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Para garantizar una alimentación adecuada a las niñas, niños y adolescentes, y para que en Michoacán se destinen mayores recursos y se emprendan más acciones encaminadas a fortalecer programas de alimentación infantil, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta iniciativa, presentada en conjunto con varias compañeras diputadas integrantes de la LXXVI Legislatura Local, tiene como finalidad que la alimentación infantil se atienda de manera integral y se mejoren también los apoyos que se entregan en los paquetes alimenticios a las familias de menores ingresos, y en las escuelas se lleve registro de talla y peso de las y los alumnos que permita detectar y actuar a tiempo.

La diputada local dijo que el problema del sobrepeso, además de afectar a la salud, afecta a miles de alumnos que son víctimas de bullying, por lo que se debe atender de manera integral y ayudar a las y los niños y adolescentes para que tengan una vida saludable.

Este sector de la población, señaló la diputada de la bancada de Movimiento Ciudadano, está siendo atacado por una enfermedad silenciosa y que a simple vista en ocasiones no permite ver sus estragos.

Y recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó la prohibición de comida de bajo valor nutricional en las escuelas, la conocida comida chatarra, lo cual es positivo. Sin embargo, un problema que existe es cómo garantizar que las familias tengan los recursos para dar una alimentación sana y adecuada a sus hijos cuando no se tiene lo suficiente, y es necesario generar los mecanismos para ayudar a quienes no cuentan con los recursos.

Recordó que se estima que el 31 por ciento de las niñas y niños tienen sobrepeso y el 22 por ciento padece obesidad, lo cual debe alertar a todas y todos, más a Michoacán, cuando en el 2023 la entidad ocupó el primer lugar a nivel nacional en obesidad infantil.

Grecia Aguilar llamó a actuar inmediatamente para atender el problema que se tiene en Michoacán, tras recordar que en el estado se tienen 63 mil niñas y niños en situación de desnutrición y 123 mil padecen anemia, y más de la mitad de la población de este sector viven en pobreza.

Por ello, con esta reforma se establece que las autoridades en materia de salud e infancia deberán prestar a las familias los servicios de atención nutricional que brinden apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria y combatir enfermedades asociadas a la desnutrición.

Con el objetivo de fortalecer la tipificación del delito de maltrato animal, ampliar las conductas sancionadas, endurecer las penas para los agresores y establecer la obligación de reparar el daño en caso de que el animal sobreviva, el diputado Víctor Manríquez González presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos y Protección para los Animales en el Estado de Michoacán y el Código Penal del Estado, con el objetivo de castigar con mayor severidad la crueldad y garantizar cero impunidad en casos de maltrato.

En sesión presentó la iniciativa en la que plantea incorporar un apartado específico sobre maltrato y crueldad animal en la Ley de los Derechos y Protección para los Animales en el Estado y modificar el artículo 311 del Código Penal, para aumentar las penas para quienes cometan actos de maltrato animal, sancionar de manera más severa la reincidencia en este delito, establecer la obligación de reparación del daño y incluir agravantes en los casos en que derive en la muerte del animal tras un prolongado sufrimiento.

El maltrato animal no solo es una conducta reprobable desde el punto de vista moral, sino también un fenómeno con profundas implicaciones en la seguridad y la salud pública. Diversos estudios han demostrado que la violencia contra los animales está vinculada con la violencia social en general, incluyendo el maltrato infantil y la violencia de género, sostuvo el diputado de Movimiento Ciudadano.

Víctor Manríquez recalcó que Michoacán no puede quedar rezagado en esta materia, por lo que urge fortalecer el marco normativo estatal para garantizar la protección y el bienestar de los animales, estableciendo sanciones proporcionales a la gravedad de los actos de crueldad y asegurando la reparación del daño en los casos en que el animal logre sobrevivir.

Esta reforma no solo representa un avance en la defensa de los derechos de los animales, sino también una medida clave para fomentar una cultura de respeto, empatía y responsabilidad social. Al proteger a los seres más vulnerables, estamos construyendo una sociedad más justa, ética y solidaria.

Víctor Manríquez subrayó que con estas reformas se busca proteger a los animales y promover una sociedad más justa y solidaria. La propuesta es un paso importante hacia la construcción de un Michoacán más compasivo y responsable con los seres vivos.

Recordó que en nuestro país mueren al año más de 60 mil animales por maltrato, por lo que urge resolver los vacíos legales en las normas vigentes para castigar a quienes atentan y aportar a la protección de los animales.

Con la finalidad de reconocer, prevenir y atender la violencia digital en Michoacán, el legislador por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó una iniciativa para garantizar una educación digital equitativa y herramientas tecnológicas seguras para la niñez y adolescencia.

Al hacer uso de la tribuna, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), dio a conocer que de acuerdo a datos de la UNICEF, alrededor del 50 por ciento de las niñas y los niños de seis a 11 años tienen acceso al internet; en tanto que el porcentaje en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años es de hasta el 94 por ciento.

En ese sentido, estableció que si bien el uso del internet tiene importantes beneficios para el desarrollo de la niñez y adolescencia como la socialización, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y el entretenimiento; también implica riesgos que se deben atender como lo son el ciberacoso, ciberbullying, sexting, sextorsion, grooming, phishing y el robo de identidad.

Ante sus homólogos de la LVXXl legislatura del Congreso de Michoacán, planteó diversas modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, a fin de reconocer la violencia digital y atender las problemáticas que de ella derivan y que pueden provocar graves afectaciones en la niñez y adolescencia.

La propuesta, implica identificar la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual, o aquello que cause daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad; además de daño psicológico o emocional en cualquier ámbito de la vida privada de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, la iniciativa establece la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la implementación de campañas de concientización y capacitación dirigidas a los docentes, las familias y los servidores públicos en torno a este fenómeno en el estado.

De igual manera, se establece la creación y fortalecimiento de políticas públicas para la prevención de la violencia digital y para contar con herramientas legales que permitan hacer frente a los retos y problemáticas que se pudieranpresentar en todos los entornos de convivencia.

El legislador petista conminó a sus homólogos a hacer propia la propuesta, para proteger la integridad y los derechos de la niñez y adolescencia michoacana.

Vicente Gómez aprovechó para agradecer la asistencia del alumnado de plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) Cemsad 62, plantel San Rafael Tecario y a su director, Valdwin Iván León González.

Con la finalidad de dar mayor certeza y pluralidad al trabajo en comisiones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reestructuración de las comisiones de: Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, de Desarrollo Social, Protección a la Niñez y Adolescencia, la de Puntos Constitucionales, así como el Comité de Comunicación Social.

De esta forma, la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, quedó conformada por: las diputadas y diputados, Diana Mariel Espinoza Mercado, presidenta; Juan Carlos Barragán Vélez, Fabiola Alanís Sámano, Víctor Manuel Manríquez González y Octavio Ocampo Córdova, integrantes.

En tanto, la Comisión de Desarrollo Social, será presidida por el diputado Octavio Ocampo Córdova e integrada por las diputadas: Emma Rivera Camacho y Ana Belinda Hurtado Marín; la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, será presidida por la legisladora Ana Vanessa Caratachea Sánchez y como integrante queda el diputado Víctor Manuel Manríquez González.

La Comisión de Puntos Constitucionales, quedó establecida con la diputada Emma Rivera Camacho, como presidenta e integrada por las y los diputados, David Martínez Gowman, Reyes Galindo Pedraza, Eréndira Isauro Hernández y Octavio Ocampo Córdova.

Por su parte, el Comité de Comunicación Social, será presidido por la diputada Belinda Iturbide Días e integrado por las y los legisladores: Abraham Espinoza Villa, Baltazar Gaona García, Alfonso Janitzio Chávez Andrade, Grecia Jennifer Aguilar Mercada y Adriana Campos Huirache.

Ante el panorama que enfrentan el 99% de los organismos de agua potable en los municipios, los cuales están quebrados y mal operados, el diputado Alfredo Anaya Orozco, presentó ante el Congreso del Estado una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán.

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (GPPVEM), señaló que esta iniciativa tiene como propósito establecer la obligación de que los organismos operadores de agua potable y alcantarillado municipales realicen, de manera anual, un diagnóstico integral sobre su situación operativa, técnica, administrativa y financiera.

“Hoy enfrentamos una crisis hídrica y financiera. El 99% de los organismos operadores en el país están técnicamente en quiebra, y cerca de la mitad del agua se pierde antes de llegar al consumidor. Esta situación exige decisiones legislativas responsables que promuevan una gestión más eficiente, transparente y sostenible del recurso hídrico”, señaló el legislador.

Para atender esta problemática en la iniciativa propone que se realice un diagnóstico anual que deberá contener el estado actual de la infraestructura y funcionamiento del organismo operador, así como las necesidades de inversión en infraestructura hídrica y una estimación de costos para mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios, “y lo que se les está pidiendo, es la información básica, la inversión necesaria y el ingreso mínimo que ocupan para operar en números negros”, acotó.

Anaya Orozco explicó que con esta iniciativa se busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y mejorar la eficiencia operativa de los organismos operadores.

“Este es un paso necesario para garantizar que cada michoacano tenga acceso seguro, equitativo y continuo al agua potable. La información es poder, y sin diagnósticos actualizados es imposible tomar decisiones acertadas”, concluyó el diputado.

Con el propósito de hacer frente a la violencia física contra las mujeres, la diputada local Itzé Camacho presentó en el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para implementar el programa “Botón Rosa”, el cual permite la atención de emergencias por parte de elementos de seguridad.

De acuerdo con la iniciativa, presentada en conjunto con el diputado Juan Carlos Barragán, el programa Botón Rosa consiste en un dispositivo de geolocalización vinculado directamente con la autoridad municipal, lo que permite la atención inmediata por parte de la patrulla más cercana, con un tiempo de respuesta menor a cinco minutos.

“Esta iniciativa que presentamos busca justamente eso: reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para incorporar mecanismos tecnológicos como el Botón Rosa en el marco normativo estatal, de forma que puedan implementarse en coordinación con los municipios y con respaldo legal, operativo y presupuestal”, agregó la congresista desde la tribuna.

La legisladora recordó que, durante su periodo como presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, el municipio formaba parte del listado de localidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Michoacán, junto con Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo.

Sin embargo, destacó que en los últimos dos años no se ha registrado ningún caso de feminicidio en Lázaro Cárdenas, mismo que se convirtió en el primer municipio en abandonar el listado de localidades con dicha alerta, hecho que atribuyó en parte a la implementación del programa Botón Rosa.

Con base en este precedente, la legisladora expresó su intención de convertir esta medida municipal en un modelo replicable a nivel estatal, especialmente en los municipios que cuentan con Alerta de Género.

Sostuvo que esta propuesta no nace en un escritorio, sino desde la experiencia adquirida durante su gestión en el municipio de Lázaro Cárdenas.

“La tecnología bien aplicada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, añadió.

“Cuando la tecnología se integra en una política pública con enfoque humano y de género, entonces estaremos verdaderamente avanzando hacia un estado más seguro, más justo y más digno para todas”, concluyó.

El diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del PT, refirió que “ante los múltiples casos de arbitrariedad cometidos por agentes de tránsito en Michoacán y los vacíos legales que permiten prácticas discrecionales”, es que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

Remarcó que su propuesta busca establecer límites precisos a la remisión de vehículos al depósito, prohibiendo que los reglamentos estatales y municipales operen al margen de la norma general y dejando atrás un sistema permisivo con los abusos cotidianos.

En tribuna, el legislador señaló que “los ciudadanos se enfrentan a un estado de indefensión frente a prácticas viciadas que han normalizado el abuso como forma de gestión pública”. Por ello, la iniciativa incorpora un catálogo claro de causales que justifican la remisión de un vehículo, excluyendo toda posibilidad de interpretación arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad vial. Además, se establecen obligaciones para preservar los objetos contenidos en los vehículos y responsabilidades patrimoniales en caso de daño o pérdida, cerrando así el paso a la impunidad institucional.

Otro eje central de la reforma, explicó, tiene que ver con la recaudación por los servicios de arrastre y depósito. Actualmente, estos cobros no siempre se transparentan ni se enteran debidamente a la Secretaría de Finanzas y Administración. La iniciativa plantea que sea esta dependencia, y no operadores externos o instancias municipales, la responsable de recibir dichos ingresos, con tarifas autorizadas previamente por el Congreso en la Ley de Ingresos del Estado.

“La ley vigente no protege lo suficiente al ciudadano, y sus omisiones han sido terreno fértil para la corrupción”, afirmó el legislador. Lo que está en juego no es un ajuste técnico, sino la necesidad de impedir que el sistema de tránsito siga operando como mecanismo de extorsión disfrazado de legalidad. “Nuestra tarea aquí, desde el Congreso del Estado es garantizar certidumbre jurídica al pueblo michoacano y frenar el abuso como política pública”, concluyó Hugo Rangel.

La Septuagésima Sexta Legislatura, aprobó ampliar el plazo hasta el día 31 de mayo, para que las y los contribuyentes michoacanos realicen sus pagos de los derechos fiscales, sin más cargas impositivas.

El plazo establecido anteriormente en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, para el cobro de los derechos, era el día 30 de abril, es decir, durante los primeros cuatro meses del año, sin embargo, las y los legisladores locales decidieron ampliar este término hasta el próximo 31 de mayo.

El dictamen presentado señala que “el comportamiento recaudatorio por los trámites realizados ante las oficinas administradoras y receptoras del SATMICH, por concepto de trámites y pago de derechos vehiculares, del 01 de enero al cierre del mes de marzo se atendieron 909,317 trámites, con una recaudación acumulada de, mil nueve millones, seiscientos ochenta y tres mil, ciento cuarenta y ocho pesos; siendo que el 69% de los pagos se realizaron en línea y 31% en ventanilla”.

Con ello también se beneficiará a las y los michoacanos concesionarios y refrendan su compromiso para la prestación del servicio de transporte público en el Estado de Michoacán.

El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa de reforma al artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, con la que propone que solo puedan aspirar a la gubernatura quienes hayan sido previamente electos mediante el voto directo para un cargo de elección popular.

Desde tribuna, Barragán indicó que “gobernar Michoacán requiere carácter, experiencia, legitimidad y, sobre todo, cercanía con el pueblo”.

Afirmó que “el cargo más alto del estado no puede estar en manos de quien nunca ha enfrentado las urnas ni ha sido evaluado por la ciudadanía”.

“Este no es un requisito excluyente, es una garantía de compromiso con el pueblo. Se trata de gobernar con conocimiento real del territorio, de sus comunidades, sus dolores y sus esperanzas”, señaló.

El legislador respaldó su propuesta citando al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada y la transformación se construye desde abajo”, mencionó.

Barragán enfatizó que “quienes han ganado una elección conocen el valor de escuchar, dar la cara y rendir cuentas, virtudes indispensables para quien encabece el Poder Ejecutivo estatal”.

“Hoy también es tiempo de mujeres, pero no solo es tiempo de mujeres, es tiempo de transformación, de resultados, y de gobernar con experiencia probada y legitimidad real”, expresó.

La propuesta busca fortalecer la democracia en Michoacán y asegurar que las decisiones más importantes del estado “estén en manos de liderazgos legítimos, formados en la calle y no en la comodidad de la burocracia política”.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó ante el pleno una iniciativa para que aquellos funcionarios públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves, sean inhabilitados definitiva o permanente.

Lo anterior, lo planteó durante la sesión de este miércoles en el recinto legislativo michoacano, donde explicó que esta iniciativa se contempla en la Ley de Responsabilidades Administrativas, con la que se pretende frenar y sancionar los casos de corrupción e impunidad en el estado, derivado de la alta incidencia que se ha registrado en los últimos tiempos en este sentido.

«La “Muerte Cívica» a funcionarios y políticos corruptos, ha sido un tema prioritario para al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, ya que representa la materialización institucional de uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló.

Agregó que la corrupción en Michoacán, es uno de los principales problemas públicos que deben ser atendidos con particular urgencia, ya que no solo representa una conducta inmoral por parte de políticos, funcionarios, servidores públicos y contratistas gubernamentales; sino que también trae consigo graves implicaciones políticas, económicas y sociales que debilitan el Estado de derecho, profundizan la pobreza y la desigualdad, e incrementan las violaciones a los derechos humanos.

El líder parlamentario petista, refirió que esta entidad, los casos de corrupción también representan una de las principales preocupaciones y malestares sociales, que se ha imbricado con otra serie de problemas arraigados en el contexto económico, social y político, y que deben combatirse con normas y procedimientos adecuados, reto que reposa primeramente en abatir la impunidad.

«Sostenemos con firmeza que una persona que accede al honor de representar la voluntad de la ciudadanía desde un espacio público, y quebranta con sus acciones la confianza que deviene con tal encomienda, debe verse despojado de la posibilidad de continuar dañando la integridad del servicio público y de las instituciones que tanto esfuerzo ha costado edificar, pues dicho sea de paso, el servicio público representa un alto honor para cualquier funcionario público, y no, por el contrario, un derecho irrenunciable para malos ciudadanos», acotó Reyes Galindo.