Legislativo

Las escuelas deben adoptar políticas y medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos en el aula y prevenir el acoso por parte de los maestros, subrayó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este jueves desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador planteó exhortar al Ejecutivo del Estado para que, dentro de sus facultades, instruya a las instituciones pertinentes a generar los mecanismos necesarios para la prevención y atención en temas de acoso en todas las escuelas.

“Es necesario además generar campañas de concientización y sensibilización de este tema, así como la obligación de contar con protocolos de acción inmediata con la finalidad de que el acoso cese en las escuelas siendo atendido y sancionado conforme a las leyes aplicables. Y de no ser atendidos los temas de acoso en las escuelas, sean sancionadas las personas que sean omisos a este tema tan sensible”.

Recalcó que el acoso por parte de los maestros hacia los estudiantes es un grave problema que viola los derechos humanos fundamentales de los estudiantes a una educación segura y libre de violencia. Todos los estudiantes tienen derecho a una educación que les permita desarrollarse plenamente, sin importar su origen, género, orientación sexual o cualquier otra característica personal.

“El respeto de los derechos humanos es fundamental en cualquier sistema educativo y es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar garantizar que se respeten estos derechos. Los maestros tienen un papel clave en el fomento de los derechos humanos en el aula y en la formación de ciudadanos respetuosos y tolerantes”.

Víctor Manríquez subrayó que cuando los maestros intimidan a los estudiantes, crean una atmósfera de miedo y pánico en el salón de clases, lo que puede afectar el rendimiento y la salud mental de los estudiantes.

“Además, cuando los maestros intimidan a los estudiantes, pueden sentirse aislados y sin apoyo, lo que puede conducir a problemas emocionales y de comportamiento a largo plazo. Es importante que los directores de escuela tomen medidas proactivas para prevenir y detener el acoso docente. Esto incluye crear un ambiente seguro y acogedor para todos los estudiantes, promoviendo la inclusión y el respeto por los demás”.

La legislación local debe garantizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad, para con ello ser armónica con lo que ya disponen las normas federales, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial para la Atención de Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó este jueves ante el Pleno Legislativo, una iniciativa para reformar la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, y que ésta garantice el derecho a la consulta de este sector de la población.

“Pese a que en Michoacán existe la referida Ley, la cual contempla dentro de sus principios rectores la accesibilidad, igualdad de oportunidades y la participación e inclusión en la sociedad, ésta no garantiza el derecho a la consulta, el cual demanda la participación plena y efectiva de las personas que vivimos con discapacidad”.

Víctor Zurita destacó la necesidad de establecer mecanismos de consulta para la elaboración y aplicación de la legislación, políticas y otros procesos de adopción de decisiones que incidan en la vida de las personas con discapacidad.

“No podemos hablar de una verdadera inclusión si no tomamos en consideración las necesidades del sector a quienes será dirigida la norma o política que se pretende construir, ya que éstas deben de ser adaptadas a sus necesidades y no sus necesidades adaptarse a nuestra legislación”.

Para Víctor Zurita quienes integran la LXXV Legislatura que se ha denominado como de la Inclusión, es obligación garantizar el derecho que tienen quienes viven con discapacidad para ser incluidos en la toma de decisiones que incidan de manera indirecta en su vida.

“Es por eso que esta iniciativa busca garantizar el derecho a la consulta de las personas que vivimos con discapacidad en la Ley, estableciendo reglas mínimas que deberán observar los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tales como que la información sea emitida de manera oportuna, gratuita, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad, utilizando la lengua de señas, el braille, entre otros”.

Es fundamental que la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado contemple los distintos tipos de violencia que se registran en contra de las mujeres en Michoacán, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Zacapu propondrá ante el Pleno del Congreso reformar la referida Ley para adicionar la violencia en el noviazgo, en el transporte público y cualquiera otra que deba ser sancionada.

“Según la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo Integral de las Mujeres (SEIMUJER), siete de cada diez michoacanas han experimentado algún tipo de acoso o violencia sexual durante el segundo semestre de 2020 en el transporte público”.

La legisladora recalcó que el 24.3 por ciento de las mujeres que residen en Morelia, enfrentaron al menos un tipo de acoso o violencia sexual en un espacio público, dato que supera el promedio nacional que es del 21.6 por ciento.

“Asimismo diversos estudios han reconocido que la violencia durante el noviazgo se vincula con factores individuales, entre ellos la depresión, baja autoestima y ciertas conductas de riesgo como el consumo de alcohol, inicio temprano de las relaciones sexuales y bajo rendimiento escolar”.

Mónica Valdez informó que la etapa del noviazgo es muy importante en la vida de los adolescentes, ya que es un periodo del ciclo vital de descubrimientos y experimentación; por lo que se deben tomar decisiones que promuevan el diseño de programas educativos que prevengan el maltrato y sus consecuencias.

“En Michoacán siete de cada diez adolescentes mujeres de 13 a 17 años refieren que han tenido un episodio de violencia en el noviazgo, además de confundir que los celos de pareja son amor, en lugar de una agresión, según los datos de la Secretaría de Igualdad”.

El Pleno de la 75 Legislatura aprobó la designación y toma de protesta de María de los Ángeles Toro Preciado, como titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, CEDH.

La funcionaria desempeñará su cargo por un periodo de cinco años, y tendrá facultades para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituirse en responsabilidades administrativas dentro del organismo autónomo encargado de la defensa y promoción de los derechos humanos en la Entidad.

Así, el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Laura Ivonne Pantoja y que integran Víctor Zurita y Víctor Manuel Manríquez, contiene el estudio y análisis del dictamen emitido por el Consejo de la CEDH, así como de los expedientes adjuntos, correspondientes a las cuatro personas que atendieron la Convocaría emitida por dicho organismo, para la selección del titular del órgano interno de control.

De esta manera, luego de analizar la experiencia y perfil profesional de los aspirantes, las y los diputados eligieron a María de los Ángeles Toro para ocupar la titularidad del cargo referido.

La 75 Legislatura de Michoacán tomó protesta a la nueva Magistrada, Martha Magaly Vega Alfaro, como titular de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) por un periodo constitucional de cinco años.

La Magistrada fue designada por las y los diputados de una terna integrada también por María de la Soledad López Ortiz y Ana Lilia García Cardona, la cual fue turnada al Pleno del Congreso del Estado por la Comisión de Justicia de este Poder Legislativo.

Las y los legisladores locales coincidieron en que esta fue una convocatoria histórica por el hecho de que fue única y exclusivamente para mujeres, derivado de que el índice de mujeres que integran el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, es bajo y distante de la paridad de género.

Así, las y los diputados de la Comisión de Justicia realizaron el dictamen, luego de que examinaran los expedientes de las diez aspirantes que obtuvieron una mejor calificación en el Concurso de Oposición, y a la postre identificaron y seleccionaron a las integrantes de la terna.

El Pleno de la 75 Legislatura designó y tomó protesta a Ruth Nohemí Espinoza Pérez, como Comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Procuración de Datos Personales (IMAIP).

Las comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos fueron las encargadas de presentar la terna de aspirantes al cargo, de la cual, con 30 votos a favor, fue seleccionada Espinoza Pérez, quien durará en el encargo tres años a partir de su designación y toma de protesta.

la nueva Comisionada fue elegida de entre 12 aspirantes registrados por medio de convocatoria pública; de ellos, tres no cumplieron con los requisitos establecidos; y, de los nueve restantes, sólo siete se presentaron a comparecer ante los integrantes de las comisiones unidas.

Una vez valorada la preparación académica, profesional y el desempeño que realizaron en las comparecencias; así como la experiencia en la materia y curricular de cada aspirante que cumplió con los requisitos, las comisiones unidas seleccionaron la terna presentada ante el Pleno, de la cual resultó electa Ruth Espinoza.

El Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se integra por tres comisionados, de los cuales uno será su Presidente; asimismo, el ordenamiento invocado cita que las comisiones de dictamen designadas propondrán al Pleno una terna por cada vacante de comisionados a elegir.

A fin de garantizar que las comunidades indígenas de los cuatro pueblos originarios de Michoacán: Purépecha, Mazahua, Otomí y Náhuatl, ejerzan su derecho a la autonomía y autogobierno, la 75 Legislatura reformó este día el artículo 330 del Código Electoral de Michoacán.

En sesión extraordinaria, la diputada Seyra Alemán afirmó que, con dicha reforma, se establecen los preceptos para que las comunidades y pueblos originarios ejerzan la elección por usos y costumbres de sus autoridades y gobiernos comunales, garantizando la participación de las mujeres  en cuestión de paridad.

Asimismo, asegura la administración directa del presupuesto y el ejercicio de funciones de gobierno por parte de comunidades indígenas con carácter de tenencias; además, de contar con su representación dentro de los ayuntamientos que cuenten con población indígena.

Para hacer efecto su derecho al autogobierno y administración directa de los recursos presupuestales, deberán realizar una solicitud ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el ayuntamiento respectivo, acompañada por el acta de asamblea y firmada por las autoridades comunales; posteriormente, el Instituto realizará -junto con el el municipio y en un plazo de quince días hábiles-, una consulta previa, libre e informada a la comunidad sobre el tema.

Realizada la consulta, el IEEM deberá, de ser el caso y en un plazo de ocho días, validar el proceso de consulta y notificar al ayuntamiento, el cual tendrá hasta seis días hábiles para sesionar y emitir el acuerdo de cabildo en el que se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración la transferencia de recursos de presupuesto directo; teniendo, ésta última, un periodo no mayor de cinco días para emitir un dictamen sobre la transferencia de recursos económicos a la comunidad.

Las comunidades indígenas que decidan ejercer su derecho al autogobierno y presupuesto directo, podrán administrar libre y responsablemente los recursos presupuestales mediante aplicación directa, de conformidad con las disposiciones aplicables; prestar los servicios públicos catalogados como municipales, pudiéndose celebrar convenio de prestación de servicios con el ayuntamiento respectivo, y formular, aprobar y aplicar los planes de desarrollo comunal de conformidad con los mecanismos de gobierno interno, sus usos y costumbres, comunicando dicho plan de desarrollo al municipio.

Es de destacar que, en la misma medida en que las autoridades comunales asuman dichas atribuciones, se transferirán las obligaciones correlativas que estuvieran a cargo de los ayuntamientos, dicha trasferencia incluirá únicamente las obligaciones generales previstas por esta ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución política del Estado y de más ordenamientos que rijan la administración municipal.

El Pleno de la 75 Legislatura de Michoacán reformó el marco normativo para fortalecer la Defensoría Jurídica de la Protección de los Derechos Político-Electorales, y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

También, rediseñó la norma para garantizar la paridad de género en la designación del titular del Órgano Interno de Control del Instituto y del Tribunal Electoral; y, generar las condiciones para la erradicación de la violencia política en razón de género.

Con cada una de las reformas y adiciones a los artículos del citado ordenamiento jurídico, el Poder Legislativo pretende que cada ciudadano michoacano acceda a la misma gama de oportunidades mediante la orientación, defensa y asesoría gratuita a través de una Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales.

En la Sesión Extraordinaria, se enfatizó que la representación “se hará ante el Tribunal Electoral de Michoacán y organismos jurisdiccionales que deriven de la cadena impugnativa, y, ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), en casos de paridad y violencia política en razón de género, o en aquellos que sean de su competencia; además, el servicio se prestará cuando sea necesario, con los intérpretes y traductores en lengua de señas mexicanas y lengua materna indígena, sistema braille y las medidas necesarias para un mejor servicio”, detalla el dictamen.

Con las reformas al Código Electoral, se podrá robustecer y ampliar la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de tal manera que, a partir de ahora, el Pleno del Tribunal tendrá la competencia y atribuciones para llevar a cabo el procedimiento para la designación del titular del Órgano Interno de Control; evaluarlo periódicamente; conocer y resolver sobre las inconformidades de las solicitudes que le hagan las comunidades indígenas de Michoacán, sobre la asignación del presupuesto directo, el consentimiento y consulta previa, libre e informada por parte de las comunidades indígenas.

Las y los legisladores también votaron a favor de la aplicación del principio constitucional de paridad en la designación de los titulares del Órgano Interno de Control, tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral, con la finalidad de garantizar la participación de la mujer mediante la aplicación del principio de paridad de género de manera alternada; siendo así, la convocatoria deberá ser pública de manera exclusiva para mujeres u hombres según corresponda el periodo para ocupar la titularidad de ambos órganos electorales mencionados.

Finalmente, las y los legisladores establecieron que aquellas acciones que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, serán consideradas violencia política en razón de género, por lo que las y los aspirantes, precandidatos, incluidos los independientes, partidos políticos y coaliciones, deberán abstenerse de expresiones que impliquen calumnia, degraden, denigren, discriminen o ejerzan actos u omisiones que constituyan violencia política por razones de género durante las precampañas, campañas y en la propaganda política o electoral que se utilice durante las misma.

El Congreso de Michoacán saldó una deuda histórica con los pueblos originarios de la entidad al incorporar sus derechos al Código Electoral del Estado, con el propósito de garantizar sus procesos de libre autodeterminación, enfatizó la diputada Julieta García Zepeda.

En calidad de presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, Julieta García destacó que, tras las reformas al Código Electoral de Michoacán aprobadas este jueves, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) podrá resolver demandas de autogobiernos indígenas, con lo que se establecen mejores condiciones para hacer valer sus derechos electorales.

La legisladora agregó que esta reforma también establece el reconocimiento de la libre autodeterminación indígena como un derecho humano, a fin de que sus demandas tengan eco en las determinaciones públicas de la entidad.

“Con estas reformas, el Congreso de Michoacán garantiza los derechos humanos de las comunidades originarias al autogobierno y al presupuesto directo”, subrayó.

Finalmente, recalcó que esta reforma fue impulsada por 18 de las 31 comunidades que ejercen autogobierno indígena de los cuatro pueblos originarios de Michoacán: los purépecha, mazahua, otomí y nahua; así como gobiernos comunales de tenencias y cabeceras municipales, como el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán.