admin

El diputado local Baltazar Gaona García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal de Michoacán y tipificar el delito de “sumisión química”. Con esta propuesta, busca combatir una modalidad de violencia silenciosa que actualmente carece de un castigo específico en la legislación estatal.

Gaona García expresó su preocupación por la creciente incidencia de este fenómeno y la impunidad que lo rodea. “Es hora de llamar a las cosas por su nombre: la sumisión química es un crimen. Hoy damos un paso firme para visibilizar y castigar esta forma de violencia que ha permanecido en la sombra de la impunidad por demasiado tiempo”, afirmó el legislador petista, al destacar la importancia de hacer visible y sancionar este delito para proteger a posibles víctimas.

¿Qué es la sumisión química? Este término se refiere a la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su consentimiento, con el propósito de anular su voluntad o consciencia y así facilitar la comisión de delitos subsecuentes como abuso sexual, violación, secuestro o robo . En otras palabras, el agresor droga a la víctima para dejarla indefensa y perpetrar otro delito grave aprovechando dicha vulnerabilidad.

Diversos reportes apuntan a un aumento de casos de sumisión química, especialmente en entornos de entretenimiento nocturno. Bares, antros y discotecas se han identificado como los principales espacios de riesgo, donde los delincuentes adulteran bebidas o administran drogas a sus víctimas sin que estas lo adviertan .

Según estimaciones, alrededor del 66% de las víctimas de estas prácticas son mujeres, y entre el 80% y 90% de esos casos derivan en agresiones sexuales , lo que enciende las alarmas sobre una problemática que afecta principalmente a jóvenes.

Actualmente, Michoacán carece de una tipificación específica para sancionar la sumisión química. Los ataques bajo esta modalidad suelen procesarse de manera limitada bajo otras figuras delictivas, lo que dificulta castigar adecuadamente a los responsables.

La iniciativa establece penas de 6 a 10 años de prisión, así como multas económicas significativas para quien resulte culpable de este nuevo delito . Las disposiciones incluyen, además, agravantes: por ejemplo, si la sumisión química es realizada por personal de establecimientos que expenden bebidas alcohólicas (como empleados de bares o clubes) aprovechando su posición, la pena podría incrementarse en una proporción importante.

Gaona García concluyó que visibilizar y castigar la sumisión química no solo fortalecerá la protección de las mujeres y de la población vulnerable, sino que también enviará un mensaje disuasorio a los agresores: en Michoacán no habrá tolerancia para quienes cometan este delito.

Con el objetivo de promover un tránsito seguro, ordenado y consciente en el estado de Michoacán, el diputado Iván Alejandro Arévalo Vera presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado. Esta propuesta busca establecer una regulación efectiva sobre el derecho de vía y, en general, sobre el uso adecuado de las vías públicas en el territorio estatal.

La iniciativa tiene como propósito principal garantizar la fluidez en la movilidad urbana y rural, a través de una gestión responsable del espacio público. Además, se busca atender una problemática persistente: la presencia de vehículos abandonados y chatarrizados en la vía pública, que no solo generan desorden, sino que también representan un foco latente de infección y un riesgo para la salud pública.

“El desorden en nuestras calles afecta tanto la seguridad vial como el entorno en el que vivimos. Con esta reforma queremos prevenir accidentes, cuidar nuestro entorno y proyectar una imagen de limpieza y orden para nuestras comunidades”, señaló el legislador.

Dicha propuesta busca establecer un marco normativo que regule de manera eficiente el uso y aprovechamiento del derecho de vía, promoviendo un entorno saludable, la seguridad vial, la accesibilidad y la sostenibilidad en las vías públicas del estado y municipios. Además, se pretende armonizar la legislación local con las disposiciones federales y generales en materia de movilidad y seguridad vial.

Para finalizar Arévalo Vera hizo un llamado a sus compañeras y compañeros del Congreso del Estado para analizar a fondo esta iniciativa y sumarse al esfuerzo por mejorar la calidad de vida de los michoacanos mediante políticas públicas que promuevan la seguridad, el orden y el bienestar colectivo.

Ante el incremento sostenido de temperaturas extremas en gran parte del país, el diputado Hugo Rangel Vargas presentó un exhorto de urgente y obvia resolución al Pleno del Congreso del Estado, en el que demanda a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y al Instituto de Infraestructura Educativa de Michoacán a garantizar el mantenimiento y operatividad de los bebederos de agua potable en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como la instalación de nuevos bebederos en aquellos planteles que actualmente no cuenten con ellos.

La medida, enfatizó, tiene como objetivo preservar el derecho constitucional a la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran particularmente vulnerables ante fenómenos climáticos que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, han superado los 45 grados en diversas regiones del país, incluyendo Michoacán.

El legislador subrayó que la gravedad de la actual ola de calor no puede subestimarse ni tratarse como una contingencia menor. En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben actuar conforme al marco normativo vigente, que establece de manera explícita la obligación de dotar a las escuelas de infraestructura suficiente y funcional para el acceso al agua potable.

Citó textualmente el artículo correspondiente de la Ley General de Infraestructura Educativa, el cual establece que “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar”, así como lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley General de Educación.

“El agua potable es un derecho humano. En este contexto climático, no garantizar su acceso en los espacios escolares constituye una forma de omisión grave y una vulneración directa a los derechos de la infancia”, enfatizó Rangel Vargas.

Además de hacer énfasis en el sustento legal, el diputado alertó sobre el carácter preventivo de su propuesta. Recordó que las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias federales ante las olas de calor —como evitar la exposición prolongada al sol, consumir agua aún sin sentir sed y no realizar actividades físicas extenuantes durante las horas pico— dependen directamente de que las escuelas cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura para que esas medidas sean realmente implementables.

En este sentido, señaló que “el exhorto no busca generar una carga adicional, sino hacer efectiva una obligación preexistente que hasta ahora ha sido ignorada o postergada por la inercia burocrática”.

Finalmente, Hugo Rangel subrayó que este exhorto se alinea con los esfuerzos recientes por erradicar la venta de alimentos ultraprocesados en planteles escolares y zonas limítrofes, en la búsqueda de entornos educativos verdaderamente saludables.

“No podemos permitir que las escuelas se conviertan en zonas áridas, sin agua ni alimentos dignos, donde se niegue a niñas, niños y adolescentes lo más elemental para vivir y aprender. Es hora de construir escuelas que cuiden la vida, no que la pongan en riesgo”, concluyó.

Una reforma que otorgue atribuciones a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de Michoacán, para que promueva programas tendientes a fomentar la participación de las mujeres rurales y su autosuficiencia alimentaria, fue lo que propuso Belinda Iturbide Díaz, diputada local de extracción morenista.

Lo anterior tras señalar, que en Michoacán las mujeres, ocupan el 13.3 por ciento de la mano de obra de las actividades agropecuarias, a pesar del limitado acceso a recursos productivos y de financiamiento, y a la necesidad urgente de incorporar a las nuevas generaciones al campo, sobre todo si quienes se dedican a ello cuentan con más de 45 años de edad.

Ante tal situación, la diputada por el Distrito de Puruándiro presentó una iniciativa para reformar la fracción XXV y adicionar la fracción XXVI, al artículo 27, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Michoacán, y que la Sader pueda diseñar e implementar, coordinado con el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, políticas públicas para el desarrollo integral del campo.

Ello con énfasis en la participación activa de las mujeres rurales, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la promoción de la autosuficiencia alimentaria, “pues el objetivo es reconocer y fortalecer la participación activa de este sector poblacional en los procesos de desarrollo rural, garantizando su acceso a recursos, capacitación y espacios de decisión”, apuntó Iturbide Díaz.

Finalmente, la diputada de la 76 Legislatura Local señaló que la autosuficiencia alimentaria es un objetivo estratégico que garantiza la seguridad alimentaria y el bienestar de la población, misma que fortalece la capacidad productiva del campo michoacano, promueva prácticas agroecológicas y sostenibles que permitan satisfacer las necesidades alimentarias locales y reduzcan la dependencia de importaciones.

Michoacán avanza con reforma a favor de las y los deportistas, afirmó la presidenta de la Comisión de Jóvenes y Deporte del Congreso del Estado, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, tras subrayar que proteger la dignidad, integridad, salud y seguridad de las y los deportistas, así como prevenir y sancionar el acoso, debe convertirse en una política pública permanente.

Durante la sesión legislativa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano celebró la aprobación del dictamen que reforma la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, iniciativa impulsada por el diputado Juan Carlos Barragán, y dictaminada a favor por su comisión en conjunto con la legisladora Sandra Arreola.

“La violencia contra las mujeres sigue presente en muchos espacios, incluso en el deporte, donde se dan casos de hostigamiento y acoso sexual, muchas veces encubiertos por una falsa relación de subordinación entre entrenadores y atletas”, denunció.

La legisladora hizo hincapié en que este problema no solo afecta a atletas de alto rendimiento, sino también a mujeres que simplemente buscan realizar alguna actividad física, ya sea en gimnasios, equipos deportivos o clubes recreativos. “Existen frases, tocamientos y acercamientos que vulneran a las mujeres, generando un clima de incomodidad que, cuando se repite o sistematiza, se convierte en delito”, añadió.

La diputada Grecia Aguilar mencionó casos emblemáticos como el del equipo olímpico femenino de gimnasia de Estados Unidos y el equipo nacional de clavados en México, donde entrenadores fueron acusados de abuso sexual contra las atletas. Estos casos, dijo, evidencian la necesidad urgente de mecanismos de prevención, denuncia y sanción.

Con esta reforma, la CECUFID estará obligada a implementar campañas, cursos y capacitaciones dirigidas a entrenadores, asociaciones deportivas y practicantes para que conozcan los canales jurídicos adecuados y puedan actuar ante cualquier situación de acoso o violencia.

“Muchas mujeres abandonan el deporte por miedo o por no saber cómo actuar. Eso no debe seguir ocurriendo. Hoy mandamos un mensaje claro: las mujeres deben sentirse libres y seguras en todos los espacios, incluido el deporte”, subrayó Grecia Aguilar.

Finalmente, expresó su respaldo y reconocimiento a todas las mujeres deportistas: “Este avance legislativo es también para ustedes. En este Congreso tendrán aliadas para seguir conquistando sus logros sin miedo y con plena dignidad”.

La diputada local Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, presentó este martes una iniciativa para establecer en la Constitución de Michoacán la obligación del Estado y de la ciudadanía de preservar el medio ambiente, así como el derecho de todos a disfrutar de un entorno sano para la vida.

Rivera Camacho subrayó que el cuidado del ambiente es una responsabilidad que trasciende colores partidistas. “Ante la crisis climática global, las acciones ya no pueden quedarse solo en buenas intenciones o planes; necesitamos que se conviertan en obligaciones constitucionales”, dijo.

Destacó que aunque México es un país megadiverso y Michoacán cuenta con 16 áreas naturales protegidas, los retos ambientales persisten, en especial la escasez de agua, que afecta a millones de personas en el mundo, especialmente a niños y niñas.

Entre las buenas noticias, mencionó el incremento en la presencia de la mariposa monarca este año, con 1.79 hectáreas ocupadas frente a 0.9 en la temporada anterior, gracias en parte al trabajo ambiental impulsado en la entidad.

La legisladora reconoció los esfuerzos del Gobierno estatal en conservación y reforestación, así como el aumento en el número de áreas naturales protegidas, la rehabilitación de manantiales, la siembra de peces y el apoyo a ejidatarios mediante el Fondo Monarca.

Sin embargo, insistió en que para garantizar la continuidad de estas acciones, es necesario elevar el compromiso al rango constitucional. “Cuidar el medio ambiente no puede depender del ánimo de un gobierno en turno. Debe ser una obligación permanente de todas y todos”, concluyó.

Con el objetivo de ampliar el campo de actuación de la política en Michoacán contra de las adicciones, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, Reyes Galindo Pedraza, propuso la incorporación a la Ley contra las Adicciones del Estado, la atención para la prevención y el tratamiento del juego compulsivo o patológico, así como la rehabilitación de las personas con ludopatía.

A través de esta iniciativa, el líder parlamentario expuso en el pleno del legislativo que la lucha contra las adicciones representa uno de los desafíos más importantes en materia de salud pública a nivel mundial, que a lo largo de la historia los esfuerzos institucionales se han centrado primordialmente en el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas.

Sin embargo, destacó que en años recientes se ha reconocido la existencia de adicciones no relacionadas con sustancias, también conocidas como adicciones comportamentales o conductuales; lo que a nivel global ha servido para crear propuestas dirigidas al fortalecimiento de los sistemas de salud pública, abarcando tanto las adicciones por sustancias como aquellas relacionadas con conductas patológicas.

«Uno de los ejemplos más relevantes de este tipo de adicciones es el juego patológico o ludopatía, reconocido por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en la Quinta Edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) como un trastorno adictivo no relacionado con sustancias, que se caracteriza por un patrón persistente y recurrente de comportamiento de juego, que conlleva un deterioro significativo en áreas personales, familiares, laborales o sociales», expuso.

Ante ello, indicó que uno de los principales retos para el sistema de salud en Michoacán es la ausencia de estadísticas oficiales y estudios epidemiológicos sobre este trastorno, lo cual dificulta el diseño de programas eficaces de prevención, detección temprana y tratamiento especializado. No obstante, el creciente número de establecimientos de apuestas —muchos de ellos operando de manera permisiva o con escasa regulación— sugiere un aumento significativo en la prevalencia del juego patológico en nuestra entidad.

En ese contexto, Reyes Galindo destacó la necesidad de incorporar en la ley de Adicciones del Estado de Michoacán la rehabilitación de aquellas personas que padecen este tipo de conductas, a través de un proceso terapéutico integral mediante el cual una persona con un trastorno por uso de sustancias o con una adicción conductual, como la ludopatía ñ, pieda recuperarse gradualmente un nivel funcional de salud física, mental, emocional y social, mediante intervenciones multidisciplinarias que promuevan su reintegración plena a la comunidad.

Atender adecuadamente la salud emocional es imprescindible o de lo contrario se corre el grave riesgo de conducir a un deterioro del estado mental, llevando incluso a situaciones violentas o delictivas, alertó el diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa.

Por lo anterior, en tribuna presentó una reforma al artículo tercero, fracción I, de la Ley de Salud del Estado de Michoacán, ya que la salud emocional es un componente esencial del bienestar integral del ser humano, en todos los estratos sociales y a cualquier edad; el equilibrio emocional es crucial para vivir de manera plena y funcional.

La ausencia de salud emocional, indicó el legislador, puede desencadenar una serie de consecuencias negativas que afectan no solo al individuo, sino también a su entorno inmediato. Estas afecciones, cuando no se detectan ni se tratan a tiempo, pueden conducir a un deterioro progresivo del estado mental, generar conflictos interpersonales y derivar en dinámicas sociales disfuncionales.

Toño Carreño agregó que la salud mental es una condición necesaria para el bienestar colectivo, ya que fomenta una cultura de paz y contribuye a la construcción de comunidades más solidarias, resilientes y equitativas. Por ello, debe entenderse como un derecho humano que el Estado tiene la obligación de proteger y promover.

El legislador fue contundente al señalar que la salud mental debe tener la misma importancia en su atención que la salud física, así que se requiere diseñar e implementar políticas públicas que promuevan el desarrollo de habilidades socioemocionales desde la infancia.

Solo así, finalizó, se podrá avanzar hacia una sociedad verdaderamente saludable, donde el bienestar emocional no sea una excepción, sino una norma que posibilite una vida digna, libre de violencia y con oportunidades de desarrollo para todas las personas y recordó que desde su campaña proselitista ya había establecido compromisos de legislar por la salud mental de los michoacanos.

04

Que las trabajadoras y los trabajadores del Estado de Michoacán y sus municipios puedan acceder a servicios médicos preventivos y tratamientos de salud, sin poner en riesgo su estabilidad laboral ni su salario, fue la propuesta presentada por el diputado por el Distrito XIX, con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) planteó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud en condiciones de igualdad de género para todas y todos los trabajadores.

Ante el pleno de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, indicó que el acceso a la salud es uno de los derechos más sentidos por la población, y que quien padece una enfermedad tiene mayores posibilidades de quedarse sin empleo y, por ende, sin recursos económicos para atender su padecimiento.

Aunado a ello, dio a conocer que, de acuerdo con datos del INEGI, las principales causas de muerte en la población están relacionadas con enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, tumores malignos, entre otras.

De ahí la importancia de esta iniciativa y de realizar acciones de prevención, como campañas informativas, para conminar a la población a acudir a chequeos médicos de manera regular.

En ese sentido, detalló que la iniciativa busca que las dependencias, entidades, organismos autónomos y diversos entes estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan y otorguen las autorizaciones y/o permisos necesarios para que las y los trabajadores acudan anualmente a las instituciones de salud a realizarse estudios para la detección temprana y tratamientos médicos en los casos y momentos necesarios, en relación con las enfermedades de cáncer de mama y cervicouterino, cáncer de próstata, enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, padecimientos cerebrovasculares, del hígado, pulmonares, crónicas e insuficiencia renal.

Ante sus homólogos del Congreso de Michoacán, pidió apoyar esta propuesta y coadyuvar, desde el Legislativo, a garantizar el derecho a la salud, en igualdad de condiciones y sin exclusión, a las y los trabajadores michoacanos.