Legislativo

La 75 Legislatura del Congreso del Estado, a través de la Comisión de Educación y Protección a la Niñez y Adolescencia, convoca a la niñez de 9 a 12 años, a participar en el “Parlamento Infantil Incluyente del Estado de Michoacán 2023”, buscando que, a través de la participación de los infantes, se promueva la defensa y el ejercicio pleno de los derechos de la niñez michoacana.

El Parlamento será integrado por 40 parlamentarios infantiles, quienes conformarán el Pleno del «Parlamento Infantil Incluyente del Estado de Michoacán 2023», procurando que sean representados cada uno de los Distritos Electorales del Estado y garantizando la efectiva inclusión y participación de la niñez con alguna discapacidad, así como las niñas o niños que pertenezcan a alguna comunidad indígena u originaria. El Parlamento será integrado de manera paritaria en cuestión de género.

García Zepeda destacó que, durante este ejercicio, las niñas y niños participantes se expresarán libremente, sin discriminación alguna y en igualdad de oportunidades bajo las formas, modos y vías que corresponda a su propia identidad, mediante el debate, diálogo plural y deliberativo, basado en el respeto, la tolerancia, la construcción colectiva de conocimiento, el pensamiento crítico, la plena inclusión y libres de la visión adultocentrista.

Los temas que los parlamentarios infantiles podrán desarrollar son los siguientes: I. Derechos humanos; II. Educación; III. Salud; IV. Recreación; V. Deporte; VI. Familia; VII. Inclusión e igualdad; VIII. Medio ambiente; IX. Uso de tecnología y redes sociales.

La sesión del Parlamento Infantil se celebrará el día viernes 26 de mayo del presente año; la convocatoria correspondiente estará abierta hasta el próximo 12 de mayo y se puede consultar en el siguiente enlace: http://congresomich.gob.mx/…/acuerdo-367_27-04-23.pdf

La 75 Legislatura de Michoacán emitió la convocatoria para elegir al recipiendario de la “Medalla Michoacán al Mérito Docente”, presea que busca reconocer a maestros e instituciones que se hayan distinguido por su importante contribución a la educación y al desarrollo social en el Estado.

En lo que respecta a los docentes, la convocatoria estipula que debe prestar sus servicios en la entidad; asimismo, se debe presentar una descripción de la labor educativa realizada, las acciones destacadas y su vinculación y beneficios con los sectores sociales, además de dar a conocer los diplomas, reconocimientos y constancias, que tenga la persona propuesta.

En lo que se refiera a las instituciones educativas, deben ubicarse en la entidad; se debe presentar el nombre, domicilio, tipo, nivel y modalidad de la institución que participa; la clave de registro ante la Secretaría de Educación Pública (SEP); y la descripción de la labor educativa, científica, cultural, deportiva, así como su vinculación con los sectores de la educación.

La convocatoria será publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán y en las redes sociales oficiales del Congreso del Estado, así como en el siguiente link: http://congresomich.gob.mx/file/CONVOCATORIA-MERIDO-DOCENTE-2023.pdf.

Hay que materializar desde nuestro marco normativo el acceso a los derechos humanos de las madres, padres y tutores responsables de familia, recalcó la diputada perredista Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este jueves Mónica Valdez y Luz María García García, presentaron una iniciativa para abrogar la Ley para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia del Estado, y expedir la Ley de Protección de Madres, Padres y Tutores Responsables de Familia del Estado.

“El objetivo es que por Ley, las autoridades tengan que hacer frente a su responsabilidad en materia de respeto y protección de los derechos humanos de mujeres y hombres, que siendo madres, padres y personas tutoras, no cuentan con otra persona con quien compartir las responsabilidades y sustento económico de la familia”.

La diputada por el Distrito de Zacapu refirió que lo que implica reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas y niños, desde la transversalización de la perspectiva de género, de interculturalidad, de infancia, y de discapacidad, pensando, además, en la protección y desarrollo integral de la familia.

“Es fundamental atender lo preceptuado por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

Mónica Valdez recalcó que, tanto para el hombre como para la mujer, dirigir y ser responsables de un hogar sin cónyuge o pareja puede representar una condición compleja, debido a que no solo tiene la responsabilidad del cuidado o atención de sus hijos, sino también de otras actividades como el trabajo para el sostenimiento de su hogar.

Tras lamentar la falta de productividad por parte de la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos de la 75 Legislatura, la diputada local Andrea Villanueva Cano, exhortó a los legisladores para agilizar la dictaminación de los trabajos de todas las comisiones que integran esta legislatura.

Y es que a decir de la diputada, hay un “cuello de botella” en la programación de los trabajos legislativos, pues existen muchos dictámenes emitidos por parte de las comisiones legislativas, que han esperado incluso más de un año para ser presentados ante el Pleno del Congreso para su discusión y votación correspondiente.

No obstante, sesión tras sesión, se enlistan un sinfín de iniciativas y no así de dictámenes de las comisiones, lo que ha generado un importante rezago en los trabajos legislativos, expuso la diputada local.

“Es decir, se han presentado muchas iniciativas y hay que celebrarlo. Nunca pretendería sugerir que se coartara el derecho de proponer como facultad establecida en la Ley de subir una, dos, tres, cuatro o más veces a tribuna, pero ¿y esa productividad legislativa? “.

Villanueva Cano insistió en que el trabajo se está realizando en las comisiones, pero el problema está en la programación de los asuntos que se votan en el Pleno legislativo, en donde deberían estarse aprobando nuevas reformas y nuevas leyes cuyo impacto será de gran beneficio para los michoacanos.

En conclusión, la diputada Andrea Villanueva exhortó a la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, para que con base en los asuntos debidamente registrados por las comisiones legislativas, se dé prioridad a todos aquellos que sean relevantes y necesarios para el bienestar integral de Michoacán.

Cabe señalar que luego de la discusión de este punto, los diputados votaron en contra de la urgente y obvia resolución de dicha propuesta, por lo que fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para su estudio.

Con el objetivo de proteger los derechos laborales de las y los michoacanos, la 75 Legislatura reformó diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, al eliminar desigualdades de género, así como establecer como falta grave el que los servidores públicos incumplan con enterar en tiempo y forma las aportaciones legales de las y los empleados.

A través del dictamen presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y avalado por el Pleno del Congreso del Estado, se reformó el artículo 26 de la ley referida, mediante el cual queda prohibido cualquier tipo de discriminación laboral por distinción de género, esto es, a servicios laborales iguales, salarios iguales.

De igual forma, para contribuir a eliminar desigualdades de género, corregir procedimientos y métodos de trabajo e impulsar tendencias de cambio social, se modificó el artículo 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios, para que el ingreso,  permanencia y ascenso del personal jurídico y de confianza se base en el mérito, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la imparcialidad y la no discriminación.

Paralelamente, se adicionó un último párrafo al artículo 35 de dicha Ley para dar certeza jurídica y legal, de tal forma que, los servidores públicos que no enteren en tiempo y forma las aportaciones de seguridad social, independientemente de las sanciones civiles y penales que le correspondan de conformidad con las leyes de la materia, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Michoacán y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Finalmente, las y los legisladores locales coincidieron que con las adecuaciones legales se avanza en la eliminación de la brecha de desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres, y que todas y todos puedan gozar a plenitud de sus derechos laborales.

La 75 Legislatura aprobó hoy una reforma a la Ley de Financiamiento Rural para el Estado de Michoacán, mediante la cual se garantiza el acceso de las mujeres a los programas de financiamiento rural.

El documento citado hoy durante Sesión Ordinaria, define la importancia de crear oportunidades de financiamiento en condiciones de equidad y justicia, que facilite el desarrollo del sector rural de una manera dinámica y armónica.

A propuesta de las comisiones unidas de Desarrollo Rural y de Igualdad Sustantiva y de Género del Congreso del Estado, sobre la iniciativa presentada por el diputado Felipe de Jesús Contreras Correa, se pretende incorporar una visión con perspectiva de género en el Sistema Estatal de Financiamiento Rural en Michoacán, obligando a que todas las políticas y programas públicos atiendan necesidades diferenciadas entre mujeres y hombres.

De acuerdo con los considerandos, con ello se responde a la necesidad de integrar a las mujeres al desarrollo, reconociendo así la realidad social, ya que muchas mujeres viven aún en condiciones de dependencia, subordinación, exclusión y discriminación en el tema de las actividades agropecuarias.

Con la nueva reforma, se impulsará el desarrollo económico a través de un sistema integral que contribuya al fomento de la capitalización, la generación de oportunidades de empleo, mejoramiento del nivel de ingresos económicos y la calidad de vida de las y los michoacanos, estableciendo políticas y programas públicos para el campo, que tengan como eje la perspectiva de género, la inclusión y la paridad.

Las actividades agropecuarias tienen una gran importancia en la economía del Estado, puesto que las actividades económicas primarias representaron para nuestro Michoacán el 13.7 por ciento del total de la actividad económica, siendo primer lugar en la producción y exportación de fresa, aguacate, guayaba, zarzamora, durazno, melón, tomate rojo o jitomate y limón, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La participación de la mujer en las actividades del campo es cada vez más relevante para mantener en operación las unidades de producción agroalimentarias y las múltiples actividades económicas que se realizan en el medio rural. De igual manera, su mayor participación en las estructuras agrarias de ejidos y comunidades indígenas, así como en la participación social y política.

Ante ello, las y los legisladores reconocieron la importancia de definir políticas, estrategias, programas y acciones específicas para la mujer con las mejores perspectivas de género, inclusión y paridad, coadyuvando así a fortalecer la actividad socioeconómica en el medio rural, que favorezca un mejoramiento sostenido de la calidad de vida.

La legisladora Adriana Hernández Íñiguez presentó una iniciativa para castigar a quienes fuercen a hacer vida marital a menores de dieciocho años o personas que no tienen capacidad para comprender el signifcado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo.

Compartió que de acuerdo con el Informe Anual 2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), cada año 12 millones de niñas contraen matrimonio antes
de cumplir 18 años; mientras que otros 150 millones de niñas más corren peligro de contraer matrimonio desde ahora hasta 2030 siendo aún menores de edad.

“A pesar de que el matrimonio entre menores está prohibido en Michoacán, la práctica continúa aunque disfrazada bajo ciertos eufemismos. Y sus consecuencias más graves son el abandono escolar, la violencia doméstica y los embarazos tempranos”, apuntó Hernández Íñiguez.

Expuso que las entidades con el mayor porcentaje de menores de edad en la condición referida son: Durango, con 29.2 %, Chihuahua, con 18.8 %, Michoacán con 10.4 % y Sonora y Puebla, ambas con 8.3 %.

La diputada también presidenta de la Comisión Legislativa de Protección a la Niñez y Adolescencia, recordó que en noviembre de 2021 los medios de comunicación dieron a conocer que una menor de catorce años fue encarcelada en Guerrero tras resistirse a contraer matrimonio sin su consentimiento. De acuerdo con la información publicada, Anayeli “N” se habría escapado para evitar ser vendida y casada con otro menor de dieciséis años a cambio de unos 10 mil dólares que serían pagados a su familia que vive en la comunidad indígena de Joya Real, en el municipio de Cochoapa el Grande.

“Esta es sólo una historia de muchas; y en este mes de abril que celebramos el Día de la Niña y el Niño, lejos de festejar debemos de trabajar para que los derechos de la niñez se garanticen y se logre su desarrollo integral, porque falta mucho trabajo por hacer”.

La iniciativa presentada por Adriana Hernández propone que se modifique el Código Penal para el Estado de Michoacán y así establecer penas de prisión y monetarias en contra de el o la responsable del delito de “cohabitación forzada”.

“Se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientas unidades de medida y actualización de multa. La pena se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere  algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana”, finalizó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Salvaguardar la institución de la familia al ampliar hacia madres, padres y tutores, los mismos derechos y obligaciones al momento de estar a cargo de la manutención, crianza y cuidado de menores, es el objetivo de la iniciativa de ley que presentó la diputada Luz María García ante la 75 Legislatura del Congreso del Estado.

Bajo el mandato constitucional de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, así como el respeto al principio del interés superior de la niñez, la diputada del Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES), subió a tribuna para exponer la necesidad de atender de manera responsable la organización y desarrollo de la familia, aún con los constantes cambios sociales y económicos que en la actualidad se presentan.

Como integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, la legisladora precisó que la vigente Ley Para el Desarrollo y Protección de las Madres Jefas de Familia en Michoacán, sólo está dirigida a mujeres jefas de familia, omitiendo proteger y considerar a los padres, abuelos o tíos que también realizan la función de proveedores y cuidadores de menores, lo cual llega a constituir discriminación por razón de sexo o por razón del estado civil.

“Sabemos que también hay hombres o tutores a cargo de los hijos y llegan a quedar excluidos de derechos. Luego de la pandemia, lamentablemente en muchos hogares falleció la madre y son los familiares cercanos quienes cuidan de sus hijos pero no gozan de los mismos derechos » explicó.

La diputada del partido morado, detalló que el espíritu de esta iniciativa es materializar los Derechos Humanos de madres, padres y tutores responsables de familia.

”Tanto para mujeres y hombres; mantener y sostener un hogar representa una condición compleja, por lo que el Estado debe implementar políticas públicas para lograr la inclusión y proteger a las familias” enfatizó.

Con reformas a la Ley de Salud y la de Educación del Estado, las y los integrantes de la 75 Legislatura buscan impulsar la prevención de enfermedades bucodentales en las niñas y los niños michoacanos.

Al votar a favor del dictamen puesto a consideración del Pleno Legislativo, por parte de la Comisión de Salud y Asistencia Social, sobre la iniciativa de reformas presentada por la diputada Daniela De Los Santos Torres, se establecen medidas obligatorias para atender el tema.

El ordenamiento jurídico especifica que corresponde al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Salud, la prevención, atención y control de las enfermedades bucodentales.

A partir de la publicación de las reformas, la prevención y control de enfermedades bucodentales tendrán carácter prioritario y comprenderán acciones como la atención oportuna, la promoción periódica de las medidas y la realización de programas de prevención y control.

La Secretaría de Salud se deberá coordinar con la Secretaría estatal de Educación, a efecto de fomentar hábitos de higiene bucodental adecuados, como elemento de formación para niñas y niños en edad temprana, conforme a lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas respectivas.

De acuerdo con el dictamen, con la adición al Artículo 119, la Secretaría de Educación observará las bases para fomentar hábitos de higiene personal y para una correcta higiene bucal.

Las principales alteraciones odontológicas de México y el mundo son la caries dental y los problemas de la encía, mismos que aumentaron durante la pandemia por el mayor consumo de carbohidratos, azúcares y mala higiene.

La caries dental es la enfermedad epidemiológica número uno de México con 95% de prevalencia en menores de edad escolar primaria; pero el cepillado diario, al menos una vez al día, puede reducirla hasta en un 40 por ciento.

La enfermedad de las encías en adultos jóvenes es la enfermedad epidemiológica número dos en México y es la causa de la pérdida temprana de dientes en adultos jóvenes.

Se considera que la edad adecuada para generar los buenos hábitos de salud bucodental, es de 0 a 5 años y después solamente se requiere de repetición para que no se pierdan.