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“Así se consiguen los logros, con parlamento abierto y participación ciudadana”, señaló el diputado Hugo Rangel al celebrar la reciente reforma al artículo 1º de la Constitución de Michoacán, que sustituye el término “preferencias sexuales” por una redacción precisa: “orientación sexual, identidad y expresión de género”.

Esta modificación, impulsada en conjunto con el activista Gerardo Andrés Herrera Pérez y distintos colectivos LGBTIQ+, representa un avance histórico en materia de derechos humanos.

“La orientación sexual no es una preferencia: es una dimensión inherente a la dignidad humana, y el Estado tiene la obligación de reconocerla y protegerla”, afirmó. Con esta reforma, Michoacán se alinea con estándares internacionales y se suma al grupo de entidades que han dado pasos firmes hacia la inclusión constitucional de la diversidad sexual y de género.

El legislador del Partido del Trabajo reconoció que este logro no habría sido posible sin la lucha organizada de la comunidad LGBTIQ+. “Esta victoria es fruto de años de resistencia, de activismo incansable, de voces que no se han dejado silenciar. Es un triunfo colectivo que nos llena de orgullo y compromiso”, expresó. A su vez, enfatizó que los cambios constitucionales no sólo se traducen en normas, sino que cimientan nuevas realidades sociales e institucionales.

La reforma al artículo 1º es, en este sentido, un parteaguas cultural. Representa un acto de justicia simbólica que rompe con lenguajes discriminatorios y construye nuevas formas de concebir la inclusión en el marco legal. “Modificar un principio constitucional es transformar el discurso público y contribuir a la revolución de las conciencias. Es colocar la dignidad en el centro”, sentenció Hugo Rangel.

El diputado Toño Mendoza celebró la aprobación del dictamen que prohíbe la apología del delito en los contenidos públicos y expresiones que inciten a la violencia o glorifiquen conductas criminales.

“Estamos dando un paso firme para recuperar el tejido social y proteger especialmente a nuestros jóvenes, quienes muchas veces consumen contenido que normaliza o incluso glorifica la actividad delictiva”, declaró el legislador michoacano.

La apología del delito se ha convertido en un fenómeno cada vez más común, reflejado en expresiones culturales, mediáticas y sociales que presentan la vida delictiva como una vía rápida hacia el poder o el éxito. “Este tipo de contenidos distorsionan la percepción de la legalidad, fomentan modelos negativos de conducta y exponen a nuevas generaciones a riesgos innecesarios”, afirmó Mendoza.

El diputado recordó que si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, esta no ampara el discurso de odio ni la incitación a conductas ilícitas. “Tipificar la apología del delito permitirá establecer límites claros y brindar herramientas para sancionar adecuadamente este tipo de mensajes”, agregó.

Mendoza hizo un llamado a los creadores de contenido a ejercer su influencia con responsabilidad. “Es urgente legislar para frenar cualquier manifestación que, bajo el disfraz del entretenimiento o la expresión artística, legitime o glorifique el narcotráfico, la violencia o cualquier forma de criminalidad”, subrayó.

La aprobación de este dictamen representa un avance significativo en el esfuerzo legislativo por construir una sociedad más justa, segura y consciente del impacto que los mensajes públicos tienen en la convivencia social.

Con el compromiso de impulsar una legislación más justa e incluyente, el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán Vélez presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, con el objetivo de crear un nuevo capítulo denominado: De la relación de los municipios con los pueblos y comunidades afromexicanas.

Durante su exposición en tribuna, Barragán subrayó que esta propuesta responde a una demanda histórica y a un principio de justicia elemental, reconocer plenamente los derechos colectivos de los pueblos originarios y afromexicanos que históricamente han sido invisibilizados, excluidos y silenciados dentro de las estructuras institucionales.

“En Michoacán, si bien hemos avanzado parcialmente en el reconocimiento del autogobierno indígena, aún existe una grave omisión los pueblos afromexicanos no cuentan con el mismo reconocimiento legal ni en la misma dimensión institucional. Y sin nombre en la ley, no hay presupuesto, no hay representación, no hay justicia”, sentenció.

La iniciativa establece la obligación de los municipios de implementar mecanismos permanentes de diálogo, coordinación y respeto con las comunidades indígenas y afromexicanas, reconociendo sus formas propias de organización, sus autoridades tradicionales y su derecho a decidir sobre los asuntos que les afectan directamente.

El legislador recordó que esta propuesta se alinea con la visión nacional de transformación encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha señalado que los pueblos indígenas y afromexicanos serán ejes centrales del nuevo pacto de justicia, democracia y bienestar.

“Lo ha dicho con claridad la presidenta, no puede haber transformación si no se garantiza plenamente el derecho de los pueblos a decidir sobre su vida, su territorio, sus recursos y su destino. Como Congreso, nos toca convertir esa visión en leyes concretas”, apuntó.

Barragán enfatizó que esta iniciativa no busca conceder privilegios, sino derribar las barreras estructurales que han impedido por siglos la participación efectiva de estos pueblos en la toma de decisiones públicas y en la gestión de los recursos que les corresponden por derecho.

El diputado del PRD Michoacán, Octavio Ocampo presentó una iniciativa para la creación de la Comisión Especial de Impulso, Promoción y Desarrollo del Puerto Lázaro Cárdenas, con el objetivo de fortalecer la participación del Congreso del Estado en el desarrollo logístico y económico de Michoacán ante el nuevo contexto global.

“La relocalización de cadenas productivas (nearshoring) y la consolidación del T-MEC colocan a Michoacán en una posición clave para aprovechar su potencial. Necesitamos estar a la altura del momento histórico que vivimos”, señaló Ocampo durante la exposición de motivos.

El Puerto Lázaro Cárdenas moviliza más de 33 millones de toneladas de carga al año y cuenta con infraestructura de clase mundial. Forma parte de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODECOBI) impulsados por el Gobierno Federal, junto con la ciudad de Morelia, recientemente incorporada al programa.

La Comisión Especial tendrá como principales objetivos, promover reformas legislativas que fortalezcan el desarrollo logístico y portuario; generar espacios de diálogo entre el Congreso, autoridades y sectores productivos; impulsar una operación sustentable del puerto en coordinación con comunidades locales y; asegurar que el desarrollo económico beneficie directamente a las familias michoacanas.

“La apuesta por el puerto y los polos de desarrollo no es solo una visión económica, es una visión de justicia territorial. Queremos que las inversiones se traduzcan en empleo, ingresos dignos y oportunidades para nuestras familias”, añadió el legislador.

La propuesta se fundamenta en el artículo 95 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, que permite establecer comisiones especiales para atender temas estratégicos.

Ocampo recordó que Michoacán enfrenta retos significativos en materia de competitividad, infraestructura y conectividad, esto de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2024 del IMCO. Por ello, llamó a sus compañeras y compañeros legisladores a respaldar esta iniciativa como una acción concreta para transformar el presente y futuro económico del estado.

“Impulsar el Puerto Lázaro Cárdenas y los Polos de Desarrollo es invertir en el futuro de Michoacán. Es momento de actuar con visión, unidad y compromiso con nuestra tierra”, concluyó.

La diputada local Eréndira Isauro Hernández, representante del Distrito 05 con cabecera en Paracho, expresó este miércoles su respaldo a las y los migrantes michoacanos ante las recientes medidas promovidas en Estados Unidos que podrían afectar el envío de remesas, eje económico fundamental para miles de familias en el estado.

Durante su intervención en tribuna del Congreso del Estado, la legisladora hizo un llamado a sus compañeras y compañeros diputados para unirse en defensa de los derechos de los connacionales. “Es momento de actuar desde nuestras trincheras. Cualquier esfuerzo abona”, declaró.

Eréndira Isauro reconoció el papel fundamental que los migrantes han desempeñado no solo en la economía de Michoacán, sino también en la construcción del tejido social y cultural de sus comunidades de origen. Aseguró que es necesario dejar de verlos únicamente como generadores de recursos económicos y reconocer su labor como parte activa del pueblo michoacano que, incluso desde el extranjero, sigue trabajando por el bienestar del estado.

“El pueblo de México sabe lo que quiere y es recuperar el fruto de su trabajo y esfuerzo en favor de la grandeza de nuestra nación”, sostuvo, al tiempo que criticó a quienes, desde su perspectiva, celebran las medidas restrictivas impuestas por el país vecino. “Es lamentable que lejos de desearle lo mejor a su país, estén del lado de quienes pretenden detener el progreso del mismo”, afirmó.

La diputada exhortó también a los representantes en la Cámara Alta del Congreso de la Unión a dejar de lado aspiraciones personales y centrarse en la defensa efectiva de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. “Lo justo es que sus autoridades no los dejemos solos ante la arbitrariedad”, sentenció.

Finalmente, aseguró que se sumará a los esfuerzos de la presidenta del Congreso local y del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para exigir respeto a los derechos laborales y económicos de los migrantes michoacanos, advirtiendo que las medidas en discusión en EE. UU. podrían impactar seriamente el poder adquisitivo de las familias en la entidad.

“Ustedes son parte fundamental de esta transformación”, concluyó en referencia a los migrantes, a quienes reiteró que “no están solos”.

Ante el incremento de fraudes telefónicos y digitales que afectan a cientos de familias, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, exhortó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, para que establezca protocolos de atención y asesoría para las personas víctimas de estafas bancarias, garantizando acompañamiento eficaz y acceso a la justicia.

Además, solicitó se diseñen e implementen campañas de educación financiera dirigidas a la población, con énfasis en la identificación, prevención y denuncia de fraudes telefónicos y digitales, a través de su unidad especializada en delitos cibernéticos.

Y es que las transferencias electrónicas no reconocidas, los consumos no autorizados de las cuentas bancarias y los créditos sin consentimiento del usuario, son las principales quejas de los michoacanos, ocupando el 47.3 por ciento del total de quejas bancarias, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en el estado.

La CONDUSEF, explicó la diputada, “recibe cada semestre un promedio de 6 mil 577 reclamaciones relacionadas con servicios financieros, siendo el municipio de Morelia el de mayor concentración de casos. Estas cifras no sólo alertan, sino que obligan a la acción”, por ello la necesidad urgente de reforzar el marco legal, para proteger el patrimonio de las familias michoacanas.

Es imperativo, finalizó Belinda Irturbide, que el Congreso de Michoacán fije una postura clara, comprometida y activa para que se haga un llamado a la Fiscalía y de manera coordinada atiendan la problemática que vulnera la economía, tranquilidad y seguridad del pueblo michoacano.

Con la finalidad de que se instale un centro de acopio de pilas y baterías usadas, en los municipios de Michoacán, el Congreso del Estado exhortó a los 112 ayuntamientos y al Concejo Mayor de Cherán, para que se coordinen con la Secretaría de Medio Ambiente para su disposición final; y se realice la campaña de sensibilización de la ciudadanía y difusión sobre la ubicación de los centros o lugares de acopio.

En su exposición de motivos, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, proponente de dicho exhorto, señaló que las pilas y baterías, son dispositivos que producen electricidad a partir de las reacciones químicas de acuerdo con el tipo de sustancias que contienen, sin embargo, estos componentes pueden ser liberados al estar sometidos a altas temperaturas y son muy contaminantes al medio ambiente, por lo que causan graves daños a los ecosistemas y a la salud de la población.

En ese sentido, manifestó que “la gestión integral de las pilas y baterías usadas comienza por la recolección en forma separada y continúa para su envío a sitios autorizados en los que existan las condiciones necesarias y de seguridad para su adecuado tratamiento o a plantas donde se realice su reciclado”, aseveró.

Bajo ese esquema, es que se propuso que los ayuntamientos establezcan los centros de acopio y las campañas de difusión en el conocimiento, el uso responsable, la separación de estos productos de otros residuos y su depósito en sitios específicos para ello.

La 76 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, aprobó el nuevo Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2024.

El Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal 2024, se aprobó a fin de que se realicen 33 auditorías estatales, distribuidas de la siguiente manera: 23 de cumplimiento financiero; 1 financiera; 1 de cumplimiento; 5 de Desempeño; y, 3 de obra.

En el dictamen aprobado, se especifica que “el presupuesto de egresos programado para los Municipios asciende a 22 mil 220 millones 458 mil 203 pesos, con las adiciones en líneas supra señaladas, del cual, conforme a los tipos de auditoría y fuentes de financiamiento, se realizarán 123 auditorías de Cumplimiento financiero, 26 de Obra, 2 financieras y 1 de cumplimiento que suman un total de 152 Auditorías”.

De la misma forma se instruyó a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para que, de cumplimiento en tiempo y forma al Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal y de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del Ejercicio Fiscal 2024 y efectúe las auditorias que se precisan en este Acuerdo, e informe a la Comisión Inspectora de la ASM de sus resultados.

La diputada local Vanhe Caratachea presentó ante el Congreso del Estado una propuesta de acuerdo para impulsar, a nivel federal, la tipificación del secuestro virtual infantil como un delito autónomo, al advertir que esta forma de violencia digital va en aumento y está dejando secuelas emocionales profundas en las víctimas más vulnerables: las niñas y los niños.

“No comparezco solo como legisladora, sino como ciudadana, como alguien que ha escuchado el llanto impotente de una madre y de una familia engañada”, expresó la diputada desde tribuna, al compartir el caso reciente de un menor víctima de este tipo de extorsión en el municipio de La Piedad. El menor, de apenas 11 años, fue manipulado por delincuentes para esconderse en un lote baldío, mientras su madre recibía llamadas exigiendo un rescate con amenazas y gritos falsificados. “Lo que les relato no es ficción, es un caso real, y sucede con frecuencia”, advirtió.

La legisladora subrayó que el secuestro virtual infantil es una forma de violencia brutal que ha evolucionado con el uso de tecnologías, redes sociales y videojuegos, y que cada vez más afecta a menores que, sin ser sustraídos físicamente, son forzados mediante engaños a aislarse y simular un secuestro, mientras sus familias son extorsionadas con amenazas falsas.

La propuesta legislativa contempla la creación del artículo 366 Quinquies en el Código Penal Federal y del artículo 14 Bis en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Ambos artículos tipificarían el secuestro digital infantil como delito independiente, con penas de hasta 25 años de prisión, considerando el uso de herramientas tecnológicas como agravante.

Además, la iniciativa busca establecer medidas complementarias como la capacitación obligatoria para cuerpos policiales y ministerios públicos, la implementación de talleres de prevención digital en escuelas, y la creación de un registro estatal de casos para el diseño de políticas públicas efectivas.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en 2023 se reportaron más de 7 mil 500 casos de extorsión en el país, y se estima que al menos un 20 por ciento fueron secuestros virtuales, aunque la cifra real podría ser mucho mayor debido a la escasa denuncia.

“¿Podemos mirar a los ojos de una madre y decirle que la ley no alcanza al agresor de su hijo porque no hubo contacto físico?”, cuestionó la diputada. “La respuesta es clara: no. No podemos. No debemos. No lo merecen nuestras niñas y niños”.

Al finalizar su intervención, hizo un llamado a sus compañeras y compañeros del Congreso local a respaldar la propuesta no como un acto protocolario, sino como un compromiso real con la niñez mexicana. “Porque el día de mañana, cuando una niña juegue en línea sin miedo, cuando una familia pueda reír sin sobresaltos, sabremos que desde esta tribuna hicimos lo correcto”, concluyó.