Legislativo

La diputada Nalleli Pedraza Huerta presentó una iniciativa con el objetivo de garantizar rentas justas en el estado, proponiendo que los aumentos anuales de alquiler no superen la inflación oficial, sino que se ajusten estrictamente al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Desde la máxima tribuna, la legisladora señaló que actualmente en Michoacán existen disposiciones que permiten incrementos de hasta el 10 por ciento anual, lo cual resulta desproporcionado frente a los niveles reales de inflación y afecta directamente el poder adquisitivo de las familias.

“Hoy acudo con un objetivo claro y urgente: poner fin a los incrementos excesivos en las rentas que impactan a miles de familias y pequeños comerciantes en nuestro estado”, expresó.

La iniciativa busca reconocer el acceso a la vivienda como un derecho fundamental ligado a la dignidad humana y la estabilidad social, al tiempo que plantea actualizar un marco normativo que calificó como anacrónico.

Pedraza Huerta destacó que esta propuesta beneficiará particularmente a las mujeres jefas de familia, quienes destinan gran parte de sus ingresos al pago de vivienda, así como a las pequeñas y medianas empresas que enfrentan incrementos que ponen en riesgo su permanencia.

Asimismo, subrayó que esta medida también contribuye a la paz social y la justicia, al evitar fenómenos como el desplazamiento por encarecimiento de rentas y la gentrificación en colonias tradicionales.

La diputada recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha validado recientemente que establecer límites a los incrementos de renta con base en la inflación es una medida constitucional y necesaria para evitar abusos en el mercado inmobiliario.

De igual forma, precisó que la propuesta no representa un perjuicio para las y los propietarios, sino que busca generar una relación equilibrada entre arrendadores e inquilinos, donde se respete el valor real del dinero sin permitir prácticas injustas.

Finalmente, Nalleli Pedraza hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta iniciativa, con el fin de avanzar hacia un mercado inmobiliario más justo, transparente y humano.

“Es momento de que la ley proteja el bolsillo de las michoacanas y michoacanos, y de frenar los abusos del mercado”, concluyó.

Con un llamado contundente a proteger a las infancias, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, subió a la tribuna con la reforma que erradica de manera definitiva el matrimonio infantil en el estado. La legisladora recordó que esta reforma nació de una iniciativa que ella misma presentó hace algún tiempo, impulsada por la convicción de que «ninguna niña ni ningún niño vuelva a ver su infancia arrebatada por responsabilidades de adulto».

Durante su intervención, Arreola Ruiz enfatizó que esta reforma no es un mero trámite legislativo, sino una decisión de Estado para garantizar el interés superior de la niñez. «Hoy estamos decidiendo si como Estado vamos a proteger de verdad a nuestras niñas, niños y adolescentes, o si vamos a permitir que sigan cargando con un futuro que no eligieron y violencias que no les corresponden», expresó desde la tribuna.

La diputada del PVEM subrayó que el matrimonio infantil no es una tradición ni una decisión libre, sino una consecuencia directa de la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades. De acuerdo con cifras presentadas en el Congreso, en México se registran aproximadamente 153 mil matrimonios al año en los que al menos una de las personas es menor de 18 años. Michoacán se encuentra entre las entidades con mayor incidencia, superando en algunas regiones el 10% de los registros .

«Detrás de cada cifra hay un niño o una niña que deja la escuela y abandona sus sueños por una nueva vida que no eligió, para la que no estaba preparada y que le roba su derecho a ser niño», añadió la legisladora.

Diversos organismos internacionales han documentado que las uniones tempranas tienen consecuencias devastadoras para el desarrollo integral de las infancias. Según datos citados por la diputada, quienes contraen matrimonio antes de los 18 años tienen hasta un 50% menos de probabilidades de concluir la educación secundaria . Además, esta práctica expone a las niñas a mayores riesgos de violencia doméstica, embarazo precoz y abandono escolar, perpetuando ciclos de pobreza y vulnerabilidad que impactan a familias y comunidades enteras .

«Casarse a temprana edad implica enfrentar mayores riesgos de violencia, de embarazo precoz y de abandono escolar. Esto no solo afecta su presente, también limita su futuro», advirtió Arreola Ruiz.

La reforma aprobada fortalece el marco legal para garantizar que la mayoría de edad sea un requisito indispensable para contraer matrimonio, poniendo en el centro el interés superior de la niñez y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con esta modificación, se eliminan cualquier dispensa o excepción que permitiera a menores de 18 años casarse, cerrando la puerta a prácticas que durante años han vulnerado los derechos humanos de las infancias en comunidades indígenas y rurales, erradicando así el matrimonio infantil en Michoacán.

«Las niñas y los niños no están hechos para ser esposas, esposos, madres o padres. Están hechos para aprender, para jugar, para crecer protegidos y acompañados. Su lugar está en la escuela, en sus hogares, en espacios seguros donde puedan desarrollarse plenamente», sentenció la diputada.

Con la aprobación de este dictamen, Michoacán se suma a las entidades que han armonizado su legislación para erradicar el matrimonio infantil, enviando un mensaje claro de que las infancias deben ser protegidas y que su lugar está en la escuela, el juego y el desarrollo pleno, no en uniones forzadas que limitan su futuro.

En sesión de la 76 Legislatura, el diputado Octavio Ocampo presentó la iniciativa “Ley Ángeles Esquivel”, con la intención de que, si una autoridad provoca la muerte de una persona, el Estado tenga la obligación de reparar el daño a su familia de forma clara y sin retrasos. “Cuando el Estado causa un daño, el Estado debe repararlo de manera pronta, justa y efectiva”, señaló el legislador.

La propuesta se deriva de los hechos ocurridos en diciembre pasado en Zitácuaro, donde una joven perdió la vida a consecuencia de la actuación de un elemento municipal de tránsito. Este caso motivó el planteamiento legislativo, al evidenciar la necesidad de revisar los mecanismos institucionales para que las víctimas y sus familias accedan a procedimientos de reclamación y compensación en condiciones claras.

Durante la presentación, Octavio Ocampo explicó que la iniciativa propone reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y sus Municipios para establecer criterios específicos en casos de fallecimiento, incluyendo la imprescriptibilidad del derecho a reclamar indemnización, la posibilidad de iniciar procedimientos de oficio cuando la responsabilidad sea evidente y la incorporación de vías abreviadas para resolver los casos. “Esta iniciativa busca que las familias no enfrenten procesos prolongados ni cargas probatorias excesivas, y que el Estado asuma su responsabilidad cuando exista un daño derivado de su actuación”, señaló.

El legislador indicó que la “Ley Ángeles Esquivel” plantea ajustes normativos para garantizar indemnizaciones conforme a criterios del Código Civil, así como reglas claras en los procedimientos administrativos, con el propósito de que la reparación del daño sea efectiva. De acuerdo con el diputado Octavio Ocampo, esta iniciativa establece un mecanismo legal orientado a asegurar que, ante la pérdida de la vida por actuación irregular de autoridades, el Estado responda de manera oportuna y conforme a derecho.

Estamos exactamente a un mes de que se inaugure el teleférico de Uruapan, que se proyecta para el próximo 18 de abril, a partir de dicha fecha este sistema de transporte comenzará a ofrecer viajes seguros, rápidos e inclusivos a más de 118 mil usuarias y usuarios, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal recordó que este medio de transporte recorrerá 8.4 kilómetros por seis estaciones, con 91 cabinas que ya se encuentran listas para transformar la manera en que las y los uruapenses se mueven.

“El próximo 18 de abril se transformará para siempre la movilidad en Uruapan, municipio que será el primero en tener un Sistema Integrado de Transporte en el estado”, subrayó.

Gladyz Butanda enfatizó que actualmente el teleférico está siendo sometido a un proceso de certificación, a cargo de TÜV SÜD, empresa multinacional de origen alemán, con sede en Múnich, que ofrece soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad en medios de transporte como los teleféricos.

A un mes de su inauguración, la arquitecta aseguró que existen todas las condiciones para cumplir con la fecha programada, a fin de poner en marcha un medio de transporte que reducirá los tiempos de traslado hasta en un 50 por ciento en la vida cotidiana de la ciudadanía uruapense.

Para reducir la brecha digital y fortalecer las herramientas de aprendizaje, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la entrega de chips del Programa D4TA que beneficia de forma directa a más de 8 mil 500 alumnos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán (Conalep), registrados en esta primera etapa.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que este apoyo, que otorga 4 gigabytes mensuales, está diseñado para jóvenes de preparatoria, bachillerato, universidades y tecnológicos. Informó que, hasta el momento, el programa ya suma 111 mil registros de estudiantes en todo el estado.

“Mucho ánimo al Conalep. Lo que queremos es que sigan estudiando, que de aquí pasen al tecnológico, a la universidad y que sean excelentes y exitosos profesionistas; mujeres y hombres que le aporten a Michoacán”, señaló Ramírez Bedolla.

Explicó que el beneficio no se limita únicamente a la navegación educativa, sino que el plan incluye llamadas telefónicas y redes sociales ilimitadas, convirtiéndose en un impulso integral para la formación de las y los jóvenes michoacanos.

Por su parte, Mariana Sosa Olmeda, titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior (Iemsysem), refirió que con esta iniciativa Michoacán se posiciona como el único estado en el país en brindar este servicio de internet gratuito de manera universal para sus estudiantes.

“A partir de hoy tienen un plan de celular que les permitirá tener en su mano una herramienta educativa para acceder a bibliotecas digitales, plataformas, cursos y clases en línea”, puntualizó Sosa Olmeda.

Durante el evento se recordó a la comunidad estudiantil que la convocatoria continúa abierta. Los interesados en formar parte de este programa aún pueden realizar su registro hasta el próximo viernes.

Con el objetivo de garantizar una atención efectiva y oportuna a las denuncias por violencia de género, la diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma para sancionar la omisión, el retraso injustificado y la negligencia de las autoridades en la atención de estos casos.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que esta propuesta surge de una alianza entre diputadas que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, decidieron pasar de la conmemoración a la acción, con el compromiso de atender una de las problemáticas más urgentes que enfrentan las mujeres en México y Michoacán.

Grecia Aguilar subrayó que la violencia contra las mujeres continúa siendo una realidad alarmante, al referir que más del 70 por ciento de ellas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que diariamente más de 10 mujeres son asesinadas en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, señaló que en Michoacán las cifras de homicidios de mujeres y denuncias por violencia familiar se mantienen constantes y en aumento, reflejando una problemática estructural que no puede seguir siendo ignorada por las instituciones encargadas de procurar justicia y garantizar la seguridad.

Como parte de su posicionamiento, la diputada expuso el caso representativo de “María”, una mujer que, tras denunciar violencia y solicitar apoyo institucional, no recibió atención oportuna, lo que derivó en un desenlace fatal. Este ejemplo, indicó, evidencia las fallas en los mecanismos de respuesta y la urgencia de establecer responsabilidades claras cuando las autoridades no actúan.

La iniciativa propone establecer como falta administrativa grave la omisión, el retraso injustificado o la negligencia en la atención de denuncias, órdenes de protección o medidas relacionadas con violencia contra las mujeres; además de que, en casos de feminicidio o desaparición con antecedentes de denuncia, se inicie de oficio una investigación administrativa para revisar la actuación de las autoridades.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado enfatizó que la propuesta no crea nuevos delitos ni vulnera el debido proceso, sino que busca cerrar vacíos legales que han costado vidas, fortalecer a las instituciones y garantizar que ninguna denuncia sea ignorada, reiterando que cuando una mujer denuncia, el Estado tiene la obligación de responder con eficacia y responsabilidad.

Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Gobierno Estatal y los ayuntamientos mediante el uso de plataformas digitales en materia de salud, la diputada Xóchitl Gabriela Ruiz González presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado.

En ese sentido propone que, la Secretaría de Salud del Estado habilite a los municipios accesos, perfiles y herramientas necesarias para la operación y carga de información en las plataformas digitales de registro, información y análisis ya existentes.

Ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, expuso que con ello, se busca mejorar la gestión, el intercambio de datos y la toma de decisiones dentro del sistema de salud, permitiendo una atención más eficiente, oportuna y basada en información actualizada desde el territorio.

Asimismo, dio a conocer que la iniciativa establece la obligación de los ayuntamientos que participen en la prestación de servicios médicos de registrar, actualizar y transmitir de manera responsable la información que generan, bajo estándares comunes y con pleno respeto a la protección de datos personales.

Al respecto, la legisladora destacó que esta reforma no implica la creación de nuevas estructuras, sino el fortalecimiento del modelo de coordinación ya existente, alineándolo con las recientes disposiciones federales en materia de interoperabilidad de datos en salud.

“La información hoy es fundamental para salvar vidas, dar seguimiento a tratamientos y responder de manera oportuna ante emergencias sanitarias. Necesitamos un sistema ordenado, interoperable y con responsabilidades claras entre autoridades”, señaló.

Finalmente, Xóchitl Ruiz subrayó que la iniciativa impulsa un esquema de corresponsabilidad institucional, donde el Estado garantiza la infraestructura tecnológica y los lineamientos, mientras que los municipios aportan información desde el territorio, avanzando así hacia un sistema de salud más moderno, eficiente y centrado en las personas.

El Congreso del Estado reformó el artículo 439 del Código Civil con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y la protección del derecho de propiedad de las y los michoacanos, específicamente respecto de sus bienes inmuebles, ante los crecientes casos de despojo y apropiación indebida que atentan contra la dignidad y el patrimonio de personas trabajadoras.

A propuesta de la Comisión de Justicia sobre la iniciativa en materia de prescripción civil, presentada por el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, las y los legisladores michoacanos, votaron a favor de que cuando la posesión es de mala fe, la prescripción también podrá interrumpirse por denuncia o querella penal.

Pero se tendrá por no interrumpida cuando se extinga la acción penal o se pronuncie cualquier otra determinación que tenga los efectos de la sentencia absolutoria.

En el Dictamen quedó establecida que dicha iniciativa surgió al observar que la legislación que estaba vigente se permitía la adquisición de la propiedad por prescripción positiva aún en casos donde existían indicios de mala fe.

“Como sucede cuando una persona toma posesión de un bien inmueble mediante actos de violencia, intimidación, engaño o cualquier forma de despojo, y posteriormente pretende consolidar esa posesión en propiedad legítima, amparándose en el simple transcurso del tiempo”, se precisó”.

En la redacción de su Dictamen, la Comisión de Justicia determinó la importancia de contemplar la posibilidad de interrupción de la prescripción adquisitiva de mala fe por denuncia o querella penal, como una manera de otorgar, a quien considere que tiene mejor derecho y haya sido afectado en la posesión por actos delictivos.

Así mismo, la oportunidad de que pueda ejercer sus derechos procesales correspondientes en un proceso penal, y ello tenga la capacidad de interrumpir la prescripción adquisitiva de mala fe que alguien pretenda operar en su contra por el solo transcurso del tiempo.

A fin de fortalecer el marco jurídico estatal para incorporar una visión más amplia, preventiva y comunitaria de la salud mental, las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobaron diversas reformas a la Ley de Salud así como a la Ley de Salud Mental en el estado.

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado sometieron a consideración del Pleno el Dictamen elaborado luego del análisis de las iniciativas presentadas por Carlos Alejandro Bautista Tafolla, Juan Carlos Barragán Vélez, Abraham Espinoza Villa, Antonio Carreño Sosa, J. Reyes Galindo Pedraza e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con su voto a favor, se fortaleció el marco jurídico estatal para incorporar una visión más amplia, preventiva y comunitaria de la salud mental, en congruencia con los estándares constitucionales, la legislación general y los compromisos internacionales del Estado mexicano.

Dentro de sus consideraciones, dicha Comisión coincidió en que el bienestar emocional influye de manera directa en la capacidad de las personas para desarrollarse plenamente, establecer relaciones sanas, participar en la vida social y ejercer sus derechos en condiciones de dignidad; por lo que destacaron la importancia de abrir la puerta al diseño e implementación de políticas públicas preventivas, educativas y comunitarias orientadas al fortalecimiento de habilidades socioemocionales.

En el ordenamiento jurídico fortalecieron las atribuciones de la Secretaría de Salud en materia de promoción y prevención de la salud mental, para impulsar campañas permanentes, jornadas comunitarias y acciones con enfoque territorial, particularmente en comunidades rurales y zonas de alta marginación, donde existen mayores barreras de acceso a los servicios especializados.

Así mismo, se garantizaron acciones de información, prevención, detección temprana y atención psicológica y/o psiquiátrica especializada durante el embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia, incluyendo la atención de padecimientos como la depresión, la ansiedad y la psicosis postparto.

En la Ley de Salud Mental, se aprobó la incorporación de un capítulo específico para la atención de la depresión y la ansiedad en niñas, niños y adolescentes con un enfoque preventivo, diferenciado y de coordinación interinstitucional, así como con obligaciones específicas para el ámbito escolar en materia de detección, canalización y no estigmatización.

Con las nuevas disposiciones, las y los legisladores michoacanos también establecieron la habilitación de áreas especializadas en salud mental dentro de los establecimientos existentes del Sistema Estatal de Salud, conforme a su capacidad instalada y disponibilidad presupuestaria, sin que ello implique la creación de nuevas estructuras administrativas u hospitalarias, ni la generación de obligaciones presupuestales adicionales a las ya previstas en el ejercicio fiscal correspondiente.

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El diputado local Alfonso Chávez presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de fortalecer la protección integral de la infancia mediante una obligación clara: que el Sistema DIF Estatal capacite, por lo menos dos veces al año, a los Sistemas DIF municipales.

El legislador subrayó que, en la mayoría de los casos, los DIF municipales son la primera instancia de contacto institucional para niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones de violencia, abandono, negligencia o abuso, por lo que su actuación debe ser profesional, oportuna y basada en protocolos especializados.

Sin embargo, advirtió que hoy existen diferencias significativas en capacidades técnicas, jurídicas y operativas entre municipios, principalmente por la falta de procesos sistemáticos de capacitación y por el desconocimiento de protocolos y reglamentos existentes, lo que puede generar respuestas desiguales, retrasos en la atención o intervenciones que no se apeguen plenamente a los estándares de protección integral.

Por ello, la propuesta establece que la capacitación contemple materias fundamentales: protección integral de derechos, mecanismos de atención y canalización, procedimientos de restitución de derechos, y correcta aplicación de protocolos en casos de violencia, abuso, negligencia u otras situaciones que pongan en riesgo la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad, fortaleciendo además la coordinación entre el DIF estatal y los sistemas municipales para una actuación más homogénea y alineada con el interés superior de la niñez.

Finalmente, Poncho Chávez destacó que “fortalecer las capacidades institucionales de quienes protegen a la infancia no es solamente una medida administrativa; es una responsabilidad ética y jurídica del Estado”, y afirmó que esta reforma representa un paso necesario para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente quede sin protección y que todas las autoridades cuenten con herramientas claras para proteger, atender y restituir sus derechos.