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Lo que era un gran proyecto con visión priista, el Tren Interurbano, anunciado por el presidente Peña Nieto en su Plan Nacional de Desarrollo 2012, y culminado en su tramo del Estado de México, se convirtió en un claro ejemplo de opacidad por parte de Morena, al inflar el costo y hacer modificaciones a los estudios previamente aprobados, además del retraso en el tramo de la capital mexicana, advirtió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

Aseguró que, a diferencia del Tren Maya, el Tren Interurbano estaba debidamente planificado para resolver la saturación crítica y productividad en beneficio de 230 mil pasajeros al día de la Ciudad de México y del Estado de México, con licitaciones internacionales, a diferencia del proyecto morenista, donde la planeación se hizo sobre la marcha, con asignaciones directas a la participación militar para acelerar los tiempos políticos.

“Recordarán que esa obra del Tren Interurbano se culminó en su totalidad en los tramos que competen al Estado de México. Sin embargo, por amparos, manifestaciones y retrasos en la construcción, faltas de licencia, fue un boicot programado, no se culminó en la etapa que le correspondía a la Ciudad de México. Es decir, desde los gobiernos emanados de los cuatroteros boicotearon que se pudiera culminar esa obra”, dijo.

Memo Valencia insistió en la opacidad oficialista, ya que el proyecto del Tren Interurbano del PRI, debía costar 38 mil millones de pesos, y el de los morenistas facturó más de 194 mil millones de pesos; además de desviarse los recursos al fallido Tren Maya al llegar al poder.

“Costó cinco veces más. Dónde quedaron los más de 100 mil millones de pesos de cobre costo, exigimos una auditoría independiente”, mencionó.

El líder priista finalmente, exigió “una certificación internacional de ese tren, porque no queremos que pase lo mismo con el Tren Interoceánico. Ya vimos que no sirven para construir trenes”, mencionó.

Acompañaron, la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; Edna Martínez Nambo, secretaria técnica del Consejo Político Estatal; de los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; así como Alejandro Bribiesca, representante del PRI ante el IEM.

La diputada Sandra Arreola, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, señaló que es necesaria y oportuna la iniciativa de reforma constitucional en materia de deuda pública presentada por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, al tratarse de una medida que fortalece la disciplina financiera y protege el futuro del estado.

La legisladora explicó que la propuesta, conocida como reforma “Antideuda”, plantea establecer en la Constitución local límites claros al endeudamiento público de largo plazo, con el objetivo de impedir que se contraigan obligaciones financieras que rebasen el periodo constitucional de la administración que las autoriza, tanto en el ámbito estatal como municipal.

“Esta iniciativa es necesaria porque evita que se sigan heredando deudas que condicionan el presupuesto de las siguientes administraciones y que terminan afectando la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura”, subrayó Sandy Arreola.

Detalló que la reforma promueve una visión de responsabilidad, transparencia y justicia intergeneracional, al establecer que la deuda pública debe ser una herramienta excepcional y no una práctica recurrente que hipoteque el desarrollo de Michoacán y el bienestar de las futuras generaciones.

La coordinadora del PVEM destacó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal ya fue analizada en comisiones, lo que abre la puerta a un debate serio y responsable en el Congreso del Estado, con la participación de todas las fuerzas políticas.

La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, informó que, en su calidad de integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Michoacán (ASM), se recibió formalmente el Informe General Ejecutivo derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas Municipales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024.

Explicó que este informe constituye uno de los instrumentos centrales del sistema de fiscalización en la entidad, ya que concentra los resultados globales de las auditorías practicadas a los entes públicos estatales y municipales, con base en los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto público.

Detalló que el Informe General Ejecutivo integra observaciones, recomendaciones y acciones derivadas de la revisión del manejo de los recursos públicos, así como posibles responsabilidades administrativas que, en su caso, deberán ser atendidas por las autoridades fiscalizadas conforme a los plazos y procedimientos que marca la ley.

Eréndira Isauro Hernández señaló que, a partir de la recepción del informe, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado iniciará el análisis técnico del documento, con el objetivo de dar seguimiento a los resultados de la fiscalización, verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

Indicó que este proceso forma parte de las atribuciones constitucionales del Congreso del Estado, en su función de control y supervisión del ejercicio de los recursos públicos, tanto en el ámbito estatal como municipal, y contribuye a garantizar que los fondos públicos sean utilizados en beneficio de la población.

La diputada subrayó que el trabajo legislativo en materia de fiscalización busca no solo detectar irregularidades, sino también mejorar los procesos administrativos, prevenir prácticas indebidas y fortalecer la gestión pública mediante recomendaciones técnicas y correctivas.

Finalmente, Eréndira Isauro Hernández refrendó su compromiso de continuar desempeñando su labor legislativa con responsabilidad, apego a la ley y cercanía con la ciudadanía, impulsando acciones que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y el correcto uso de los recursos públicos en Michoacán.

“El Congreso de Michoacán legislará con responsabilidad para garantizar la estabilidad financiera del estado, porque no podemos seguir hipotecando el futuro de las y los michoacanos con deudas de largo plazo”, afirmó el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al referirse a los trabajos recientes de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se analizó y aprobó la iniciativa de reforma que busca frenar la contratación de deuda pública a largo plazo en la entidad.

Ocampo explicó que la propuesta, presentada en diciembre pasado y turnada a la Comisión de la que forma parte para su estudio, plantea incorporar en la Constitución del Estado mecanismos de control más estrictos en materia de endeudamiento, de modo que ninguna administración comprometa los recursos públicos más allá de su periodo.

“Esta reforma no solo fortalece la rendición de cuentas, sino que garantiza que el dinero de las y los michoacanos se destine a inversión social y no al pago de intereses”, enfatizó.

El legislador perredista subrayó que esta medida forma parte de una agenda de responsabilidad fiscal, orientada a construir un Michoacán con finanzas sólidas y sostenibles.

“En la comisión se aprobó la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo. No más deuda de largo plazo en Michoacán, así contará el estado con finanzas sanas”, concluyó.

“Hoy dimos un paso importante para el cuidado de la economía de las familias de Michoacán: aprobamos dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo que está por comenzar”, señaló el diputado Reyes Galindo Pedraza.

El además coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó que durante la reunión de las y los integrantes de esta comisión, se estudió y analizó esta propuesta hecha por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, que busca prohibir la contratación de nueva deuda pública a largo plazo.

“En el PT estamos para proteger y ayudar a nuestra gente, por ello vemos viable que se implemente esta ley para cuidar las finanzas futuras del estado y evitar comprometer los recursos de las próximas generaciones; así eliminaremos la posibilidad de que los siguientes gobiernos adquieran excedentes de deuda que no pueden pagar”, expresó el líder del PT.

Reyes Galindo, agregó que esta iniciativa que fue presentada ante el legislativo michoacano en diciembre pasado, busca además prohibir los abusos y que exista una estrategia para asegurar finanzas públicas más sanas y responsables en Michoacán, por lo que consideró como «un paso fundamental para evitar el endeudamiento histórico que ha limitado la inversión pública en el estado”.

Las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, así como quienes laboran al servicio del Poder Legislativo en Michoacán, condenamos y lamentamos el asesinato de dos de nuestros colaboradores y su hija.

Víctor Manuel N. y Anayeli N., dos defensores y promotores de los derechos de la comunidad sorda en Michoacán, con su trabajo cotidiano ayudaban a garantizar el derecho al acceso a la información a las personas con discapacidad auditiva.

Por su entrega y profesionalismo no sólo colaboraban con el Congreso del Estado, sino también prestaban su servicio a distintas instituciones.

Desde el Congreso del Estado reiteramos nuestra solidaridad con sus familiares y amigos en estos momentos tan difíciles.

A su vez, quienes integramos la 76 Legislatura hacemos un llamado a la Fiscalía General del Estado, para que en el marco de sus atribuciones, con apego a los derechos humanos, esclarezcan lo más pronto posible este lamentable hecho a fin de que puedan no sólo determinar el móvil del crimen, sino dar con los responsables para que no haya impunidad.