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El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado, presentó un exhorto dirigido a los ayuntamientos de Michoacán que cuentan con palacios municipales de dos o más niveles, a fin de que implementen elevadores, rampas u otros mecanismos que garanticen la accesibilidad universal a las instalaciones públicas.

La propuesta busca eliminar barreras físicas que impiden a personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida acceder en condiciones de igualdad a los servicios municipales.

El legislador ecologista destacó que la inclusión es un principio fundamental para la construcción de una sociedad justa y democrática, y que ésta no puede entenderse sin accesibilidad. «Los palacios municipales son el rostro más cercano del gobierno para la ciudadanía. Si una persona no puede entrar a realizar un trámite o solicitar un apoyo porque el edificio no cuenta con las condiciones mínimas de acceso, el Estado está fallando en garantizar sus derechos», enfatizó Espinoza Villa.

El diputado puso como ejemplo al municipio de Chinicuila, que forma parte del distrito que representa. A pesar de ser una de las demarcaciones más pequeñas y con presupuesto limitado, Chinicuila ya cuenta con un elevador en funcionamiento dentro de su palacio municipal. «Si en un municipio con recursos reducidos se pudo hacer, no hay excusa para que otros ayuntamientos no avancen en esta materia. La voluntad política y el compromiso con la gente son lo que realmente hace la diferencia», señaló.

Espinoza Villa subrayó que la accesibilidad no solo beneficia a personas con discapacidad permanente, sino también a adultos mayores, personas con lesiones temporales, mujeres embarazadas o padres y madres que acuden con niñas y niños pequeños. «Mejorar la infraestructura pública es mejorar la calidad de vida de todas y todos. Un palacio municipal accesible es un símbolo de un gobierno que reconoce la diversidad de la población y actúa en consecuencia», añadió.

El exhorto, que fue turnado a comisiones, invita a los ayuntamientos a considerar la implementación de estos mecanismos como parte de una política de Estado orientada a fortalecer la igualdad y la dignidad de las personas. El diputado recordó que la adecuación de los espacios públicos es una tarea pendiente en muchos municipios, y que atenderla contribuye a acercar las instituciones a la ciudadanía y a construir gobiernos más sensibles y responsables.

«La inclusión se construye con acciones concretas. Hoy decimos que en Michoacán no queremos más edificios públicos que excluyan; queremos gobiernos que abran sus puertas literalmente a todas las personas. Ese es el sentido de este exhorto y el compromiso que desde el PVEM seguiremos impulsando», concluyó.

En el marco del Mes de la Mujer, la diputada local Nalleli Pedraza Huerta inauguró una exposición fotográfica en el Congreso del Estado de Michoacán, dedicada a visibilizar y reconocer la vida, lucha y aportaciones de mujeres michoacanas que han dejado una huella importante en la historia social, política y cultural de la entidad.

La muestra reúne imágenes y reseñas de diez mujeres que han contribuido a la transformación de Michoacán desde distintos ámbitos. Entre ellas se encuentran María de Jesús Romero, Juana Guadalupe Arcos Barragán, Amparo Higuera Juárez, Imelda Higuera Juárez, Lilia Amezcua Prado, Concha Michel, María Luisa Martínez, Amalia Solórzano Bravo, Josefa Montero, María Josefa Huerta y Escalante y María Rita Pérez Jiménez.

Estas mujeres forman parte de la iniciativa impulsada por la legisladora para incorporar sus nombres al calendario cívico del Estado de Michoacán, con el objetivo de reconocer su legado y mantener viva la memoria de quienes contribuyeron a abrir camino para las nuevas generaciones.

Durante la inauguración, Pedraza Huerta destacó que recuperar la historia de las mujeres es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria, ya que durante muchos años sus aportaciones quedaron invisibilizadas en la narrativa histórica.

Asimismo, recordó que desde el Congreso ha respaldado e impulsado diversas acciones en favor de los derechos de las mujeres, entre ellas iniciativas para fortalecer la igualdad sustantiva, promover mejores condiciones para su desarrollo y reconocer el papel de las mujeres en la transformación social.

“Recordar a las mujeres que han marcado nuestra historia también es una forma de seguir avanzando. Su lucha, su trabajo y su compromiso son inspiración para continuar abriendo camino a las mujeres de hoy y de las futuras generaciones”, expresó.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones legislativas y culturales que visibilicen el legado de las mujeres michoacanas y fortalezcan la construcción de una sociedad con mayor igualdad y justicia para todas.

El presidente de la Comisión de Turismo en el congreso del Estado, Antonio Mendoza Torres, invitó a participar en la fiesta K’uínchekua 2026, que tendrá lugar del 13 al 15 de marzo en Las Yácatas del municipio de Tzintzuntzan y cuya fiesta es expresión viva de la cultura y tradición de Michoacán.

El diputado expuso que tal como lo dijo la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 76 Legislatura, Fabiola Alanís, nadie se puede perder esta muestra viva de las expresiones de distintas regiones del estado què brinda reconocimiento a quienes preservan la tradición.

Destacó la importancia de que el trabajo legislativo defienda la cultura, los derechos y el bienestar de los pueblos originarios en todas sus expresiones: “Recordemos que Michoacán es hogar de los pueblos purépecha, nahua, mazahua y otomí, y que la
K’uínchekua visibiliza su riqueza”.

El titular de la Comisión de Turismo compartió que este 12 de marzo está dedicado a las
comunidades participantes y
en coordinación con la diputada Fabiola Alanís, se realizan diversos impulsos para que las y los visitantes disfruten, conozcan nuestros valores culturales y deje beneficios en la región.

Concluyó el diputado Antonio Mendoza que el Plan Michoacán por La Paz y la Justicia, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, prioriza la cercanía real con las regiones del estado y brinda acompañamiento para que la cultura y los derechos de los pueblos originarios estén en el centro de las políticas públicas que llevan a cabo los gobiernos federal y estatal, con el acompañamiento del Poder Legislativo.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada y coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, presentó un posicionamiento para impulsar la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono parental.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora reconoció el esfuerzo de las madres jefas de familia, a quienes calificó como uno de los pilares más importantes de la sociedad mexicana.

“Quiero comenzar reconociendo y honrando a las mujeres más luchonas, más trabajadoras y más fuertes que tiene nuestro país: las madres jefas del hogar, mujeres que todos los días sostienen su hogar con un amor que no conoce descanso”, expresó.

Arreola Ruiz señaló que en Michoacán existen más de 1.3 millones de mujeres que son madres, y advirtió que una gran parte de ellas enfrenta la crianza de sus hijos sin el apoyo del padre. En ese sentido, destacó que más de 410 mil hombres son deudores alimentarios, quienes han abandonado sus responsabilidades parentales.

La legisladora explicó que actualmente muchas madres enfrentan obstáculos legales para realizar trámites fundamentales para sus hijos, como la obtención de pasaportes o permisos de viaje, debido a que la ley exige la autorización del padre, incluso cuando este no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones.

“Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no”, subrayó.

La propuesta, conocida como “Ley Cazzu”, toma su nombre de un caso mediático que visibilizó las dificultades que enfrentan muchas mujeres para realizar trámites de movilidad de sus hijos tras una separación, cuando el padre es ausente o deudor alimentario.

La diputada aclaró que el objetivo no es personalizar el problema, sino visibilizar una realidad que afecta a miles de mujeres y niñas y niños en el país.

Por ello, la iniciativa plantea que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión una reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad de menores cuando exista abandono parental y que el interés superior de la niñez sea el criterio central en estos procedimientos.

Asimismo, propone establecer mecanismos ágiles y accesibles para que quien ejerce la guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad cuando el otro progenitor haya incumplido reiteradamente con sus obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.

“La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas”, enfatizó.

Finalmente, Sandra Arreola hizo un llamado a colocar en el centro de las decisiones públicas la justicia para las madres jefas de familia y la protección de la niñez.

“Que todos los padres deudores e irresponsables nos escuchen: si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades”, concluyó.

En cumplimiento de la ley, las y los integrantes del Congreso del Estado aprobaron los dictámenes con las glosas correspondientes a los rubros de protección a la niñez y adolescencia; así como, de desarrollo rural, y Fortalecimiento municipal y límites territoriales del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública del Estado.

En este sentido, la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia sugirió al Titular del Poder Ejecutivo Estatal consolidar y ampliar las acciones reportadas en la materia, mediante un plan estratégico integral, con metas claras, medibles y diferenciadas por región.

Asimismo, lo exhortó a poner en marcha, a la brevedad, el Centro de Justicia de Protección a la Niñez y Adolescencia de Michoacán; y, diseñar e implementar una estrategia integral y diferenciada para la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia generalizada, criminalidad y desplazamiento.

De igual forma, las y los legisladores solicitaron a la Secretaría de Educación en el Estado que revise y verifique en qué escuelas existe suficiencia de maestras y maestros y en cuáles se presentan vacantes o carencias de personal docente, lo cual deberá informarles a los mismos sobre las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación.

Además, consideraron necesaria una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de prevención del delito, protección de entornos seguros y atención integral a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia.

Paralelamente en la sesión extraordinaria fue avalado el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, con la glosa del 4° Informe de Gobierno; en el cual, coincidieron las y los legisladores que el trabajo de un gobierno estatal para promover la agricultura debe ser integral, estratégico y sostenible, atendiendo tanto la producción como la comercialización, el bienestar rural y el cuidado ambiental.

“La agricultura en nuestro estado debe seguir avanzando cada vez más hacia una planeación y planteamiento de políticas públicas claras y precisas; el impulso de programas de subsidio, financiamiento y seguros de protección; fomentar las energías renovables en el campo; la apertura de mercados nacionales e internacionales”, entre otros destaca el documento.

Por su parte, el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado para que, en los subsecuentes informes y en la implementación de las políticas públicas con impacto municipal, se incorporen mecanismos más claros de evaluación de resultados, indicadores de fortalecimiento institucional y criterios de priorización territorial.

Lo anterior, con el fin de contar con mayores elementos para valorar el impacto directo en la autonomía, capacidades administrativas y desarrollo integral de los municipios; asimismo, se insta a continuar fortaleciendo los procesos de coordinación técnica y capacitación institucional dirigidos a los ayuntamientos y comunidades con autogobierno, con el propósito de consolidar su planeación estratégica, rendición de cuentas y sostenibilidad administrativa.

Con la finalidad de fomentar la participación activa de los padres monoparentales en las actividades de sus hijos, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura, aprobaron adicionar un párrafo al artículo 122 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

Al aprobarse en Sesión Extraordinaria el Dictamen elaborado por la Comisión de Educación sobre la iniciativa de la diputada Itzé Camacho Zapiaín, se estableció en el marco jurídico que las autoridades educativas del Estado fomentarán la participación activa y equitativa de madres, padres y personas tutoras en las actividades escolares, culturales y comunitarias, asegurando condiciones de igualdad y evitando cualquier forma de exclusión por estructura familiar o razones de género.

En el artículo quedó establecido que particularmente, promoverán acciones que reconozcan y fortalezcan el rol de madres y padres que ejerzan la maternidad y la paternidad de manera individual.

En el Dictamen, la Comisión de Educación precisó la importancia de fomentar la involucración y participación activa de los padres monoparentales en la vida de sus hijas e hijos en las actividades escolares, culturales y comunitarias asegurando condiciones de igualdad y evitar cualquier forma de exclusión por razones de género o estructura familiar.

En su Exposición de Motivos Diputada, María Itzé Camacho Zapiaín, precisó que en las últimas décadas, el papel de los padres en la crianza ha cobrado una visibilidad creciente tanto en los hogares como en el diseño de políticas públicas.

Detalló que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 800,000 hogares encabezados por hombres que ejercen la paternidad sin la presencia de una figura materna, de tal forma que el 18% de los hogares en el país son monoparentales, y ello “da cuenta de una realidad familiar que ha sido históricamente invisibilizada por las instituciones”.

De igual forma, precisó que diversas investigaciones han confirmado que la participación activa de los padres en la vida de sus hijas e hijos tiene efectos positivos en su desarrollo emocional, cognitivo y social.

“Cuando un padre se involucra de forma cercana y constante, se fortalece el sentido de seguridad, la autoestima y las habilidades socioemocionales de la niñez. Esta influencia es particularmente importante cuando los hombres ejercen la crianza de manera individual, ya que su rol integra tanto la dimensión afectiva como la responsabilidad económica y educativa, en muchas ocasiones sin redes institucionales que los respalden”, se puntualizó en la iniciativa de la legisladora.

Con reforma a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental, el Pleno del Poder Legislativo determinó que el Estado, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, los municipios y las instancias competentes, podrá promover acciones de conservación, restauración y educación ambiental sobre los ecosistemas hídricos, considerando su importancia ambiental, social, cultural y económica.

Lo anterior, luego de aprobar la adición del artículo 104 Bis de la citada ley con la finalidad de atender no sólo un problema ambiental, sino también garantizar la protección de un patrimonio natural y cultural que constituye la base del desarrollo sostenible de Michoacán y de las futuras generaciones.

Conforme al Dictamen puesto a consideración de las y los legisladores por parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente sobre la propuesta de Juan Carlos Barragán Vélez, con la reforma jurídica, se refuerza la conciencia colectiva sobre el valor estratégico del agua y se ofrece un marco jurídico que respalde esfuerzos comunitarios y gubernamentales sin imponer cargas financieras adicionales.

En las Consideraciones del mismo quedó establecido que en las últimas décadas se ha dado una degradación alarmante de los ecosistemas como resultado de prácticas insostenibles y del impacto creciente del cambio climático, lo que ha derivado en una crisis ambiental que amenaza la seguridad hídrica, alimentaria y climática en México.

“Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta problemática es el Lago de Pátzcuaro, un cuerpo de agua con un valor histórico, cultural y ecológico incalculable, durante siglos ha sido un pilar para las comunidades purépechas, pero hoy enfrenta un deterioro progresivo causado por la deforestación, la contaminación, la sedimentación y las variaciones en el clima”, explicó el legislador.

También estableció que a nivel nacional, se estima que el 70% de los ríos y lagos presenta algún grado de contaminación y que más del 40% de los humedales se ha perdido en las últimas cinco décadas.

“Esta realidad agrava la competencia por el agua, disminuye la resiliencia de las comunidades frente a sequías e inundaciones y pone en riesgo la salud pública, la economía y la estabilidad social, especialmente en las regiones más vulnerables” sustentó.

Agregó que frente a ello, la conservación y restauración de los ecosistemas hídricos debe asumirse como una tarea prioritaria, mediante políticas integrales que incluyan reforestación, saneamiento, educación ambiental y participación ciudadana.

“La participación de la sociedad civil y las comunidades locales resulta decisiva. Ellas son las principales beneficiarias de los servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, actores estratégicos para su conservación. Promover una cultura ambiental sólida, campañas de sensibilización y programas de participación comunitaria constituye la vía más efectiva para garantizar la sostenibilidad de las acciones”, explicó.