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El diputado Toño Carreño Sosa presentó una iniciativa a favor del campo michoacano, que pretende además erradicar la desnutrición, anemia y la carencia alimentaria en la entidad.

El legislador por Movimiento Ciudadano comentó en tribuna que el propósito de la iniciativa es claro y urgente: fortalecer el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Más del 20 por ciento de la población del estado enfrenta algún grado de carencia alimentaria, mientras que la desnutrición crónica infantil y la anemia en mujeres y niñas persisten como fenómenos alarmantes en diversas regiones rurales e indígenas, indicó el diputado.

Pese a lo anterior, lamentó la falta de apoyo integral a los campesinos mexicanos, al grado de que tuvieron que tomar carreteras para buscar precios justos a sus productos.

Con la iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado se plantea una transformación estructural en la forma en que entendemos la relación entre la producción, la alimentación y la educación.

Su objetivo, agregó, es garantizar alimentos saludables, fortalecer la soberanía alimentaria y promover una cultura nutricional sustentable, equitativa y basada en la salud pública.

Lo anterior, destacó Toño Carreño, permitirá a Michoacán colocarse a la vanguardia nacional en la lucha contra la desnutrición, la pobreza alimentaria y la degradación ambiental.

“La iniciativa que hoy presento nace de una convicción profunda: el futuro del campo michoacano debe ser sostenible, justo y saludable.Aquí, quiero hacer un paréntesis para celebrar los acuerdos de apoyo al campo del dia de ayer, los cuales representan poco mas de 550 millones en Michoacán”.

Toño Carreño sentenció que se deben perpetuar modelos agrícolas que agotan nuestros suelos, contaminan el agua y marginan a los pequeños productores.

Es fundamental, añadió, transitar hacia un modelo agroecológico, que equilibre productividad y la justicia social.

Desde la dimensión ecológica, la propuesta impulsa la protección de suelos y semillas nativas, el reciclaje de nutrientes y la reducción del uso de agroquímicos. Desde la dimensión social y económica, coloca en el centro a los productores, mujeres rurales, comunidades indígenas y juventudes campesinas, fomentando la cooperación, la economía local y los huertos familiares.

Asimismo, la reforma incorpora la soberanía alimentaria como principio rector de la política rural michoacana. Esto implica que el Estado garantice que cada comunidad pueda producir, acceder y consumir alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, reduciendo su dependencia de mercados externos y su vulnerabilidad ante crisis económicas o climáticas.

Por lo anterior, la iniciativa contempla: reconocer legalmente la agroecología como base técnica y ética del desarrollo rural; incorporar la planeación agroecológica obligatoria en los programas estatales.

Además, fomentar la investigación, capacitación y educación agroecológica; impulsar la agricultura familiar y los huertos comunitarios y garantizar la participación activa de comunidades rurales, mujeres y pueblos originarios.

Para buscar una verdadera inclusión de grupos tradicionalmente discriminados en la vida política, se debe destinar más que acciones afirmativas, aseguró el diputado del PRI, Memo Valencia, al proponer que el 10 por ciento del financiamiento público de los partidos se aplique a fortalecer las capacidades políticas de todas las personas en situación prioritaria o desventaja histórica.

«El 3 por ciento ya destinado hoy en día para las mujeres más un 7 por ciento para otros grupos, me refiero de manera enunciativa no limitativa a todas las personas así de la comunidad LGBTQ+, pero también a los pueblos indígenas, migrantes, personas con discapacidad y afrodescendientes», dijo.

El diputado priista indicó que fortalecer la democracia implica transformar el destino y uso de los partidos políticos como instrumentos del cambio, como ha sido, lo es y seguirá siendo el PRI.

«Los partidos políticos como entidades de interés público financiadas con nuestros impuestos deben asumir el papel de promotores de la democracia del siglo XXI, el siglo de la inclusión», abundó.

El también dirigente estatal del PRI recordó que, aunque el Congreso del Estado recientemente recibió una propuesta para otorgar por ley el 2 por ciento del presupuesto de los partidos a las labores de capacitación, formación política y empoderamiento de las comunidades LGBTQ+, esta suena insuficiente porque excluye a otros grupos.

«No es suficiente y fragmentar los esfuerzos y aplicar pequeños porcentajes a cada grupo por separado, genera más exclusión que inclusión, minará la unidad y la fortaleza, así como también segmentará los esfuerzos», mencionó.

Finalmente, recalcó que su propuesta parte de una visión más amplia, realista y justa, «ampliando al 10% del financiamiento público ordinario de los partidos el monto a destinar el fortalecimiento de las capacidades políticas de todas las personas en situación prioritaria o desventaja histórica, sin dividirlas ni enfrentarlas, reconociendo su pluralidad y la interseccionalidad, generando un piso parejo para todos», puntualizó.

Las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura hicieron un llamado a los Ayuntamientos del Estado de Michoacán, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que verifiquen el cumplimiento de la ley y en su caso, sancionen o retiren los permisos a los establecimientos que incurran en prácticas abusivas.

A propuesta del Diputado Abraham Espinoza Villa, se votó a favor de un exhorto mediante el cual solicitaron a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, para que promuevan programas de capacitación y orientación empresarial sobre buenas prácticas comerciales y protección al consumidor, fomentando una cultura de responsabilidad y respeto en el sector económico.

Así mismo, a la Procuraduría Federal del Consumidor a que refuerce los operativos de verificación y sancione a los establecimientos que cobren comisiones por pago con tarjeta bancaria o impongan propinas obligatorias, además de realizar campañas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre sus derechos como consumidores.

En su propuesta, el legislador planteó que el respeto a los derechos de los consumidores constituye un eje fundamental para garantizar relaciones de consumo justas, equitativas y transparentes. “La ley Federal de Protección al Consumidor establece con claridad la obligación de los proveedores de bienes y servicios de abstenerse de aplicar prácticas abusivas que afecten a la economía y libertad de elección de los consumidores”.

Destacó que en México se han detectado que, en diversos establecimientos comerciales, particularmente restaurantes, hoteles, bares y cafeterías, incurren en prácticas indebidas como cobro de comisiones adicionales por el uso de tarjetas bancarias como de forma de pago, así como la imposición de la propina obligatoria.

“Ambas prácticas, cobrar comisiones por pagar con tarjeta y fijar propinas obligatorias, representan abusos que deterioran la confianza del consumidor y afectan la economía de las familias, particularmente en un contexto en el que cada peso cuenta”, resaltó.

En el Punto de Acuerdo aprobado quedó de manifiesto que con el exhorto se busca fortalecer la protección al consumidor, garantizar la equidad en las relaciones de consumo y proteger los derechos de quienes consumen, en favor de la protección de la economía familiar y la confianza en sus instituciones.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado designó y tomó protesta a Yesenia Díaz Barrera como Regidora Propietaria del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, ante la solicitud de licencia definitiva otorgada a Silvia Aguilar Saldívar.

Conforme al Dictamen propuesto por la Comisión de Gobernación, dicha designación se dio en atención a lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual indica que al existir ausencia definitiva de la Regidora Propietaria y Regidora Suplente; corresponde al Congreso designar al Regidor que siga en la lista plurinominal o planilla que hubiese presentado los partidos que representaron, respetando el origen partidista de las ausentes y cuidando que reúna los requisitos de elegibilidad para el cargo.

De acuerdo con las Consideraciones, con fecha 13 de marzo 2025, el Diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, notificó a la Comisión de Gobernación, el oficio signado por el C. Salvador Bastida García, Presidente Municipal Constitucional de Tacámbaro, la solicitud de licencia definitiva de la Regidora Propietaria Silvia Aguilar Saldívar ante el Pleno, para que el Congreso del Estado designe sustituto respectivo, ante la inexistencia de suplente acreditado ante el Instituto Electoral.

Por lo que a la Presidencia de la Comisión de Gobernación se hizo llegar la Constancia de mayoría y validez de la elección de Ayuntamiento de la Regiduría de Mayoría Relativa para el proceso electoral 2023-2024, en el Municipio de Tacámbaro, Michoacán, en la cual sólo registro a la C. Silvia Aguilar Saldívar y no registro Regidora Suplente.

Por ello, “la Comisión dictaminadora, atendiendo las necesidades y condiciones actuales del Municipio de Tacámbaro, Michoacán y tomando en consideración el registro de la planilla propuestas por el Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral de Michoacán, así como de los diferentes actores políticos, ponemos a consideración del Pleno a la C. Yesenia Díaz Barrera para ser designada Regidora Propietario del Ayuntamiento de Tacámbaro, Michoacán, toda vez que cumple con los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo”, detalla el Dictamen.

La diputada Jackie Avilés Osorio, representante del Distrito 03 de Maravatío e integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de fortalecer los derechos, la atención y la calidad de vida de las personas adultas mayores en Michoacán.

La propuesta, explicó, busca que los municipios tengan una participación más activa en la creación de espacios de convivencia, actividades recreativas y programas de apoyo que promuevan un envejecimiento digno, activo y con respeto pleno a sus derechos.

Con esta iniciativa, la diputada dijo que con esto demuestra el “compromiso con las causas sociales, promoviendo un Michoacán más humano, justo y solidario, donde envejecer sea sinónimo de respeto, acompañamiento y bienestar” .

Al aprobar reformas a los artículos 12 y 13 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura mandató que las personas con discapacidad tienen derecho al libre acceso y desplazamiento en la vía pública y servicios; incluyendo a las que cuenten con animales de servicio, asistencia y/o de terapia.

Las y los legisladores michoacanos determinaron en la ley que los proveedores de bienes y servicios no podrán negar su servicio o establecer preferencias y discriminación alguna a las personas con discapacidad que cuenten con animales de servicio, asistencia y/o de terapia.

De igual forma, definieron que un animal de servicio, asistencia o de terapia, es aquél que esté debidamente entrenado para auxiliar a una persona con discapacidad en el desarrollo de sus actividades diarias, brindándole autonomía, seguridad o acompañamiento emocional, según corresponda.

Con la adición del artículo 13 Quarter en la citada Ley, las y los diputados michoacanos ordenaron que el Estado deberá establecer un mecanismo oficial de registro, acreditación y emisión de constancias para las personas con discapacidad que cuenten con este tipo de animales, con la finalidad de garantizar su libre tránsito y acceso sin discriminación, así como para brindar certeza a los prestadores de bienes y servicios.

En el Dictamen puesto a consideración del Pleno Legislativo por parte de la Comisión de Derechos Humanos, sobre la iniciativa presentada por Sandra Arreola Ruíz, otorga un plazo no mayor a noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del Decreto para que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la dependencia competente, establezca el mecanismo de registro y acreditación de los animales de servicio, asistencia y/o de terapia.

Conforme al mismo, con la reforma, “se atiende una deuda histórica con las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía, combatiendo la discriminación y construyendo una sociedad más inclusiva. Al garantizar el derecho al libre acceso y desplazamiento con animales de servicio, Michoacán se posiciona como un referente en la implementación de políticas públicas basadas en los derechos humanos, la innovación y la sostenibilidad. La aprobación de esta reforma enviará un mensaje claro sobre el compromiso del Estado con la igualdad, la justicia y la dignidad para todas las personas”.

Con el objetivo que los municipios asuman un papel activo en la promoción de políticas públicas sensibles a las realidades de las mujeres y de la niñez, el Congreso del Estado reformó la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, para que la Comisión de la Mujer promueva la implementación de salas de lactancia en espacios públicos.

Con 25 votos a favor, en sesión ordinaria las y los diputados de la 76 Legislatura avalaron el dictamen elaborado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, mediante el cual se reforman las fracciones IX y X; y se adiciona la fracción XI al artículo 55 de dicha ley.

Es así, que quedó establecido en la normativa que la Comisión de la Mujer municipal, tendrá la función de poner en operación de lactarios en espacios públicos, con el fin de que las madres pueden amamantar, extraer su leche y conservarla de manera higiénica en ambientes y condiciones idóneas y salubres.

Con la reforma, las y los legisladores coincidieron que se fortalece la cultura de cuidado y protección en el ámbito local, al tiempo que convierten a los ayuntamientos en aliados clave para la implementación de acciones con enfoque de género, salud pública e igualdad sustantiva.

Al atribuir a las comisiones edilicias la promoción de salas de lactancia en espacios públicos, “no sólo visibiliza una necesidad concreta, sino que institucionaliza el compromiso de los municipios con la salud materno-infantil, abriendo la puerta para generar entornos más humanos, accesibles y sensibles a las realidades de las familias, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad”, señala en decreto.

El diputado Juan Carlos Barragán Vélez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado de Michoacán, con el propósito de proteger jurídicamente, administrativa y emocionalmente a las maestras, maestros y personal educativo que, en cumplimiento de su deber, enfrenten situaciones de emergencia escolar o hechos fortuitos.

Durante su posicionamiento en el Congreso del Estado, el legislador de Morena señaló que el magisterio ha sido durante décadas el corazón de las comunidades, el sostén de la educación pública y el rostro más cercano del Estado mexicano, pero hoy enfrenta una realidad injusta, ser criminalizado por hechos que ocurren fuera de su control.

“No se puede pedir a los maestros que sean educadores, psicólogos, enfermeros y, además, responsables de cada accidente que ocurra dentro o fuera del horario escolar. Las escuelas no son guarderías; son espacios de formación, de convivencia y de crecimiento humano”, expresó Barragán.

El diputado recordó casos recientes donde docentes fueron acusados penalmente por accidentes escolares, aun cuando actuaron conforme a su deber y sin negligencia, lo que consideró una falla estructural en el sistema educativo que deja en la indefensión a quienes todos los días forman a las nuevas generaciones.

De acuerdo con datos de la OCDE (2023), el 67% del personal docente en escuelas públicas en México se siente desprotegido frente a posibles sanciones o procesos legales derivados de incidentes escolares.

“Cumplir con el deber no puede ser motivo de persecución, sino de respaldo. La Secretaría de Educación debe garantizar acompañamiento legal, atención emocional y apoyo institucional a los maestros que enfrentan estas situaciones”, sostuvo.

La iniciativa presentada por Barragán busca que el Estado reconozca la labor docente como una función de alto valor social y brinde certeza jurídica a maestras y maestros que actúen conforme a los protocolos institucionales ante hechos fortuitos o emergencias escolares.

“A las y los maestros de Michoacán les decimos con claridad, no están solos. Este Congreso tiene la responsabilidad de protegerlos, respaldarlos y reconocer su trabajo. Proteger al magisterio no es una causa partidista, es una causa de justicia y de humanidad”, finalizó el diputado morenista.

Para visibilizar a los trabajadores del Congreso de Michoacán, respetar y proteger los derechos que tienen, dado que su trabajo es un pilar fundamental de la vida legislativa, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, propuso una adición al artículo 7 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, para que la labor del personal quede registrado dentro del marco normativo que rige la vida interna del Congreso, ya que hoy no hace mención expresa de las personas que integran el personal técnico, administrativo y operativo del Poder Legislativo.

Y es que el artículo 7 de la Ley Orgánica, establece las obligaciones de los diputados como asistencia a las sesiones, la rendición de cuentas, la conducta respetuosa y la presentación de informes de labores, entre otros, pero no contempla la responsabilidad de los legisladores frente al personal que colabora en la institución “y con la iniciativa se busca que las diputadas y diputados vigilemos y garanticemos el derecho de las y los trabajadores del Congreso del Estado a un empleo digno, con condiciones justas, un salario suficiente y un trato respetuoso y equitativo.”

“Esta reforma representa un acto de congruencia institucional y de justicia social acorde con los principios cuatro transformadores y el Congreso del Estado debe predicar con el ejemplo y garantizar que dentro de su propia estructura se cumplan los principios de trabajo digno, justicia social y respeto a la persona”, añadió la diputada local por el Distrito de Puruándiro.

De aprobarse esta adición, fortalecerá a la legitimidad del Poder Legislativo y contribuirá a consolidar una cultura de respeto, reconocimiento y responsabilidad hacia quienes diariamente sostienen la labor parlamentaria desde sus distintas funciones, ello sumado a que se construirá un Congreso más humano, justo y coherente con los valores que promueve en las leyes que aprueba.

“Reconocer a las y los trabajadores no es solo un gesto de gratitud, sino un acto de justicia y de respeto a los derechos humanos laborales, fundamentales para la convivencia democrática y el fortalecimiento institucional del Poder Legislativo de Michoacán», finalizó la diputada de la 73 Legislatura Local.

Reglas claras para la donación de órganos, armonizadas con disposiciones internacionales de salud y respeto a los derechos humanos, propone Vanessa Caratachea.

“En Michoacán, hay familias que viven entre la esperanza y la angustia. Personas que cada día esperan una llamada que puede cambiarlo todo: la llamada que les diga que finalmente hay un órgano compatible, que la vida puede continuar”, planteó.

La diputada de La Piedad presentó este miércoles una iniciativa de reforma, toda vez que resulta urgente una actualización de las disposiciones legales en Michoacán, que se encuentran en el Código Civil, pero deberían de estar en la Ley de Salud.

“Al encontrarse en un código de naturaleza civil, han generado duplicidades, solapamientos y contradicciones con la Ley General de Salud y con la propia Ley de Salud del Estado”, explicó la legisladora del PAN.

En tribuna, Vanhe Caratachea expuso que las leyes mexicanas deben girar en torno al principio de protección a la vida y la dignidad humana y por ello resulta prioritario trasladar el apartado sobre donación de órganos al ordenamiento que corresponde, pero también fortalecer la prohibición de lucro y el consentimiento informado.
“El cuerpo humano y sus partes no son mercancía. No pueden ser objeto de comercio, porque eso degradaría la dignidad humana”, sostuvo.

La iniciativa propone la derogación de los artículos relacionados con donación de órganos y tejidos humanos del Código Civil y la creación de un nuevo capítulo en la Ley de Salud del Estado, que comprende la creación de un Registro Estatal de Donación y Trasplantes, que trabaría en coordinación con el Consejo Estatal de Trasplantes.
También propone establecer la obligación de que solo los establecimientos con autorización sanitaria vigente puedan realizar actos de procuración o implante y fortalecer la prohibición de la venta de órganos.