Política

Reconocer la lucha que dio Homero Gómez en defensa de los bosques en el oriente michoacano, sin duda, fomenta la labor tan importante de los que protegen los recursos naturales en el estado, afirmó el diputado priista, Memo Valencia, tras votar a favor de la creación de un premio al mérito ambiental en memoria del «defensor de las monarcas».

Sin embargo, consideró que el mejor homenaje para Homero Gómez, sería que su familia obtenga justicia por su asesinato.

«Lo más cercano a la justicia que su familia ha conocido fue la exhibición de un documental de Netflix de la turbia realidad que hay en torno a su muerte, una muerte que aún no ha quedado esclarecida y que es un oscuro capítulo de impunidad, de esa impunidad que hubo en aquel entonces», dijo.

Memo Valencia reconoció que los ambientalistas no luchan a nombre propio, lo hacen a nombre de toda la humanidad, porque los recursos que defienden como el agua y los árboles, no pertenecen a unos pocos, es patrimonio de generaciones enteras.

Por ello, propuso a los Comités de Defensa Ambiental de Villa Madero y de la Sierra Sur de Morelia como los primeros recipiendarios de este importante reconocimiento, sobre todo, porque se han enfrentado al crimen organizado que los amenaza, secuestra y ha asesinado a sus integrantes por alzar la voz para exigir que detengan el deterioro de los bosques, la contaminación del agua y demás delitos ambientales.

«Sería muy importante que esta legislatura valorara que el primer reconocimiento se entregara a los Comités de Defensa Ambiental de Villa Madero y la Sierra Sur de Morelia, que han ido haciendo una gran labor de proteger el patrimonio natural de todos los mexicanos, de la humanidad, porque quien defiende un bosque no solamente lucha por su tierra, es una lucha por la humanidad», abundó.

Finalmente, lamentó que hoy en día el ser ambientalista y defensor de los bosques sea sinónimo de poner en riesgo su vida, como sucedió con Roberto Chávez, asesinado recientemente, o el caso de Guillermo Saucedo, secuestrado y amenazado por los criminales, al igual que Javier Gómez, Julio Santoyo, y decenas de defensores.

Para que la presencia de mujeres en el campo no sea solo un reconocimiento de la perspectiva de género y pase a una acción afirmativa concreta, el diputado local, Memo Valencia, propuso modificaciones a la Ley de Financiamiento Rural para que se establezca una cuota mínima obligatoria del 30% del presupuesto anual a proyectos liderados por este sector.

La iniciativa también incluye que se faculte a la Comisión Intersecretarial, contemplada por la Ley, para que, dentro de sus atribuciones de aprobación de políticas y lineamientos, vigile el cumplimiento estricto de esta cuota de género.

«En 2023 se incorporaron conceptos como la perspectiva de género y la paridad en el artículo 8 de la Ley en cuestión, sin embargo, no se establecieron mecanismos coercitivos o reglas de asignación presupuestal que garanticen el cumplimiento de estos conceptos y el que los recursos lleguen efectivamente a las mujeres del sector rural», dijo.

Con la reforma al artículo 8 y la adición de una fracción al artículo 16, el legislador del PRI espera que se reactive el «ya de por sí muy abandonado campo por las políticas públicas del gobierno y porque el embate de los grupos criminales provocan que nuestras parcelas se queden sin sembrar y muchos de nuestros campesinos tengan que salir de sus tierras, en algunos casos, son las mujeres las que se quedan al frente de las tareas de sus ranchos».

Memo Valencia recordó que la Ley de Financiamiento Rural para el Estado de Michoacán de Ocampo fue creada en el 2008, y con ella se buscaba establecer un marco jurídico que facilitara recursos financieros accesibles y suficientes para el desarrollo del campo; sin embargo, el impacto real de esta norma no ha sido el esperado por quienes en su momento la aprobaron, como el propio Valencia Reyes.

El priista espera que esta iniciativa con proyecto de decreto pueda abonar a derribar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres en el medio rural y que las tiene sin acceso al crédito.

Exige el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, que Morena y el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, saquen las manos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, UMSNH, porque consideró, ellos están detrás de la huelga de empleados administrativos.

Denunció que uno de los propósitos de este golpeteo político por parte del mandatario estatal, es imponer a personajes como Humberto Urquiza Martínez en la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios de la entidad.

“En Morena todo lo que toca destruye. Morena y el gobernador están detrás de lo que está pasando en la Universidad. Quieren imponer a como dé lugar a Humberto Urquiza como rector. El que anduvo repartiendo lana en todas las comunidades de autogobierno para fomentar la creación de problemas futuros, como rector”, mencionó.

Memo Valencia lamentó lo que atraviesan miles de jóvenes estudiantes, quienes vieron interrumpidas sus clases y actividades presenciales, debido a la huelga de administrativos e indicó que le da mucha pena lo que están haciendo desde el gobierno estatal, “utilizando al Congreso, utilizando todos los espacios que tienen a su alcance este grupúsculo político, para dañar, están dañando a la Universidad”.

Por ello, exigió a Morena sacar las manos de la Universidad. “Saquen las manos de la Universidad Michoacana señores destructores de Morena, de la transformación, esa es destrucción. Quieren destruir la Universidad”.

Finalmente, el líder priista espera que la rectora, Yarabí Ávila sea fuerte, porque enfrentar al gobernador “sin duda es difícil”, pero “ha sido valiente, ha tenido carácter, que lo siga aguantando, yo lamento que entre las patas se están llevando a la Universidad Michoacana”.

El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, responsabilizó al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla por la muerte del activista ambiental y militante priista Lázaro Medina, denunciando un patrón de violencia sistemática contra voces opositoras en Michoacán.

En una declaración que contrasta las celebraciones oficiales con la realidad de inseguridad, Valencia señaló que mientras el gobernador inauguraba el Teleférico de Uruapan, los defensores sociales continúan siendo asesinados. «De nada sirve denunciar cuando el gobierno no asume su responsabilidad», declaró el también diputado local.

Las cifras respaldan la gravedad de la situación: durante el actual sexenio han sido asesinados siete alcaldes, evidenciando que los ataques no se limitan a activistas civiles sino que alcanzan a funcionarios electos. Valencia invocó la Responsabilidad de Proteger, norma internacional que obliga al Estado a garantizar la seguridad ciudadana.

El dirigente priista fue más allá de las críticas locales al acusar que «el crimen organizado está convertido en un instrumento del gobierno para silenciar a los activistas sociales». Esta declaración eleva las acusaciones al sugerir una posible colusión entre autoridades y grupos criminales.

Ante lo que califica como «hechos no aislados», Valencia exigió intervención de organismos internacionales para detener la violencia estatal. «Están matando a nuestras voces, están matando a los defensores de nuestros bosques», enfatizó al referirse específicamente a ambientalistas como Medina.

El caso suma tensión al clima político michoacano, donde la protección de activistas sociales se ha convertido en un tema central del debate público, especialmente cuando se trata de defensores ambientales que enfrentan intereses económicos poderosos en regiones forestales del estado.

En Michoacán no hay seguridad para nadie. Y mucho menos para los ambientalistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales y líderes políticos, declaró el dirigente  estatal del PRI, Memo Valencia, después de que se confirmara la muerte del militante priista y activista social, Lázaro Mendoza.

“Gobernador, deje de ser indolente, póngase a trabajar. Usted anda a toda madre celebrando la inauguración de su Teleférico que le costó muchísimo dinero al pueblo, pero los activistas sociales siguen muriendo. De nada  sirve denunciar, de nada sirve alzar la voz cuando el gobierno no asume su responsabilidad”, recalcó.

Además, recordó que en lo que va del sexenio de Alfredo Ramírez Bedolla, siete alcaldes han sido asesinados.

Asimismo, enfatizó que la Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés), es una norma internacional que obliga al Estado a garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.

“Ya basta de que las voces opositoras al régimen sean silenciadas; no podemos seguir con esto, no son hechos aislados. Están ejecutando a las voces que se atreven a desafiar al gobierno y el crimen organizado está convertido en un instrumento del gobierno para silenciar a los activistas sociales”, acusó.

El también diputado local no solo exigió una investigación inmediata y castigo a los responsables de la muerte del ambientalista Lázaro Mendoza, sino la intervención internacional para detener la ola de violencia que se vive a lo largo y ancho de todo el estado.

“Exigimos justicia, exigimos la intervención de los organismos internacionales, Michoacán, no puede continuar así. Están matando a nuestras voces, están matando a los defensores de nuestros bosques, de nuestros manantiales, a los que alzan la voz por los derechos humanos de las víctimas del crimen organizado y es momento de que se haga algo”, enfatizó.

Finalmente, el presidente del priismo michoacano se solidarizó con la familia del activista que atraviesa momentos de dolor y reiteró el llamado para resolver este caso.

El Congreso de Michoacán expresó su respaldo al Sistema Nacional de Salud anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que promete eliminar las barreras entre instituciones médicas para garantizar atención universal. La diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó la medida como un avance estructural hacia el acceso efectivo a servicios de salud.

El nuevo modelo integra al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y servicios médicos de PEMEX, permitiendo que cualquier persona reciba atención en cualquiera de estas instituciones sin importar su derechohabiencia específica. Esto significa que un trabajador del sector privado podría atenderse en una clínica del ISSSTE, o un jubilado acceder a servicios del IMSS-Bienestar sin las restricciones administrativas actuales.

La implementación comenzó con adultos mayores de 85 años, quienes pueden registrarse del 13 al 30 de abril para obtener una tarjeta de acceso universal. Este grupo prioritario será el primero en beneficiarse del sistema que busca consolidar la salud como derecho fundamental y no como privilegio.

Rivera Camacho anunció que desde su distrito de Zitácuaro impulsará campañas de difusión para facilitar el registro de beneficiarios, en coordinación con la bancada de Morena que encabeza Fabiola Alanís. El proyecto representa un cambio en la lógica del sistema de salud mexicano, que tradicionalmente ha funcionado con esquemas fragmentados según el tipo de empleo o afiliación institucional.

Para los michoacanos, esta transformación podría significar mayor flexibilidad para elegir dónde atenderse y reducir los tiempos de espera al ampliar las opciones disponibles, aunque el éxito dependerá de la coordinación efectiva entre instituciones y la disponibilidad de recursos suficientes.

La bancada del Partido Verde Ecologista en el Congreso de Michoacán alzó la voz ante los recientes ataques contra defensores del medio ambiente en la entidad, exigiendo medidas urgentes de protección por parte de las autoridades estatales.

La diputada Sandra María Arreola Ruiz, en nombre de su grupo parlamentario, denunció desde tribuna que quienes protegen bosques, ríos y territorios michoacanos enfrentan amenazas y agresiones que ponen en riesgo su integridad física. «Cada agresión representa un golpe directo a la defensa colectiva de nuestro entorno», advirtió la legisladora.

El posicionamiento del PVEM surge en un contexto donde los defensores ambientales de México enfrentan niveles alarmantes de violencia. Según organizaciones civiles, el país ocupa uno de los primeros lugares mundiales en asesinatos de activistas ambientales, con casos documentados en estados como Michoacán donde grupos criminales disputan el control de recursos naturales.

La bancada ecologista fue contundente al exigir que las autoridades implementen «mecanismos eficaces de protección con enfoque preventivo, efectivo y territorial». Arreola Ruiz subrayó que proteger a los defensores ambientales «no es una opción, es una obligación del Estado mexicano».

Para los michoacanos, esta problemática cobra especial relevancia considerando que la entidad alberga importantes reservas forestales y recursos hídricos que son fundamentales para el desarrollo sustentable regional. La protección de quienes defienden estos recursos naturales se convierte así en un asunto de interés público que trasciende las fronteras partidistas.

El diputado del PRI, Memo Valencia celebró que, finalmente, tras casi un año de haber sido propuesto, fue aprobado el exhorto para que instituciones del gobierno estatal y autoridades como la FGE, realicen una campaña de prevención del  secuestro virtual y extorsión telefónica que afectan por igual a las y los michoacanos.

Sin embargo, lamentó que a lo largo de estos meses que estuvo en la congeladora la propuesta, miles de michoacanas y michoacanos hayan sido víctimas precisamente de estos dos delitos.

«Lamento mucho porque en casi un año, miles de mujeres y hombres han sido víctimas de este delito que afecta sobre todo a personas mayores, a niños y a los más marginados, que delincuentes sin escrúpulos les roban sus ahorros, y lo que es peor, hacen que se endeuden, que consigan prestado para quitarles el dinero de una forma por demás lamentable», dijo.

Memo Valencia aseguró que el gobierno estatal cuenta con las herramientas necesarias para hacer la campaña propuesta a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de las Secretarías de Educación en el Estado y de Seguridad Pública,  así como de la Fiscalía General del Estado.

«Siempre los niños son los mejores para llevar al hogar y decirle a sus padres cómo operan, el modus operandi de estos delincuentes que llaman por teléfono, que aíslan ya sea al abuelito, a la abuelita, al nieto más chiquito y los hacen que se vayan al monte, poniendo en riesgo su integridad o los encierran en algún motel o algún hotel de la ciudad o del pueblo, porque no hay municipio que esté exento», mencionó.

El también dirigente estatal del PRI, recordó que en la mayoría de los casos, estos delitos no se denuncian y la única forma de hacer un combate real «es educando a nuestros niños, enseñándoles cómo operan los delincuentes para que ellos en su hogar hagan lo mismo».

Finalmente, agradeció a los integrantes de la Comisión de Seguridad quienes dictaminaron la propuesta que fue votada por unanimidad.

Desde el Pleno del Congreso del Estado, llamó el diputado priista Memo Valencia, a las y los legisladores a no ser cómplices de un gobernador omiso ante la violencia que provocan grupos criminales en Michoacán.

Indicó que, por esta omisión del mandatario estatal, se han registrado crímenes como el de Roberto Chávez, ambientalista de Villa Madero.

«Por mucho que el gobernador sea de un partido político, no le quita responsabilidad y que sus compañeros de partido no digan nada, no los hace buenos compañeros de partido, los hace cómplices», recalcó.

Memo Valencia insistió en que «aquí debemos todos de asumir la responsabilidad que nos toca. Vean el desprecio con el que los tratan a ustedes mismos, compañeras y compañeros legisladores de Morena, la soberbia y la arrogancia con la que se conduce el titular del Poder Ejecutivo», dijo.

El dirigente estatal del PRI, les recordó a sus pares que «somos representantes del pueblo, no representantes de los intereses políticos de unas cuantas personas, y hoy el pueblo está bajo el yugo del crimen organizado y debemos hacer algo, es nuestra obligación constitucional».

Recordó que estar del lado del pueblo, no solo es legislar, sino también exigir a las autoridades el cumplimiento de su responsabilidad constitucional de brindar seguridad a todos, sin distingos partidistas.

Expuso como ejemplo, que los integrantes de los Comités de Defensa Ambiental de Madero, Acuitzio y el sur de Morelia, entre ellos, Roberto Chávez, acudieron más de una decena de ocasiones a la Tribuna del Pueblo a solicitar intervención federal y del Estado para frenar delitos ambientales y amenazas de muerte, por parte de dos grupos criminales que asolan sus comunidades, pero no han tenido respuesta alguna, solo la persecución y la muerte.

«Yo los invito, pues, a que vayamos a legislar, no por intereses de las cúpulas de los partidos políticos, por los intereses del pueblo, ese que vive con miedo, que tiene hambre y sed de justicia, ese pueblo de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberíamos de servirle. Y esa es frase de Luis Donaldo Colosio, no mía, pero acudo a esta tribuna para recordarlo y decirles que tenemos la oportunidad de hacer algo», finalizó.

El condenable homicidio del ambientalista, Roberto Chávez Bedolla, demuestra el total fracaso del Plan Michoacán, el cual no ha servido para detener a los verdaderos delincuentes que mantienen asoladas regiones enteras de Michoacán, como Madero, Acuitzio y el sur de Morelia, afirmó el dirigente del PRI, Memo Valencia.

Indicó que la mayoría de michoacanos no conocen más resultados o si aún está vigente el mencionado plan oficialista.

“No sé si el Plan de Michoacán sigue activo, si ya se acabó, si existió o qué pasó, porque la espiral de violencia sigue creciendo. Su pinche Plan Michoacán no ha servido de nada, de absolutamente nada, porque siguen matando a nuestra gente”, lamentó.

Recalcó su solidaridad con los integrantes de los Comités de Defensa Ambiental tanto de Madero, Acuitzio del Canje y del sur de Morelia, a quienes ha acompañado en su lucha en contra de los delitos ambientales cometidos por el crimen organizado en estas zonas, y ante las amenazas hacia los activistas por alzar la voz, mismos que han acudido en 11 ocasiones a la Tribuna del Pueblo a realizar sus denuncias públicas.

Aseguró que las demandas de los ambientalistas no han recibido la debida atención de ninguna autoridad. El dirigente estatal evidenció también que el comandante Juan Bravo Velázquez de la XXI Zona Militar de Morelia, lo dejó plantado junto con los ambientalistas, entre ellos, Roberto Chávez, cuando ya tenían una reunión pactada el pasado 16 de marzo.

“El comandante de la Zona Militar nos dejó plantados. Entonces, ¿qué nos ganamos con la Zona Militar? Si nos hubieran hecho caso en ese momento, tal vez Roberto estaría vivo, y una y otra vez hemos denunciado”, mencionó.

Memo Valencia insistió en que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, es cómplice de los criminales por la omisión en su deber de brindar seguridad a las y los michoacanos, y amparados bajo esa omisión actuaron los delincuentes que le quitaron la vida a Roberto Chávez Bedolla.

“Alfredo Ramírez Bedolla es cómplice de la delincuencia, porque por su omisión está permitiendo que los delincuentes hagan lo que están haciendo, asesinando a nuestros activistas sociales, asesinando a la gente de bien, asesinando a defensores de los bosques y del ambiente como Roberto. ¿Qué sigue?, ¿piensa que por ir a hacer rondines es combatir a los delincuentes? No hay una estrategia integral”, finalizó.