Política

La diputada Fabiola Alanís presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma legal destinada a cerrar las brechas que provocan la impunidad en casos de violencia feminicida en Michoacán, para que toda muerte violenta de mujeres se investigue como feminicidio y se castigue a servidores públicos que obstruyan la justicia en esta materia.
La propuesta establece obligaciones expresas para la autoridad investigadora y se reconoce en el Código Penal del Estado el delito y la sanción para quienes, en el ejercicio de sus funciones, incumplan con la debida diligencia reforzada que estos casos exigen.
La legisladora explicó que la iniciativa responde a una realidad inaceptable, en la que muchas muertes violentas de mujeres no se investigan con perspectiva de género desde el primer momento, y la falta de previsión legal permite que omisiones, retrasos o conductas irregulares de servidores públicos queden sin sanción clara, alimentando la impunidad.
«No podemos permitir que la vida de las mujeres se tome a la ligera. Cada muerte violenta merece investigación exhaustiva y con perspectiva de género desde el primer instante y quien tenga la responsabilidad de procurar justicia y no lo haga, debe enfrentar consecuencias legales», señaló la diputada Fabiola Alanís.
Explicó que la propuesta modifica dos ordenamientos jurídicos, el primero es la reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado para establecer como facultad indelegable de la Fiscalía General del Estado, el garantizar que toda muerte violenta de una mujer, adolescente o niña sea investigada con perspectiva de género y debida diligencia reforzada, bajo la hipótesis de posible feminicidio, incluyendo los casos inicialmente clasificados como suicidio, accidente u otra causa, hasta que esa hipótesis pueda descartarse de manera fundada con los resultados de la investigación.
La segunda reforma, continuó, es al Código Penal del Estado, para crear el delito de negación de justicia por razones de género, que sanciona a la persona servidora pública que, sin causa justificada y con conocimiento de su deber: altere, oculte, destruya, sustraiga o fabrique indicios o evidencias; obstaculice o desvíe líneas de investigación vinculadas con razones de género; retarde u omita actos esenciales de su competencia, menoscabando el acceso a la justicia; y/o favorezca deliberadamente la impunidad de la persona probable responsable.
La diputada Fabiola Alanís subrayó que esta iniciativa no es solo un cambio de letras en la ley, sino un compromiso con la vida y la dignidad de las michoacanas: “las familias no merecen que sus seres queridas sean olvidadas o mal investigadas. El Estado tiene la obligación de cuidar a quienes más vulnerables son y con esta reforma cerramos la puerta a la impunidad y abrimos el camino a una justicia real, pronta y expedita.»

Por unanimidad, las y los legisladores michoacanos aprobaron la renuncia del Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, conforme a lo dispuesto en el artículo 44, fracción XXXVII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
En Sesión Extraordinaria, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura votó a favor el Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Justicia en el que determinó que “toda renuncia es unilateral y voluntaria, pues basta la expresión y el consentimiento de la persona titular del cargo para que se tenga como válida”.
De acuerdo con el Dictamen aprobado, el Congreso del Estado tiene la facultad de aprobar la licencia o renuncia del Fiscal General del Estado y conforme al marco constitucional, no existe mandato que obligue al Fiscal General a permanecer en su encargo hasta el término de su nombramiento, lo que obedece al principio de que el ejercicio de este cargo público, en modo alguno, es una obligación inexcusable o una servidumbre pública.
“Considerando lo anterior, y al no existir impedimento para que el Fiscal General renuncie al cargo, los y las diputadas de esta Comisión de Justicia llegamos a la conclusión de proponer al Pleno la aprobación de la renuncia del Licenciado Carlos Torres Piña como Fiscal General del Estado de Michoacán”, precisa el Dictamen aprobado.
Asimismo se dio a conocer que en el oficio mediante el cual Carlos Torres Piña, renuncia a su cargo, éste señaló que su decisión responde “a una reflexión personal y responsable sobre la siguiente etapa de mi vida pública y a la voluntad de dedicar mis esfuerzos a nuevos proyectos que me permitan contribuir, desde un ámbito más amplio, al bienestar de la ciudadanía michoacana”
En su renuncia, el ahora ex Fiscal General del Estado indicó que por respeto a la autonomía de la Fiscalía y a la naturaleza de sus funciones, consideró que dicha determinación debía acompañarse de su separación definitiva del cargo, “preservando la independencia institucional y la continuidad de la procuración de justicia. Estas son las razones que someto a la consideración de esa Soberanía para que valore y, en su caso, tenga por justificada la presente renuncia”.
En su texto, expresó su agradecimiento al Congreso del Estado por la confianza depositada para encabezar una de las responsabilidades más sensibles del servicio público. “Asumí esta encomienda con plena conciencia de su importancia y con el compromiso de trabajar por una Fiscalía cercana a las personas, firme en el cumplimiento de la ley y orientada a responder a las necesidades de quienes acuden a ella en busca de justicia”.
“Presento esta renuncia con gratitud por la oportunidad de servir, y con profundo respeto a las instituciones. Reitero mi disposición para cumplir las obligaciones de entrega-recepción, rendición de cuentas y demás actuaciones que correspondan, facilitando una transición ordenada que contribuya a preservar la continuidad del servicio y la atención de los asuntos a cargo de la Fiscalía”, puntualizó. –

Con el objeto de garantizar en todo momento la autonomía sindical el Congreso del Estado adicionó un artículo 69 Quáter a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, y un artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo.
Además se dejó establecido las sanciones a las que todo Servidor Público se puede hacer acreedor en caso de querer intervenir en las decisiones y vida interna de los sindicatos, mismas que pueden ir desde la suspensión, inhabilitación de uno a 20 años y destitución además de enfrentar sanciones económicas y en su caso responsabilidades políticas o penales, buscando evitar con ello abusos y corrupción, garantizando con ello que la vida sindical se respete y no sea intervenida por el poder político.
De la misma forma, se especificaron los actos que se entenderán como de injerencia sindical, entre los que destacan: Coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical, o para votar por una planilla, dirigente o sindicato determinado.
Además de Ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical; Obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo; Condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical; Ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical, entre otros.

El Congreso del Estado exhortó al Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a que actualice la norma “NOM-194-SE-2021, Dispositivos de Seguridad para Vehículos Ligeros Nuevos-Requisitos y Especificaciones”, con la finalidad de fortalecer los requisitos técnicos aplicables a los sistemas antirrobo de los vehículos ligeros nuevos comercializados en el país.
A propuesta del diputado Guillermo Valencia Reyes, el Pleno del Poder Legislativo votó a favor de exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y, en su caso, impulse la actualización de la NOM-194-SE-2021, con el propósito de fortalecer los requisitos técnicos aplicables a los sistemas antirrobo de los vehículos ligeros nuevos comercializados en México.
Solicitando que valore la pertinencia de establecer requisitos mínimos obligatorios de seguridad antirrobo para los vehículos nuevos, considerando estándares internacionales y mecanismos tecnológicos actuales de vulneración de sistemas electrónicos de acceso y arranque.
De igual forma, el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo invitó respetuosamente a Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V., y Honda de México, S.A. de C.V., a implementar, dentro de sus respectivas capacidades técnicas y comerciales, medidas adicionales de protección contra el robo de vehículos, particularmente en aquellos modelos respecto de los cuales existan reportes o evidencia técnica de vulnerabilidad frente a métodos electrónicos de sustracción.
En su Exposición de Motivos, Valencia Reyes argumentó que el robo de vehículos constituye uno de los delitos patrimoniales que mayor impacto genera en las familias, empresas y actividades productivas de Michoacán.
“No se trata únicamente de la pérdida de un bien material: el robo de un automóvil puede representar la pérdida de patrimonio familiar, una herramienta de trabajo, una fuente de ingresos y, en numerosos casos, un riesgo directo para la integridad física de las víctimas”, detalló.
Agregó que la evolución tecnológica de la delincuencia ha modificado sustancialmente las modalidades tradicionales de robo de vehículos. “A los métodos mecánicos utilizados históricamente se han sumado mecanismos electrónicos capaces de vulnerar sistemas de apertura, inmovilización y encendido de determinadas unidades”.
Explicó que la norma NOM-194-SE-2021 ubica los sistemas antirrobo dentro de los denominados “elementos adicionales de seguridad” y señala que dichos dispositivos pueden incorporarse de manera voluntaria, por lo que la colocación de sistemas de seguridad es opcional.
Ante ello, “propongo exhortar al Titular de la Secretaría de Economía Federal para que actualice las normas técnicas aplicables a los vehículos nuevos en materia de obligatoriedad de medidas tecnológicas de seguridad antirrobo, así como el fortalecimiento de los procedimientos de evaluación de éstas”, puntualizó.

La Septuagésima Sexta Legislatura a través de reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes así como a Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Michoacán, buscan prevenir la normalización de la violencia desde la infancia, promoviendo entornos recreativos acordes con los principios de cultura de paz, respeto, convivencia armónica y desarrollo integral.
A propuesta de las comisiones unidas de Protección a la Niñez y Adolescencia; y de Seguridad Pública y Protección Civil, sobre la iniciativa de Sandra Olimpia Garibay Esquivel, las y los diputados votaron a favor de fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia desde edades tempranas.
También, para fomentar acciones educativas y de sensibilización dirigidas a las familias, instituciones educativas y sociedad en general, a fin de promover ambientes propicios para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, para fortalecer la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes mediante la incorporación de disposiciones encaminadas a prevenir la normalización de la violencia desde la infancia, particularmente aquella asociada al uso, promoción y distribución de juguetes con características bélicas.
Asimismo, busca impulsar acciones institucionales orientadas a la construcción de una cultura de paz, el fortalecimiento de valores de convivencia pacífica y la promoción de entornos seguros para el desarrollo integral de las personas menores de edad.
Conforme a las nuevas disposiciones, el Sistema Estatal de Protección Integral deberá implementar acciones de información, difusión y sensibilización dirigidas a las familias, instituciones educativas y sociedad en general sobre la importancia de promover entornos de convivencia pacífica y actividades recreativas orientadas al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.
Con reformas a las fracciones V y VI del artículo 12 Bis de la Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Michoacán, se mandata el fomento de entornos familiares libres de violencia mediante la promoción de prácticas de crianza positiva, respeto mutuo y resolución pacífica de conflictos.
También, implementar campañas de sensibilización dirigidas a madres, padres, personas tutoras y cuidadoras sobre la importancia de promover actividades recreativas que fortalezcan valores de paz, respeto, convivencia y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Con la finalidad de que la Secretaría de Educación garantice la atención inmediata e implemente medidas de protección internas para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar frente a situaciones de violencia que pongan en riesgo la vida o la salud, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó diversas reformas a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública ambas del estado de Michoacán de Ocampo.
Con estas reformas se fortalecen los protocolos que existen para la atención de la violencia escolar para que contemplen acciones inmediatas ante situaciones de amenaza o violencia que pongan en riesgo la vida o integridad de la comunidad educativa, estableciendo medidas de protección internas y resguardo.
En ese sentido, los protocolos deberán contemplar una coordinación estrecha y eficiente entre las autoridades educativas y las de seguridad pública, con el fin de que implemente estrategias de prevención del delito en entornos escolares.
Con estas reformas también se dota de herramientas al Poder Ejecutivo para que, de manera significativa y decidida, atienda la violencia escolar que pueda presentarse en los planteles educativos.

El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, reformar los artículos 2º y 152 del Código Familiar; y de la Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo.
Con estas reformas, se reconoce y establece en la legislación local el deber de las personas integrantes de la familia de proporcionar cuidados a quienes se encuentren en situación de dependencia, tales como niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad o cualquier otra que, por circunstancias físicas, psicológicas, económicas o sociales, requiera apoyo para el ejercicio pleno de sus derechos y el libre desarrollo de una vida digna.
De la misma forma, esta propuesta incorpora el reconocimiento de la denominada “doble jornada” de aquellas personas que, además de desempeñar un trabajo remunerado, realizan de manera cotidiana labores domésticas y de cuidado dentro del hogar, visibilizando una realidad que ha recaído de forma desproporcionada sobre las mujeres.
En ese sentido, también se establece que “el Estado promoverá el reconocimiento, la reducción y la redistribución equitativa de los trabajos de cuidados, impulsando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, así como entre el Estado, las familias y la comunidad, además de que, deberá fomentar la transformación de la división sexual del trabajo que asigna desproporcionadamente a las mujeres las labores domésticas y de cuidados, lo cual genera desigualdades estructurales de género que perpetúan ciclos de pobreza, exclusión y discriminación. El objetivo será avanzar hacia una igualdad sustantiva y estructural entre mujeres y hombres”.
Con estas reformas se fortalecen y armonizan el marco normativo estatal con los avances legislativos nacionales en materia de igualdad sustantiva, derechos de cuidado y distribución equitativa de las responsabilidades familiares.

El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa para que las leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado cuenten con explicaciones en lenguaje claro, accesible e incluyente, con el objetivo de facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía.
Durante su exposición, señaló que hablar de una reforma legislativa no debe significar únicamente hablar de artículos, fracciones o procedimientos, sino de las personas, pues detrás de cada ley hay ciudadanas, ciudadanos, familias, comunidades, productores, trabajadores, niñas, niños y personas adultas mayores que tienen derecho a conocerla.
Chávez destacó que, aunque el lenguaje técnico es necesario para garantizar precisión jurídica, eso no debe impedir que la ciudadanía entienda el contenido de una norma, especialmente cuando modifica derechos, obligaciones, trámites o responsabilidades.
La iniciativa plantea que, junto con el contenido jurídico de una ley o decreto, exista una explicación en lenguaje claro sobre sus principales alcances, además de que esta información pueda llegar a comunidades indígenas mediante síntesis en sus lenguas originarias, como una forma de inclusión y acceso real a la información.
Finalmente, el legislador afirmó que esta propuesta fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de legalidad, al pasar de una lógica de “publicar para informar” a una de “explicar para que la ciudadanía comprenda”; “legislar también es comunicar y comunicar con claridad es una forma de respetar a la ciudadanía”, subrayó.

El diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa para que las leyes y decretos aprobados por el Congreso del Estado cuenten con explicaciones en lenguaje claro, accesible e incluyente, con el objetivo de facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía.
Durante su exposición, señaló que hablar de una reforma legislativa no debe significar únicamente hablar de artículos, fracciones o procedimientos, sino de las personas, pues detrás de cada ley hay ciudadanas, ciudadanos, familias, comunidades, productores, trabajadores, niñas, niños y personas adultas mayores que tienen derecho a conocerla.
Chávez destacó que, aunque el lenguaje técnico es necesario para garantizar precisión jurídica, eso no debe impedir que la ciudadanía entienda el contenido de una norma, especialmente cuando modifica derechos, obligaciones, trámites o responsabilidades.
La iniciativa plantea que, junto con el contenido jurídico de una ley o decreto, exista una explicación en lenguaje claro sobre sus principales alcances, además de que esta información pueda llegar a comunidades indígenas mediante síntesis en sus lenguas originarias, como una forma de inclusión y acceso real a la información.
Finalmente, el legislador afirmó que esta propuesta fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de legalidad, al pasar de una lógica de “publicar para informar” a una de “explicar para que la ciudadanía comprenda”; “legislar también es comunicar y comunicar con claridad es una forma de respetar a la ciudadanía”, subrayó.

El Congreso del Estado aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 82,116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los Poderes Ejecutivo Federal y Locales.
Durante la Sesión Extraordinaria celebrada este jueves, las y los legisladores locales debatieron y discutieron dicha minuta, en donde cada uno expuso los motivos de su voto, en donde dicha minuta fue aprobada con 22 votos a favor.
Con esta reforma constitucional se establece que para ser presidente o presidenta de México, se tiene que ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo o hija de padre o madre mexicanos; no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la Ley, y haber residido en el país al menos durante 20 años.
Además, especifica que “quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana, además de que quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documentos de identificación expedidos por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante este y el acogerse a su protección diplomática.
De la misma forma se aplica esta prohibición para quienes aspiren a ser gobernador o gobernadora, aunado a ello, también deberán ser nativos del estado que desean representar o con residencia allí no menor de cinco años cumplidos al día de la elección, así como tener 30 años cumplidos el día de la elección.
Lo dispuesto en este Decreto será aplicable a partir del proceso electoral correspondiente al año 2028 y no será aplicable a quienes se encuentren en ejercicio de los cargos de presidente o presidenta y de gobernador o gobernadora, a la fecha de su entrada en vigor.

El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, participó en la reunión de Comisiones Unidas de Educación y de Derechos Indígenas y Afromexicanos, en la que se analizaron los trabajos legislativos encaminados al cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en estas materias.
En el encuentro participó el Mtro. Fermín Santiago Santiago, secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN, con quien las y los legisladores intercambiaron planteamientos respecto de los procedimientos que debe desarrollar el Congreso para atender las determinaciones del máximo tribunal del país.
“Desde el Congreso de Michoacán tenemos la responsabilidad de construir leyes que no solamente cumplan con los procedimientos constitucionales, sino que garanticen plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. El diálogo institucional con la Suprema Corte nos permite avanzar con certeza jurídica”, señaló Baltazar Gaona.
En la reunión participaron también las diputadas Giuliana Bugarini Torres y Xóchitl Ruiz González, así como los diputados Conrado Paz Torres, Antonio Carreño Sosa y Carlos Bautista Tafolla, quienes abordaron los trabajos que se desarrollan desde las comisiones legislativas para avanzar en los procesos relacionados con educación y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Baltazar Gaona destacó que el Poder Legislativo debe garantizar que los procesos de consulta se desarrollen con responsabilidad, inclusión y respeto a los derechos reconocidos constitucionalmente. “Tenemos que hacer las cosas bien, escuchar a las comunidades y construir desde el Congreso una legislación que tenga sustento jurídico, pero sobre todo legitimidad social. Cumplir las resoluciones de la Corte también significa garantizar derechos”, afirmó.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva destacó la disposición de mantener una coordinación institucional respetuosa entre el Congreso del Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que Michoacán avance en la armonización de su marco jurídico y en la construcción de disposiciones que reconozcan la diversidad cultural y garanticen plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Durante el último año legislativo, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Abraham Espinoza Villa, aseveró que se enfocó a consolidar una agenda encaminada en “atender necesidades sociales y generar herramientas que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias michoacanas”.
Como presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Espinoza Villa participó en el análisis y discusión de temas relacionados con la atención médica y la prevención, al tiempo que promovió acciones para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Entre las propuestas impulsadas durante este periodo destaca la iniciativa para que estudiantes de psicología, trabajo social, pedagogía y enfermería comunitaria puedan realizar su servicio social en escuelas públicas, con actividades de prevención, orientación y detección temprana de factores de riesgo emocional.
La agenda familiar también ocupó un lugar central en su trabajo legislativo. El diputado presentó propuestas relacionadas con la adopción intrafamiliar y la posibilidad de reconocer jurídicamente vínculos familiares que ya existen en los hechos, además de impulsar medidas para proteger el derecho de niñas, niños y adolescentes a mantener relaciones familiares sanas.
En materia educativa y juvenil, planteó mecanismos para vincular la formación universitaria con las necesidades de las comunidades, particularmente mediante programas de servicio social que puedan contribuir a la atención de estudiantes y a la solución de problemáticas sociales y ambientales.
El medio ambiente también formó parte de esta agenda. Espinoza Villa propuso aprovechar el servicio social de jóvenes universitarios como una herramienta para impulsar acciones de reforestación, limpieza de cuerpos de agua, captación de agua y promoción de energías limpias, con una visión de participación ciudadana y desarrollo sostenible.
Asimismo, presentó una propuesta para reconocer la validez jurídica de documentos viales digitales, como la licencia de conducir y la tarjeta de circulación, con el objetivo de facilitar trámites y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para la ciudadanía.
“Cada iniciativa parte de escuchar a la gente y buscar que sus necesidades puedan convertirse en soluciones desde el Congreso. Nuestro compromiso es mantener una agenda cercana, responsable y con resultados para las familias michoacanas”, afirmó el legislador.
Abraham Espinoza Villa señaló que continuará trabajando desde el Congreso del Estado para fortalecer una agenda que coloque en el centro a las familias, las juventudes, la salud, la educación, la inclusión y el cuidado del medio ambiente.
“La tarea legislativa no termina en presentar iniciativas; debemos acompañarlas, construir acuerdos y trabajar para que las propuestas se traduzcan en beneficios reales para Michoacán”, puntualizó.