El Congreso del Estado de Michoacán discutirá en una segunda sesión un tema de alto impacto nacional: la aprobación de la minuta que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio, con el objetivo de establecer una legislación general uniforme en todo el país.
La propuesta no es menor. Se trata de modificar el artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio, lo que implicaría un cambio estructural en la forma en que este delito se investiga, sanciona y persigue en México.
El problema de fondo: desigualdad en la justicia
Actualmente, el feminicidio no se investiga ni se sanciona igual en todo el país. Cada estado tiene su propia legislación, lo que genera criterios distintos, dificultades probatorias y niveles de impunidad variables.
De acuerdo con el dictamen, esta fragmentación ha provocado que delitos similares se castiguen de manera distinta dependiendo de la entidad, con penas que pueden variar entre 40 y 60 años, además de inconsistencias en la forma de acreditar razones de género.
Esto no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también debilita la coordinación entre autoridades y limita el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
Un cambio de paradigma: de lo local a lo nacional
La reforma busca transitar de un modelo fragmentado a uno homologado a nivel nacional, donde exista un tipo penal uniforme, criterios claros y coordinación entre instituciones.
Además, responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y violencia de género, incluyendo criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El dictamen también reconoce que el feminicidio no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural: en México, 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia.
