica que busca impulsar la justicia social y accesibilidad real en Michoacán.

Tras un diagnóstico profundo realizado por las y los parlamentarios del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad 2026, Pedraza subrayó que Michoacán enfrenta deudas históricas que no pueden esperar más, especialmente en temas de exclusión lingüística para la comunidad sorda y la precarización de la educación especial.

La iniciativa presentada por la legisladora busca derribar las barreras financieras y educativas que afectan a las familias michoacanas, proponiendo puntos clave como:

•⁠ ⁠Reconocer la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua materna y garantizar docentes sordos en las aulas.

•⁠ ⁠Crear un recurso económico blindado que no pueda ser reducido, destinado a financiar materiales y adecuaciones educativas.

•⁠ ⁠Obligar a la traducción de las leyes estatales a formatos visuales y señalizados para que la comunidad sorda tenga defensa jurídica real.

•⁠ ⁠Garantizar el acceso digital para estudiantes con discapacidad, eliminando la brecha de aprendizaje.

Nalleli Pedraza fue enfática en reconocer que esta propuesta es un triunfo de la participación ciudadana, destacando el trabajo de las y los parlamentarios: David Gerardo Guzmán, Pilar Berenice Marín, Sigrid Navarro, Mónica Zúñiga, Nallely Alejandra Salinas, Gemma Méndez y Alberto Zúñiga.

«Mi papel es ser el puente para que sus sueños y necesidades se conviertan en leyes. No es justo que las familias tengan que pagar de su bolsillo por un ‘guía sombra’ o que los servicios de salud y justicia no tengan intérpretes certificados. Estamos aquí para cambiar eso», afirmó Pedraza.

Con esta iniciativa, Nalleli Pedraza reafirma que su compromiso es con la transformación real, donde la inclusión no sea solo una palabra, sino un derecho garantizado por el Estado.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, la diputada local por Maravatio Jackie Avilés presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán, con el objetivo de que el delito de violencia familiar sea perseguido de oficio, garantizando una atención inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

«Hoy más que nunca debemos actuar con firmeza para proteger a quienes más lo necesitan. No podemos permitir que nuestras familias vivan en entornos de violencia.» expresó.

La iniciativa busca eliminar la necesidad de que exista una denuncia formal para que las autoridades actúen, permitiendo así una intervención oportuna en casos de violencia dentro del hogar, donde muchas veces las víctimas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Con esta iniciativa, se da un paso importante para garantizar hogares seguros, especialmente para mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, fortaleciendo el papel del Estado en la prevención y atención de la violencia familiar.

Las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura incorporaron a la Ley de Asistencia de Asistencia del Estado, medidas de atención tanatológica a favor de niñas, niños, adolescentes y juventudes que atraviesen procesos de pérdida, duelo y afectación en su entorno familiar y social.

Las Comisiones de Salud y Asistencia Social y la de Educación fueron las encargadas de dictaminar la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, mediante la cual se adiciona una fracción XII Bis al artículo 9 de la Ley de Asistencia Social.

Fue en sesión extraordinaria que se aprobó por unanimidad facultar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a otorgar atención tanatológica a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido la pérdida de la madre, padre, hermana, hermano o de la persona que ejerza su cuidado primario.

De igual forma se proporcionará dicha atención en caso de que las y los menores convivan con familiares que padezcan enfermedad en etapa terminal; se encuentren atravesando por procesos de separación o desintegración familiar que afecten de manera significativa su estabilidad emocional.

Asimismo, el organismo podrá coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con las instituciones educativas que lo soliciten, mediante acciones de orientación, acompañamiento tanatológico y campañas formativas en la materia.

Cabe destacar, que la ejecución de las acciones anteriormente señaladas se realizará con cargo al presupuesto autorizado al DIF y a las dependencias competentes para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se requerirán ampliaciones presupuestales adicionales; y, tendrán un plazo de 90 días para emitir lineamientos internos o protocolos de actuación para la detección, orientación, acompañamiento y, en su caso, canalización a la atención tanatológica.

Con la finalidad de fortalecer la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal crónica, la 76 Legislatura votó a favor de reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.

En Sesión Extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Dictamen elaborado por la Comisión de Salud y Asistencia Social sobre las iniciativas de las y los legisladores Teresita de Jesús Herrera Maldonado, Ana Belinda Hurtado Marín, Belinda Iturbide Díaz y Vicente Gómez Núñez.

Con el reformado ordenamiento jurídico se facilita el acceso a pruebas diagnósticas esenciales incluidas en los instrumentos de cobertura emitidos por la autoridad sanitaria competente; optimiza la infraestructura pública disponible; se incorpora información dentro de plataformas epidemiológicas existentes; promueve la atención interdisciplinaria; impulsa la formación del personal de salud; y fomenta controles periódicos en poblaciones de riesgo, sin desbordar el ámbito material de competencia estatal ni imponer obligaciones de imposible cumplimiento inmediato.

Luego de su aprobación, en el Capítulo I Enfermedad Renal Crónica, se definió como paciente de dicha enfermedad, a toda persona que presente alteraciones estructurales o funcionales del riñón de carácter persistente, con repercusión en su salud, y que requiera acciones de prevención, detección oportuna, seguimiento médico, tratamiento integral y, en su caso, terapias de sustitución renal, conforme a la normatividad aplicable.

En el Artículo 263 se ordena que las autoridades sanitarias del Estado, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, promoverán la prevención, detección oportuna y atención integral de la enfermedad renal crónica.

Para tal efecto, deberán difundir campañas permanentes de educación y comunicación orientadas a la prevención de la enfermedad renal crónica; facilitar el acceso a las pruebas diagnósticas esenciales incluidas en los catálogos o instrumentos de cobertura emitidos por la autoridad sanitaria federal competente; optimizar y, cuando resulte viable, ampliar la infraestructura y el equipamiento disponibles en las unidades públicas de terapia de sustitución renal.

También, incorporar, dentro de las plataformas epidemiológicas existentes, la información de las personas diagnosticadas con enfermedad renal crónica; promover la referencia y contrarreferencia oportunas, así como la atención interdisciplinaria de las personas con enfermedad renal crónica; impulsar la formación y actualización del personal de salud; coordinarse con las autoridades educativas competentes para incorporar contenidos sobre salud renal en los planes y programas de estudio; fomentar controles periódicos en poblaciones de riesgo para monitorear la evolución de la enfermedad renal y prevenir complicaciones.

La Comisión de Atención a Enfermos Renales, entre sus atribuciones, deberá Promover la realización de estudios de investigación con la finalidad de identificar los factores de riesgo, principales causas, métodos de prevención y tratamiento de la enfermedad renal crónica, particularmente en lo relativo a la detección de diabetes e hipertensión, al ser éstas las principales causas de dicha enfermedad, con especial énfasis en la población infantil, así como promover, en el ámbito de sus atribuciones, el fortalecimiento de la atención especializada para mujeres embarazadas con enfermedad renal crónica, conforme a la normatividad aplicable.

Con la finalidad de profundizar en el trabajo que esta 76 Legislatura ha realizado en materia de inclusión y derechos de personas con discapacidad, además de legislar en esta materia con el apoyo de especialistas en la materia, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, sostuvo una reunión con representantes del Mecanismo de Monitoreo sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En esta reunión se abordaron temas específicos y con los cuales se busca trabajar en reformas y leyes que garanticen una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en Michoacán y con ello, acortar las brechas de la desigualdad.

De la misma forma, se hizo el compromiso por parte de ambas partes de trabajar de manera conjunta, para garantizar el lenguaje incluyente desde la Ley, así como establecer protocolos para las personas con discapacidad.

Durante esta reunión, el Congreso del Estado a través de la JUCOPO, reiteró su disposición para continuar con los trabajos legislativos en pro de fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Con el principal objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia, las y los integrantes de la 76 Legislatura, robustecieron las atribuciones municipales en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes al reformar la Ley Orgánica Municipal de Michoacán.

Al aprobar la iniciativa presentada por la diputada Vanessa Caratachea Sánchez y dictaminada por las comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y la de Protección a la Niñez y Adolescencia, se reformaron las fracciones VI y VII y se adicionaron las fracciones VIII, IX y X todas del artículo 55 bis de la ley en mención.

Es así que, las y los diputados locales, incluyeron en las atribuciones de la Comisión municipal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el promover la asignación prioritaria, suficiente y progresiva de recursos en los proyectos de egresos del municipio, destinados a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Además de fomentar el cumplimiento de las obligaciones de tutores y personas encargadas del cuidado de niñas, niños y adolescentes, en materia de protección contra toda forma de abuso, trato digno, orientación, educación en derechos y prevención del maltrato.

Finalmente, ahora dicha Comisión municipal deberá promover y garantizar mecanismos efectivos de participación activa y protagónica de la niñez y adolescentes en los asuntos públicos municipales que les afecten, de acuerdo a su edad, madurez y evolución.

El Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del ejercicio fiscal 2024, tras la revisión del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de los Informes Individuales, elaborados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Las y los legisladores michoacanos votaron a favor de la propuesta de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y determinó que la ASM dará seguimiento legal en tiempo y forma a las auditorías realizadas; a los procedimientos para la investigación y substanciación, y dará vista a los Órganos Internos de Control de las entidades para el caso de las faltas administrativas no graves; y, al Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán, para la resolución correspondiente.

Conforme al Dictamen aprobado en Sesión Extraordinaria, la Unidad de Evaluación y Control vigilará el cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior, verificará el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior, así como a los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que se promuevan.

En las Conclusiones del Dictamen, se propuso realizar auditorías de Cumplimiento Financiero para el ejercicio fiscal 2025 a las UPP´s: Universidad Virtual del Estado de Michoacán, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, Instituto Tecnológico Superior de Coalcomán, por no haberse localizado información financiera del ejercicio fiscal 2024.

De igual forma, que se incluya en el Plan de Fiscalización 2025, las UPP´s: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacán, Telebachillerato Michoacán, Centro Estatal de Fomento Ganadero del Estado de Michoacán de Ocampo, Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo y el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo, debido a que no cumplieron con el 70% de sus metas programadas.

En el Dictamen se determinó la procedencia de 430 Observaciones Preliminares y 89 recomendaciones, en las auditorías de Cumplimiento Financiero, Financiera, Cumplimiento, Desempeño y Obra, de las cuales se eliminaron 147 Observaciones Preliminares que justificaron las inconsistencias que guardaban relación con el hecho observado.

Se ratificaron 271 Observaciones Preliminares debido a que los elementos proporcionados no justificaron la inconsistencia con el hecho observado, se elaboró 299 Informes de Presuntas Irregularidades; se tienen 71 Recomendaciones de las cuales las entidades fiscalizadas tendrán 6 meses para la atención de las mismas y se tuvo 2 Promociones, de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Dentro de la planeación y desarrollo de las auditorías, se emitió opinión y recomendaciones en los Sistemas de Control de las Entidades Fiscalizadas con la finalidad de conocer la existencia, eficacia y competencia de los mismos, y en consecuencia su veracidad para determinar la fortaleza y debilidad en las operaciones de la Entidad Fiscalizada.

La 76 Legislatura, como un Poder abierto a la ciudadanía y en su dinámica de ser un Congreso de puertas abiertas, recibió una iniciativa ciudadana presentada por representantes del Consejo Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que busca reformar la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas.

Esta iniciativa fue recibida por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, órgano que reiteró el compromiso de esta Legislatura para recibir a la ciudadanía en general y abrir sus puertas para cualquier iniciativa que pueda traducirse en beneficio de los diferentes sectores de la entidad.

La iniciativa presentada, tiene el objetivo de apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras públicas y servicios, de impulsar a las Mipymes, así como dar certidumbre al contratista para el inicio de los trabajos y con ello garantizar la ejecución en tiempo y forma de cualquier trabajo.

En ese sentido, se busca impulsar y conocer la situación del sector empresarial en el país, por lo que es importante dotar de la información oportuna y confiable, de manera específica de la industria de la construcción, para lo cual hay que integrar, captar, procesar y suministrar la información de las mismas mediante el Sistema de Información Empresaria Mexicano (SIEM).

A mejorar los salarios y garantizar condiciones laborales dignas para las y los elementos de seguridad del país, fue el llamado que realizó la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, al fijar posicionamiento en el Pleno del Congreso del Estado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Desde tribuna, la legisladora subrayó que el reconocimiento a las fuerzas de seguridad debe traducirse en acciones concretas que respalden su labor, al ser ellas y ellos quienes diariamente arriesgan su vida para preservar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

«Reconocemos el trabajo de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por la paz de nuestro país», expresó, al destacar la importancia de visibilizar su entrega y compromiso.

Xóchitl Ruiz enfatizó que detrás de cada uniforme existen historias, familias y sacrificios que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para que la sociedad pueda desarrollarse en condiciones de seguridad.

En ese sentido, sostuvo que reconocer su labor no es exagerar, sino entender lo que está en juego en materia de paz y estabilidad social, en un contexto donde la seguridad sigue siendo uno de los principales retos nacionales.

Asimismo, puntualizó que la paz no es producto de la casualidad, sino de un esfuerzo diario que requiere no solo de estrategias efectivas, sino también de instituciones fortalecidas y personal respaldado.

Por ello, consideró indispensable avanzar en políticas públicas que garanticen mejores ingresos, prestaciones y certeza laboral para quienes integran las corporaciones de seguridad, como parte de una visión integral de justicia y derechos humanos.

Finalmente, la diputada reiteró el compromiso del Grupo Parlamentario del PVEM para impulsar acciones que fortalezcan la construcción de la paz en Michoacán y en el país, reconociendo que este objetivo solo será posible con el trabajo conjunto y el respaldo decidido a quienes protegen a la ciudadanía.

Es innegable que el Crimen Organizado es la base social de Morena, en todo el país.

FGR debe investigar a fondo los claros vínculos de Rubén Rocha Moya, y ex funcionarios, con el crimen organizado.

El narcogobierno del Cártel de Morena ha arrodillado a México, utilizando la principal base social morenista que es el crimen organizado, en cada rincón del país.

Así lo afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien recordó que en 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya había documentado la grave intervención del narco a favor de Morena y sus aliados.

«Las acusaciones en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros morenistas, solo confirma lo que todas las autoridades de México ya sabían pero que se negaban a reconocer: Morena se convirtió en el partido del narco y funciona con una estructura similar a la del crimen organizado», advirtió el Jefe Estatal del PAN.

Carlos Quintana explicó que la reciente acusación contra Rocha Moya y otros morenistas solo es la punta del iceberg de la red de complicidades de Morena y sus aliados con el crimen organizado, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe investigar a fondo y dejar de ser comparsa de Morena y de la delincuencia.

«El Cártel de Morena teme que su narcoestructura sea desmantelada y ya no le permita operar en elecciones como sucedió en las de 2021 y 2024, cuando cientos de candidatos fueron obligados a renunciar o fueron silenciados, para favorecer a los narcocandidatos de Morena», precisó.