Legislativo

Un llamado a dignificar las condiciones laborales de los cuerpos policiales y garantizar respaldo a las familias de los elementos que pierden la vida en cumplimiento de su deber realizó la diputada Xóchitl Ruiz González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, al advertir la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para quienes diariamente arriesgan su vida al servicio de la ciudadanía.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora lamentó el fallecimiento reciente de cinco elementos de la Guardia Civil que perdieron la vida en cumplimiento de su deber, así como el asesinato de un integrante de la Policía Morelia ocurrido semanas atrás.

La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Poder Legislativo Local señaló que estos hechos obligan a reflexionar sobre las condiciones reales en las que desempeñan sus funciones los policías y sobre el respaldo que reciben sus familias cuando enfrentan una tragedia de esta magnitud.

«Debemos preguntarnos qué sucede con sus hijas e hijos, cómo operan los seguros de vida institucionales y qué mecanismos existen para garantizar que sus familias no queden desprotegidas», expresó la diputada.

Asimismo, recordó que a finales del año pasado el Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual contempla en sus artículos transitorios la implementación de un programa para mejorar los salarios y dignificar las condiciones laborales del personal de esa institución, por lo que consideró necesario conocer los avances y resultados alcanzados hasta el momento.

Asimismo también hizo referencia a la propuesta presentada ante el Pleno para que el Congreso destinara un mes de salario en reconocimiento y apoyo a los integrantes de las fuerzas federales que participaron en el operativo realizado el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, planteando la importancia de informar sobre el seguimiento que ha tenido dicha iniciativa.

La legisladora advirtió que, pese a la atención pública que generan otros temas de coyuntura, existen causas que no pueden quedar relegadas ni pasar desapercibidas. «Siguen ahí las madres buscadoras, las maestras y los maestros defendiendo sus derechos, así como organizaciones y colectivos ciudadanos que exigen justicia, seguridad y mejores condiciones de vida», sostuvo.

Finalmente, Xóchitl Ruiz reiteró su compromiso de continuar impulsando desde el Congreso acciones que fortalezcan a las instituciones de seguridad y que garanticen justicia y respaldo para quienes sirven a la sociedad. «No podemos minimizar ni dejar en segundo plano las demandas de quienes protegen, buscan, enseñan y esperan respuestas; desde esta tribuna seguiremos alzando la voz por ellos».

El diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, celebró la aprobación de una iniciativa de reforma al Código de Desarrollo Urbano del Estado con el objetivo de armonizar el marco legal estatal con la normativa federal, eliminando cargas administrativas innecesarias y fortaleciendo la certeza jurídica para los particulares.

El dictamen, que fue aprobado en sesión ordinaria, ajusta las disposiciones locales a lo establecido por el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que reserva de manera exclusiva a la Federación la evaluación de impacto ambiental de ciertas obras o actividades de gran escala.

Actualmente, el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán genera una duplicidad e incluso multiplicidad de trámites, al exigir autorizaciones estatales adicionales para proyectos cuya competencia evaluadora ya recae en instancias federales. Esta situación, señaló el diputado, provoca retrasos, incremento de costos y falta de certeza jurídica para los desarrolladores y la ciudadanía en general, por lo que la aprobación de la propuesta es positivo.

«La reforma no pretende eliminar ni flexibilizar los mecanismos de protección ambiental. Por el contrario, mantenemos la exigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental estatal para todos aquellos casos que no estén reservados expresamente a la Federación. Únicamente excluimos la duplicidad en los supuestos previstos por el artículo 28 de la LGEEPA», explicó Anaya Orozco.

El dictamen, que fue presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, reconoce el principio de concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno, respetando cabalmente la distribución de competencias establecida por la legislación general. Con esta medida, se busca otorgar plena validez jurídica a las resoluciones de la autoridad federal, evitando espacios de discrecionalidad administrativa y procedimientos redundantes.

«Las Manifestaciones de Impacto Ambiental de competencia federal suelen incorporar análisis especializados, integrales y de mayor alcance técnico. Resulta más eficiente que nuestras autoridades se enfoquen en vigilar el cumplimiento de estas autorizaciones, en lugar de duplicar esfuerzos», puntualizó el legislador.

El diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas que afectan a las personas con discapacidad y dar certeza jurídica a las comunidades indígenas.

La propuesta busca modificar el artículo 153 de dicha ley para permitir que las placas con distintivo de discapacidad se otorguen también a los vehículos de familiares directos o cuidadores. Actualmente, la norma exige de forma restrictiva que el auto esté a nombre de la persona con discapacidad, ignorando que muchos son menores de edad o personas sin capacidad económica para ser propietarios.

«Negarles el acceso a las placas por una simple formalidad administrativa significa negarles accesibilidad, inclusión y dignidad», afirmó Martínez Gowman desde la tribuna.

Asimismo, la iniciativa plantea incluir explícitamente a los autogobiernos indígenas para que tengan el derecho legal de registrar vehículos oficiales destinados a la seguridad pública, protección civil, emergencias y servicio comunitario.

Con esta reforma, el legislador busca armonizar las leyes estatales con la realidad social de Michoacán, resolviendo problemas administrativos cotidianos con un enfoque de justicia y sensibilidad humana.

El diputado Baltazar Gaona García presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa ciudadana elaborada por Joel Díaz Ramírez, la cual propone adecuaciones a la Constitución de Michoacán y a la Ley Orgánica Municipal con el propósito de fortalecer la legitimidad democrática en los procesos de designación de presidentas y presidentes municipales sustitutos.

La propuesta fue elaborada por Joel Díaz Ramírez y presentada al Poder Legislativo como un ejercicio de participación ciudadana. En ese contexto, el diputado Baltazar Gaona dio voz a la iniciativa durante la sesión del Pleno, reafirmando la importancia de que el Congreso permanezca abierto a las propuestas que surgen desde la sociedad.

La iniciativa plantea que, cuando exista una ausencia definitiva de una presidenta o presidente municipal, la persona que sea designada para ocupar el cargo provenga preferentemente de la planilla que fue registrada y respaldada por la ciudadanía durante el proceso electoral correspondiente, con el fin de preservar la voluntad expresada en las urnas.

Al respecto, Baltazar Gaona destacó que el Congreso debe mantenerse como un espacio de diálogo y participación para la ciudadanía. «Nuestro deber como representantes populares es escuchar y abrir espacios para que las iniciativas ciudadanas puedan ser conocidas, discutidas y enriquecidas dentro del Poder Legislativo», expresó.

El legislador señaló que propuestas como la presentada por Joel Díaz Ramírez enriquecen el debate parlamentario y fortalecen la participación ciudadana en la construcción del marco jurídico del estado. «Se trata de una iniciativa que pone sobre la mesa una reflexión importante sobre la representación democrática y la continuidad de los proyectos que la ciudadanía respaldó con su voto», afirmó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y análisis, donde se valorará su viabilidad jurídica y su posible incorporación al marco normativo estatal, conforme al procedimiento legislativo establecido en la ley.

El diputado Abraham Espinoza Villa del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM) presentó una iniciativa para que estudiantes universitarios de psicología, trabajo social, pedagogía y enfermería comunitaria realicen su servicio social en escuelas públicas de educación básica y media superior, con el objetivo de brindar acompañamiento emocional y detección temprana de problemas de salud mental en niñas, niños y adolescentes.

El legislador explicó que en las aulas hay estudiantes que enfrentan ansiedad, tristeza, estrés, problemas de conducta, dificultades para relacionarse o incluso violencia dentro y fuera de su entorno familiar. «Muchas veces estos problemas aparecen en silencio: en el estudiante que baja repentinamente su rendimiento escolar, en quien deja de convivir con sus compañeros, en quien falta constantemente a clases o en quien muestra cambios de conducta que parecen pequeños, pero que son señales de alerta», señaló.

La propuesta plantea que, mediante convenios de colaboración con instituciones de educación superior, los estudiantes en servicio social puedan realizar actividades preventivas, talleres, orientación de primer nivel y detección temprana de factores de riesgo, todo bajo supervisión académica y con mecanismos de seguimiento.

«La escuela es uno de los espacios donde más tiempo pasan nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso también debe ser un lugar donde puedan encontrar orientación y herramientas para enfrentar los desafíos emocionales que viven. Cuando una niña o un niño recibe apoyo oportuno, tiene mayores posibilidades de desarrollarse plenamente», afirmó Espinoza Villa.

El programa no implica un gasto adicional para el Estado, ya que se aprovecha el esquema de servicio social ya existente y se gestiona a través de convenios interinstitucionales.

«Es una forma de vincular el conocimiento con el servicio, y de convertir la preparación académica en una herramienta útil para atender desafíos que hoy están presentes en nuestras escuelas», destacó el diputado.

La propuesta contempla medidas claras de protección para las y los estudiantes, garantizando que la información relacionada con su atención se maneje con estricta confidencialidad y respeto a sus derechos, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.

Espinoza Villa concluyó con un llamado a actuar a tiempo: «Las políticas públicas más efectivas son aquellas que llegan antes de que los problemas se agraven. Detectar oportunamente una situación emocional compleja puede hacer una diferencia profunda en la vida de una persona. Puede evitar el abandono escolar, fortalecer la convivencia dentro de las aulas y ayudar a que una familia encuentre apoyo cuando más lo necesita».

El Congreso del Estado, aprobó el Protocolo del Proceso Legislativo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad, en materia de Educación Indígena y Educación Inclusiva.

Con este protocolo, el Congreso del Estado, establece las bases para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos establecidos en el Estado; primordialmente los relativos a la libre determinación y su autonomía para participar en la construcción de los modelos educativos, por ende el derecho a la consulta sobre las medidas legislativas que se pretenden adoptar.

En específico, en lo dispuesto en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Esta 76 Legislatura, también reconoce la importancia de garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad, principalmente en el acceso a la educación para generar una vida independiente, en términos de lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El Protocolo del Proceso Legislativo para la Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanos y Personas con Discapacidad, en materia educación indígena y educación inclusiva, constituye el instrumento rector para realizar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, en materia educativa, en términos de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con el objetivo de difundir y preservar la riqueza histórica de la región de Penjamillo, la diputada Belinda Iturbide organizó una rueda de prensa para dar a conocer las actividades conmemorativas por el 487 Aniversario de la Tenencia de Santa Fé del Río, municipio de Penjamillo, Michoacán.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la legisladora destacó la importancia de reconocer el legado cultural, social y comunitario que distingue a Santa Fé del Río, una de las tenencias con mayor tradición en la entidad.

Acompañada de la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Junta de Coordinación Política y el jefe de Tenencia de Santa Fé del Río, Jesús Ríos Andrade, Belinda Iturbide señaló que «Conmemorar 487 años de historia es honrar a las mujeres y hombres que han forjado con trabajo y unidad la identidad de esta tierra. Desde el Congreso seguiremos impulsando acciones que fortalezcan nuestras comunidades».

En la rueda de prensa se presentaron los eventos culturales, cívicos y tradicionales que se realizarán en el marco de este aniversario, invitando a la ciudadanía a participar y ser parte de esta celebración.

Del 25 al 26 de junio, se realizarán las fiestas de Santa Fé, que incluirán recorridos culturales por sus calles, encuentros de danzas y de música, ya que más de la mitad de la población son músicos, y famosos por sus bordados y elaboración del pan de trigo y sus galletas de polvo, y tamales agrios.

El diputado local Alfonso «Poncho» Chávez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 47 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, con el objetivo de fortalecer su participación en las decisiones públicas que impactan directamente su vida.

Durante su exposición, destacó que las infancias y adolescencias «no son únicamente destinatarias de las políticas públicas», sino personas titulares de derechos que deben tener la oportunidad de expresar su opinión en temas como educación, seguridad, movilidad, salud mental, medio ambiente, cultura y prevención de la violencia.

Chávez señaló que, aunque el derecho a participar ya está reconocido en la legislación, aún faltan mecanismos claros, homogéneos y obligatorios para hacerlo efectivo, pues muchas decisiones siguen diseñándose desde una visión adulta, sin escuchar a niñas, niños y adolescentes.

La propuesta establece que autoridades estatales y municipales implementen mecanismos de consulta adecuados a su edad, madurez y desarrollo, además de hacer públicos y accesibles los resultados para quienes participaron, porque «escuchar no debe ser un acto simbólico», sino una acción con seguimiento y responsabilidad.

Finalmente, el diputado subrayó que esta iniciativa cobra relevancia rumbo al proceso electoral de 2027, al recordar que niñas y niños no son herramientas de promoción política ni accesorios de imagen, sino personas con derechos; por ello, afirmó que avanzar en esta propuesta significa construir un Michoacán más democrático, incluyente y comprometido con su desarrollo integral.

El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán para establecer una calificativa específica en el delito de homicidio cuando la víctima sea integrante de instituciones policiales y el crimen se cometa en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Al exponer los motivos de su propuesta, el legislador manifestó que la seguridad pública constituye una de las funciones esenciales del Estado, conforme al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que su adecuada prestación es condición indispensable para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como la preservación del orden público y la paz social.

En ese sentido, señaló que las corporaciones policiales enfrentan condiciones crecientes de violencia derivadas de la actuación de grupos delictivos, mediante ataques directos, represalias, intimidación institucional y emboscadas, como la ocurrida en días pasados contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen.

El diputado calificó estas agresiones como particularmente graves porque, cuando un integrante de una corporación policial es privado de la vida en razón de su cargo, no solo se lesiona el derecho humano a la vida de la víctima, sino que se busca inhibir la actuación institucional, debilitar capacidades, generar impunidad, control territorial y desconfianza social, por lo que su impacto excede al de un homicidio común.

Magaña de la Mora subrayó que resulta jurídicamente válido y constitucionalmente legítimo que el ordenamiento penal establezca una tutela reforzada y un mayor reproche social y jurídico a estas conductas. Destacó que Michoacán no contempla esta agravante, a diferencia de entidades como Jalisco, Puebla, Estado de México y Tamaulipas, que ya cuentan con figuras similares en sus legislaciones.

La iniciativa se sustenta en que el homicidio de policías reviste una gravedad superior, ante la especial función constitucional que desempeñan, al no actuar como particulares sino como agentes encargados de materializar una función indispensable para la existencia del Estado democrático y las libertades.

El diputado concluyó que esta protección reforzada responde a un problema real, inhibe ataques y protege la seguridad colectiva, y agradeció la atención del Pleno.

El diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para regular de manera integral las encuestas y sondeos de opinión electoral, con el objetivo de impedir que sean utilizadas como herramientas de manipulación o propaganda encubierta; propuesta que además fue acompañada por el Colegio de Economistas de Michoacán Lázaro Cárdenas del Río.

«Si las encuestas están financiadas por los mismos actores a los que miden, el ciudadano no está viendo un reflejo de la realidad, sino un anuncio publicitario», advirtió el legislador.

La propuesta prohíbe que partidos políticos, candidatas y candidatos contraten, directa o indirectamente, empresas o personas para realizar y difundir encuestas electorales, además de obligar a identificar públicamente a quien las financia. También establece que ninguna medición podrá difundirse sin registrar previamente su metodología completa ante la autoridad electoral.

Asimismo, la reforma faculta al Instituto Electoral de Michoacán para crear un Registro Público Estatal de Encuestas Electorales y realizar auditorías metodológicas aleatorias. Los medios que reproduzcan estos estudios deberán incluir información técnica básica, como tamaño de muestra, margen de error, nivel de confianza y fecha de levantamiento.

Como medida de blindaje democrático, la iniciativa amplía a cinco días la veda para la publicación de encuestas antes de la jornada electoral y tipifica como infracciones graves la falsedad metodológica, el ocultamiento de financiamiento y la manipulación deliberada de resultados.

«Las encuestas son instrumentos científicos de verdad, no de propaganda. El pueblo de Michoacán merece certeza de que cada dato publicado responde a criterios metodológicos reales y no al bolsillo de políticos o candidatos», concluyó el legislador petista.