El Congreso de Michoacán aprobó una nueva Ley de Protección de Datos Personales que reemplaza la normativa vigente desde 2017, con el objetivo de modernizar la protección de información personal de los ciudadanos ante las instituciones públicas estatales.
La nueva legislación establece que la vigilancia del cumplimiento estará a cargo de los órganos internos de control o contralorías de cada institución pública, abarcando los tres poderes del estado y organismos autónomos. Esto significa que cada dependencia será responsable de proteger los datos personales que maneja en sus procesos administrativos.
Un aspecto relevante de la ley es que define casos específicos donde las autoridades pueden procesar datos personales sin consentimiento del titular, como cuando existe una resolución legal, cuando se protegen derechos de terceros, o cuando se requiere para actuaciones judiciales o administrativas. Esto busca equilibrar la protección de datos con las necesidades operativas del gobierno.
La normativa también endurece las sanciones para funcionarios que usen, divulguen o alteren indebidamente datos personales bajo su custodia. Las multas económicas que se impongan no podrán pagarse con recursos públicos, lo que significa que los responsables deberán cubrirlas con su propio dinero.
Las comisiones de Gobernación y Derechos Humanos trabajaron en armonizar esta ley con el marco federal, buscando crear uniformidad en los estándares de protección en todo el país y dar mayor seguridad jurídica tanto a las instituciones como a los ciudadanos michoacanos.