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La Septuagésima Sexta Legislatura reformó la Ley Orgánica Municipal, a fin de proporcionar a los gobiernos municipales un marco jurídico que les permita regular, de forma facultativa y respetando su autonomía, la actividad comercial en zonas protegidas, promoviendo la conservación del entorno urbano-rural y la convivencia social en sus comunidades.

La propuesta presentada en su momento por los diputados Hugo Ernesto Rangel Vargas y Antonio Salvador Mendoza, fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y la de Turismo para adicionar una fracción XXVII al inciso b), del artículo 40; y un artículo 41 ter a la Ley Orgánica Municipal del Estado.

Las y los legisladores consideraron pertinente modificar la redacción de dicha ley para establecer que los Ayuntamientos que cuenten con localidades reconocidas como Pueblos Mágicos puedan declarar zonas de protección para la conservación del patrimonio histórico y cultural local, mediante sus reglamentos y actos administrativos.

Además, se prevé la instalación y funcionamiento del Comité de Pueblo Mágico, como espacio de coordinación entre autoridades y comunidad para la promoción turística con identidad, en función de su disponibilidad institucional y presupuestaria.

Es así, que con el propósito de preservar su singularidad cultural y favorecer la participación de actores económicos locales en la provisión, transformación y comercialización de productos y servicios turísticos, los reglamentos municipales en materia de comercio podrán prever mecanismos de opinión consultiva del Comité de Pueblo Mágico correspondiente antes del otorgamiento de licencias o permisos para giros económicos en dichas zonas.

Con ello, “evitar que las cadenas de tiendas y farmacias de conveniencia, se beneficien de la economía local, y sean las responsables de la destrucción y cierre de los negocios tradicionales, lo que es contradictorio con la finalidad del programa de Pueblos Mágicos que pretende integrar la Cadena Productiva Turística”, señala el dictamen avalado por el Pleno Legislativo.

A través de esta reforma, se abre la posibilidad de que las administraciones municipales de los Pueblos Mágicos involucren a sus diversas áreas administrativas para reglamentar, planear, ejecutar, evaluar y aplicar medidas preventivas y correctivas en favor del desarrollo ordenado de su vocación turística.

Por unanimidad, las y los diputados locales, designaron como recipiendaria de la Condecoración “Mérito al Turismo Michoacano” en su versión 2025, como un reconocimiento de manera póstuma a la ciudadana Margarita Arriaga Pierres; distinguida promotora de la actividad turística en el Estado.

Dicha condecoración que tiene la finalidad de ser un aliciente que estimule a los prestadores de servicios turísticos, para que con su esfuerzo sigan ofreciendo más y mejores servicios que satisfagan las necesidades de los turistas y se respete a los ciudadanos de nuestro estado, será otorgada en acto solemne el próximo 28 de octubre de 2025, en el Palacio Legislativo.

Cabe señalar, que la designación se realizó mediante convocatoria pública, a través de la cual se registraron seis archivos, mismos que fueron analizados por las y los diputados integrantes de la Comisión de Turismo, quienes por unanimidad, acordaron otorgar dicho reconocimiento a Arriaga Pierres, en honor a su vida, legado, contribución y por su destacado interés y promoción de la actividad turística del Estado de Michoacán.

La condecorada, nació en el año de 1946 y falleció en el 2022, fue fundadora en el año de 1970 del Hotel Mansión Iturbe, en el municipio de Pátzcuaro Michoacán realizando un ejemplo de rescate y restauración de un edificio histórico en la plaza Vasco de Quiroga convirtiéndolo en un pilar del turismo cultural y un referente histórico de esa ciudad.

A nivel nacional e internacional destacó colaborando con autoridades municipales y estatales en el impulso de políticas públicas, además de formar parte de la iniciativa privada como PROTURMICH y el fideicomiso de promoción turística de Michoacán, con la convicción siempre firme como defensora inalcanzable de las tradiciones, gastronomía patrimonio cultural de la entidad.

En materia de gastronomía, participó en la preservación de la cocina michoacana el proyecto de la cocina tradicional michoacana y así impulsar y lograr el reconocimiento de la UNESCO como patrimonio intangible de la humanidad; su trabajo y actividades turísticas muestran el interés, amor y promoción que generó a Michoacán, precisaron las y los legisladores.

Con el compromiso de blindar el presupuesto público, cerrar la puerta a la corrupción y poner el ejemplo de legalidad desde el Congreso, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis, presentó la iniciativa de Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Bienes y Servicios del Poder Legislativo del Estado de Michoacán.

Celis destacó que este proyecto busca garantizar que cada peso del Congreso se utilice con honestidad, eficiencia y transparencia, tal como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que nunca más las decisiones sobre el gasto público dependan de intereses personales o discrecionales.

“Si exigimos transparencia, debemos ser los primeros en practicarla. En Morena creemos en gobernar con el ejemplo: cuidar el dinero del pueblo, rendir cuentas y actuar con honestidad. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación.”, señaló el legislador.

La propuesta crea un órgano colegiado encargado de revisar y autorizar cada contratación, con procesos de licitación pública y reglas claras para evitar compras a sobreprecio o fuera de la ley. Además, establece mecanismos de rendición de cuentas y control interno, para que ningún acto quede fuera del escrutinio público.

“No podemos permitir que un solo peso se gaste sin justificarlo. Este reglamento le devuelve al Congreso su papel de ejemplo, no de excepción. La gente exige honestidad y resultados, y eso es lo que estamos construyendo.”, enfatizó.

El diputado subrayó que esta iniciativa fortalece la transparencia, garantiza mejores condiciones de compra, y protege el dinero de las y los michoacanos, asegurando que cada decisión se tome con base en criterios técnicos, legales y de beneficio social.

“Blindar el presupuesto es cuidar el futuro. No más decisiones a puerta cerrada: la transformación también se mide en cómo usamos el dinero del pueblo.”, concluyó Celis.

La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, celebró la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán Servicio de las Víctimas, impulsada por la Comisión de Justicia, al afirmar que representa un paso decisivo hacia una justicia con rostro humano.

“Queremos una Fiscalía moderna, eficiente y cercana al pueblo. Una institución que escuche, acompañe y actúe con empatía”, expresó la legisladora.

Bugarini destacó que la nueva ley reestructura la Fiscalía para hacerla más ágil, transparente y sensible a las necesidades de la ciudadanía. Además, incorpora herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia, como la posibilidad de presentar denuncias a distancia, el uso de expedientes digitales con tecnología blockchain y un sistema de supervisión en tiempo real que permitirá dar seguimiento a cada caso.

“Estamos transformando la justicia desde adentro, con mecanismos que protejan a las víctimas, que prevengan la corrupción y que acerquen el trabajo ministerial a la gente. La justicia debe sentirse, no solo anunciarse”, enfatizó.

La presidenta del Congreso también resaltó que esta ley incorpora una visión intercultural y con perspectiva de género, al reconocer los sistemas normativos de las comunidades con autogobierno y garantizar intérpretes para asegurar el debido proceso.

“Esta ley es para el pueblo de Michoacán. Es una herramienta que devuelve confianza, que dignifica la justicia y que demuestra que en nuestro estado sí se puede construir un nuevo modelo institucional, más humano y más eficaz”, concluyó Bugarini Torres.

El Congreso del Estado aprobó este día la iniciativa presentada por el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, en conjunto con el diputado de Morena, Toño Mendoza, para modificar la Ley Orgánica Municipal en materia de otorgamiento de licencias a establecimientos dentro del primer cuadro de los municipios con declaratoria de Pueblo Mágico, con el objetivo de evitar que las franquicias desplacen a los comercios locales y garantizar que los beneficios del turismo se queden en manos de las y los habitantes de cada localidad.

Desde tribuna, el legislador petista señaló que: “Uno de los dogmas más arraigados del modelo neoliberal fue la idea de que si les iba bien a los de arriba, iba a salpicar a los de abajo. Bajo ese principio se diseñaron las estrategias turísticas de las últimas décadas. Se construyó el mito de que mientras más visitantes llegaran, habría mejores condiciones de vida. Hoy, los pueblos mágicos son testimonio de esa falacia: paraísos turísticos inmersos en infiernos de marginación”, subrayó.

Rangel Vargas enfatizó que no debe confundirse el crecimiento económico con el desarrollo social, y señaló que las grandes cadenas y franquicias han sido las principales recipiendarias del dinero que debería quedarse en las comunidades.

“El capitalismo de cuates colonizó los pueblos mágicos, desplazó a los pequeños y medianos negocios y generó una economía extractiva que despoja a las comunidades de su propio patrimonio cultural y económico”, expresó.

El diputado destacó también que esta reforma brinda a los ayuntamientos la facultad de decidir sobre el tipo de desarrollo que quieren para sus territorios. Citó el ejemplo del estado de Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo ha impulsado restricciones a la expansión de cadenas comerciales en algunos de los municipios, como un modelo a seguir para fortalecer el comercio local.

“Debemos cuidar nuestros pueblos mágicos no sólo como escaparates turísticos, sino como espacios de identidad, sustento y dignidad para su gente. Que Michoacán sea, para los michoacanos”, concluyó.

La Diputada Melba Albavera Padilla, representante del Distrito 01 con cabecera en La Piedad e integrante de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, votó a favor de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al considerar que esta reforma fortalece la autonomía, la estructura y la eficiencia en la procuración de justicia.

Esta actualización legal otorga a la Fiscalía mayores facultades para reorganizar sus áreas, emitir reglamentos internos y profesionalizar al personal, con el propósito de ofrecer un servicio más ágil, transparente y especializado. De igual manera, consolida su independencia técnica, operativa y presupuestaria, lo que permitirá responder con mayor capacidad a los retos de seguridad y acceso a la justicia que enfrenta la entidad.

“Respaldé esta ley porque promueve una justicia más sólida e independiente. Nuestro deber como legisladores es garantizar instituciones que sirvan realmente al pueblo y que actúen con responsabilidad social”, señaló la diputada Melba Albavera Padilla, al subrayar que esta reforma representa un paso firme hacia una Fiscalía moderna y efectiva.

Con esta aprobación, Michoacán avanza hacia un nuevo modelo institucional donde la justicia se ejerza con autonomía, profesionalismo y cercanía con la ciudadanía. La legisladora reiteró su compromiso de seguir impulsando reformas que fortalezcan el Estado de Derecho y la confianza de las y los michoacanos en sus instituciones.

Con el propósito de fortalecer las condiciones laborales y reconocer la labor del personal que integra la Fiscalía General del Estado, la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, presentó una reserva a la Ley de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al Servicio de las Víctimas del Delito, misma que fue aprobada por el Pleno.

La propuesta de la legisladora contempla la adición de los artículos noveno y décimo transitorios, mediante los cuales se establece la creación de un Programa Integral de Dignificación Laboral y Salarial a partir del ejercicio fiscal 2026.

Este programa estará dirigido al personal sustantivo de la institución, incluyendo a agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación, Peritos, así como a servidores públicos técnicos, científicos, jurídicos, administrativos y de las distintas áreas que conforman la Fiscalía.

Xóchitl Ruiz González explicó que el objetivo de este programa será mejorar las condiciones laborales, garantizar una remuneración digna y competitiva, fomentar la capacitación y profesionalización continua, e instaurar esquemas de estímulos e incentivos vinculados al desempeño y compromiso en el servicio público.

Asimismo, la diputada precisó que la implementación del programa deberá ajustarse a los criterios de disciplina financiera, por lo que la Fiscalía General realizará la estimación correspondiente del impacto presupuestario, garantizando su aplicación dentro de un balance sostenible y conforme a la capacidad financiera institucional.

La reserva aprobada también establece que la Fiscalía deberá remitir anualmente al Congreso del Estado un informe detallado sobre los avances, resultados y retos en la aplicación del Programa Integral de Dignificación Laboral y Salarial, con el fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación permanente de sus objetivos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, subrayó que se deben mejorar las condiciones laborales del personal que contribuye a la procuración de justicia en Michoacán, promoviendo una Fiscalía más profesional, justa y eficiente al servicio de la ciudadanía.

Con el objetivo de garantizar procesos transparentes y fortalecer la credibilidad institucional, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una reserva al artículo 20, en su cuarto párrafo, de la iniciativa con proyecto de dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La propuesta, realizada es que la aplicación de los exámenes de control de confianza sea aplicada conforme a la normativa vigente de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, la cual fue aprobada por el Pleno de la LXXVI Legislatura Local, por una procuración de justicia más imparcial y confiable.

La legisladora destacó que los controles de confianza son una piedra angular en la procuración de justicia, ya que de estos depende el ejercicio de funciones con apego a derecho y conforme a la ley. Subrayó que no debe escatimarse en costos, rigurosidad ni periodicidad de dichos controles, pues la sociedad demanda instituciones libres de corrupción y con plena credibilidad.

Grecia Aguilar recordó que actualmente el Centro de Evaluación y Control de Confianza, órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República, es el encargado de aplicar los exámenes correspondientes bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y lealtad.

En su intervención, la diputada señaló que estos exámenes deben mantenerse sin la intervención del titular de la Fiscalía del Estado, ya que ello restaría credibilidad al proceso y abriría la puerta a posibles conflictos de interés.

“No se puede ser juez y parte en un proceso de designación y transparencia. Y con esta propuesta se busca garantizar que los controles de confianza sean aplicados con total imparcialidad”, afirmó.

La reserva aprobada establece que “los exámenes de control de confianza se realizarán conforme lo disponga la normativa aplicable.”

Con ello se fortalece la certeza en los resultados, se promueve la igualdad de oportunidades para los aspirantes y se asegura que quienes no acrediten los exámenes no ingresen a la institución, contribuyendo así al fortalecimiento de la procuración de justicia en Michoacán.

La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, expresó su respaldo total a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, destacando que representa un paso importante hacia una procuración de justicia más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora recordó que el nuevo fiscal general, Carlos Torres Piña, ha mostrado desde su nombramiento el compromiso de transformar y fortalecer la institución, atendiendo las necesidades de las y los michoacanos.

“Hoy estamos dando un paso muy importante al aprobar una ley que permitirá mayor operatividad, eficacia y organización dentro de la Fiscalía”, afirmó Hernández, al destacar que esta reestructura busca erradicar malas prácticas y fomentar un servicio público honesto y comprometido con la justicia.

La diputada subrayó que uno de los principales avances será el uso de herramientas tecnológicas para acercar la denuncia ciudadana, permitiendo que las personas puedan enlazarse con el Ministerio Público desde sus hogares o lugares de trabajo, agilizando los procesos y fortaleciendo el combate a la delincuencia.

“La ley no es perfecta, pero sí perfectible; y hoy estamos avanzando en la dirección correcta”, enfatizó.

Asimismo, Hernández hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y sumar esfuerzos en favor de Michoacán: “El pueblo requiere acciones inmediatas. Criticar es fácil, pero proponer y construir soluciones es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo”, subrayó.

Finalmente, la diputada reiteró que su voto a favor refleja la confianza en el nuevo modelo de procuración de justicia, así como el compromiso de seguir trabajando en coordinación con los poderes del Estado para garantizar resultados tangibles a la ciudadanía.

El diputado David Martínez Gowman presentó una iniciativa de Decreto para la expidición del Código de Ética del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene como objetivo regular y normar las actividades y procedimientos en la cámara de diputados local.

Martínez Gowman explicó que servir en el Poder Legislativo, es una responsabilidad que va más allá de ocupar una curul, firmar iniciativas o participar en debates. Consideró que es un compromiso con la justicia y con el pueblo que eligió a sus representantes populares.

Ante ello, el legislador exhortó a sus compañeros de la Septuagésima Sexta Legislatura a impulsar y aprobar este proyecto para fortalecer una ruta de respeto, orden y legalidad.

Este código busca ser un instrumento normativo que establece principios, valores y directrices de conducta.

El diputado indicó que actualmente no existe una norma que regule la ética y conducta de los diputados como servidores del Congreso del Estado y es por ello, la trascendencia de contar con esta herramienta normativa.

David Gowman expuso: «es ineludible tener presente que defender la integridad del Poder Legislativo implica también el autorregularnos. La labor que realizamos como Diputadas y Diputados, no es un privilegio, es una vocación que exige preparación, sensibilidad y ética».

El legislador reiteró que resulta urgente que exista un marco jurídico que establezca, administre y regule el actuar de los diputados, teniendo como premisa el respeto a la libertad de expresión.