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El Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán, a fin de fortalecer los instrumentos normativos que permitan impulsar modelos de movilidad más eficientes, menos contaminantes y socialmente accesibles.

De esta forma, se propone con estas reformas, «fortalecer el contenido de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo mediante la incorporación de disposiciones que permitan orientar la actuación del Poder Ejecutivo estatal hacia la promoción de políticas públicas en materia de transporte sustentable».

Con la reforma al artículo 7º, se establece de manera expresa dentro de las atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado la promoción del desarrollo y uso de sistemas de transporte público y masivo con altos estándares de eficiencia energética y ambiental, impulsando la transición hacia tecnologías limpias y la reducción progresiva del uso de combustibles fósiles.

Además, la modificación al artículo 128º, tiene como objeto, incorporar criterios que deberán considerar las autoridades ambientales del Estado en la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a la prevención, reducción y control de emisiones contaminantes a la atmósfera.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura, aprobó por unanimidad, reformar el el artículo 60 de Ley de Educación del Estado de Michoacán, a fin de reconocer que el uso de la escritura a mano, constituye una herramienta fundamental para fomentar el pensamiento crítico en las y los educandos.

La Comisión de Educación puso a consideración del Pleno Legislativo el Dictamen mediante el cual se adiciona el artículo 60 Bis a la citada ley, presentada por la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado

Luego de estudio y análisis de la Iniciativa la citada comisión coincidió que en el nivel de educación básico, las autoridades educativas estatales deberán promover y difundir la enseñanza sistemática de la escritura manuscrita como parte esencial del proceso de alfabetización en el estado.

«Esta Comisión reconoce la importancia y los beneficios que representa el uso de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje; sin embargo, estima indispensable continuar impulsando la práctica de la escritura manuscrita como parte esencial de la formación integral de las y los estudiantes», señalaron en el Dictamen.

Conforme a las Consideraciones, la escritura a mano no sólo fortalece habilidades motrices y cognitivas, sino que también contribuye al desarrollo de capacidades como la concentración, la comprensión, la memoria, la comprensión lectora, la organización de ideas y la expresión personal.

De igual forma, señalaron que la escritura manuscrita favorece una mayor retención de la información y estimula procesos de análisis, reflexión y creatividad, permitiendo la construcción de aprendizajes más significativos. «En este sentido, su práctica representa un elemento formativo que fortalece el desarrollo académico y humano de las y los educandos».

Dicha comisión consideró que la promoción de la escritura a mano no debe entenderse como una limitación al avance tecnológico, sino como una medida que permita mantener un equilibrio entre la incorporación de herramientas digitales y el fortalecimiento de habilidades manuales que continúan siendo necesarias en el ámbito educativo y en la vida cotidiana.

En el marco del Día de las Madres, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar del Estado de Michoacán con el objetivo de suspender de manera inmediata la patria potestad cuando el padre sea vinculado a proceso por feminicidio contra la madre de sus hijas o hijos, y perderla de manera definitiva en caso de sentencia condenatoria.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora subrayó que no hay violencia más cruel que aquella que arrebata una madre a una niña o a un niño. «Cuando ocurre un feminicidio en contra de una madre de familia, se rompe el hogar, se rompe una familia, se rompe la tranquilidad, y muchas veces, también se rompe la infancia de los hijos que se quedan atrás», afirmó.

Añadió que, además del dolor, las hijas e hijos tienen que vivir con miedo, confusión y heridas emocionales que duran toda la vida, y que en muchas ocasiones el responsable es el propio padre. Recordó que en México, 4 de cada 10 feminicidios son cometidos por la pareja o expareja de la víctima.

La iniciativa, conocida como Ley Monzón en otras entidades, toma su nombre de Cecilia Monzón, abogada, activista y madre asesinada el 21 de mayo de 2022 en Puebla por órdenes de su expareja y padre de su hijo. Arreola Ruiz destacó que, mientras avanzaba el proceso penal, el agresor buscaba mantener derechos sobre el hijo de Cecilia, lo que evidenció la necesidad de proteger a las niñas y niños víctimas indirectas de feminicidio. «¿De verdad el Estado puede obligar a una niña o a un niño a seguir conviviendo con la persona que destruyó su vida? Yo creo que no. Porque el interés superior de la niñez tiene que estar por encima de cualquier formalismo jurídico», puntualizó.

Ernesto Núñez Aguilar presentó una propuesta en este mismo sentido, la cual lamentablemente no fue aprobada en aquella Legislatura. Sin embargo, señaló que desde entonces el país ha seguido avanzando, y a partir de 2023 más estados como Ciudad de México, Sinaloa y Colima han legislado en la materia. Asimismo, reconoció que esta causa ha sido retomada por las diputadas Eréndira Isauro, Anabet Franco y el diputado Marco Polo, y expresó que su iniciativa busca sumarse y fortalecer la de ellos en el momento de su dictaminación.

La propuesta plantea que, cuando exista una vinculación a proceso por feminicidio contra la madre de una niña o niño, la patria potestad pueda suspenderse de manera inmediata como medida de protección, y que en caso de sentencia condenatoria, esa patria potestad se pierda definitivamente.

«La patria potestad no puede entenderse como un privilegio absoluto de los padres. Tiene que entenderse como una responsabilidad que existe para cuidar, proteger y procurar el bienestar de las hijas y los hijos. Quien es capaz de arrebatarle la vida a la madre de sus hijos, rompe también con todo principio de protección y cuidado», afirmó.

En el marco del Día de las Madres, la legisladora hizo un llamado a pensar también en aquellas mujeres que ya no están, en las madres víctimas de feminicidio, y sobre todo en las hijas e hijos que dejaron atrás. «Hoy, el mejor homenaje que podemos hacerles es cuidar y proteger a quienes más amaban.

Como legisladoras y legisladores, tenemos la obligación de responderles con sensibilidad, pero también con acciones concretas», expresó. Finalmente, se dirigió a todas las madres de Michoacán: «Vamos a seguir legislando para proteger lo más valioso que tienen… a sus hijas y a sus hijos».

«Michoacán necesita políticas públicas que permitan a las madres trabajar con derechos, compartir las responsabilidades de cuidado y acceder a seguridad social; desde el Congreso vamos a impulsar licencias parentales compartidas y mecanismos de apoyo para las mujeres que sostienen sus hogares», afirmó Octavio Ocampo durante una convivencia con madres de familia del municipio de Zitácuaro, realizada en el marco de la celebración del Día de las Madres.

El legislador del PRD señaló que muchas mujeres enfrentan jornadas dobles entre el empleo y las tareas de cuidado, sin acceso a prestaciones laborales o servicios de salud.

Durante el encuentro, Octavio Ocampo conversó con madres zitacuarenses sobre las dificultades que enfrentan diariamente para acceder a empleos formales, atención médica y espacios de cuidado para sus hijos.

En la convivencia escuchó testimonios de mujeres que trabajan en el comercio, en labores domésticas o en actividades informales, quienes señalaron problemas relacionados con bajos ingresos, falta de estabilidad laboral y la necesidad de ampliar sus jornadas de trabajo para completar el gasto familiar.

Y es que de acuerdo con cifras sobre la situación laboral de las madres en Michoacán, la tasa de participación económica de las mujeres con hijos de 15 años y más es de 46.9 por ciento. En el caso de las madres solteras, la participación laboral alcanza 75.8 por ciento.

Además, siete de cada diez madres trabajadoras no cuentan con seguridad social y más de la mitad realiza trabajo doméstico remunerado. A ello se suma que una parte importante mantiene jornadas de entre 35 y 48 horas semanales, mientras otras requieren trabajar más tiempo para incrementar sus ingresos.

El además presidente de la Comisión de Bienestar señaló que la discusión pública sobre cuidados y empleo debe traducirse en reformas que permitan distribuir de manera más equilibrada las responsabilidades familiares.

Entre las propuestas mencionó el impulso a licencias parentales compartidas, el fortalecimiento de sistemas de cuidados y acciones que permitan ampliar la participación económica de las mujeres en condiciones de estabilidad laboral y acceso a derechos sociales.

Con reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el Pleno de la 76 Legislatura integró una visión municipalista y de género a fin de robustecer las capacidades institucionales locales y promover la participación política de las mujeres.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores michoacanos armonizaron la legislación estatal con los principios constitucionales e internacionales en materia de igualdad, luego de aprobar el Dictamen elaborado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales; así como de Igualdad Sustantiva y de Género.

Tras el análisis y dictamen de las iniciativas de J. Reyes Galindo Pedraza, María Itzé Camacho Zapiain, Juan Carlos Barragán Vélez y Teresita de Jesús Herrera Maldonado, ambas comisiones coincidieron que las reformas atienden la urgente necesidad de fortalecer la igualdad sustantiva y la participación política de las mujeres desde el ámbito municipal.

De acuerdo con las Consideraciones, al reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, se garantiza que la Comisión de la Mujer en los ayuntamientos sea presidida por una mujer, lo que abona de manera clara a la institucionalización de la perspectiva de género en los gobiernos municipales.

No obstante, en aras de salvaguardar el régimen de competencias previsto en la Constitución, se estimó la intención de promover el liderazgo femenino, pero sin imponer una disposición de carácter obligatorio que pudiera interpretarse como una injerencia en la organización interna de los Cabildos.

«Se propone que la Comisión sea presidida preferentemente por una mujer, garantizando así un enfoque afirmativo, viable y respetuoso de la autodeterminación municipal y de la libertad política de las mujeres», precisa el Dictamen.

Con la reforma al artículo 40, se reconoce como atribución municipal la colaboración con los programas y dependencias encargadas de promover redes comunitarias de mujeres, enfocándose en el fortalecimiento del tejido social, la prevención de violencias y el empoderamiento territorial de las mujeres.

Las y los diputados también votaron a favor de adicionar un sexto y séptimo párrafos al artículo 84 y un cuarto párrafo al artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal con la finalidad de incorporar el principio de paridad de género en la elección de Jefaturas de Tenencia y Encargaturas del Orden.

«Se enfoca en establecer que tales procesos deberán observar el principio de paridad de género, asegurando condiciones de igualdad sustantiva, sin comprometer la libre participación ciudadana ni generar barreras jurídicas innecesarias», puntualizaron ambas comisiones en sus Consideraciones.

Con la finalidad de que haya más y mejores oportunidades para las mujeres de Michoacán, en cuanto a la vida pública se refiere y disminuir la violencia de género en los municipios michoacanos, el Congreso del Estado aprobó, diversas reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán.

La reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica Municipal, propuesta por la diputada María Itzé Camacho Zapiain y el diputado Juan Carlos Barragán, va encaminada a contribuir a la prevención de las violencias, la reconstrucción del tejido social, el empoderamiento territorial de las mujeres y la promoción de sus derechos humanos.

Dando a los ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cheran, la atribución de «colaborar, en el ámbito de su competencia y de manera coordinada, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas y con el Poder Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias y programas sectoriales, para la implementación, fortalecimiento y sostenibilidad de redes comunitarias de mujeres, como la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

En el marco de dicha colaboración, los ayuntamientos podrán desarrollar acciones comunitarias, firmar convenios intergubernamentales, establecer módulos de atención, promover procesos formativos y generar mecanismos de participación ciudadana con perspectiva de género.

En tanto, la reforma al artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, a propuesta del diputado Reyes Galindo Pedraza, la cual establece que la Comisión Municipal de la Mujer, deberá, preferentemente, ser presidida por una mujer.

Mientras que las reformas a los artículos 84 y 86, ambos de la Ley Orgánica Municipal, propuestas por la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, especifica que tanto las elecciones de Jefas o Jefes de Tenencia, así como la convocatoria para elección de Encargadas o Encargados del Orden se regirán por el principio de paridad de género en los cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.

A fin de salvaguardar el principio de certeza jurídica en la definición de los límites territoriales entre los municipios de Morelia y Charo, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó reformar el Decreto Legislativo Número 404, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán.

Fue la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales la encargada de estudiar, analizar y dictaminar, el oficio número SEDUM-0349/2026, presentado por Alfonso Jesús Martínez Alcázar y Joanna Margarita Moreno Manzo, presidente municipal y titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia.

Es así, que en fue avalado por las y los diputados reformar el artículo segundo y derogar el artículo tercero de dicho decreto; y así, establecer que para efectos de delimitación territorial entre los municipios de Morelia y Charo se reconoce el convenio celebrado ente ambos el 17 de septiembre de 2025.

«Así como su Anexo 1 relativo a la descripción técnica y tabla de coordenadas de los límites entre los municipios de Morelia y Charo así como el documento cartográfico denominado «Mapa de Modificación de Límites Municipales Morelia-Charo 2025″, expedido por el Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán», precisa el dictamen aprobado en sesión extraordinaria.

Finalmente, las y los legisladores coincidieron que tal adecuación no implica modificación alguna a los acuerdos de fondo alcanzados entre los municipios en cuestión respecto de su delimitación territorial, sino que fortalece la certeza jurídica, administrativa, catastral, registral, cartográfica y de planeación territorial.

El Congreso del Estado votó a favor de reformas a los artículos 5 y 6 de la Ley Contra las Adicciones en el Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de implementar acciones que permitan atender y fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a las adicciones.

En Sesión Extraordinaria las y los legisladores aprobaron el Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Salud y Asistencia Social sobre la Iniciativa presentada por la Diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, mediante la cual se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 5 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 6 de la citada ley.

Con la adecuación jurídica, el Pleno Legislativo determinó que en toda acción contra las adicciones que afecte a niñas, niños o adolescentes, las autoridades estatales y municipales, así como los particulares, deberán siempre garantizar la protección de sus derechos humanos y el debido proceso.

El reformado marco normativo estipula que cuando las niñas, niños o adolescentes padezcan una adicción, las autoridades estarán obligadas a brindarles apoyo gratuito para salvaguardar su integridad física y emocional, previa solicitud de la persona interesada y de su padre, madre o representante legal, lo cual incluye la atención primaria e integral.

«El Estado garantizará acciones orientadas a favorecer la permanencia, continuidad y conclusión escolar de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en tratamiento o en proceso de rehabilitación, mediante acompañamiento psicológico, orientación familiar y vinculación con los programas institucionales existentes en materia educativa, alimentaria, de transporte y asistencia social», mandata la ley.

Con la reforma al Artículo 6 se instruye que se deben establecer estrategias específicas para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción y en conflicto con la ley.

Ante ello, las autoridades competentes en materia de salud y educación implementarán programas preventivos en entornos escolares que incluyan: mecanismos de detección temprana en escuelas públicas y privadas; campañas permanentes de prevención del consumo; protocolos de actuación inmediata en casos de consumo detectado en escuelas; y, acompañamiento psicosocial a niñas, niños y adolescentes en riesgo de adicción y a sus familias.

«La adicción en niñas, niños y adolescentes constituye una de las problemáticas más graves de salud pública y de derechos humanos. No solo afecta el desarrollo físico, emocional y cognitivo de quienes la padecen, sino que además compromete sus oportunidades educativas, familiares y sociales, impactando en su futuro y en la vida comunitaria», expuso a diputada Ana Vanessa Caratachea en su iniciativa.

«Legislar con el corazón significa que nuestras leyes deben traducirse en bienestar y oportunidades reales para nuestra gente. La inclusión no puede seguir siendo un acto de caridad, sino un mandato jurídico que garantice dignidad», afirmó la diputada Nalleli Pedraza.

Al presentar en tribuna una reforma integral a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y a la Ley de Hacienda del Estado, la legisladora denunció la existencia de un «vacío de transición» donde las personas con discapacidad, tras concluir su formación, se encuentran con un abismo laboral debido a capacitaciones superficiales que duran apenas unos meses.

La propuesta, elaborada en conjunto con los parlamentarios Guare Rocio Chassin Martínez, Jorge Alberto Hurtado Yepez, Guadalupe Yuritzi Hernández Alvarado, Alberto Zúñiga López y Everardo Casillas Gasca, establece puntos transformadores:

• Modelo de Transición Laboral Inclusiva: Institucionaliza un sistema que asegure el paso efectivo de la formación al empleo.
• Figura del Mentor Laboral: Un guía técnico que acompañará a la persona hasta por 12 meses para garantizar su permanencia en el puesto.
• Formación Profesional: Exige programas mínimos de un año con materiales en Lectura Fácil y ajustes ergonómicos.

«Mi norte es claro: elevar la calidad de vida de las familias michoacanas», puntualizó Pedraza. Por ello, la iniciativa extiende la cuota de contratación del 5% a empresas con más de 50 empleados.

Para incentivar la participación del sector privado, se propone una deducción adicional de hasta el 50% en el Impuesto sobre Nómina para aquellas que obtengan el distintivo de «Empresa Incluyente».

Finalmente, con un tono emotivo, Nalleli Pedraza reafirmó que esta iniciativa emana de las voces ciudadanas ignoradas por décadas.

«Hagamos que Michoacán deje de ser un estado de barreras. El derecho a ganar el pan con dignidad y a ser expertos en la profesión que decidan, y no en la que el sistema les imponga, debe ser una realidad», concluyó.

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió una iniciativa ciudadana, en el marco de la rueda de prensa que se desarrolla en la Tribuna Ciudadana.

El diputado Baltazar Gaona, señaló que informará al Pleno de la 76 Legislatura, la recepción de dicha iniciativa, para que posteriormente sea turnada a la comisión pertinente y ahí se analizada, discutida y se emita el dictamen correspondiente que volverá al Pleno para su votación.

Dicha iniciativa fue entregada por los ciudadanos, María del Carmen Soto Maya, Moisés García Díaz y Michelle Granados Ayala, quienes expusieron que esta iniciativa propone la creación del Instituto Michoacano para Fortalecer e Integrar a la Familia.

Además, señalaron que este debe ser un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión operativa, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto principal será diseñar, coordinar, evaluar y promover políticas públicas con perspectivas familiares, donde se atienda a la familia.

Los ciudadanos, explicaron que dicha propuesta va encaminada en tres ejes totales: tratamiento al agresor, sanar la conducta, no solo romper el hogar; incentivos a la estabilidad, porque es más barato premiar un hogar unido, que pagar por la criminalidad y las adicciones; y, protección de la función de cuidado, que el dinero de las y los michoacanos apoye a los padres y no a burócratas que intentan reemplazarlos.

Como parte de su Agenda Territorial Ciudadana, la diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y representante del Distrito 02 con cabecera en Puruándiro, encabezó una jornada de bienestar social en la comunidad de El Granjenal, donde se otorgó atención directa a 180 personas.

Durante la jornada itinerante se brindaron servicios gratuitos de consulta médica, atención dental, apoyo psicológico, orientación nutricional y asesoría jurídica, con la finalidad de garantizar el acceso a servicios básicos en zonas donde la atención suele ser limitada.

La legisladora local señaló que estas acciones refrendan el compromiso del Poder Legislativo de mantener cercanía con la ciudadanía y atender de manera puntual sus necesidades.

«Trabajamos de corazón para que nadie se quede sin atención. Estas jornadas buscan llevar servicios esenciales hasta la puerta de las comunidades que más lo requieren», expresó la diputada Iturbide Díaz.

Las y los beneficiarios reconocieron la importancia de contar con atención médica, dental, psicológica y legal en un solo espacio, lo que representa un respaldo directo a la economía familiar y al bienestar de la población.

Con estas acciones, la diputada Belinda Iturbide Díaz fortalece el vínculo con las y los michoacanos del Distrito 02, impulsando políticas de proximidad y acceso efectivo a derechos sociales desde el Congreso del Estado.