Legislativo

Con el propósito de generar certeza en los procesos de subasta del Estado y evitar actos de corrupción, la 75 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Patrimonio Estatal.

La reforma contempla medidas claras para salvaguardar el patrimonio de los michoacanos, consistentes en regular con mayor puntualidad el procedimiento para realizar avalúos de inmuebles que sean patrimonio del Estado.

En el análisis realizado por la Comisión de Gobernación, refiere que actualmente la ley obliga a que toda subasta del patrimonio estatal se realice sobre el avalúo que practiquen los bancos locales o la dirección de Obras Públicas del Gobierno Estatal.

Sin embargo, la Ley de Instituciones de Crédito no contempla la figura de bancos locales, sino la de instituciones de crédito del Sistema Bancario.

Asimismo, la dirección de Obras Públicas carece de facultades para realizar los avalúos, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, a la que pertenece, no cuenta con atribuciones para tal efecto.

En ese sentido, hace énfasis en la necesidad de generar certidumbre jurídica sobre quiénes son los legalmente autorizados para realizar los avalúos de los bienes a subastar, para tomar determinaciones adecuadas y evitar actos de corrupción.

Con ese propósito, se reforma el artículo 31 de la Ley de Patrimonio Estatal, para establecer que la subastas se deberán efectuar sobre la base del avalúo que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

También podrán realizar avalúos, las instituciones de crédito del sistema bancario del país y cualquier especialista en materia de valuación con cédula profesional expedida por una autoridad competente.

Señala, además, que dichos avalúos también deberán ser tomados en cuenta cuando se quiera precisar el valor de los bienes inmuebles; de los cuales, las entidades de la administración pública estatal, pretendan enajenar, permutar, adquirir derechos de propiedad, posesión o cualquier otro derecho real, cuando se requiera el avalúo conforme a lo establecido en la norma.

Los principios rectores de los derechos humanos fueron adicionados a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; así, Michoacán avanza en la lucha por garantizar un marco jurídico que realmente cubra todas las aristas de esta premisa social.

Se trata de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mismos que ya se encuentran contenidos en la citada Ley, luego de aprobarse la adición de la fracción V al artículo 2 del ordenamiento legal.

Ante el Pleno del Poder Legislativo se expuso el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, propuesta por la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, en donde se coincidió que era imperante homologar el contenido integral de dicha ley, conforme a los estándares nacionales e internacionales respectivos.

Durante el trabajo de estudio, análisis y dictamen, las y los legisladores Anabet Franco Carrizales, Daniela de los Santos Torres, Laura Ivonne Pantoja Abascal, Fidel Calderón Torreblanca, David Alejandro Cortés Mendoza, Ernesto Núñez Aguilar, Víctor Hugo Zurita Ortiz y Víctor Manuel Manríquez González, expusieron que la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Por lo que, al no adecuar el marco normativo, se corría el riesgo de que los derechos humanos no se aplicaran al momento de interpretar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ya que, al no estar contenida expresamente en la misma, se podría alegar que, acorde al principio de seguridad jurídica, no se aplicaban los derechos humanos.

De esta manera quedó establecido que el principio de la universalidad se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación; mientras que el principio de interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados.

El principio de indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados sea cual fuere su naturaleza; cada derecho conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades.

Y finalmente, el principio de progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado.

El Pleno de la 75 Legislatura aprobó reformar la Ley del Notariado de Michoacán, lo que permitirá reforzar el proceso de escrutinio y garantizar la certeza y equidad en la designación de fedatarios.

Con la reforma, se establece que el subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Catastrales, será el funcionario que asuma la Presidencia del Jurado en la aplicación de exámenes para aspirar a obtener el nombramiento de notario.

La Comisión de Gobernación fue la encargada de dictaminar la iniciativa presentada por los diputados Juan Carlos Barragán, Julieta García Zepeda, Eréndira Isauro Hernández y Margarita López Pérez, mediante la cual se reforma el artículo 21 de la ley en mención.

Con la adecuación, se garantiza la designación de notarios debidamente examinados, capaces y profesionales, que, habiendo pasado por el escrutinio de un jurado, ofrezcan a la ciudadanía, comerciantes y empresarios de todos los sectores, servicios de la más alta calidad conforme a las exigencias actuales.

Las y los legisladores coincidieron en que es necesario dar certeza de que la designación de cada notario titular, adscrito o sustituto, sea debidamente examinada por un jurado conformado por los mejores perfiles.

Finalmente, destacaron que la función notarial es pilar fundamental en la vida jurídica de nuestra sociedad, toda vez que es el gremio al que se le confía la fe pública, a fin de dar certeza y legalidad de miles de transacciones y operaciones inmobiliarias y de actos de comercio, por ello, la importancia de fortalecer el escrutinio en sus designaciones.

Las y los integrantes de la 75 Legislatura de Michoacán ratificaron hoy su compromiso con la infancia y la adolescencia del estado, al votar reformas que promueven el combate y la prevención de la violencia escolar, y en apoyo a madres adolescentes para que retornen a las aulas.

Así, para garantizar y salvaguardar la salud, seguridad e integridad de las niñas, niños y adolescentes michoacanos, de entrada, en una primera parte, se aprobó reformar la Ley de Salud, a fin de establecer la obligación de autoridades sanitarias para crear programas para la atención de víctimas y victimarios de acoso o violencia escolar, con tratamiento psicológico integral.

En lo que respecta a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reformó el artículo 38, con la intención de que se establezcan medidas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema educativo estatal.

Ello, dando prioridad a su salud y atención médica respecto a los requisitos de asistencia a clase, además de diseñar programas integrales para la prevención, atención, contención y erradicación del acoso o violencia escolar física y psicológica, incluida la que se ejerce a través de cualquier plataforma digital o red social.

También se reformó la Ley Para la Atención Contra la Violencia Escolar, para que se adhieran al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en Michoacán las autoridades en materia de infancia y garantes de derechos humanos, como son el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia; la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; la Fiscalía General del Estado; la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes de Michoacán y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, se incluyen representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes de Michoacán.

Bajo la premisa de construir un marco jurídico acorde a las necesidades y derechos de la ciudadanía, este viernes 3 de marzo, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, continuarán los trabajos del Parlamento Abierto para la Consulta Ciudadana de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán.

La diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 75 Legislatura, Julieta García Zepeda, señaló que dicho parlamento abierto se organizó en coordinación con el Ejecutivo Estatal, con la finalidad de poder contar con una norma jurídica que garantice el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, inclusión e igualdad.

La temática que se abordará en este ejercicio versará sobre el derecho a la movilidad; seguridad vial; movilidad urbana sustentable y zonas metropolitanas; y transporte público integral en Michoacán, precisó la legisladora, quien es también presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Poder Legislativo.

Luego de que el pasado 28 de febrero iniciaran los trabajos del citado parlamento en la sede del Congreso del Estado, este viernes 03 continuarán en Lázaro Cárdenas, el 10 de marzo en La Piedad, el 14 de marzo, en Uruapan, el 17 de marzo, en Sahuayo, el 21 de marzo, en Apatzingán, el 24 de marzo, en Zitácuaro, el 28 de marzo, en Zamora, y el 31 de marzo, en Morelia.

Finalmente, García Zepeda convocó a instituciones académicas, organizaciones civiles, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, sector transportista y público en general, a participar en este parlamento abierto, con la certeza de que todas las voces serán escuchadas y tomadas en cuenta.

Por medio del Parlamento Abierto para Consulta Ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, se garantiza la participación ciudadana para avanzar en la democratización del espacio público, resaltó la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Julieta García Zepeda.

Al iniciar los trabajos de dicho Parlamento Abierto, la también presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la 75 Legislatura, resaltó que este mecanismo de participación ciudadana hará posible construir un marco jurídico acorde a las necesidades de movilidad y seguridad vial que demandan los diferentes sectores sociales.

Sostuvo que la movilidad y la seguridad vial es un asunto que involucra a toda la población, por lo que el proyecto de ley en la materia requiere de la participación activa de todas y todos, con la perspectiva de generar un marco normativo que ofrezca la posibilidad de edificar ciudades más sostenibles.

Precisó que, en coordinación con el Ejecutivo Estatal, se organizó el Parlamento Abierto para Consulta Ciudadana de Ley de Movilidad y Seguridad Vial, el cual tendrá diferentes sedes durante el presente mes, con la certeza de que será un ejercicio democrático que legitimará este marco jurídico.

“Se trata de legislar de la mano con la ciudadanía, escuchando las propuestas, ideas y necesidades de los distintos sectores sociales”, enfatizó García Zepeda al convocar a instituciones académicas, organizaciones civiles, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, sector transporte y público en general, a participar en este Parlamento Abierto a fin de que presenten sus aportaciones para mejorar la movilidad y seguridad vial en Michoacán.

La convocatoria completa con la información de las sedes, horarios y temáticas, se podrán conocer en el siguiente link:
http://congresomich.gob.mx/file/Convocatoria-Parlamento-Abierto-2023-blanco-1.pdf

El formulario para registrar propuestas se puede descargar en el siguiente apartado:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV8UJxWl1nCkGppkjNWkiC2sUE9NfygoaXHsMG8sAzPdKgTg/viewform