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Con el objetivo de proteger la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes, con medidas legales que regulen el ingreso de menores en los servicios de hospedaje, la 76 Legislatura, aprobó por unanimidad, reformar la Ley de Turismo del Estado.

Las Comisiones Unidas de Turismo y Protección a la Niñez y Adolescencia, presentaron el dictamen a través del cual se reforma el artículo 15, 129 y se adiciona un artículo 115 Bis de dicha ley, para legislar en materia de protección a las niñas, niños y adolescentes contra la trata de personas.

Esta reforma, establece mecanismos para identificar, rescatar y brindar atención integral a las víctimas, incluyendo servicios de apoyo psicológico, social y legal, mediante protocolos de prevención y actuación.

Con esta regulación se establece que ninguna persona menor de edad, a menos que este acompañado por su madre, padre o tutores legales, no podrán acceder a establecimientos de prestación de servicios de hospedaje, siendo la Clave Única de Registro de Población (CURP) la fuente central y unificada de identidad para los menores.

En el caso de turistas o visitantes extranjeros, se les permitiría que se identifiquen con su pasaporte vigente, esto responde a un principio de razonabilidad y armonización normativa en materia de control e identificación de personas en servicios turísticos.

Los prestadores de servicios deberán verificar la filiación, parentesco o autorización por parte de quienes legalmente ostenten la guarda y custodia de las personas menores de edad acompañadas de los turistas o visitantes usuarios de estos servicios; y, en caso de no poder cumplir con esta verificación, deberán permitir el ingreso y registro, debiendo hacerlo del conocimiento inmediato de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado.

Asimismo, la Secretaría deberá emitir y publicar para observancia de los Prestadores de Servicios Turísticos, un Protocolo para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y la Explotación Sexual y Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual tendrá un plazo no mayor a 90 días naturales.

Finalmente, Las y los legisladores coincidieron que esta medida protege a los menores de riesgos como la trata de personas o la sustracción ilícita; garantizando que sus derechos sean respetados y protegidos, a través de mecanismos de verificación que los menores estén debidamente acompañados por sus representantes legales o familiares autorizados.

Con el objetivo de contribuir a la celeridad, asegurar el debido proceso, evitar seguir una vía incorrecta así como dilaciones maliciosas en la acción procesal de la demanda, el diputado local David Martínez Gowman presentó para reformar varios artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán.

Esta propuesta contempla evitar nulidades y retrabajos, que en la vía procesal se determinen claramente los derechos y cargas de las partes; y optimizar la economía procesal pues al señalarse la vía correcta desde el inicio, se enfoca el proceso en un cause adecuado, lo que contribuye a evitar retrasos, explicó el legislador.

Explicó también que “en algunos casos, los abogados pueden presentar demandas ambiguas y por vías incorrectas para obtener ventajas. En estos casos, la intervención temprana del juez corrige esto”, indicó.

David Martínez explicó que la demanda es un término jurídico que se refiere al acto procesal mediante el cual una persona inicia un litigo ante un tribunal en donde se solicita al juez que dicte una resolución favorable.

Ante la máxima tribuna del estado, el diputado reiteró “la importancia de legislar a favor de las y los michoacanos. Debemos considerar que existen lagunas legales en nuestra legislación. Por ello, seguiré trabajando en temas que mejoren nuestra legislación local y en la práctica, brinden certeza jurídica para todas las personas”, concluyó.

Las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado votaron a favor de regular el uso de la Inteligencia Artificial en los niveles de educación media superior y superior; y, de establecer un protocolo de uso adecuado de la IA, para con ello evitar la dependencia excesiva de herramientas automatizadas para la realización de tareas académicas.

En el Dictamen elaborado por la Comisión de Educación sobre la iniciativa presentada por la diputada Belinda Iturbide Díaz, se precisa que con la adición del artículo 83 BIS a la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo no se pretende alejar la tecnología de las aulas; pero sí regular el uso de la IA a fin de que sirva como herramienta de apoyo al aprendizaje, conteniendo elementos éticos y pedagógicos orientados al fomento del pensamiento crítico y la autonomía de los educandos.

De acuerdo con la reforma aprobada, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, elaborará un protocolo para el uso adecuado de la inteligencia artificial en el que deben incluirse directrices como: uso complementario de la Inteligencia Artificial, en los procesos de aprendizaje-enseñanza; restricciones al uso no supervisado; y regulación institucional.

De igual forma, el protocolo deberá considerar la capacitación y sensibilización a la comunidad educativa; la participación de madres, padres y tutores; y, las medidas por incumplimiento.

En las consideraciones del Dictamen quedó establecido que dichos criterios son los mínimos que debe contener ese protocolo, “para no ajustar solo a unos cuantos y dejar en mayor libertad a la Secretaría de Educación Estatal para que al momento de elaborar el protocolo establezca aquellos criterios que a su alcance considere deban contemplarse para un mejor manejo de la inteligencia artificial en nuestro Estado”.

La iniciativa de la Diputada Belinda Iturbide señala que el uso excesivo de la IA puede desalentar el desarrollo de habilidades fundamentales como la escritura, el razonamiento lógico y la investigación.

“El uso desmedido de IA en el aula puede reducir la colaboración entre estudiantes y limitar el desarrollo de habilidades interpersonales esenciales para su futuro profesional… La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la educación, pero su uso sin control puede convertirse en una barrera para el desarrollo integral de los estudiantes”, destacó la legisladora.

El Congreso del Estado reformó la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán integrando nuevos mecanismos para combatir la violencia escolar en todos los niveles, al definir protocolos en cada nivel educativo y al dotar mayores atribuciones al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar.

La Comisión de Educación puso a consideración del Pleno Legislativo la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada ley, presentada por los CC. Jesús Eduardo Mendoza Gómez, Estrella del Rocío López Maciel y Julieta Estephanía Carrillo León.

Con las reformas al ordenamiento jurídico, se definió que la Secretaría de Educación, asignará mayores recursos al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, exclusivamente para la implementación de las estrategias de prevención, difusión, consultas, foros, conferencias, entre otras sobre la problemática de la violencia escolar.

Sobre su integración, las y los diputados, definieron que éste, deberá tener como integrantes a un representante de las y los estudiantes por cada nivel educativo, así como a dos representantes de la sociedad civil, que cuenten con conocimientos en la materia.

Con su voto a favor, la 76 Legislatura le dotó la facultad al Consejo para que pueda solicitar a las instituciones educativas informes sobre el estado que guardan las denuncias o relaciones de hechos en que se han visto involucradas, con el fin de integrar un registro que dé cuenta del estado que guardan los casos suscitados en el Estado.

También se le facultó al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar para que pueda sesionar cada 2 meses, dándole mayor agilidad de operación en su vida interna; así mismo, para que se coordine con la Fiscalía General del Estado u otras instituciones para realizar capacitación a las instituciones educativas, respecto a las procedimientos de la presentación de denuncias derivadas de delitos que se pueden suscitar en el ámbito escolar.

En el Dictamen también se definió que cuando se presenten casos de violencia escolar, las autoridades procurarán conciliar a los involucrados, con excepción de aquellos delitos que no contemple esa figura conciliatoria; y cuando un trabajador de la educación en el estado, produzca violencia hacia niñas, niños o adolescentes, las autoridades escolares se encargarán de turnar el expediente de hechos al órgano interno de control y deberá dar vista al Consejo; en el caso de instituciones privadas, las autoridades educativas actuarán de acuerdo al contrato individual de trabajo, y emitirá las recomendaciones pertinentes para que madre, padre o tutor acudan ante las instancias legales competentes.

La diputada Fabiola Alanís Sámano consideró que la próxima designación del nuevo o nueva Fiscal General del Estado debe convertirse en un punto de inflexión para reforzar la estrategia de seguridad en Michoacán, particularmente en la atención al delito de extorsión, uno de los que más afectan a las familias, a las mujeres comerciantes y a los pequeños negocios.

“Estamos ante una gran oportunidad para consolidar a la Fiscalía como una institución eficaz, cercana a la gente y con verdadero enfoque de derechos humanos, que dé resultados concretos frente a los delitos que más lastiman al pueblo de Michoacán”, señaló.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado subrayó que la extorsión se ha convertido en una amenaza cotidiana para cientos de comunidades y que es urgente que esta problemática se aborde de forma prioritaria, articulando los esfuerzos del estado con la Estrategia Nacional de Seguridad anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la cual contempla un enfoque integral para erradicar las redes delictivas que operan desde los territorios.

“Este delito no solo pone en riesgo la vida y el patrimonio de las personas, sino que paraliza economías locales, expulsa a la gente de sus comunidades y afecta especialmente a mujeres emprendedoras y jefas de familia que hoy viven con miedo. Necesitamos una Fiscalía que entienda esta dimensión y actúe con firmeza, profesionalismo y empatía”, puntualizó.

La legisladora de Morena reiteró su compromiso de acompañar los procesos de fortalecimiento institucional desde el Congreso local, vigilando que, en esta nueva etapa, la Fiscalía no solo sea eficiente en términos operativos, sino también que respete el debido proceso, garantice justicia para las víctimas y se enfoque en la prevención de la violencia.

“Si queremos paz, justicia y bienestar, necesitamos instituciones sólidas, confiables y comprometidas con la verdad. La seguridad de Michoacán no puede seguir esperando”, concluyó.

Con el objetivo de preservar el legado espiritual y cultural de Michoacán, el diputado local Poncho Chávez presentó en tribuna una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado.

La propuesta busca establecer como obligación de las autoridades la implementación de actividades para la preservación, conservación y restauración de espacios y sitios religiosos, a fin de fortalecer el turismo religioso en la entidad.

La iniciativa prevé también que la Secretaría de Turismo del Estado promueva convenios intermunicipales para diseñar programas de difusión del turismo religioso, tanto entre prestadores de servicios como en la población en general. “No se trata únicamente de impulsar una actividad turística, sino de proteger nuestra identidad y de reconocer el papel que estos espacios tienen en la vida espiritual, cultural y económica de nuestras comunidades”, subrayó Poncho Chávez.

El legislador recordó que el turismo religioso representa una de las manifestaciones más arraigadas de fe en México y una fuente significativa de derrama económica. A nivel nacional, se estima que esta actividad atrae a cerca de 40 millones de visitantes al año, con una aportación de más de 20 mil millones de pesos a la economía. En este sentido, el estado de Michoacán cuenta con una riqueza única en templos, festividades y santuarios de gran valor histórico, arquitectónico y espiritual.

“Michoacán es sinónimo de fe viva: desde la majestuosidad del Templo Expiatorio de Zamora, la Catedral de Morelia, hasta las peregrinaciones al Señor de los Milagros en San Juan Parangaricutiro”, destacó Chávez. “Municipios como Tlalpujahua, Tzintzuntzan, Tacámbaro o Sahuayo poseen verdaderas joyas espirituales que pueden ser motores de desarrollo local y fuentes de empleo digno para miles de familias”.

El diputado también advirtió que, ante el incremento de agresiones contra espacios religiosos —como el ataque reciente a la parroquia de San Juan Bautista en Maravatío—, es urgente emprender acciones institucionales para proteger este patrimonio. Datos del Centro Católico Multimedial revelan que en México se registran hasta 26 ataques semanales a iglesias, lo que representa una amenaza directa a la memoria histórica y espiritual de las comunidades.

“Esta iniciativa no distingue religión ni credo. Se trata de respetar nuestras tradiciones, conservar lo que nos da identidad y generar condiciones para que más personas visiten nuestros pueblos con respeto y admiración”, concluyó Poncho Chávez. Desde el Congreso del Estado, el legislador reiteró su compromiso con un Michoacán que impulse su turismo religioso como motor de paz, desarrollo económico y preservación cultural.

“No se debe exigir desde la administración pública a la ciudadanía la presentación de actas de nacimiento con ‘fechas recientes’, ya que por sí solo este documento de identidad no tiene una vigencia específica, y este acto representa una rutina dañina que afecta a quienes menos tienen”, aseguró, el diputado del PRI, Memo Valencia al presentar una iniciativa para adicionar la fracción XVII al artículo 243 del Código Penal para el Estado de Michoacán.

El legislador abundó que esta propuesta busca poner un alto al negocio en el cual han convertido, desde la administración pública estatal, el requisito para diversos trámites.

«Esta exigencia no tiene fundamento legal alguno, pero se ha convertido en una norma no escrita, una rutina dañina que es impuesta desde escritorios desconectados de la realidad con fines meramente recaudatorios», dijo.

Insistió en que, además del costo, es complejo para muchas personas obtener un acta de nacimiento si no tienen acceso a la tecnología.

«No podemos seguir tolerando esta práctica persistente que ha sido motivo de noticias, llamamientos y múltiples frustraciones entre la ciudadanía», afirmó.

Por ello, en específico, la iniciativa propone tipificar como delito, en una modalidad del abuso de autoridad, la exigencia en el servicio público de la vigencia determinada en las actas del estado civil de las personas, a excepción de que esté expresamente previsto por la ley o reglamento.

«La sanción no solo tiene un fin punitivo, sino también preventivo. Consiste en enviar un mensaje firme a quienes ejercen funciones públicas, recordándoles que esa noble labor no consiste en imponer más tributos a la ciudadanía, sino en servir con apego al derecho y la legalidad», indicó.

El diputado priista finalmente comentó que esta reforma no debe verse solo como un castigo al funcionario, sino como un acto de defensa a la ciudadanía.

Los diputados Adriana Campos, Hugo Rangel, Teresita de Jesús Herrera, Eréndira Isauro, Juan Carlos Barragán, Conrado Paz y David Martínez, se sumaron a la iniciativa del también dirigente estatal del PRI.

El diputado Abraham Espinoza Villa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado (GPPVEM), presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Michoacán para crear la Dirección de Educación Indígena de la Etnia Náhuatl, un órgano desconcentrado que atenderá con autonomía las necesidades de más de 20 mil personas en comunidades marginadas de la región Costa-Sierra.

Ante el abandono histórico del sistema educativo oficial —que carece de maestros bilingües, materiales didácticos en náhuatl y participación indígena en la toma de decisiones—, el legislador subrayó que esta reforma es un paso urgente para cumplir con la Constitución y tratados internacionales firmados por México, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

«No es un capricho, es una obligación del Estado. Hoy, solo 49 docentes atienden educación inicial en la zona náhuatl, y los niños son forzados a aprender en español, perdiendo su lengua y cultura. Es una injusticia que debe terminar», declaró Espinoza Villa.

Entre los puntos clave de la iniciativa se habla de una autonomía educativa que se consolidará a partir de la creación de la dirección, la cual diseñará programas, asignará maestros bilingües y elaborará materiales en náhuatl, con participación directa de las comunidades.

Con esta acción se combate además el rezago educativo con la creación de secundarias interculturales y centros de rescate cultural para reducir la deserción escolar, que actualmente es superior al 30% en la región.

En municipios como Santa María Ostula, Pómaro y San Miguel Aquila, el 60% de los hablantes de náhuatl son niños y jóvenes en riesgo de perder su lengua. La actual estructura educativa, centralizada en la etnia purépecha, ha ignorado por décadas las demandas nahuas.

«Esta reforma es una reparación histórica. No pedimos privilegios, sino que se cumpla la ley», enfatizó el diputado del Partido Verde, quien llamó a sus homólogos a aprobar la iniciativa en el periodo ordinario de sesiones.

El proceso de designación de la nueva o nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) sigue firme y avanzando conforme a la ley, remarcó la presidenta del Congreso del Estado, la diputada Giulianna Bugarini Torres.

En este contexto, la presidenta del Congreso del Estado remarcó que “el proceso continúa y continuará su curso conforme a la Constitución y en apego a la Soberanía del Poder Legislativo”.

Esto lo refirió en respuesta a la supuesta suspensión provisional que circuló esta mañana respecto al proceso legislativo que se libra para esta designación.

“La Constitución es muy clara: las decisiones del Congreso no son impugnables vía juicio de amparo, porque representan un acto soberano y colegiado. Este proceso sigue su curso y así lo marca nuestra ley suprema”, remarcó.

Bugarini Torres precisó que, si bien el Congreso del Estado siempre está abierto al análisis jurídico de cualquier tema, “las decisiones parlamentarias no pueden estar sujetas a presiones externas ni a intereses personales o de grupo, porque cada diputada y diputado representa la voluntad popular, no una causa particular”, subrayó.

Asimismo, destacó que “la convocatoria para la designación observa plenamente los principios de paridad de género y respeta los derechos político-electorales de todas las personas participantes. No obstante, hizo un llamado a que la decisión sea tomada por mayoría y no por imposiciones”.

Bugarini recordó que el Congreso del Estado es un órgano autónomo cuyo único compromiso es con el pueblo de Michoacán. “Aquí no legislamos por presiones ni por intereses particulares; aquí legislamos para honrar el mandato popular y fortalecer nuestras instituciones”, enfatizó.

La presidenta del Congreso concluyó asegurando que la Mesa Directiva y el Pleno actuarán con responsabilidad democrática, respetando el marco constitucional y garantizando que la designación se realice bajo los principios de legalidad, paridad y soberanía legislativa.

Con el objetivo de apoyar a las personas que han sufrido el robo de su vehículo, el diputado local Juan Carlos Barragán propone una iniciativa de reforma que busca eliminar el pago por arrastre, custodia y permanencia en corralones cuando el automóvil sea recuperado por las autoridades.

El legislador de Morena destacó que actualmente, las y los ciudadanos que sufren el robo de su vehículo y logran recuperarlo, muchas veces enfrentan cobros excesivos en grúas y corralones, que pueden alcanzar hasta decenas de miles de pesos.

“Esta situación es inaceptable. El Estado no puede seguir castigando a quienes ya fueron víctimas de un delito. Con esta reforma buscamos que, cuando una autoridad recupere un vehículo robado, su dueño no tenga que pagar un solo peso para recuperarlo”, afirmó.

El diputado adelantó que también van a revisar en la ley los convenios entre autoridades y empresas concesionarias de grúas y depósitos, muchos de los cuales operan sin control, generando abusos y actos de corrupción.

“No vamos a permitir que se siga haciendo negocio con el dolor del pueblo. Esta reforma es también un mensaje claro contra la corrupción y en favor de una administración pública más humana”, concluyó.

El coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, destacó el gran compromiso que tiene con la justicia laboral de las y los michoacanos en su calidad de presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el recinto legislativo.

“Defender los derechos laborales de las y los michoacanos es defender la dignidad, porque todas y todos merecemos las mejores condiciones para desempeñar nuestro trabajo; en el PT estamos comprometidos con que la justicia laboral sea pronta, imparcial y al alcance de todos”, expresó el legislador.

Lo anterior, tras haberse reunido el líder de la bancada del Partido del Trabajo en Congreso local con el ldirector General del Centro de Conciliación Laboral, Andrés Medina y con el director de Pensiones Civiles, Gustavo Valenzuela; con quienes acordó velar por los intereses trabajadores,

Reyes Galindo reiteró que dentro de la agenda en esta Comisión, estará siempre disponible para colaborar con las entidades gubernamentales para mejorar todos los temas relacionados con la política laboral de la entidad, para así generar un marco normativo con mayor fortaleza que garantice el cumplimiento de las normas entre trabajadores, sindicatos, empleadores y gobierno.