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Diputada Brissa Arroyo plantea reconocer el tipo de violencia feminicida en la Ley

By Legislativo
Como parte de la agenda legislativa, la diputada local Brissa Arroyo, planteó que se reconozca legalmente como un tipo de violencia, la feminicida.
En la máxima tribuna del estado, la Congresista argumentó que, la violencia feminicida no se limita al número de asesinatos de mujeres, sino que representa un conjunto de violaciones a sus Derechos Humanos, porque implica  desapariciones, torturas, agresiones, así como otras prácticas que atentan contra la integridad y libertad.
Con afectaciones a la familia, a las víctimas indirectas, a tantas niñas y niños cuya madre fue víctima de estos delitos y se encuentran en la orfandad. La violencia feminicida es un tipo de violencia extrema que atenta contra la vida y la dignidad de las mujeres.
“Es un problema que requiere una atención especializada y una respuesta integral”, afirmó la diputada local.
Es la consecuencia de la violación reiterada y sistemática a los derechos humanos de todas, solo por el hecho de ser mujeres; además, esta forma de violencia extrema está legitimada y naturalizada por la percepción social que desvaloriza y degrada a las mujeres, que considera su cuerpo como objeto prescindible y que inhabilita el derecho a ejercer justicia desde los estereotipos.
La brutalidad en aumento que caracteriza cada uno de los asesinatos que hoy lamentamos y la impunidad que nos alienta a alzar la voz, ponen de manifiesto la falta de garantías para la protección del derecho a la vida, la integridad y la libertad de las mujeres.
Arroyo Martínez profundizó que, entender esta violencia radica en la interrelación de modalidades y tipos de ella que, si se abordan de manera aislada y sin perspectiva de género, pueden desencadenar efectos extremos y desembocar en la innecesaria y prevenible muerte de tantas niñas, adolescentes y mujeres.
 Es decir, – agregó-, reconocerla como una serie progresiva de violencias y atacarla de forma integral puede evitar el feminicidio.
La diferenciación técnica de nuestra legislación actual establece como tipos de violencias: la psicológica, económica, patrimonial, física y sexual, destacando los diferentes efectos que la violencia tiene en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas; además, contempla en las modalidades de violencia los ámbitos familiar, laboral, docente, comunitario e institucional para su distinción, lo que es un gran avance.
Sin embargo, la legislación actual, únicamente contempla el termino de violencia feminicida en el artículo 6 como parte de las definiciones que maneja esta ley para su entendimiento, sin embargo, resulta necesario reconocerla y establecerla como un tipo de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, sin estar armonizada con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“Esta inclusión permitirá establecer como un tipo la violencia feminicida, lo que permitiría una persecución más efectiva de los responsables; establecer medidas de prevención y protección específicas para las mujeres en situación de riesgo ”, argumentó la Legisladora.
Por lo anterior, se propone reformar la fracción XII, recorriendo al subsecuente su contenido original en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán de Ocampo.
Quedando como sigue: XII Violencia feminicida: Es aquella extrema y brutal violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, en cualquier ámbito, consistente en un proceso continuo de agresiones o manifestaciones de odio y discriminación, de diferente intensidad de tipo ascendente que, no necesariamente implica la muerte de la mujer, pero que la coloca en una situación de riesgo latente de afrontar una muerte violenta u otras formas de muerte evitables, producto de la violación a sus derechos humanos;
XIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad, la salud y la libertad de las mujeres.

Grecia Aguilar presenta iniciativa para garantizar flexibilidad laboral y fomentar la crianza activa

By Legislativo

Consciente de que las leyes deben responder a los retos sociales actuales y no ser ajenas a la vida cotidiana de las personas, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa que busca garantizar, por ley, el derecho de las y los servidores públicos a conciliar su vida laboral con su vida familiar.

La propuesta plantea la adición del artículo 23 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, reconociendo como un derecho laboral la adopción de medidas que permitan una relación armónica entre el empleo y la crianza, siempre que el servicio público lo permita.

Durante su intervención ante el Pleno, la legisladora destacó que esta propuesta busca humanizar las leyes y responder a la realidad de miles de madres y padres michoacanos que enfrentan dificultades para participar activamente en la vida de sus hijas e hijos debido a la rigidez de sus jornadas laborales.

La iniciativa establece con claridad que, “las y los trabajadores tienen derecho a que los patrones, en caso de que el servicio público lo permita, adopten medidas para favorecer la compatibilización del trabajo con la vida familiar, tales como la flexibilidad laboral, el teletrabajo, horarios mixtos, entre otras, que les permitan desarrollar una carrera profesional plena sin renunciar al derecho al cuidado de su familia y a una crianza presente y activa de sus hijos e hijas.”

Grecia Aguilar explicó que no se trata de crear privilegios, sino de establecer condiciones justas para que hombres y mujeres puedan compartir las responsabilidades del hogar y del cuidado, sin miedo a perder sus empleos ni a ser sancionados por ello.

“Ser madre o padre presente no debe ser un privilegio, sino un derecho. Esta reforma también reconoce a los hombres como cuidadores y promueve una cultura de corresponsabilidad que fortalezca el tejido social desde su núcleo: la familia”, afirmó.

La diputada aclaró que la propuesta no implica gasto adicional ni afecta la eficiencia del servicio público, ya que su implementación dependerá de las posibilidades operativas de cada institución.

Finalmente, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta propuesta con visión de futuro, empatía y responsabilidad. «Legislar también es cuidar. Legislar también es proteger lo esencial. Les pido su respaldo, no por mí, sino por todas esas familias que necesitan tiempo, espacio y dignidad para convivir y crecer juntas.”

 

Eréndira Isauro propone incorporar perspectiva de infancia en la legislación estatal

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La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, presentó una iniciativa ante el Pleno del Congreso del Estado para que en la legislación estatal se establezca de manera explícita la obligación de juzgar con perspectiva de infancia en todos los procesos judiciales donde se vean involucrados los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante su intervención en el Congreso de Michoacán, la legisladora señaló que la Ley Estatal ya contempla la transversalidad de la perspectiva de infancia en programas y políticas públicas, pero enfatizó la importancia de que las autoridades judiciales apliquen esta visión en juicios y controversias, conforme a los protocolos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Cuando hacemos alusión a la perspectiva de infancia, nos referimos a que los derechos humanos de este grupo considerado vulnerable y protegidos por la Constitución deben resguardarse tomando en cuenta las desigualdades que enfrentan”, expresó Isauro Hernández.

La diputada explicó que esta perspectiva no solo aplicaría en materia penal, sino también en procedimientos agrarios, civiles, familiares, electorales y cualquier otro donde se involucren derechos de menores. “No se trata de que las autoridades no juzguen con perspectiva de infancia, sino de que esta obligación quede claramente establecida en la legislación estatal, como sucede con la perspectiva de género en la legislación federal”, agregó.

La propuesta contempla agregar un artículo 54 bis a la Ley Estatal, para garantizar un debido proceso que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a la Convención de los Derechos del Niño.

Isauro Hernández hizo un llamado a la sensibilidad y responsabilidad de los legisladores para atender con prioridad y compromiso los casos que afectan la integridad física y psicológica de la infancia, y concluyó: “Esperamos que esta iniciativa se estudie, analice y dictamine en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes, que son los verdaderos protagonistas y merecen justicia con perspectiva”.

 

Propone Fabiola Alanís aumentar penas a feminicidas en Michoacán

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El feminicidio se mantiene como uno de los retos más desafiantes y es urgente garantizar que se prevenga, se atienda y se sancione para erradicar todo tipo de impunidad en estos delitos, apuntó la diputada Fabiola Alanís Sámano, al presentar la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Michoacán en materia de feminicidio, que incluye el aumento de las penas para feminicidas.

Este jueves, ante el pleno del Congreso estatal, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena destacó la necesidad de que las fiscalías especializadas para investigar delitos de género funcionen de manera adecuada y con la capacitación suficiente para que realmente contribuyan al acceso a la justicia de las víctimas indirectas.

“Necesitamos trabajar para que no queden impunes estos delitos porque (…) una sentencia bien dada (…) conforme a derecho, más que una medida punitiva es un mensaje altamente pedagógico para decirles no pueden seguir asesinando a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes”, puntualizó la diputada Fabiola Alanís.

Al argumentar la problemática, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal refirió que en los primeros cinco meses del año ya se acumularon 276 casos de feminicidio en todo el país y en 70 de ellos, las víctimas fueron niñas y adolescentes. Respecto a Michoacán, dijo, la problemática se enfoca a la falta de investigación de los asesinatos de mujeres con el protocolo de feminicidio, pues apenas uno de cada 10 casos se investiga como feminicidio.

Cabe destacar que la iniciativa presentada por la diputada Fabiola Alanís para reformar el Código Penal michoacano consiste en tres puntos fundamentales: primero, tipificar al feminicidio como un delito autónomo y establecer que toda investigación de este delito se realice con perspectiva de género; segundo, implementar un esquema de protección inmediata para las víctimas indirectas; y, tercero, aumentar las penas mínimas para feminicidas a 40 años, a diferencia de los 25 años que actualmente se establecen como el mínimo; y se mantendría el máximo en 60 años, con agravantes que pueden aumentar hasta en una tercera parte la pena.

 

Congreso del Estado otorga autonomía a los institutos electorales

By Legislativo

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura otorgó plena autonomía técnica, de gestión y presupuestaria a los Órganos Internos de Control del Instituto Electoral del Michoacán y al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, así como a sus órganos internos de control, al aprobar reformas al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Durante Sesión Ordinaria, las y los legisladores votaron a favor de reformar los artículos 48, 49, 50, 64, 69, 269, 270, 271 y 272, y derogar el 273, con lo que a fin de garantizar que las funciones de fiscalización y sanción se realicen sin interferencias de los órganos que supervisan.

Con el Dictamen puesto a consideración del Pleno por parte de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, se armoniza el Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, evitando contradicciones normativas y garantizando la aplicación de un régimen homogéneo de responsabilidades administrativas.

Con la reforma, se refuerza la rendición de cuentas mediante la obligación del titular del Órgano Interno de Control de presentar informes semestrales y anuales ante el Congreso del Estado y los órganos correspondientes, lo que permitirá una supervisión efectiva del uso de recursos públicos y del desempeño de sus funciones.

De igual forma, se establece que las sanciones y procedimientos administrativos se rijan exclusivamente por la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, eliminando disposiciones duplicadas o contradictorias dentro del Código Electoral.

Con la aprobación de esta reforma, se fortalece el esquema de fiscalización y control en el ámbito electoral, garantizando que los recursos públicos asignados al IEM y al TEEM sean administrados de manera eficiente y transparente. Asimismo, se consolida la independencia de los Órganos Internos de Control, evitando cualquier injerencia indebida que pudiera comprometer la imparcialidad de sus actuaciones.

“La transparencia y la rendición de cuentas no solo son obligaciones legales, sino también condiciones esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Esta reforma permitirá que el sistema electoral de Michoacán cuente con un marco normativo sólido, alineado con los estándares nacionales en materia de fiscalización y combate a la corrupción”, precisa el Dictamen aprobado.

 

Celebra Hugo Rangel respaldo a reforma para proteger pensiones de adultos mayores

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“Es un paso decisivo hacia la justicia social, la aprobación por unanimidad de la reforma legal que convierte en delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar”, remarcó el diputado Hugo Rangel Vargas, impulsor de la reforma.

Esta reforma que avaló el pleno del Congreso del Estado también fue respaldada por la diputada Anabet Franco Carrizales (MORENA), y establece penas de cárcel para quienes, aprovechando una relación de confianza, dispongan de los recursos de personas adultas mayores o con discapacidad sin su consentimiento.

Las sanciones incluyen entre 6 y 11 años de prisión, multas de hasta 100 UMAs y la obligación de reparar el daño. La reforma también obliga a los municipios a proporcionar asesoría jurídica gratuita y acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de violencia económica, mediante una modificación a la Ley Orgánica Municipal.

“La vejez no puede seguir siendo un terreno fértil para el abuso. Lo que hoy aprobamos es una línea clara entre el derecho y la impunidad”, declaró Hugo Rangel, quien además recordó que durante su paso por la Secretaría del Bienestar, documentó múltiples casos en los que familiares o personas cercanas retiraban el dinero de adultos mayores con engaños o bajo presión.

“El aumento en los casos de abuso económico está respaldado por datos oficiales. Solo en Morelia, las denuncias por este delito se han triplicado en dos años. Muchas de ellas involucran el uso fraudulento de las tarjetas del Bienestar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este tipo de maltrato tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de las víctimas”, explicó el legislador.

Con esta aprobación, detalló, “Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en materia de protección legal a las personas mayores. Más de 588 mil adultos mayores reciben la pensión del Bienestar en el estado, lo que representa una inversión pública de más de 3 mil 650 millones de pesos cada bimestre”.

“Este apoyo no es un favor ni una dádiva: es un derecho constitucional. Y hoy, ese derecho se defiende con todo el peso de la ley”, subrayó el legislador petista.

 

Garantizar intérpretes de señas en todas las oficinas públicas, propone Vanhe Caratachea

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La diputada local Vanhe Caratachea presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado, con el objetivo de garantizar la presencia permanente de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) o personal capacitado en todas las oficinas públicas que atienden a la ciudadanía.

La propuesta consiste en establecer la obligación para los tres poderes del Estado, órganos autónomos y gobiernos municipales de asegurar la atención accesible a personas con discapacidad auditiva en los trámites a realizar ante las instancias, como pago del agua, tramitar un acta de nacimiento, licencias, registros catastrales, entre otros.

“La lengua de señas no es una cortesía ni un favor. Es una lengua con la misma legitimidad que cualquier otra, y es el derecho de miles de michoacanas y michoacanos que hasta hoy siguen enfrentando el silencio de un Estado que no sabe cómo hablarles”, expresó la diputada desde tribuna.

La legisladora aseguró que la iniciativa no representa una carga económica desproporcionada, ya que puede implementarse de forma gradual, mediante convenios, capacitación y ajustes institucionales razonables. “No hablamos de ocurrencias ni de excesos, hablamos de justicia social”, subrayó.

Durante la presentación, la legisladora reconoció la participación de Yareni Karla Pérez, presidenta de la Asociación Michoacana de Intérpretes de LSM, y de Alexa Yarabi Paniagua, hija de padres con discapacidad auditiva que participó en el Parlamento Infantil 2025 y cuya vivencia inspiró directamente esta propuesta legislativa.

“La inclusión real no puede esperar. Con esta reforma, Michoacán daría un paso firme hacia un trato digno, equitativo y accesible para todas las personas con discapacidad auditiva. Es tiempo de que su voz, aunque no sea verbal, sea plenamente escuchada por el Estado”, finalizó.

 

Toño Carreño presentó iniciativa contra la violencia obstétrica

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“La violencia obstétrica lamentablemente ha sido normalizada e invisibilizada en el sistema de salud, por ello, debe ser erradicada en su totalidad”, advirtió el diputado Toño Carreño Sosa.

En ese sentido, el legislador de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa de reforma a la ley de salud, al considerar la violencia obstétrica como una forma de violencia en contra de las mujeres.

Las cifras son claras y dolorosas, sentenció en tribuna; en Michoacán, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del INEGI, el 32 por ciento de las mujeres, reportaron haber sido víctimas de violencia obstétrica, es decir, casi una de cada tres mujeres ha enfrentado maltrato o humillaciones.

Incluso, agregó Toño Carreño, procedimientos sin consentimiento o negación de atención médica durante el embarazo, el parto o el puerperio. «Y lo peor estas cifras superan el promedio nacional”, dijo.

Esta realidad, dijo, no es un hecho aislado, es parte de un sistema institucional que ha permitido prácticas deshumanizantes dentro de los servicios de salud, particularmente contra las mujeres, en su etapa más vulnerable: cuando están por dar vida.

Lo anterior, agregó el diputado de la bancada naranja, se agrava en zonas rurales o indígenas, así que se debe erradicar; “no podemos seguir tolerando que se les grite, que se les niegue información, que se les someta a cesáreas innecesarias o se les practiquen intervenciones sin su consentimiento”.

De esta manera, dijo, la iniciativa presentada tiene dos objetivos fundamentales; reconocer de forma expresa la violencia obstétrica como una modalidad específica de violencia de género dentro de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

Además, reformar la Ley de Salud para que se garantice un protocolo de atención con enfoque de parto humanizado, basado en los derechos humanos, la autonomía, el consentimiento informado y el trato digno.

Lo anterior, finalizó, a través del diseño de políticas públicas específicas, que supervise los centros de reproducción asistida, que emita reglamentaciones con perspectiva de género y que promueva investigaciones sobre las causas y consecuencias de esta violencia.

 

Baltazar Gaona propone tipificar el halconeo como delito en Michoacán

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En un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico del estado y enfrentar con mayor eficacia a los grupos delictivos, el diputado Baltazar Gaona García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán iniciativa para tipificar el delito de halconeo dentro del Código Penal del Estado.

Este tipo de actividades, explicó el legislador, han evolucionado junto con las organizaciones criminales, constituyendo una amenaza directa a las tareas de las instituciones de seguridad pública.

Gaona García detalló que el halconeo, entendido como el acto de vigilar, acechar o transmitir información sobre las operaciones de seguridad para alertar a grupos criminales, debe ser castigado con penas que van de 3 a 7 años de prisión, además de sanciones económicas y la reparación de los daños ocasionados.

Asimismo, la iniciativa plantea agravantes para quienes empleen a menores de edad, personas vulnerables o medios tecnológicos para cometer el delito, así como en los casos donde se ponga en riesgo o se pierda la vida de elementos de seguridad pública.

El diputado del PT resaltó que las prácticas delictivas deben combatirse no solo con operativos, sino también con instrumentos legales modernos y firmes, que permitan cerrar el paso a quienes facilitan o encubren la acción de los delincuentes desde la sombra, a menudo sin ser sancionados.

“Estamos frente a una práctica silenciosa pero letal que debilita el Estado de Derecho y pone en riesgo a la ciudadanía y a nuestros cuerpos de seguridad. No podemos seguir permitiendo que el halconeo quede impune”, concluyó Gaona García.

 

Fortalece Congreso del Estado vacunación universal de niñas, niños y adolescentes

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Con la finalidad de reconocer expresamente la coadyuvancia del Estado en la vacunación universal de niñas, niños y adolescentes, con un enfoque de derechos humanos, interés superior de la niñez y progresividad en el cumplimiento de los esquemas nacionales de inmunización, el Congreso del Estado aprobó diversas reformas a la Ley de Salud del Estado de Michoacán.

Entre estas reformas se encuentra una al artículo 3 de la mencionada Ley, donde se reconoce el principio de interés superior de la niñez y establece que el Sistema Estatal de Salud debe aplicar acciones afirmativas para garantizar la equidad, el acceso y la calidad en la prestación de los servicios.

De la misma forma, se busca fortalecer el lenguaje normativo para reconocer expresamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir vacunas de manera oportuna y universal.

También se actualizó la fracción I del artículo 17 B, con la intención de complementar el listado de acciones que integran la atención materno-infantil, incorporando expresamente el fortalecimiento de la vacunación oportuna conforme a los esquemas definidos por la Federación, respetando la competencia concurrente y el principio de progresividad.

De la misma forma se adicionó una nueva fracción al inciso A del artículo 21, con lo que se refuerza la atribución del Sistema Estatal de Salud para coadyuvar en la aplicación de los esquemas nacionales de vacunación dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Es importante mencionar que estas reformas y adiciones, se formulan siempre bajo el respeto de los límites de competencia establecidos por el marco constitucional y legal, sin invadir las atribuciones exclusivas de la Federación en materia de diseño, financiamiento y garantía de programas de vacunación.