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En un paso hacia la protección de la niñez que qeda en orfandad por feminicidio, las diputadas Eréndira Isauro Hernández y Anabet Franco Carrizales, así como el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron una iniciativa que plantea la pérdida automática de la patria potestad a quien sea vinculado a proceso o sentenciado por el delito de feminicidio, cuando tenga hijos con la víctima.

La propuesta incluye reformas al Código Familiar y al Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio queden bajo la tutela de sus agresores.

“Esta reforma busca reconocer la trascendencia de garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos donde han perdido a su madre en actos de violencia feminicida”, señaló la diputada local, Eréndira Isauro Hernández.

Indicó que la iniciativa está en sintonía con un exhorto del Senado de la República, emitido en diciembre de 2023, en el que se pidió a los congresos estatales armonizar sus leyes locales para asegurar la suspensión o pérdida de la patria potestad en estos casos.

Uno de los referentes centrales de la reforma es la llamada Ley Monzón, impulsada por primera vez en Puebla tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, y que sirvió de precedente para otras entidades del país.

Entre las propuestas se encuentra la reforma al artículo 425 bis del Código Familiar en donde establece que se perderá la patria potestad si quien la ejerce es condenado por feminicidio, y se suspenderá si existe un auto de vinculación a proceso por el mismo delito, en perjuicio de la madre de los hijos menores de edad.

Así como la reforma al artículo 120 del Código Penal, donde instituye que en casos donde el agresor tenga descendencia con la víctima y los hijos sean menores de edad, se le condenará con la pérdida de la patria potestad, “a fin de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar su derecho a vivir en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia”.

La propuesta también recupera principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), que establecen la obligación de todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales de anteponer el interés superior de la infancia.

La iniciativa ya fue turnada a comisiones y se espera se dictamine en próximas semanas. Con ella, Michoacán se sumaría a las entidades que han actualizado su legislación para proteger jurídicamente a la niñez víctima indirecta de la violencia feminicida.

Con el propósito de que esta 76 Legislatura sea pionera en la legislación pro ambiental y del cuidado de los animales, la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, dio a conocer diversas iniciativas que serán presentadas en las próximas sesiones del Congreso del Estado.

En rueda de prensa, la legisladora local detalló que una de las iniciativas que presentará en próximos días, es la aplicación irrestricta de la Ley, aún y cuando el delito haya quedado únicamente tentativa, esto referente a que, actualmente el Código Penal mexicano no sanciona con suficiente severidad la tentativa de delitos contra el medio ambiente y la fauna, lo que significa que cuando alguien intenta dañar ecosistemas o especies protegidas, pero no logra consumar el daño, las consecuencias legales son mínimas, a pesar de que el riesgo y la intención estuvieron presentes.

En ese sentido, quedará establecido en el Código Penal de Michoacán, en el artículo 71, la Punibilidad de la tentativa, es decir que en el caso de los Delitos contra el Ambiente y la Fauna, la tentativa tendrá la misma pena que el delito consumado.

De la misma forma, la diputada Arreola Ruiz, anunció que presentará ante el Pleno, otra iniciativa referente a la reforestación por parte de quienes tengan huertas de aguacate, “en esta iniciativa lo que proponemos es que a través de la Comisión Forestal y la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Recursos Naturales de Michoacán (SEMACCDET), se vigile que los productores de aguacate legalmente establecidos, cumplan con la obligación de reforestar con especies forestales nativas, en proporción al 10 por ciento del área en producción”.

Es importante mencionar que dichos terrenos a reforestar serán definidos por la SEMACCDET a través de la Comisión Forestal, misma que dotará gratuitamente de las especies forestales nativas.

En próximos días, también se propondrá una iniciativa para cambiar el nombre de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, que preside la diputada Sandra Arreola, por el de Comisión de Medio Ambiente y Protección Animal, toda vez que esta Comisión es quien analiza, discute y dictamina todas las iniciativas referentes a la protección animal.

Con la presentación de esta serie de iniciativas, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con el cuidado del medio ambiente como parte de la agenda legislativa que se estableció desde el inicio de funciones de esta Septuagésima Sexta Legislatura.

En Zitácuaro manda el crimen organizado, no el presidente municipal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien debería pedir licencia a su cargo tras declararse rebasado porque “los habitantes de este municipio no necesitan un gobierno subordinado a los grupos criminales”, afirmó Memo Valencia.

El dirigente estatal del PRI argumentó que desde hace mucho tiempo el Ayuntamiento se encuentra superado por las actividades delictivas ocurridas en el Oriente michoacano.

“En Zitácuaro no manda el presidente municipal, manda El Barbas. Creo que es Zitácuaro una caja de Pandora que se tiene que abrir y el primer paso sería que el alcalde solicitara licencia al cargo y que se hiciera una investigación muy puntual sobre las razones por las que durante tantos años se mantuvo un silencio cómplice”, dijo.

El líder priista también recordó cuando desde el gobierno estatal se presumió que la policía de Zitácuaro era la única en Michoacán que tenía el estado de fuerza, según estándares internacionales, para combatir al crimen, e insistió en que ante los recientes actos de violencia no se quedaron inactivos como muchos piensan, más bien, no reaccionaron porque están subordinados a la delincuencia.

“No, es que no es inacción, es subordinación. Están subordinados a los mandatos del crimen organizado. Una subordinación cómplice de las autoridades municipales al actuar de este señor, que tenía años cobrando cuota, extorsionando, haciendo lo que le daba en gana y pues el presidente municipal no hacía nada”.

De ahí que recordó el ejemplo de Uruapan, donde a pesar de recibir un municipio endeudado y con graves problemas de seguridad, Carlos Manzo ha sabido imponer su liderazgo y trabajar para buscar reducir la criminalidad en esta importante ciudad.

“El alcalde de Zitácuaro casi queriendo chillar con su cara ahí de no pude, con Carlos Manzo que sí, fíjense, le dejaron el municipio endeudado, sin policías, sin patrullas y a pesar de todas esas limitaciones, el liderazgo hace la diferencia, Carlos Marzo ha venido haciendo la diferencia de mostrar cómo la falta de policías no es requisito cuando hay un gran líder”, mencionó.

Memo Valencia finalmente lamentó que, ni el gobierno estatal o el federal, hayan detenido ya a los criminales que han arrebatado la vida a inocentes en Zitácuaro, a pesar de estar identificados porque “algo pasa cuando públicamente hacen referencia de actores criminales y no los detienen. Son cómplices, esos delincuentes les hacen la chamba de tener al pueblo asustado para que el pueblo no se queje por la falta de medicamento en el hospital, no se queje sobre la falta de obras públicas”, lamentó.

 Acompañaron el posicionamiento, la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta; Edna Martínez, secretaria técnica del Consejo Político Estatal; y los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; de Operación Política, Bladimir González; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; y de Innovación Digital, Verónica Gómez de la Rosa; además del representante del PRI ante IEM, Alejandro Bribiesca.

“Por familias más fuertes y una sociedad más pacífica, estamos construyendo desde la Ley un mejor Michoacán”, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia en el Congreso.

Al realizarse el tercer foro en Sahuayo, para la construcción de la Ley de Familia en Michoacán, la legisladora enfatizó que en el recorrido que se realiza por todo el estado, se han encontrado propuestas muy valiosas para dar solución a diversas problemáticas.

“En este ejercicio de participación ciudadana y de escucha estamos teniendo propuestas muy enriquecedoras que queremos plasmar en este proyecto de Ley para que aborde los temas que requieren una atención urgente, y como resultado fortalecer a las familias en la entidad”.

Durante el encuentro con ciudadanos, expertos, representantes de diversos sectores sociales, y acompañada de la diputada Belinda Hurtado; Tere Herrera enfatizó que esta Ley debe construirse desde el sentir de la ciudadanía y no a través de un escritorio, para lograr tener familias más fuertes y una sociedad más pacífica.

“Las problemáticas que se viven actualmente en todo el país y en el estado, en materia de violencia o inseguridad, sabemos que pueden encontrar su solución al fortalecer los lazos y la convivencia familiar”.

En el encuentro estuvieron presentes Belinda Hurtado Marín, diputada integrante de la Comisión de la Familia; Manuel Gálvez, presidente municipal de Sahuayo; Ximena Silva, presidenta del DIF Sahuayo; José Manuel Hinojosa, diputado federal.

El foro en Sahuayo fue parte de una serie de encuentros que buscan recoger voces de todas las regiones del estado para construir una Ley integral, incluyente y enfocada en el bien común de las familias como base del desarrollo social.

En un paso firme para frenar los abusos históricos en el arrastre y depósito de vehículos en Michoacán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad reformas de fondo a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, impulsadas por el diputado Hugo Rangel Vargas.

Como presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, Rangel encabezó los trabajos del dictamen, con el propósito de” erradicar la discrecionalidad, la corrupción y la falta de transparencia que han caracterizado a este servicio por décadas”.

“La ciudadanía está cansada de pagar tarifas excesivas sin saber por qué, sin reglas claras, y sin ninguna garantía sobre el cuidado de sus vehículos. Estas reformas colocan por fin el interés público por encima del negocio privado”, señaló el legislador.

Las reformas aprobadas precisan las causales por las que un vehículo puede ser remitido al depósito, limitando el margen de interpretación de las autoridades y armonizando los reglamentos municipales con la legislación estatal. Además, se obliga a que todas las tarifas por concepto de arrastre, salvamento y guarda de vehículos sean públicas, estén autorizadas por el Congreso del Estado y sean fiscalizadas por la Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con la Ley de Gobierno Digital.

“Queremos que la gente sepa exactamente cuánto cuesta el servicio y por qué, y que pueda consultar un tabulador oficial. Eso es transparencia, eso es justicia”, enfatizó Rangel Vargas.

La iniciativa también retoma buenas prácticas del reglamento federal de servicios auxiliares de autotransporte, como la obligación de registrar en un sistema informático los movimientos de ingreso y salida de vehículos del corralón, y de garantizar la conservación y el resguardo de cada unidad.

A través de la adición de nuevas fracciones al artículo 42, se establece que la Secretaría de Seguridad Pública deberá vigilar el cumplimiento de las tarifas autorizadas, emitir reglas claras sobre la operación de los depósitos, y asegurar que las personas usuarias tengan acceso inmediato a toda la información sobre los costos y procedimientos del servicio.

El diputado petista, subrayó que estas reformas no solo corrigen vacíos legales, sino que son un acto de justicia para miles de michoacanas y michoacanos que han sido víctimas del abuso.

“Este Congreso no puede ser cómplice silencioso de un sistema que extorsiona a la gente desde la legalidad. Estas reformas no resuelven todo, pero sientan un precedente: en Michoacán, el negocio de las grúas ya no será tierra de nadie. Vamos a seguir empujando desde el Legislativo para que las autoridades cumplan, para que los reglamentos se actualicen, y para que los derechos de la ciudadanía estén por encima de los privilegios de unos cuantos”, concluyó Hugo Rangel.

Con el objetivo de formar generaciones conscientes del valor de los ecosistemas y comprometidas con la protección del entorno, la diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa para incorporar la educación ambiental y forestal de manera formal en los niveles básico y medio superior en Michoacán.

La propuesta busca adicionar un artículo 10 Bis a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, con el fin de que el aprendizaje sobre los bosques, el cambio climático y los servicios ambientales se imparta de forma transversal, actualizada y con enfoque local, desde la primaria hasta el bachillerato.

“No se trata de crear nuevas materias ni de generar costos extra. Se trata de actualizar los contenidos que ya existen, e involucrar a instituciones, comunidades indígenas, organizaciones civiles y al propio magisterio en una verdadera alianza educativa intergeneracional”, explicó la legisladora desde la tribuna.

Subrayó que Michoacán es un estado con alta biodiversidad, pero también enfrenta una crisis ambiental grave: deforestación, incendios provocados y pérdida de cobertura vegetal. “No basta con castigos, necesitamos prevención, y la prevención empieza en el aula”, dijo.

La diputada también destacó que la iniciativa incorpora el respeto a los saberes tradicionales, la equidad de género y la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno. Además, se alinea con el artículo 4º constitucional, el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Si queremos un Michoacán con futuro, formemos desde hoy a quienes lo van a construir. Esta reforma no es para nosotros: es para quienes aún no han nacido, pero dependerán de las decisiones que tomemos ahora”, concluyó Vanhe Caratachea.

Desde este Congreso vamos a legislar para visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), vamos a trabajar para que se reconozca desde la Ley, el carácter excepcional de esta enfermedad y que se garantice el acceso a medicamentos de alta especialidad, así lo dejó de manifiesto la diputada Giuliana Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En el marco del “Primer foro de la comunidad ELA Michoacán”, que se llevó a cabo con motivo del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la presidenta del Poder Legislativo, afirmó que en esta 76 Legislatura se impulsará la investigación científica de esta enfermedad con fondos públicos, además de que se legislará para que haya cuidados paliativos con dignidad y sin discriminación.

“Como legisladora y como presidenta de este Poder Legislativo, asumo el compromiso de que los hallazgos, diagnósticos y propuestas que el día de hoy aquí se generen, no se queden solo en la narrativa del evento, sino que se traduzcan en iniciativas, presupuestos y mecanismos concretos. Lo técnico no puede estar disociado de lo político. Y lo político, si no tiene raíz en lo humano, es solo estrategia vacía”, aseveró.

Por su parte, la diputada Belinda Iturbide Díaz, organizadora de este Primer Foro, informó que ya se trabaja en una iniciativa para esta enfermedad, trabajo que dijo, se realiza en diversas mesas y con los involucrados directos e indirectos, para que la propuesta que salga cubra todas las necesidades de quienes padecen esta enfermedad.

“Hoy levantó la voz como mujer, como médica, como ciudadana y como representante del pueblo, la dignidad no debe de ser negociable, menos cuando hablamos de una enfermedad tan devastadora como es esta, por ello visibilizar la enfermedad e impulsar la investigación de la misma es reivindicar a los pacientes”, añadió.

En este foro, Francisco Gamaliel Arias Urquieta, representante de la comunidad ELA Michoacán hizo un firme llamado a las autoridades para que volteen a ver esta enfermedad y se le ponga especial atención, “ocupamos de ustedes, de su trabajo y compromiso”, agregó.

Por su parte, Jaime Isai Sagaon Funes, médico especialista, expuso y dio los detalles de la ELA, así como las necesidades médicas que se requieren para sobrellevar y atender esta enfermedad, la cual dijo es degenerativa y que acaba poco a poco con la vida de quienes la padecen.

En este foro, también participó Norma Delgado, paciente con ELA; mediante Ligia Elizabeth Mazariego, quien narró un poco de la experiencia de Norma con esta enfermedad e hizo un llamado enérgico para que las autoridades visibilicen y se sensibilicen en el trato y atención de esta enfermedad; las dificultades que enfrentan los pacientes y cómo es su vida diaria.

La Diputada Nalleli Pedraza Huerta, realizó un llamado a las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán a apostar por la participación política de las mujeres y apoyar la iniciativa de reforma al Código Electoral donde se propone incrementar a por lo menos un 5% el financiamiento público que cada partido político debe destinar anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

“Estamos en un momento definitorio para afinar los procesos democráticos de nuestro estado. Hoy, vengo a proponerles que demos un paso firme y decidido hacia una igualdad que no solo se escriba en la ley, sino que se viva en la realidad de cada mujer michoacana que aspira a servir a su gente.”

Pedraza Huerta, recordó que actualmente el Código Electoral de Michoacán obliga a los partidos a destinar un tres por ciento de su financiamiento para la capacitación política de las mujeres, una medida que ha resultado ser insuficiente para respaldar la participación política de las mujeres, misma que indicó es y será un pilar fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

“En Michoacán, no nos conformamos con una igualdad de papel. Aspiramos a una igualdad sustantiva, donde las voces, las perspectivas y el liderazgo de las mujeres estén plenamente representados en cada espacio de toma de decisiones.”

Nalleli Pedraza, añadió que esta propuesta tiene como finalidad invertir en el liderazgo de las mujeres para impulsar la democracia, y trabajar por una política más justa y más representativa para todas y todos.

Renovación vehicular, contratación de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, revisión anual de tarifas y estímulos fiscales en concesiones con vehículos eléctricos, quedaron plasmadas en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, al aprobar el Pleno de la 76 Legislatura diversas disposiciones en la misma.

En Sesión Ordinaria, las y los legisladores determinaron incorporar el establecimiento de criterios técnicos para la revisión y actualización anual de tarifas, conforme lo dispone la Estrategia Nacional de Movilidad, relativo a la gestión de sistemas tarifarios con enfoque de valorización y sostenibilidad.

Conforme a lo determinado en el dictamen elaborado por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, “la fijación transparente y periódica de tarifas es fundamental para garantizar certidumbre tanto a usuarios como a concesionarios, fomentando una mejor planificación financiera y operativa”.

De acuerdo con lo establecido en el Dictamen las y los legisladores michoacanos precisan en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, las obligaciones de los prestadores del servicio de transporte público, incluyendo la contratación obligatoria de seguros de responsabilidad civil por daños a terceros, la creación de un fondo de garantía y la posibilidad de contar con coberturas más amplias ante siniestros, para evitar situaciones de desprotección y brindar respuestas efectivas ante accidentes o eventualidades.

Asimismo, en consonancia con la Estrategia Nacional de Descarbonización, se incluye un estímulo del 100% en los derechos relativos al otorgamiento de concesiones del transporte público para vehículos eléctricos de producción nacional; lo que permitirá la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes, fortalecer el mercado interno y promover el uso de tecnologías limpias.

El Artículo 188 ahora establece que los vehículos destinados para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros masivo, semimasivo y cable, deberán no ser mayores a los 12 años para ser incorporados al servicio y sustituirse antes de los doce años de la fecha de fabricación.

Mientras que los vehículos destinados para la prestación del servicio de transporte especializado escolar, deberán no ser mayores a los 12 años para ser incorporados al servicio y sustituirse antes de los trece años de la fecha de fabricación.

La Comisión de Movilidad y Comunicaciones en su exposición de motivos explicó que las diversas modificaciones surgieron en mesas de trabajo, bajo un modelo de Parlamento Abierto, escuchando y valorando las aportaciones de quienes operan, regulan y utilizan diariamente el sistema de transporte en nuestro estado.

En el marco del Mes Verde, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Artículo 89 del Reglamento Municipal con el objetivo de establecer criterios obligatorios de sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y desempeño económico en el otorgamiento y prórroga de concesiones de agua.

Se trata de una iniciativa trabajada en conjunto con la legisladoras Ana Belinda Hurtado Marín, María Itzé Camacho Zapiain, Brissa Ireri Arroyo Martínez, Grecia Jennifer Aguilar Mercado, Diana Mariel Espinoza Mercado, Ana Vanessa Caratachea Sánchez y Adriana Campos Huirache integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

La diputada Arreola Ruiz alertó sobre el colapso progresivo de los recursos hídricos en México debido a un sistema de concesiones que privilegia intereses privados sobre el bienestar público. Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) revelan que, mientras en 1992 existían apenas 2 mil títulos de concesión, para 2020 la cifra superó los 514 mil.

«El 70% del volumen concesionado está en manos de solo el 7% de los usuarios: grandes empresas mineras, cerveceras, refresqueras y agroindustrias. Mientras comunidades enteras padecen escasez, unos cuantos acaparan el recurso, sobreexplotando más de 115 acuíferos en el país», denunció.

Además, destacó el incumplimiento generalizado de las concesiones vigentes, como lo demostró la cancelación de 100 permisos en Michoacán en mayo de 2025 por desvío de uso, y la revisión de 4 mil más por irregularidades.

Ruiz Arreola, destacó que en coincidencia con sus homólogas en la preocupación por esta problemática que se continúa acrecentando, se construyó la propuesta que establece que, para obtener una prórroga de concesión, los titulares deberán solicitarla con dos años de anticipación y acreditar el uso eficiente del agua, conforme a la NOM-011-CONAGUA-2015 (que garantiza la disponibilidad real del recurso).

Cumplir con límites de contaminantes en descargas de la NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997, implementando sistemas de tratamiento; promover el reúso de aguas residuales tratadas en actividades públicas y presentar un informe técnico que demuestre tarifas justas, eficiencia administrativa y cero abusos a usuarios, son parte de la iniciativa. «No podemos permitir que el agua, un derecho humano fundamental, siga siendo explotada por unos cuantos en detrimento de las mayorías y del medio ambiente», afirmó la legisladora.

La diputada recordó cómo los ríos y manantiales de Michoacán se secan mientras las autoridades permiten que el modelo actual «sacrifique el futuro por ganancias inmediatas» e hizo un llamado a sus compañeros legisladores a apoyar la reforma: «El agua no es mercancía, es vida. Michoacán nos exige valentía. Hoy estamos a tiempo de cambiar el rumbo».

Ante el alto registro de accidentes en la caseta de cobro de Zinapécuaro, en la Autopista de Occidente, y la no respuesta de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sobre la posibilidad de reubicar a la misma, el Congreso del Estado exhortó para que las autoridades competentes informen sobre el avance en el proceso de reubicación.

Las y los legisladores michoacanos votaron a favor del Punto de Acuerdo presentado por la Comisión de Movilidad y Comunicaciones, mediante el cual exhortan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) para que, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, remitan un informe detallado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Michoacán sobre los estudios técnicos, dictámenes y avances en el proceso de reubicación de la caseta de cobro de Zinapécuaro, de la Autopista de Occidente.

En sus consideraciones, señalaron que en diciembre de 2023, a través de un Punto de Acuerdo se exhortó a la SICT a reubicar la caseta de cobro de Zinapécuaro, debido a su ubicación inadecuada y la incidencia de accidentes fatales en la última década, sin que hasta la fecha se tenga registro de una respuesta concreta por parte de la SICT.

“Es fundamental darle seguimiento a este llamado, ya que las solicitudes del Congreso del Estado de Michoacán no pueden quedar sin atención por parte de las autoridades responsables. Por el contrario, se debe garantizar el cumplimiento de lo solicitado por los representantes del pueblo de Michoacán, velando por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos”, precisaron.

De igual forma, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura instruyó a la Comisión de Movilidad y Comunicaciones a establecer una mesa permanente de trabajo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para dar seguimiento a las acciones necesarias para la reubicación de la caseta de cobro de Zinapécuaro, asegurando que se atiendan los principios de seguridad vial y movilidad establecidos en la legislación aplicable.

“Se solicita que la Comisión de Movilidad y Comunicaciones del H. Congreso del Estado de Michoacán participe activamente en las reuniones de trabajo relacionadas con la reubicación de la citada caseta de cobro, a fin de garantizar un seguimiento oportuno y la implementación de medidas adecuadas para la seguridad de los ciudadanos”, quedó plasmado en el Punto de Acuerdo aprobado.

De igual forma, quedó de manifiesto que el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la SICT debe vigilar técnicamente el funcionamiento y operación de las concesiones y permisos otorgados. Asimismo, el Decreto publicado el 13 de enero de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, reforma el Reglamento Interior de la SICT y otorga a la Dirección General de Vinculación Institucional la atribución de coordinar propuestas de respuesta a peticiones legislativas relacionadas con la seguridad vial.