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En Michoacán se hace necesario implementar un Sistema de Seguridad de videocámaras en todas las escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado, para así fortalecer la protección de las niñas, niños y adolescentes, recalcó la diputada perredista, Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Zacapu, presentó ante el Pleno del Congreso una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado y la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado a fin de que ésta establezca la responsabilidad de las autoridades en establecer dicho Sistema de Seguridad.

“De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el acoso escolar en el país afecta a 40 por ciento de la población escolar de primaria y secundaria en instituciones públicas y privadas, lo que representa alrededor de siete millones quinientos mil menores de edad que han sufrido hostigamiento, intimidaciones, discriminación, robo de pertenencias, rumores infundados, bromas insultantes o golpes en su entorno escolar”.

Mónica Valdez informó que en Michoacán durante el anterior ciclo escolar se registraron 16 casos de violencia, sobre todo en los últimos grados de primaria y secundaria, según reportes del Área Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado. La mayoría de los casos ocurrieron en Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Sahuayo, La Piedad y Tancítaro.

“Ante esta ola de incidentes en los alrededores de los centros escolares, los docentes señalan que lamentablemente las peleas, los conflictos se realizan afuera o en las inmediaciones de los planteles educativos y por esta razón no advierten de dichos conflictos hasta que éstos ya tienen consecuencias desastrosas”.

Agregó que con el circuito cerrado de videograbación que propone, se pretende que ante la amenaza de cualquier conflicto entre los estudiantes, las autoridades puedan en un primer momento darse cuenta del conflicto y en un segundo momento y de manera inmediata llegar al lugar de los hechos y mediar la situación.

La diputada Liz Alejandra Hernández Morales, presentó una iniciativa con la que propone la creación de las resoluciones de lectura fácil en los juicios donde se involucren los derechos de los menores de edad, adolescentes y con las personas que presentan alguna discapacidad intelectual.

La legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que este tipo de resoluciones no sustituirá a las tradicionales, sino que, la misma se deberá redactar también bajo un formato de lectura fácil, utilizando un lenguaje simple y directo, evitando tecnicismos así como los conceptos abstractos, usando en su lugar ejemplos, y empleando un lenguaje cotidiano, personificando el texto lo más posible, con la finalidad de que la misma sea comprendida a cabalidad.

“Nosotros como parte del Poder Legislativo, debemos sensibilizarnos con los menores de edad, adolescentes y con las personas que presentan alguna discapacidad intelectual, y garantizarles el reconocimiento de sus derechos, en el caso concreto, el de acceso a la justicia”, aseveró.

La diputada Hernández Morales, refirió que por ello es que su propuesta va encaminada a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ambas del Estado de Michoacán de Ocampo y con ello en las sentencias judiciales se emplee un lenguaje comprensible, para que todas las partes que intervienen en el juicio las entiendan.

“Debemos de generar, desde este Congreso del Estado las condiciones para que no haya necesidad de que quienes estén involucrados en las sentencias sean expertos en la materia jurídica, estaremos dando un paso más hacia el Estado democrático de derecho que todos queremos; en donde las futuras generaciones aprenderían desde la infancia, sobre lo que les está prohibido y permitido hacer y exigir, asimismo, estaríamos contribuyendo al fortalecimiento de la difusión y comprensión de los derechos humanos”, finalizó.

Con la finalidad de evitar una revictimización de las personas fallecidas, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Brenda Fraga Gutiérrez, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal en Michoacán y castigar a quienes violenten la dignidad póstuma, con la difusión de imágenes o videos de personas que perdieron la vida.
Esta propuesta surge principalmente por la sobre explotación de material gráfico, utilizado en víctimas de feminicidio, lo que ha generado indignación en la sociedad, pues se ha utilizado con fines de lucro y provocó una ola de morbo que alimentó el círculo vicioso de la normalización de las violencias, en este caso de la violencia feminicida.

“Esta práctica debe terminar, pues no solo vuelve a violentar los derechos de la persona víctima de este tipo de delitos, y de las víctimas indirectas, que pueden ser amigos o familiares. Además, esta práctica, debe considerarse que promueve el morbo alrededor de la comisión de un delito, dado que en estos casos ayuda a normalizar la violencia y la brutalidad con la que se cometió el crimen”.

La propuesta pretende sancionar, de tres a cinco años de prisión, a la persona que cometa el delito de ataques a la dignidad póstuma de la persona, con la divulgación, publicación o comercialización de imágenes o videos de algún cadáver o parte del mismo. En el caso de que un servidor público integrante de alguna Institución de Seguridad Pública, Institución de Protección Civil o forme parte de los Grupos Voluntarios que prestan servicios en materia de protección civil, cometa esta falta, la pena se incrementará hasta en una mitad de la punibilidad de este delito.

“La erradicación de esta práctica solo se logrará normando y sancionando el uso indebido del material visual o audiovisual por parte de aquellas personas que tienen acceso directo a las escenas de los hechos donde se encuentra algún cadáver o parte del mismo y que, faltando a su deber y obligación de dar tratamiento digno, respetuoso y considerado, difunden, publican o lucran sin criterio imágenes sensibles imágenes de los cadáveres de las personas que, en muchos casos, son presumiblemente víctimas de hechos delictuosos”.

De esta manera, la dignidad póstuma requiere de compromiso del legislativo, para concretar los principios de justicia, así como el compromiso del Estado para restauración de los vínculos afectivos y sociales de las comunidades afectadas por la violencia.

A fin de dar claridad a la aplicación del financiamiento que puede contratar el municipio de Áporo, para dotar de infraestructura necesaria al servicio de panteones, la 75 Legislatura aprobó reformas al Decreto 190, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 16 de agosto del 2022.

Así, la iniciativa con carácter de dictamen presentada por las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, reforma el referido decreto, derivada de la petición del propio edil de ese ayuntamiento, con lo que el municipio de Aporo estará en condiciones de iniciar con los trámites para la obtención del financiamiento.

El Pleno aprobó la reforma al artículo segundo transitorio, para establecer que el recurso recaudado en el concepto de ingresos «Por Servicio de Panteones» y/o las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio de Áporo del Fondo General de Participaciones, podrán ser destinados al pago del Servicio de la Deuda contraída por el presente Decreto, durante la vigencia del crédito hasta su conclusión.

En la propuesta, se observa la medida de prevención de la dirección del Sistema Informático del Registro Público Único, adscrita a la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deriva de la solicitud de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios del Contrato de Apertura de Crédito Simple, celebrado, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y el Municipio de Áporo, Michoacán.

En ese sentido, las comisiones determinaron procedente la solicitud, considerando que obedece a la sugerencia de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad responsable de llevar a cabo la inscripción de obligaciones y financiamientos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Para brindar más y mejores garantías a las mujeres justiciables, la 75 Legislatura aprobó reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece la obligación de los y las juezas de dicho Poder, de capacitarse y actualizarse para que los asuntos de su competencia, se procesen con perspectiva de género y bajo el principio del interés superior de la infancia.

Las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad Sustantiva y de Género dictaminaron la iniciativa presentada en su momento por la diputada Mónica Lariza Pérez Campos, que reforma los artículos 118 y 121 de la ley en mención, para que los impartidores de la justicia cuenten con los conocimientos técnicos en materia legal y los criterios más relevantes y actualizados en materia de perspectiva de género e interés superior del menor, por medio de cursos impartidos a través del Instituto de la Judicatura.

Dicha modificación a la ley que fue avalada por el Pleno del Congreso local en sesión ordinaria, establece que los concursos para jueces de primera instancia incluirán un apartado sobre control difuso de constitucionalidad, convencionalidad, perspectiva de género, interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como mecanismos alternativos de solución de conflictos y controversias.

Asimismo, se planteó que el Poder Judicial de Michoacán deberá armonizar su reglamentación en un término no mayor a noventa días naturales, que contarán a partir de la entrada en vigor de las reformas realizadas, con su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Finalmente, las y los legisladores concluyeron que estas herramientas jurídicas les permitirán ejercer su labor sin sesgos de género y buscando en cada caso concreto, juzgar con igualdad sustantiva e incluso emitiendo medidas o soluciones que impulsen un cambio cultural, coadyuvando desde la administración de justicia, a combatir el rezago y la desigualdad de género.

Con la finalidad de romper el ciclo de dependencia económica de las mujeres y que tengan un sustento económico que no las obligue a mantenerse en una relación tóxica que a la postre se pueda convertir en violencia económica, la diputada Fanny Lyssette Arreola Pichardo, presentó una iniciativa para obligar a que los centros de capacitación para el trabajo de inicio, capaciten gratuitamente a las mujeres víctimas de violencia familiar.

La diputada local por el distrito XXIII con cabecera en Apatzingán, refirió que con esta iniciativa se busca que las mujeres puedan tener independencia económica y de esta forma puedan de manera más fácil dejar a su agresor y salir a la brevedad de un círculo vicioso en el que el grado de violencia en todas sus expresiones puede ir aumentando día con día.

“No es únicamente preparar a las mujeres para trabajar y así no dependan de su agresor, sino  que las dependencias estatales encargadas asuman un papel más participativo en garantizar empleos con estabilidad en el entorno laboral y en las prestaciones de seguridad social que requieren las mujeres que toman la decisión de separarse de sus parejas, y eso solo se conseguirá si el estado ofrece estímulos a aquellas  empresas rosas que acepten a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y que creen entornos seguros para las mismas”, afirmó, en la máxima tribuna del Estado.

De esta forma, la iniciativa presentada, propone adicionar los artículos 30 bis y 34 bis a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo, en donde se establece la obligatoriedad para que el estado capacite a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en su expresión de violencia económica, a efectos de obtener su independencia económica y se dé estímulos a las empresas y/o negocios que las contraten.

Para fomentar la participación efectiva de las infancias y adolescencias en la creación de políticas públicas, el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, presentó propuesta de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Desde la tribuna legislativa precisó que su propuesta busca agregar los componentes de la participación de este grupo de la población para que sea efectiva, al incorporarlos desde una visión y un modelo que integre a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

“Así generamos desde la ley instancias de trabajo conjuntas para promover y proteger su inclusión y participación”, expuso al reflexionar en que las niñas, niños y adolescentes al ser sujetos de derechos deben participar en la creación de las políticas públicas que inciden en su vida.

Recordó que, de acuerdo al INEGI, hasta 2020 se contabilizaron en Michoacán 4 millones 421 mil 644 niñas y niños, de 0 a 15 años, quienes representan el 26% de la población en la entidad, es decir una cuarta parte de la población, “a la que por no tener derecho al voto no se les ha tomado en cuenta lo suficiente”.

Detalló que, entre los componentes de participación que busca incluir en la legislación, está el ser escuchado, ser informado, emitir opinión e incidir en las decisiones, sobre todos los asuntos que los involucran directamente o les interesan.

La diputada por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, presentará ante el Pleno del Congreso del Estado, el exhorto al Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), para que en un término de tres días naturales emita un informe sobre cuántos juicios ha realizado la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales, desde su creación.

A este informe, detalló, se deberá anexar el estatus en el que se encuentran estos juicios y el método que el Pleno utiliza para la designación del titular, defensores y personal de apoyo y sí se cumple con el principio de paridad en estas designaciones.

Agregó que también se solicitará conocer sobre cuántas y cuáles de las atribuciones del titular de la Defensoría establecidas en el Código Electoral del Estado de Michoacán, se han cumplido.

Subrayó que se busca establecer si este órgano ha ejecutado las obligaciones establecidas en la ley, entre las que se encuentra diseñar e implementar, el programa anual de difusión sobre los derechos político-electorales de los ciudadanos y de los servicios que presta.

Así como coordinar, vigilar y dar seguimiento a los asuntos y servicios que presta la Defensoría; emitir dictámenes o acuerdos, elaborar un registro de personas sancionadas por violencia política de género, rendir informes cuatrimestrales ante el Pleno del Tribunal sobre el funcionamiento, resultados y servicios que presta, entre otras.

«Debemos saber si se ha cumplido o no con lo que se expone anteriormente, o bien si se ha hecho caso omiso a una o varias de estas», concluyó la legisladora.

Según cifras recabadas por la organización Save the Children y la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, el 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes en México, sufren o han sufrido castigo corporal como método de crianza, y el 6 por ciento de los casos corresponden a castigos físicos severos; es por ello que la diputada Adriana Hernández Íñiguez presentará una iniciativa para prohibir este tipo de violencia en Michoacán.

“El castigo corporal tiene varios efectos nocivos en la vida diaria y en la salud física y psicológica de nuestras niñas y niños, mismos que afectan su desarrollo”, declaró.

Hernández Íñiguez afirmó que la iniciativa que presentará tiene como objetivo ponderar el interés superior de la infancia a fin de crear mejores condiciones de vida para este sector vulnerable de la población. Así como fomentar la crianza positiva, concepto definido por la UNICEF como “el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, y toma en cuenta: la evolución de las facultades de la niña, niño o adolescente y la edad en la que se encuentra.”

La legisladora michoacana recalcó que debido al confinamiento por COVID-19, estos actos violentos aumentaron hasta en un 100 por ciento, estimándose que 3 de cada 4 niños, niñas o adolescentes fueron o han sido violentados dentro de sus hogares.

En la sesión ordinaria programada para mañana 03 de mayo, la diputada local priista presentará en tribuna del Legislativo la mencionada iniciativa.