Política

Grecia Quiroz no necesita revictimizarse para obtener notoriedad ni el respaldo ciudadano o de cualquier partido, porque ya es una víctima del Sistema de Gobierno y de Justicia, aseguró el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, a pregunta expresa sobre las acusaciones que hacen Morena y PRD en contra de la alcaldesa de Uruapan.

“La señora Grecia Quiroz no ocupa victimizarse y es una gran víctima de este pinche sistema jodido de gobierno y de justicia que tenemos en México. O sea, si alguien es una gran víctima, es Grecia Quiroz, no ocupa victimizarse, que no diga pendejadas, perdón, el que haya dicho eso”, dijo.

El líder priista indicó que Morena ve en ella un peligro inminente de cara al proceso electoral del 2027, y le reiteró su total apoyo ante los ataques de políticos.

“La señora Grecia Quiroz tiene todo nuestro respaldo, nuestro reconocimiento, no hemos hablado con ella, esperaremos hacerlo pronto, pero creo que como la ven con peligro, porque ha ido creciendo muy bien y obviamente en un tema de candidatura puede ser muy competitiva, pues buscan torpedearla”, mencionó.

El dirigente estatal dejó claro que “basta ver el mensajero, para ver de quién es el mensaje, ¿no? Así de claro”, sobre todo porque, desde el oficialismo “buscan ponerle piedras en el camino, pero yo estoy seguro que ella, su fortaleza y la fortaleza que Carlos Manzo le da desde el cielo, servirá para salir adelante y superar cualquier obstáculo”.

En atención a las múltiples denuncias de las y los uruapenses , respecto a los cobros excesivos del impuesto predial que superan el 100, 200 e incluso 300 por ciento, diputados de las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública y de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) presentaron una denuncia por los incrementos a este impuesto, correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

De esta manera, los diputados Marco Polo Aguirre, Conrado Paz Torres, Giuliana Bugarini Torres y Eréndira Isauro Hernández, acudieron a la Auditoría Superior de Michoacán para presentar de manera formal dicha denuncia, adjuntando los elementos de prueba suficientes para que la Unidad Jurídica, emita el dictamen correspondiente.

Así, los diputados locales coincidieron al señalar que en apego a sus atribuciones constitucionales, resulta prioritario atender la situación que denuncian los habitantes de Uruapan, al referir que las actualizaciones y cobros del predial que ha realizado la autoridad municipal, son excesivos y no proporcionales en comparación a los pagos de años previos.

Aunado a ello, la denuncia refiere presuntos daños y perjuicios a la hacienda pública y al patrimonio de las entidades, así como posibles irregularidades en la captación y utilización de los recursos públicos.

«Estos incrementos generan una presión adicional a los bolsillos de la ciudadanía y es un compromiso de esta Legislatura que se cumplan los principios de una austeridad republicana y se optimicen los recursos públicos para no lastimar el patrimonio y el bienestar social», señalaron los legisladores.

Por lo expuesto, los representantes populares se reunieron con el Auditor Superior, Marco Antonio Bravo, a fin de que remita dicha denuncia a la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior de Michoacán, para que ésta a su vez, emita los dictámenes correspondientes, en apego a lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán.

Propone el diputado Memo Valencia legislar para ponerle un alto a financieras automotrices, dedicadas a defraudar a quienes menos tienen.

Indicó que tipificar como fraude específico esta forma de operar expuesta desde hace años por la organización civil Revolución Social, podrá evitar que familias enteras se queden sin parte de su patrimonio y dotar de herramientas legales a las autoridades para la persecución del ilícito.

«Revolución Social ha atendido a víctimas de estas estafas al menos desde diciembre de 2023, lo que indica que las autoridades no han hecho lo necesario para erradicar este delito o el marco normativo no es suficiente», expresó.

Recordó que la forma de operar de las financieras automotrices consiste en ofrecer vehículos con bajo enganche y mensualidades accesibles, obligando a las víctimas a firmar contratos que pretenden convertir una estafa en un asunto mercantil para evadir la justicia.

«Estas supuestas empresas operan frecuentemente sin autorizaciones federales, ni licencias municipales. Cuando las personas se enfadan del incumplimiento del supuesto contrato y después de las negativas de la entrega del vehículo y el maltrato que reciben al exigir sus derechos, es que se dan cuenta de que fueron víctimas de un fraude», dijo.

Por ello, «les propongo una reforma ambiciosa al Código Penal que tipifique puntualmente esta conducta como fraude específico que agrave las penas del caso y que esta responsabilidad alcance a todas las personas relacionadas laboralmente con estas empresas formales o informales dedicadas a estos supuestos financiamientos automotrices fraudulentos y que también se persiga de oficio y no sea necesaria una querella de la persona ofendida», señaló el diputado priista.

Señaló que la iniciativa para reformar las fracciones XX y XXI del artículo 218 y 221, así como para adicionar la fracción XXII y un último párrafo al artículo 218 del Código Penal para el Estado de Michoacán, busca también inhibir que las personas escudadas en el supuesto desconocimiento o bajo el argumento de ser simples empleados eludan su responsabilidad legal.

«Que toda persona que trabaja en un negocio de este giro fraudulento, asuma su responsabilidad y pague por sus actos ante la justicia», finalizó.

Que el 2 por ciento de los recursos destinados por ley desde el Presupuesto del Estado para acciones a favor de personas con discapacidad sean comprensibles, identificables y verificables, para evitar opacidad, propuso Memo Valencia, en conjunto con Yadira Guerrero Huerta, secretaria general del PRI estatal.

«Hablar de inclusión de las personas con discapacidad, no es hablar de un favor del estado ni una política asistencial ocasional, se trata realmente de una deuda historia con los michoacanos que todos los días enfrentan barreras físicas, sociales y económicas», dijo.

El diputado local del PRI, indicó que la propuesta surgió de la visión de la secretaria general del Revolucionario Institucional, tras vivir en carne propia la falta de accesibilidad en edificios públicos municipales y estatales, y recordó que en el propio Comité Directivo Estatal propició cambios, como la instalación de un elevador.

«Ojalá esa realidad que llegó a nuestro Comité Estatal, llegara muy pronto a este Pleno, que así como el Comité tenemos elevador, aquí también lo tengan, porque ha sido una bandera durante muchos años de los diputados que no se hace realidad», indicó.

El dirigente estatal priista aseguró que la iniciativa no pretende aumentar el gasto público ni tampoco imponer nuevas cargas financieras, sino fortalecer el cumplimiento del mandato legal existente.

«Resulta evidente que los recursos actualmente destinados a la atención de las personas con discapacidad no alcanzan el estándar mínimo del 2 previsto en la ley, no por falta de sensibilidad institucional, si no por la ausencia de reglas claras que permitan identificar, ordenar y concretar el gasto con un enfoque específico de inclusión», aseguró.

Finalmente, Memo Valencia dijo que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo y tercero al artículo 4 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, pide que «las asignaciones referidas deberán guardar congruencia  con el Plan de Desarrollo Integral del  Estado, los  programas  sectoriales, regionales  o especiales, así como con los objetivos, metas e indicadores establecidos en el presupuesto, y su ejercicio deberá ser objeto de seguimiento y evaluación en los informes financieros y de resultados que se rindan al Congreso del Estado».

Acompañaron la iniciativa 11 diputados de distintos grupos parlamentarios.

A los delincuentes y narco políticos se les persigue de oficio, no necesitan las víctimas y el pueblo interponer denuncias para que las autoridades hagan su trabajo, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, tras insistir en que desde el oficialismo buscan silenciar a los activistas que alzan la voz en contra del crimen organizado que hay en el país y en Michoacán.

“Ahora resulta que el combate al crimen organizado es por querella, no señores, es por oficio. Se debe de perseguir a los delincuentes por oficio, que no esperen denuncias o querellas de las víctimas. Yo no sé qué sea peor, la maldad del delincuente o la incapacidad y la indolencia del gobierno”, dijo.

El líder estatal aseguró que las cifras que da Palacio Nacional de un bajo índice delictivo en la entidad, son erróneas, porque a pesar de la presencia de efectivos federales, los grupos criminales ya se reorganizaron y continúan con extorsiones, homicidios y demás actos delictivos en contra de sectores productivos, así como de la ciudadanía.

“Miente Omar García Harfuch, mintió cuando dijo que Los Blancos de Troya estaban desarticulados. Ya no está ‘El Botox’, pero está ‘El Jando’. Que no engañen, que no busquen hacer un montaje de una realidad que están padeciendo de la Tierra Caliente, mienten al decir que no hay extorsiones. ‘El Jando’ nomás tomó el lugar y ha llamado ya a los mismos contratistas que extorsionaban, los empresarios y los empacadores”, mencionó.

Memo Valencia recibió en la ‘Tribuna del Pueblo’ a activistas sociales de la entidad como Lupe Mora, jefe de Tenencia de Felipe Carrillo Puerto, ‘La Ruana’, el ambientalista Guillermo Saucedo, y al líder de Revolución Social, René Valencia, para acompañar a Raúl Ocelotl en una denuncia pública sobre la agresión que sufrió a manos de Juan de Dios Ixtláhuac Orihuela, hermano del alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

Reiteró desde el PRI su respaldo institucional al también dirigente del Comité Municipal tricolor en Zitácuaro.

Comentó que en el Revolucionario Institucional están quienes ya demostraron ser valientes, institucionales, leales y que quieren al partido, por eso, la gente “está viendo una nueva versión del PRI” de cara al próximo proceso electoral y “eso es lo más importante, que se den cuenta que muchas de esas personas que tanto daño le hicieron al PRI ya no están y otras se van a terminar de ir, lo siento, porque les guste o no esta historia continuará”, finalizó.

Que nunca más los policías en Michoacán tengan que comprar llantas a sus unidades, cooperarse para gasolina o no tener equipo básico para apoyar a la ciudadanía en emergencias menores, propuso ante el Pleno del Congreso estatal, el diputado priista Memo Valencia.

El legislador local consideró necesario, al presentar una iniciativa para que todas las patrullas de policía tengan al menos un extintor que, los cuerpos de seguridad, tanto municipales y estatales, no solo lleguen rápido a un accidente o emergencia que también cuenten con equipo y capacitación para ayudar en tanto, llegan corporaciones de Protección Civil.

“La presente reforma pretende agregar en los derechos de los policías el contar con patrullas en buen estado, porque la gran mayoría de las patrullas no tienen ni llantas y si traen, es a media vida y andan batallando los elementos hasta comprando, cooperándose entre ellos. Ojalá y esto se haga posible, porque es una forma de reconocer y no exponer la vida de aquellos héroes que todos los días salen de su hogar a exponer la suya por la de nosotros”, dijo.

Memo Valencia recordó cuando el pasado 30 de diciembre de 2025, un automóvil se incendió por fallas eléctricas en el Ramal Camelinas, fueron policías de Morelia, quienes trataron de apagar el fuego, pero no contaban con ninguna herramienta, Revolución Social apoyó con extintores para controlar el siniestro.

«Cuando Revolución Social llegó al lugar, la Policía de Morelia ya hacía lo que podía, pero sin la capacitación ni el equipamiento para ello. Si los elementos de esta corporación hubieran contado con extintores en su patrulla, los daños hubiesen sido menores o mínimos», dijo.

El dirigente estatal del PRI afirmó que no se busca que los elementos de policía suplanten a bomberos o paramédicos, pero sí es de gran importancia, como lo menciona ya el artículo 21 de la Carta Magna, que se salvaguarde la vida, libertad, integridad y patrimonio de las personas.

«Es necesario fortalecer el marco legal para garantizar que las patrullas en Michoacán cuenten con equipos que les permitan hacer frente a emergencias no vinculadas con crímenes», mencionó.

La propuesta que fue respaldada por once diputados de la 76 Legislatura, pide la modificación de las fracciones XI del artículo 123 y II del artículo 157 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, se reunió con Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), y Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, para delinear una ruta que permita potenciar los alcances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

La promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan expuso la manera en que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) ha alineado sus proyectos, programas y obras al plan que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resarcir el tejido social de Michoacán.

En esa lógica se reunió con Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banobras, donde el eje central de la conversación fue el Morebus, proyecto que además de estar alineado al Plan Michoacán, proyecta beneficiar a por lo menos 79 mil 795 usuarias y usuarios diarios.

En lo que respecta a la reunión con Leonel Cota Montaño, subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, la funcionaria compartió diferentes reflexiones en torno al plan, a través del cual se invertirán 292 millones de pesos y mil 509 millones en créditos para pequeños y medianos productores, priorizando aguacate, limón, mango, berries y caña de azúcar.

La secretaria Gladyz Butanda se comprometió a fungir como enlace del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ante dependencias federales, a fin de aterrizar sus alcances también a nivel local mediante la gestión proyectos y obras con enfoque social.

El Poder Judicial de Michoacán da a conocer que se permite el libre acceso y desplazamiento de animales de servicio, asistencia y/o terapia que acompañen a personas con discapacidad en todas sus instalaciones, tanto en áreas administrativas como jurisdiccionales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

El Órgano de Administración Judicial acordó instruir a todas las áreas públicas del Poder Judicial a garantizar el acceso de estos animales, reafirmando así su compromiso con una justicia humana, incluyente y respetuosa de la dignidad de todas las personas.

Dicha medida se sustenta en la reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado, relativa a la fracción V del artículo 12 y la adición del artículo “13 Quater” a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán, la cual reconoce el papel fundamental de los animales de servicio y asistencia para la autonomía y movilidad de las personas con discapacidad.

De igual forma se pone a disposición de la ciudadanía un nuevo canal de comunicación directo con el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad para recibir información, orientación y acompañamiento en casos relacionados con personas y grupos en situación de vulnerabilidad, el correo electrónico com.der.grupos.vulnerables@poderjudicialmich.gob.mx

Esta determinación forma parte de diversas acciones que el Nuevo Poder Judicial de Michoacán impulsa para fortalecer una justicia más accesible, cercana e incluyente, colocando a las personas en el centro de la función jurisdiccional y eliminando barreras que históricamente han limitado el ejercicio pleno de sus derechos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a poner sobre la mesa la discusión en torno a una reforma electoral integral, con énfasis en ampliar la participación ciudadana y fortalecer los mecanismos democráticos en México.

Durante su intervención, Sheinbaum destacó que la reforma propuesta por el gobierno federal y respaldada por sectores de la sociedad responde a la demanda de la ciudadanía por una democracia más abierta, representativa y cercana a la gente. Subrayó que dichas modificaciones no buscan solamente cambios técnicos, sino mejorar la calidad de la participación ciudadana, promoviendo mecanismos donde la gente tenga voz en decisiones públicas relevantes.

La presidenta afirmó que la propuesta incluye elementos para que los ciudadanos influyan directamente en decisiones locales y nacionales que impactan la vida cotidiana, como la asignación de recursos públicos, la definición de prioridades en obras y decisiones urbanas, o la elección de representantes configurados más allá de los partidos tradicionales.

Sheinbaum también criticó algunas iniciativas promovidas por actores políticos y organismos que, a su juicio, no representan cambios sustantivos en el sistema electoral. Señaló que “no se trata de simplemente cambiar nombres o etiquetas, sino de abrir espacios reales de participación para que la ciudadanía decida sobre asuntos que le interesan directamente”, en referencia a propuestas que, según ella, mantienen el statu quo sin mejorar la representación popular.

Además, enfatizó la importancia de promover una democracia participativa en todos los niveles de gobierno, con mecanismos que inviten a la ciudadanía a involucrarse en la toma de decisiones más allá de las elecciones periódicas. Sheinbaum aseguró que la reforma también contempla consultas públicas y espacios de deliberación ciudadana para temas como el presupuesto participativo y la transparencia en la gestión pública.

La mandataria explicó que la discusión sobre la reforma electoral se encuentra en proceso, y que el Ejecutivo enviará al Congreso una propuesta con bases claras para construir consensos con las fuerzas políticas, organizaciones sociales y especialistas, siempre con el objetivo de fortalecer las instituciones y garantizar la confianza en los procesos democráticos.

Por último, Sheinbaum hizo un llamado a que el debate sea público, informado y con miras a construir acuerdos que beneficien a toda la sociedad, reconociendo que México enfrenta retos importantes relacionados con la representación política, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.

La propuesta de reforma electoral, dijo, debe avanzar por la vía del diálogo y la construcción colectiva, asegurando que las decisiones lleguen de manera directa de la voz de la gente y no queden únicamente en los recintos legislativos. La presidenta cerró su intervención recordando que una democracia más participativa es, en su visión, una democracia más justa y legítima.

En la conferencia matutina presidencial de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó importantes avances del Programa Vivienda para el Bienestar, subrayando su impacto social en todo México y, de forma destacada, en el estado de Michoacán.

Sheinbaum afirmó que el objetivo del programa es garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho social, especialmente para familias de bajos ingresos, mujeres jefas de hogar, adultos mayores y personas en condiciones de vulnerabilidad. En conjunto con este enfoque, el programa prevé la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas durante el sexenio, con metas anuales de aproximadamente 400 mil unidades para 2026 —después de formalizar cerca de 400 mil en 2025— y acciones complementarias como regularización de predios y mejoras habitacionales.

Avance en Michoacán: entrega y construcciones en marcha
Como parte de los esfuerzos federales en Michoacán, este miércoles se inició la entrega de las primeras 48 viviendas construidas bajo el programa en la zona oriente de Morelia, específicamente en el desarrollo Villas de Oriente. Las casas cuentan con espacios dignos que incluyen sala, comedor, cocina, dos recámaras y patio, con lo cual se busca mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas.

Autoridades estatales señalaron que estas entregas forman parte de un esfuerzo mayor: más de 82 mil viviendas proyectadas para Michoacán dentro del programa, integradas con aportaciones de distintos órganos públicos como el Infonavit, la CONAVI y el Fovissste. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que esta estrategia también responde a uno de los déficits habitacionales persistentes en la entidad, contribuyendo a la seguridad patrimonial de la población.

Impacto social y justicia habitacional
La presidenta Sheinbaum enfatizó que el programa no sólo construye casas, sino que transforma realidades sociales al dotar de certeza jurídica y condiciones dignas para el desarrollo familiar. Los esfuerzos incluyen la reestructuración de créditos y la atención a quienes se encontraban con créditos impagables, lo que ha permitido reorganizar miles de obligaciones de vivienda en el estado.

El avance del Programa Vivienda para el Bienestar forma parte del compromiso de la administración federal por reducir el rezago habitacional y fortalecer el bienestar social, con una estrategia que combina construcción, créditos accesibles, regularización de suelos y mejoras físicas en las viviendas existentes.

Reacciones y expectativas ciudadanas
Entre beneficiarios y organizaciones sociales, la implementación del programa ha sido bien recibida por quienes ven en la vivienda no sólo un bien material, sino también un elemento fundamental para construir condiciones de estabilidad familiar, inclusión social y oportunidades de desarrollo. Al mismo tiempo, especialistas en políticas públicas enfatizan la importancia de que estos avances sean acompañados de mecanismos transparentes de seguimiento para asegurar que los beneficios lleguen a los sectores más vulnerables.

La presentación de los avances del programa en la mañanera del pueblo logra visibilizar una estrategia de política social con impacto directo en la vida cotidiana, especialmente en regiones como Michoacán donde la necesidad de vivienda digna ha sido una demanda histórica de amplios sectores de la sociedad.

En su conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum reabrió el debate sobre la actuación de las autoridades electorales al afirmar que a Raúl Morón Orozco le retiraron “injustamente” la candidatura al Gobierno de Michoacán en 2021, y sostuvo que se trató de una determinación “por una cosa menor” que, a su juicio, buscó dañar políticamente a Morena en aquel proceso.

La mandataria citó el caso como ejemplo de decisiones del árbitro electoral que —dijo— contrastan con la falta de esclarecimiento en otros episodios de presunto financiamiento ilícito o irregularidades en campañas. En esa línea, Sheinbaum sostuvo que la cancelación de la candidatura habría respondido más a una lógica de afectación política que a un asunto de fondo, rematando su crítica con la frase: “entonces hay mucha hipocresía”.

La referencia presidencial retoma un episodio ampliamente documentado en el proceso electoral de 2021: el INE confirmó la pérdida del registro de la candidatura de Morón, entonces abanderado de Morena, argumentando incumplimientos en materia de fiscalización, particularmente por no haber presentado el informe de gastos de precampaña.

El pronunciamiento ocurre en medio de la conversación política rumbo a 2027 en Michoacán, donde distintas corrientes de Morena han intensificado posicionamientos y lecturas sobre el relevo en la gubernatura. En ese contexto, la mención de Sheinbaum añade un componente simbólico y político: coloca el caso de 2021 como agravio vigente y, al mismo tiempo, como argumento para cuestionar la proporcionalidad de las sanciones electorales.