El Congreso de Michoacán está a punto de dar un paso histórico en la protección de derechos LGBTIQ+. Esta semana se presentará una iniciativa que tipificará como delito las prácticas de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género, con especial énfasis en prohibir las llamadas ‘terapias de conversión’.
La propuesta, impulsada por el diputado petista Hugo Rangel tras meses de trabajo con colectivos locales, establece penas de 2 a 6 años de prisión y multas de hasta 2 mil UMAs para quienes sometan a personas a estos procedimientos. Las sanciones se endurecen significativamente cuando las víctimas son menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad: en estos casos, la pena podría alcanzar hasta 12 años de cárcel y multas de 4 mil UMAs.
Las cifras justifican la urgencia de esta legislación. Según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, casi 1 de cada 10 personas no heterosexuales y 14% de las personas trans han sido forzadas a ‘tratamientos’ para cambiar su orientación o identidad de género. Estas prácticas, rechazadas por organizaciones médicas internacionales, pueden causar depresión, ansiedad e incluso tendencias suicidas.
La iniciativa también contempla la creación de un Plan de Aceptación Familiar como política pública estatal, que brindaría herramientas y acompañamiento a familias de jóvenes LGBTIQ+. Esta medida reconoce que el apoyo familiar es crucial para el bienestar de niñas, niños y adolescentes de la diversidad sexual.
Si se aprueba, Michoacán se sumaría a otros estados que ya han prohibido estas prácticas, aunque su aplicación sigue siendo un desafío a nivel nacional. El proyecto es resultado directo del diálogo entre legisladores y organizaciones civiles que han trabajado durante años en la defensa de derechos LGBTIQ+ en la entidad.