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Con el objetivo de frenar la impunidad de empresas que contaminan y luego desaparecen para evadir sus responsabilidades, la diputada Sandra Arreola Ruíz presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que busca establecer la responsabilidad ambiental directa de socios, accionistas y administradores, incluso cuando una empresa se disuelva legalmente.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) señaló que el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad ética y social que no debe eludirse mediante tecnicismos legales.

“Muchas empresas que causan daño ambiental optan por disolverse jurídicamente para evadir sus obligaciones. Esto deja a las comunidades afectadas y al Estado con la carga de asumir los costos de remediación ambiental”, expresó desde tribuna.

Actualmente, la ley permite que personas morales desaparezcan sin que haya reparación del daño, aun cuando sus integrantes se hayan beneficiado directamente de actividades contaminantes. Esta situación, afirmó, representa un grave vacío jurídico que fomenta la irresponsabilidad corporativa.

Arreola Ruíz destacó que en México, solo el 15.9 % de las grandes empresas cumplen cabalmente con la normatividad ambiental, mientras que de las 340 empresas con licencia ambiental en Michoacán, alrededor de 100 presentan irregularidades, incluyendo emisiones contaminantes fuera de norma y documentación desactualizada.

El 30 % de las industrias michoacanas han adoptado procesos sustentables, mientras que en el sector plástico, el 70 % corre riesgo de cierre si se aplicaran medidas ecológicas estrictas. Existen al menos 100 tiraderos clandestinos en el estado, que vierten diariamente unas 4,000 toneladas de residuos, de los cuales solo el 5 % se recicla, por lo que en 2024, la Procuraduría de Protección al Ambiente inició 372 procedimientos administrativos contra infractores ambientales, siendo Morelia el municipio con más expedientes.

La iniciativa propone que, en caso de disolución de una empresa, la obligación de remediar el daño ambiental no desaparezca, sino que recaiga proporcionalmente en las personas que conformaban la empresa, ya sea como socios, accionistas o administradores.

“Si alguien contamina, debe reparar. Si alguien daña, debe responder. Nadie debe esconderse detrás de una razón social para evadir su responsabilidad con el medio ambiente”, concluyó la legisladora.

Con esta propuesta, se busca fortalecer la justicia ambiental, garantizar la reparación del daño ecológico y avanzar hacia un Michoacán más verde y responsable.

Lo que pasó en Morelia es una oportunidad y decidimos acatar el fallo del Tribunal, porque si algo nos va a diferenciar a nosotros como partido del oficialismo, es precisamente que debemos ser respetuosos de las leyes y las instituciones, señaló el dirigente del PRI Michoacán, Memo Valencia, durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, en la que se aprobó el Acuerdo del Método Electivo Estatutario para la Elección de las Personas Titulares a la Presidencia y Secretaría General del Comité Municipal de Morelia, para el periodo estatutario 2025-2028.

No obstante, recordó que en reiteradas ocasiones el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán actuó por consigna, y dichos antecedentes sirven para cuestionar la legalidad de sus resoluciones.

“Un Tribunal que nos robó una regiduría aquí en Morelia, un Tribunal que anuló una elección injustamente en Irimbo, misma que después con todo el aparato y el compromiso del PRD con el partido oficialista ya se avizoraba ahí una alianza y nos arrebataron un triunfo que legítimamente ganamos”, señaló.

Sin embargo, dijo, el Tribunal Electoral es una institución y el PRI siempre cumple con los ordenamientos, acata las disposiciones de los tribunales y no como el oficialismo que no lo hizo en el caso de la renovación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que actualmente se desarrolla en el Congreso del Estado, indicó.

Memo Valencia, quien estuvo acompañado de la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo, aseguró que el PRI actuará diferente.

“Vamos a dejar muy claro que se hicieron las cosas bien, pero aprovecharemos esta circunstancia para que más allá de un tema de una dirigencia, de la renovación de un Comité Municipal, queremos enviarle un mensaje a la ciudadanía: Aquí sí respetamos a las instituciones”, enfatizó.

El también diputado y presidente de la Comisión Política Permanente, lamentó que de manera sistemática Morena violente la ley en el Congreso michoacano y con la mayoría calificada “artificial” que les dio el tráfico de influencias y la impunidad, así como llegarle al precio a varios legisladores que obtuvieron sus curules gracias al voto del PRI y que, por desgracia, se doblegaron ante el oficialismo y se entregaron para acabar con el Poder Judicial y subordinarlo al Poder Ejecutivo.

“Esa es una gran oportunidad para demostrar de qué está hecho el PRI y que es un partido que sabe respetar y mientras allá en el Congreso el oficialismo está buscando artimañas, maquinaciones ahí para torcer la ley y no respetar a nuestras autoridades judiciales, nosotros sí lo haremos”, finalizó.

En la Sesión estuvieron presentes, la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Yadira Guerrero Huerta; el secretario de Cultura del CEN, Bismarck Izquierdo Rodríguez; la coordinadora del grupo parlamentario en el Congreso local, diputada Adriana Campos Huirache; la delegada de la CNC Michoacán, Emma Mondragón Navarrete; la dirigente de la CNOP estatal, Paola Ceja Téllez; así como consejeras y consejeros.

El tipificar como delito las llamadas “terapias de conversión” que vulneran los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, fue la propuesta presentada por el diputado por el Distrito 19 con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

En la sesión de este miércoles, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso adicionar un Capítulo denominado: Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas, al Código Penal para el Estado de Michoacán, así como agregar una fracción al Artículo 32 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo.

En el primer caso, se busca castigar está práctica con prisión, de los dos hasta los seis años y una multa económica, a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. La pena aumentará cuando las víctimas sean menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.

En el segundo caso, se busca que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, implementen políticas públicas, campañas de sensibilización y mecanismos de denuncia para prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de tratamiento o práctica de esta naturaleza.

Durante su participación en tribuna, ante el pleno de la 76 Legislatura del Congreso de Michoacán, el diputado petista indicó que, con este planteamiento, se abonaría a garantizar el respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas, en igualdad de condiciones; particularmente, en el caso que se expone, el derecho a la igualdad y no discriminación, así como, el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En sesión Ordinaria, el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura aprobó el Primer Informe Financiero Trimestral del ejercicio presupuestal del Poder Legislativo, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que contiene los registros de los ingresos recibidos y el ejercicio del gasto al 31 de marzo de la presente anualidad.

De conformidad con la propuesta de Acuerdo presentada por la Junta de Coordinación Política, se estableció que la parte integral del Primer Informe Trimestral Financiero del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo se pudo corroborar con la información Contable, Presupuestaria y Programática, elaborada por la Secretaría de Administración y Finanzas, la cual podrá ser consultada en la plataforma digital del Congreso del Estado.

Ante el Pleno quedó de manifiesto que con fecha 15 de abril de 2025, fue entregado al Comité de Administración y Control el Primer Informe Financiero Trimestral del ejercicio presupuestal del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo al 31 de marzo del mismo año, signado por Alejandro Estrada Salinas, Secretario de Administración y Finanzas.

De igual forma, se dio a conocer que con el objeto de dar mayor claridad y precisión a sus contenidos, las notas a los Estados Financieros constituyen un complemento a los mismos.

Así mismo, que el Comité de Administración y Control del Congreso del Estado aprobó el informe elaborado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado, en donde la contabilidad se registró con base acumulativa.

En Sesión Ordinaria, a propuesta de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Alanís, se aprobó que en la página del Congreso del Estado se instale un recuadro con los rubros y los links correspondientes de acceso pública a la plataforma de transparencia proactiva respecto de los anexos que se presentan en el informe.

En él, se presentará la información contable, el estado de actividades, estado de situación financiera, estado de variación de la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda, estado analítico de ingresos, estado analítico por fuente de financiamiento.

También se podrá consultar el estado analítico del presupuesto de egresos, datos sobre endeudamiento, flujos de fondos, programas y proyectos, indicadores de desempeño, notas explicativas, servicios personales del Congreso y plantilla.

El Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Turismo propuesta por la diputada Vanhe Caratachea en conjunto con otras diputadas y diputados. Esta nueva disposición busca evitar que hoteles, moteles y espacios de hospedaje sean utilizados como escenarios para la trata, pornografía o explotación sexual infantil, colocando a la niñez en el centro de las acciones preventivas.

La reforma dictaminada por las comisiones de Turismo, así como, Protección a la niñez y adolescencia, establece que ningún menor de edad podrá ingresar a un alojamiento turístico sin la compañía de sus padres, tutores o un adulto con autorización legal debidamente acreditada. Además, se exigirá a los establecimientos verificar la identidad y el parentesco mediante documentos oficiales como la CURP, INE o pasaporte vigente, en el caso de turistas extranjeros. “No es un capricho, es una herramienta legítima y necesaria de prevención”, señaló Caratachea.

También se obliga a los prestadores de servicios turísticos a implementar protocolos de actuación ante posibles delitos, capacitar a su personal, instalar videovigilancia responsable y contar con mecanismos eficaces de denuncia. “No se trata de criminalizar al turismo, sino de convertirlo en un aliado en la defensa de la infancia”, afirmó la legisladora.

La reforma fue cuidadosamente armonizada con los marcos nacionales e internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, se contempló el uso de herramientas digitales para evitar cargas burocráticas a los ciudadanos y a los prestadores de servicios turísticos.

Con esta aprobación, Michoacán se coloca a la vanguardia nacional en turismo ético y responsable. “No se puede hablar de desarrollo económico si ese desarrollo se sostiene sobre el sufrimiento de la niñez. Esta ley es un escudo que resguarda su inocencia y su integridad”, expresó Vanhe Caratachea, presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez.

Finalmente, agradeció el respaldo del Pleno y reafirmó su compromiso con la infancia michoacana: “Cada niña salvada, cada niño protegido, será el testimonio de que esta Legislatura no fue indiferente. Hoy dimos un paso firme para que el turismo en Michoacán crezca con responsabilidad”concluyó.

Con el objetivo de que la crianza de un hijo o hija sea más compartida entre ambos padres, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, presentó una iniciativa para que la licencia de paternidad sea obligatoria, igualitaria y remunerada.

Al hacer uso de la máxima tribuna del estado, la Congresista propuso adicionar la fracción IV al artículo 22 BIS de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, para que los padres de familia tengan 20 días de descanso previos al parto y 70 días de descanso y puedan atender a su esposa, concubina o pareja así como al recién nacido y los cuidados que de ello deriven.

“Hoy quiero hablarles de un tema que toca el corazón de nuestras familias, que incide directamente en la igualdad de género, en la justicia social y en el futuro de nuestros hijos, la licencia por paternidad obligatoria”, expresó Arroyo Martínez.

Argumentó que “la igualdad no se reclama se construye con decisiones valientes, y una de estas decisiones implica que todos los hombres, sin excepción, tomen su licencia de paternidad”.

“No como una opción, no como un gesto, si no desde la concientización de un deber, necesitamos hacerlo obligatorio porque mientras esta medida sea voluntaria, seguirá siendo ignorada”, dijo.

La diputada local abundó que no obligar a los hombres a tomar esta licencia es seguir considerando que criar a un hijo o hija es algo que atiende a un rol de género, que puede delegarse, o que las madres pueden seguir cargando solas con lo que debería ser una corresponsabilidad.

“Es condenar a las mujeres a continuar en una lucha incansable para conciliar roles que nos han sido impuestos”, agregó.

Y “no se trata solo de justicia de género, sino también de resultados, y en ese sentido ejemplificó que los países que han implementado la licencia por paternidad obligatoria han demostrado beneficios claros: niños más sanos, vínculos familiares más fuertes, mujeres con más oportunidades laborales y hombres más comprometidos emocionalmente con sus hijos e hijas”, abundó.

“Quien diga que la paternidad obligatoria es una imposición, se olvida de que toda sociedad impone normas cuando entiende que el bien común lo exige. Y no hay bien más común que una infancia cuidada, padres presentes y mujeres libres”, complementó la legisladora.

“Porque la igualdad no se pide, se legisla, los derechos no se reparten, se garantizan, y porque la familia no es un lugar para el abandono masculino, sino para la presencia activa, consciente y amorosa de hombres y mujeres”, concluyó.

El Congreso del Estado aprobó la iniciativa presentada por el diputado Juan Carlos Barragán, con la cual se refuerzan las medidas de seguridad en los servicios de hospedaje, a fin de prevenir actos de violencia, abuso, trata y explotación de niñas, niños y adolescentes.

La reforma modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Turismo del Estado de Michoacán, establece nuevas obligaciones para hoteles y plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje, quienes deberán verificar tanto la identidad de las personas menores de edad como la relación filial o tutelar con las personas adultas que los acompañen.

“Esta iniciativa busca garantizar la seguridad y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo los mecanismos legales para su protección y asegurando que los prestadores de servicios cumplan con estándares de seguridad y responsabilidad social”, señaló el legislador morenista.

De acuerdo con la reforma, las personas físicas y morales que presten servicios de hospedaje, incluyendo plataformas digitales, deberán:

•⁠ ⁠Informar con anticipación a los usuarios sobre los requisitos de verificación de identidad para menores de edad.
•⁠ ⁠Solicitar identificación oficial y la CURP a quienes se registren en el establecimiento.
•⁠ ⁠Verificar la filiación, parentesco o autorización legal respecto de las personas menores de edad.
•⁠ ⁠Impedir el ingreso si no se puede acreditar dicha relación y dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia.
•⁠ ⁠Capacitar a su personal sobre la prevención de la explotación sexual y la trata de personas.
•⁠ ⁠Instalar sistemas de videovigilancia en áreas clave, garantizando el respeto a la vida privada y la confidencialidad de datos personales.
•⁠ ⁠Establecer mecanismos de denuncia inmediata y líneas de contacto visibles.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá ser sancionado con multas de hasta 339 mil 420 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Esta cantidad equivale a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2025.

Barragán sustentó la urgencia de esta reforma con datos de UNICEF, que revelan que el 28 por ciento de las víctimas de trata en el mundo son menores de edad. En América Latina, el problema tiene especial impacto en países como México.

“Entre 2015 y 2024 se identificaron 2 mil 438 víctimas de trata menores de edad en el país, y el 81 % eran mujeres. En Michoacán, el 10 % de las personas desaparecidas son niñas, niños o adolescentes, lo que podría estar relacionado con delitos de alto impacto como la trata infantil”, puntualizó.

Con esta reforma aprobada, el Congreso del Estado avanza en la construcción de entornos seguros para la infancia, y refuerza el compromiso institucional con la protección integral de niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

El diputado Hugo Rangel presentó este miércoles una iniciativa de reforma para establecer en la ley la obligación de destinar al menos el 3% del presupuesto público estatal y municipal a infraestructura deportiva.

“En una sociedad vilipendiada por la marginación, lo que menos se piensa es en el deporte; sin embargo, cuando una pelota recorre la cancha, se enciende la esperanza”, señaló el legislador durante su intervención en tribuna.

Rangel Vargas explicó que actualmente no existen mecanismos claros para saber cuánto se invierte en infraestructura deportiva en Michoacán, lo que impide la planeación de políticas públicas efectivas. “Tuvimos problemas para formular esta iniciativa porque ni siquiera hay estadísticas básicas. Y lo que no se mide, no se puede mejorar”, dijo. Por ello, subrayó la urgencia de establecer un piso legal mínimo que visibilice el abandono del sector.

El legislador por el Partido del Trabajo señaló que, aunque el porcentaje propuesto puede parecer bajo, su inclusión en la ley representaría un acto de justicia social. “Hablar de deporte, es hablar de dignidad. Dignificar los espacios deportivos es apostar por entornos que formen y transformen tanto a las personas como a las comunidades”, sostuvo.

Finalmente, Rangel llamó a sus compañeras y compañeros del Congreso a no minimizar la relevancia del tema. “Como soberanía, haríamos un acto profundo de empatía si dedicáramos aunque sea unos minutos de nuestra agenda legislativa a lo que ocurre en nuestro deporte. Lo que parece irrelevante puede convertirse en algo profundamente transformador”, concluyó.