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La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, celebró la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán Servicio de las Víctimas, impulsada por la Comisión de Justicia, al afirmar que representa un paso decisivo hacia una justicia con rostro humano.

“Queremos una Fiscalía moderna, eficiente y cercana al pueblo. Una institución que escuche, acompañe y actúe con empatía”, expresó la legisladora.

Bugarini destacó que la nueva ley reestructura la Fiscalía para hacerla más ágil, transparente y sensible a las necesidades de la ciudadanía. Además, incorpora herramientas tecnológicas para facilitar el acceso a la justicia, como la posibilidad de presentar denuncias a distancia, el uso de expedientes digitales con tecnología blockchain y un sistema de supervisión en tiempo real que permitirá dar seguimiento a cada caso.

“Estamos transformando la justicia desde adentro, con mecanismos que protejan a las víctimas, que prevengan la corrupción y que acerquen el trabajo ministerial a la gente. La justicia debe sentirse, no solo anunciarse”, enfatizó.

La presidenta del Congreso también resaltó que esta ley incorpora una visión intercultural y con perspectiva de género, al reconocer los sistemas normativos de las comunidades con autogobierno y garantizar intérpretes para asegurar el debido proceso.

“Esta ley es para el pueblo de Michoacán. Es una herramienta que devuelve confianza, que dignifica la justicia y que demuestra que en nuestro estado sí se puede construir un nuevo modelo institucional, más humano y más eficaz”, concluyó Bugarini Torres.

El Congreso del Estado aprobó este día la iniciativa presentada por el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, en conjunto con el diputado de Morena, Toño Mendoza, para modificar la Ley Orgánica Municipal en materia de otorgamiento de licencias a establecimientos dentro del primer cuadro de los municipios con declaratoria de Pueblo Mágico, con el objetivo de evitar que las franquicias desplacen a los comercios locales y garantizar que los beneficios del turismo se queden en manos de las y los habitantes de cada localidad.

Desde tribuna, el legislador petista señaló que: “Uno de los dogmas más arraigados del modelo neoliberal fue la idea de que si les iba bien a los de arriba, iba a salpicar a los de abajo. Bajo ese principio se diseñaron las estrategias turísticas de las últimas décadas. Se construyó el mito de que mientras más visitantes llegaran, habría mejores condiciones de vida. Hoy, los pueblos mágicos son testimonio de esa falacia: paraísos turísticos inmersos en infiernos de marginación”, subrayó.

Rangel Vargas enfatizó que no debe confundirse el crecimiento económico con el desarrollo social, y señaló que las grandes cadenas y franquicias han sido las principales recipiendarias del dinero que debería quedarse en las comunidades.

“El capitalismo de cuates colonizó los pueblos mágicos, desplazó a los pequeños y medianos negocios y generó una economía extractiva que despoja a las comunidades de su propio patrimonio cultural y económico”, expresó.

El diputado destacó también que esta reforma brinda a los ayuntamientos la facultad de decidir sobre el tipo de desarrollo que quieren para sus territorios. Citó el ejemplo del estado de Sonora, donde el gobernador Alfonso Durazo ha impulsado restricciones a la expansión de cadenas comerciales en algunos de los municipios, como un modelo a seguir para fortalecer el comercio local.

“Debemos cuidar nuestros pueblos mágicos no sólo como escaparates turísticos, sino como espacios de identidad, sustento y dignidad para su gente. Que Michoacán sea, para los michoacanos”, concluyó.

La Diputada Melba Albavera Padilla, representante del Distrito 01 con cabecera en La Piedad e integrante de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, votó a favor de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al considerar que esta reforma fortalece la autonomía, la estructura y la eficiencia en la procuración de justicia.

Esta actualización legal otorga a la Fiscalía mayores facultades para reorganizar sus áreas, emitir reglamentos internos y profesionalizar al personal, con el propósito de ofrecer un servicio más ágil, transparente y especializado. De igual manera, consolida su independencia técnica, operativa y presupuestaria, lo que permitirá responder con mayor capacidad a los retos de seguridad y acceso a la justicia que enfrenta la entidad.

“Respaldé esta ley porque promueve una justicia más sólida e independiente. Nuestro deber como legisladores es garantizar instituciones que sirvan realmente al pueblo y que actúen con responsabilidad social”, señaló la diputada Melba Albavera Padilla, al subrayar que esta reforma representa un paso firme hacia una Fiscalía moderna y efectiva.

Con esta aprobación, Michoacán avanza hacia un nuevo modelo institucional donde la justicia se ejerza con autonomía, profesionalismo y cercanía con la ciudadanía. La legisladora reiteró su compromiso de seguir impulsando reformas que fortalezcan el Estado de Derecho y la confianza de las y los michoacanos en sus instituciones.

Con el propósito de fortalecer las condiciones laborales y reconocer la labor del personal que integra la Fiscalía General del Estado, la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura Local, presentó una reserva a la Ley de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al Servicio de las Víctimas del Delito, misma que fue aprobada por el Pleno.

La propuesta de la legisladora contempla la adición de los artículos noveno y décimo transitorios, mediante los cuales se establece la creación de un Programa Integral de Dignificación Laboral y Salarial a partir del ejercicio fiscal 2026.

Este programa estará dirigido al personal sustantivo de la institución, incluyendo a agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación, Peritos, así como a servidores públicos técnicos, científicos, jurídicos, administrativos y de las distintas áreas que conforman la Fiscalía.

Xóchitl Ruiz González explicó que el objetivo de este programa será mejorar las condiciones laborales, garantizar una remuneración digna y competitiva, fomentar la capacitación y profesionalización continua, e instaurar esquemas de estímulos e incentivos vinculados al desempeño y compromiso en el servicio público.

Asimismo, la diputada precisó que la implementación del programa deberá ajustarse a los criterios de disciplina financiera, por lo que la Fiscalía General realizará la estimación correspondiente del impacto presupuestario, garantizando su aplicación dentro de un balance sostenible y conforme a la capacidad financiera institucional.

La reserva aprobada también establece que la Fiscalía deberá remitir anualmente al Congreso del Estado un informe detallado sobre los avances, resultados y retos en la aplicación del Programa Integral de Dignificación Laboral y Salarial, con el fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación permanente de sus objetivos.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local, subrayó que se deben mejorar las condiciones laborales del personal que contribuye a la procuración de justicia en Michoacán, promoviendo una Fiscalía más profesional, justa y eficiente al servicio de la ciudadanía.

Con el objetivo de garantizar procesos transparentes y fortalecer la credibilidad institucional, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una reserva al artículo 20, en su cuarto párrafo, de la iniciativa con proyecto de dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

La propuesta, realizada es que la aplicación de los exámenes de control de confianza sea aplicada conforme a la normativa vigente de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, la cual fue aprobada por el Pleno de la LXXVI Legislatura Local, por una procuración de justicia más imparcial y confiable.

La legisladora destacó que los controles de confianza son una piedra angular en la procuración de justicia, ya que de estos depende el ejercicio de funciones con apego a derecho y conforme a la ley. Subrayó que no debe escatimarse en costos, rigurosidad ni periodicidad de dichos controles, pues la sociedad demanda instituciones libres de corrupción y con plena credibilidad.

Grecia Aguilar recordó que actualmente el Centro de Evaluación y Control de Confianza, órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República, es el encargado de aplicar los exámenes correspondientes bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y lealtad.

En su intervención, la diputada señaló que estos exámenes deben mantenerse sin la intervención del titular de la Fiscalía del Estado, ya que ello restaría credibilidad al proceso y abriría la puerta a posibles conflictos de interés.

“No se puede ser juez y parte en un proceso de designación y transparencia. Y con esta propuesta se busca garantizar que los controles de confianza sean aplicados con total imparcialidad”, afirmó.

La reserva aprobada establece que “los exámenes de control de confianza se realizarán conforme lo disponga la normativa aplicable.”

Con ello se fortalece la certeza en los resultados, se promueve la igualdad de oportunidades para los aspirantes y se asegura que quienes no acrediten los exámenes no ingresen a la institución, contribuyendo así al fortalecimiento de la procuración de justicia en Michoacán.

La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, expresó su respaldo total a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, destacando que representa un paso importante hacia una procuración de justicia más eficiente, moderna y cercana a la ciudadanía.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora recordó que el nuevo fiscal general, Carlos Torres Piña, ha mostrado desde su nombramiento el compromiso de transformar y fortalecer la institución, atendiendo las necesidades de las y los michoacanos.

“Hoy estamos dando un paso muy importante al aprobar una ley que permitirá mayor operatividad, eficacia y organización dentro de la Fiscalía”, afirmó Hernández, al destacar que esta reestructura busca erradicar malas prácticas y fomentar un servicio público honesto y comprometido con la justicia.

La diputada subrayó que uno de los principales avances será el uso de herramientas tecnológicas para acercar la denuncia ciudadana, permitiendo que las personas puedan enlazarse con el Ministerio Público desde sus hogares o lugares de trabajo, agilizando los procesos y fortaleciendo el combate a la delincuencia.

“La ley no es perfecta, pero sí perfectible; y hoy estamos avanzando en la dirección correcta”, enfatizó.

Asimismo, Hernández hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y sumar esfuerzos en favor de Michoacán: “El pueblo requiere acciones inmediatas. Criticar es fácil, pero proponer y construir soluciones es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo”, subrayó.

Finalmente, la diputada reiteró que su voto a favor refleja la confianza en el nuevo modelo de procuración de justicia, así como el compromiso de seguir trabajando en coordinación con los poderes del Estado para garantizar resultados tangibles a la ciudadanía.

El diputado David Martínez Gowman presentó una iniciativa de Decreto para la expidición del Código de Ética del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo que tiene como objetivo regular y normar las actividades y procedimientos en la cámara de diputados local.

Martínez Gowman explicó que servir en el Poder Legislativo, es una responsabilidad que va más allá de ocupar una curul, firmar iniciativas o participar en debates. Consideró que es un compromiso con la justicia y con el pueblo que eligió a sus representantes populares.

Ante ello, el legislador exhortó a sus compañeros de la Septuagésima Sexta Legislatura a impulsar y aprobar este proyecto para fortalecer una ruta de respeto, orden y legalidad.

Este código busca ser un instrumento normativo que establece principios, valores y directrices de conducta.

El diputado indicó que actualmente no existe una norma que regule la ética y conducta de los diputados como servidores del Congreso del Estado y es por ello, la trascendencia de contar con esta herramienta normativa.

David Gowman expuso: «es ineludible tener presente que defender la integridad del Poder Legislativo implica también el autorregularnos. La labor que realizamos como Diputadas y Diputados, no es un privilegio, es una vocación que exige preparación, sensibilidad y ética».

El legislador reiteró que resulta urgente que exista un marco jurídico que establezca, administre y regule el actuar de los diputados, teniendo como premisa el respeto a la libertad de expresión.

Las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, designaron como recipiendario de la Presea “Constitución de 1814”, al Dr. Felipe Orlando Aragón Andrade, misma que será entregada por el titular del Ejecutivo Estatal y la presidenta del Congreso del Estado.

Dicha entrega se llevará a cabo en la Sesión Solemne del próximo 22 de octubre de 2025, en el patio central del Palacio Municipal el municipio de Apatzingán, en la que se conmemorará el CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

La designación de Felipe Orlando Aragón Andrade, fue propuesta de las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), una vez que fueron analizadas todos y cada una de los ciudadanos, ciudadanas e instituciones que fueron propuestos ante este órgano legislativo.

Es importante mencionar que se emitió convocatoria pública para recibir propuestas de ciudadanas, ciudadanos o de instituciones, la cual se difundió en el Periódico oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y en la página web del Congreso del Estado, para hacerse llegar de propuestas para recibir la presea de mérito, en atención y cumplimiento del Decreto Legislativo 298.

Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado votó a favor de la reforma a la Ley de Salud con la finalidad de establecer un Programa Estatal de Donación Voluntaria de Sangre, así como para integrar y operar el Registro Estatal de Donadores de Sangre, con la finalidad de garantizar la disponibilidad suficiente, oportuna y segura de sangre y sus componentes.

De acuerdo con las consideraciones planteadas en el Dictamen propuesto por la Comisión de Salud y Asistencia Social, sobre la iniciativa presentada por la y el legislador, Teresita de Jesús Herrera Maldonado y Abraham Espinoza Villa, con la reforma, se fortalece el derecho a la salud en su dimensión más humana, solidaria y estructural.

Ante el Pleno se estableció que es indispensable avanzar hacia la consolidación de una cultura de donación voluntaria de sangre en Michoacán, mediante acciones legislativas que respalden la creación de programas estructurados, permanentes y técnicamente sólidos, alineados con las necesidades de la población y los compromisos internacionales del Estado mexicano.

Con la adición al Artículo 177 TER, se establece que corresponde a la Secretaría de salud establecer el Programa Estatal de Donación Voluntaria de Sangre, el cual será elaborado a través del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, atendiendo las políticas públicas, disposiciones y lineamientos que emita la Secretaría Federal y demás autoridades competentes en la materia.

Dicho programa deberá contener un diagnóstico integral de los requerimientos de sangre en la entidad; objetivos específicos para fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre y las estrategias correspondientes; metas y líneas de acción; ejes temáticos que sustenten campañas permanentes de información, promoción y sensibilización social; así como la programación de jornadas especiales de donación a realizarse durante el año.

También deberá contener objetivos, estrategias y metas medibles, y actualizarse conforme a los avances técnicos y normativos aplicables. Asimismo, contará con mecanismos de evaluación que deberán realizarse al menos una vez cada dos años.

Con la adición al Artículo 177 QUARTER, se mandata la integración y operación del Registro Estatal de Donadores de Sangre, con el objeto de contar con un padrón actualizado de personas que consientan voluntariamente la extracción y disposición de su sangre para fines terapéuticos, conforme a la legislación aplicable; cuya información será confidencial y estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Congreso del Estado dotó de una nueva Ley Orgánica a la Fiscalía General del Estado, mediante la cual genera una reestructura para la procuración de justicia, el combate a la impunidad, la protección a las víctimas así como el fortalecimiento del Estado de derecho con transparencia y eficacia.

Con el nuevo marco jurídico, las y los legisladores de la Septuagésima Sexta Legislatura buscan fortalecer la institución a través de 9 ejes fundamentales: Autonomía Plena y Gobernanza; Modernización Tecnológica y Eficiencia; Atención a Víctimas y Derechos Humanos; Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas; Inclusión y Justicia Intercultural; Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; Especialización en Delitos Financieros y Patrimoniales; Control y Profesionalización; y, Combate a la Corrupción Judicial y Transparencia.

Con dichos ejes, se mandata una reorganización estructural basada en vicefiscalías funcionales, con independencia operativa para fiscalías especializadas en temas de corrupción y delitos electorales; la adopción de un ecosistema tecnológico integral para reducir los tiempos de atención, combatir la dilación ministerial y generar confianza ciudadana.

De igual forma, pugna por la reparación del daño y garantizar un trato digno, con un modelo de atención integral que evita la revictimización; por un principio de inmediatez de la búsqueda sin demora y la eliminación de la distinción entre “persona desaparecida” y “persona no localizada”; y por la colaboración con instituciones de seguridad comunal para asegurar que la procuración de justicia sea sensible a los usos y costumbres, la lengua y la cosmovisión de las comunidades.

En la nueva Ley Orgánica, se establece un modelo de atención digital, cuyos principales objetivos son agilizar las investigaciones, facilitar a las personas el acercamiento a la fiscalía y que éstas puedan dar un seguimiento a la carpeta de investigación sin necesidad de acudir a la fiscalía en forma presencial.

También se contempla la creación de cinco Vicefiscalías: de Inteligencia e investigación criminal; de control interno y evaluación; Vicefiscalía general de operaciones y coordinación territorial; la de delitos de alto impacto; y, la de derechos humanos.

Con su aprobación, las y los legisladores otorgaron un plazo no mayor a 60 días naturales para la expedición de su reglamento; 30 días hábiles para que se dote de los recursos humanos y materiales a las unidades administrativas de nueva creación; un plazo no mayor de 6 meses para la puesta en operación de ecosistema tecnológico, así como para celebrar todos aquellos convenios con los Poderes Constitucionales y cualquier otra autoridad o prestador de servicios, necesarios para que entre en función y operatividad.