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Con el objetivo de erradicar la impunidad contra quien promueva o glorifique acciones delictivas, la 76 Legislatura aprobó tipificar la provocación y la apología del delito, defendiendo la libertad de expresión y prensa.

En sesión ordinaria, durante el debate legislativo, las y los diputados coincidieron que combatir la violencia y actividades ilícitas, que influyen en la sociedad mediante la apología del delito, no debe cuartar el derecho a la libertad de expresión e información.

Mediante el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó con 24 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones, adicionar la fracción IX al artículo 24, así como el artículo 163 quinquies y el Capítulo VII al Título Cuarto del Libro Segundo del Código Penal para el Estado de Michoacán, para sancionar a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas, o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos.

Cabe destacar, que a propuesta de la diputada Sandra María Arreola Ruíz se adicionó al Decreto, el artículo 163 sexsies, para exceptuar a quienes informen en cualquier medio de comunicación, en el legítimo ejercicio de su profesión u oficio periodísticos, atendiendo al derecho a la información.

Asimismo, se estableció que serán consideradas personas autores o participes del delito a los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad.

Se adicionó el Capítulo VII denominado “Provocación a cometer un delito y apología de este o de algún vicio”, estableciendo una sanción de tres a seis meses de prisión al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas, o haga apología de éstos; y multa de ochenta a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, si el delito no se ejecutare.

El dictamen avalado por la mayoría de Pleno Legislativo, argumenta que la violencia crece en México y que entre los factores generadores de la misma, están las circunstancias y el entorno en los que las personas se desarrollan; refiere que existe una desconfianza hacía las autoridades encargadas de brindar protección y en correlación, ha ido acrecentando la influencia de la delincuencia organizada en ciertas regiones del país.

Las y los legisladores, enfatizaron que con dicha reforma penal, no se afectará la libertad de expresión, ya que ésta puede seguirse ejerciendo siempre y cuando en la misma no inciten, provoquen, enaltezcan o de cualquier manera hagan ver como necesarias las actividades criminales.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano, se reunió con el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez Centeno, con la finalidad de estrechar los lazos de colaboración, entre los distintos niveles de gobierno y Poderes del Estado, en beneficio de las y los michoacanos.

La defensa a la comunidad migrante michoacana en Estados Unidos y en el estado, el impulso a la participación ciudadana en la próxima elección del Poder Judicial en país y en el estado, así como la promoción de derechos para el bienestar de todas y de todos, fueron los principales temas abordados en la reunió privada, realizada en las oficinas de Bucareli de la Secretaría de Gobernación.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado destacó la importancia del fortalecimiento de la cooperación y de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y los distintos poderes, con la finalidad de conjuntar esfuerzos y consolidar la transformación histórica que se vive en el estado y el país.

También refirió que en esta coyuntura es importante cerrar filas para proteger a la comunidad migrante debido al proyecto fiscal estadounidense que pretende gravar las remesas, lo que afectaría en gran medida a las familias michoacanas que reciben estos ingresos del exterior, ya que la entidad se mantiene como la principal receptora de esos envíos en todo el país.

Una muestra de los resultados que trae la coordinación, dijo, es la reducción de ese gravamen del 5 al 3.5 por ciento, logrado luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum, en conjunto con el Senado de la República, iniciaran diálogos con legisladores estadounidenses para tratar de eliminar esa propuesta de gravamen.

“Queremos transmitirle al Gobierno de México y a la Presidenta Claudia Sheinbaum que desde Michoacán respaldamos y nos unimos a la defensa de la comunidad migrante, así como en los distintos esfuerzos nacionales para mejorar el bienestar de la gente, especialmente de nuestro estado”, señaló la diputada Fabiola Alanís.

El diputado del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, presentó ante el Pleno de la 76 legislatura una iniciativa que tiene como objetivo establecer como agravante los delitos sexuales cometidos por familiares consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado, incluyendo además consecuencias legales en materia de custodia, tutela, convivencia y derechos sucesorios.

Y es que de acuerdo con datos oficiales sobre la prevalencia de la violencia sexual en el país y en el estado, así como cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia, siendo la violencia sexual una de las más frecuentes. En Michoacán, esta problemática ha mostrado un crecimiento sostenido, particularmente en el ámbito familiar, donde la mayoría de los agresores son personas cercanas a las víctimas.

La reforma presentada por el legislador y leída este miércoles en el pleno legislativo propone reformar la fracción II del artículo 168 del Código Penal del Estado, es decir, modificar el marco legal vigente para establecer penas más severas en los casos de abuso sexual intrafamiliar y otorgar medidas que limiten los vínculos legales entre el agresor y la víctima.

De aprobarse, a las personas responsables se les privará de la guarda, custodia, tutela, convivencia y derechos sucesorios respecto de la víctima, además de la pena de prisión correspondiente. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.

Para facilitar el reencuentro entre padres e hijos separados por la migración, Belinda Iturbide Díaz, diputada local de extracción morenista, propuso reunir a las familias disgregadas por este fenómeno, con la creación de Centros de Reencuentro Familiar en cada municipio.

Para ello, deberá ser reformada la fracción III del artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, para que ayuntamientos y la dependencia estatal del Migrante, prioricen la creación de Centros de Reencuentro Familiar, donde se facilite el contacto y la reunificación entre padres e hijos que se encuentren separados, y donde se les brinde atención psicológica, asesoría legal y acompañamiento integral con derechos humanos y perspectiva de género.

Lo anterior porque “para Morena, se trabaja por la justicia social y la equidad, y para que las familias sigan siendo el centro de las políticas públicas, pues es la unidad familiar el pilar esencial de una sociedad justa y solidaria”, abundó la diputada por el Distrito de Puruándiro.

Y es que de acuerdo al Consejo Nacional de Población ( CONAPO), el cambio de residencia de las personas, es un proceso que abarca diversas causas que van desde los desastres naturales, conflictos armados, pobreza o factores culturales, sumado a la falta de empleos bien remunerados, que impulsan a los individuos a migrar, en busca de una vida mejor.

De hecho, mencionó Iturbide Díaz, en 2020 se estimaba que 12.2 millones de mexicanos residían fuera del país, principalmente en Estados Unidos y que Michoacán destaca como una de las entidades con mayor intensidad migratoria, “lo cual deja huela en el tejido social michoacano”.

Con el objetivo de combatir una forma de violencia silenciosa y destructiva, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Sandra María Arreola Ruiz presentó una iniciativa para tipificar la sumisión química como delito específico en el Código Penal de Michoacán.

«Lo que no se nombra y no se reconoce, no existe. Hoy, damos un paso histórico para visibilizar y castigar este crimen que ha devastado la vida de miles de mujeres en la sombra de la impunidad», destacó la legisladora.

La sumisión química consiste en la administración de sustancias psicoactivas (SPA) sin consentimiento, con el fin de anular la voluntad de la víctima y facilitar delitos como abuso sexual, violación, secuestro, desaparición forzada o robo.

Y se estima que el 66% de las víctimas de estas acciones son mujeres y entre el 80% y 90% de ellas sufren agresiones sexuales. Los casos suelen ocurrir en espacios de ocio nocturno como bares y antros, lo que representa un factor de riesgo para, principalmente, mujeres jóvenes y adolescentes.

“La sumisión química no solo vulnera la integridad física, sino que destruye la libertad y la confianza en los espacios públicos y tiene efectos devastadores además de la sedación, como amnesia, desorientación, desinhibición, depresión cardiorrespiratoria e incluso muerte”, detalló la coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM.

Es por ello que la iniciativa busca llenar un vacío legal al crear la figura de “Lesiones por Sumisión Química», que se defina como la administración de sustancias que alteren la conciencia, inhiban la voluntad o disminuyan el juicio de la víctima con intención de cometer otro delito. Además se proponen sanciones con una pena de 6 a 10 años de prisión y multa económica ejemplar.

“Actualmente hay una deuda de justicia con las víctimas de estas acciones. La falta de tipificación específica ha permitido que los victimarios eviten consecuencias legales. Legislar sobre este delito es legislar por la vida, la libertad y la dignidad. Es escuchar a las sobrevivientes y decirles: ¡No están solas!», enfatizó Arreola Ruiz.

La diputada Vanhe Caratachea presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para fortalecer la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de mejorar la actuación de los municipios en la protección de niñas, niños y adolescentes.

La legisladora recordó que, si bien existe una reforma desde marzo de 2023 que obliga a los ayuntamientos a conformar una Comisión para la Protección de los Derechos de la Niñez, esta figura actualmente cuenta con atribuciones muy generales, lo cual resulta insuficiente frente a la compleja realidad que enfrentan muchos menores en el estado.

“Hoy lo que se plantea no es solo dar más facultades a una instancia municipal. Queremos que en cada rincón de Michoacán exista una comisión viva, cercana a la ciudadanía, que escuche, actúe y proteja a la niñez de la violencia, del abandono y de la indiferencia institucional”, señaló Vanhe Caratachea.

La iniciativa propone dotar a estas comisiones de herramientas concretas para planear, ejecutar, supervisar y evaluar políticas públicas con enfoque de derechos, además de establecer un vínculo directo con este Congreso, permitiendo una supervisión real y una mejora continua de su funcionamiento.

Vanhe Caratachea destacó que la propuesta impulsa el tránsito de un modelo asistencialista a uno de garantía y restitución de derechos, con principios como el interés superior de la niñez, la participación activa de las infancias, y la coordinación interinstitucional.

Finalmente, adelantó que en próximas fechas se realizará un encuentro estatal con estas comisiones municipales, con el fin de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades y asegurar que cada niña y niño de Michoacán encuentre en su municipio cuenten con una red de protección.

La diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Eréndira Isauro Hernández, presentó una iniciativa ante el Congreso de Michoacán para reformar la Ley de Salud estatal y armonizarla con la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, con el objetivo de fortalecer la atención integral y temprana a menores con cáncer.

La legisladora destacó que Michoacán ha logrado avances importantes en este tema, gracias al compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha impulsado el Programa de Bienestar para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, otorgando apoyos económicos a más de 400 familias. Sin embargo, señaló que estas acciones aún no están reconocidas formalmente en la legislación estatal, por lo que es necesario integrarlas para asegurar su permanencia.

Acompañada por el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, Isauro Hernández señaló que aunque Michoacán registra una tasa de supervivencia cercana al 70% —por encima de la media nacional—, aún falta reforzar la detección oportuna, pues muchos casos se detectan en etapas avanzadas.

La iniciativa propone reformar los artículos 39 TER, 39 QUATER, 39 QUINQUIES y 39 SEXIES de la Ley de Salud de Michoacán para:

•⁠ ⁠Garantizar atención médica gratuita e integral a menores sin seguridad social.
•⁠ ⁠Establecer la capacitación obligatoria del personal médico para la detección temprana.
•⁠ ⁠Incluir legalmente el apoyo económico a familias cuidadoras.
•⁠ ⁠Obligar a los prestadores de salud a remitir en un máximo de siete días a pacientes con sospecha de cáncer a unidades especializadas.
•⁠ ⁠Declarar febrero como el Mes Estatal para la Prevención y Atención del Cáncer Infantil y Juvenil, incorporando acciones en la Cartilla Nacional de Salud.

La diputada reiteró que esta reforma busca convertir en ley lo que ya se realiza en los centros de salud y asegurar que niñas, niños y adolescentes reciban una atención digna, oportuna y con respaldo institucional.

Con el compromiso firme de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y la niñez en situación de vulnerabilidad, el diputado Poncho Chávez, integrante de la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo.

La propuesta legislativa busca garantizar el acceso inmediato al derecho a la educación para mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijas e hijos, aun cuando no cuenten con la documentación requerida al momento de la inscripción, como actas de nacimiento, certificados escolares o comprobantes oficiales de estudios previos.

“¿Es acaso justo que una niña o niño no pueda continuar con su educación solo porque proviene de un entorno de violencia? ¿O que una mujer que huyó por su vida no pueda acceder a una escuela por no tener sus papeles?”, cuestionó el legislador durante su intervención en tribuna.

La iniciativa plantea que, atendiendo al principio del interés superior de la niñez, las instituciones educativas no deberán exigir de manera inmediata los documentos habituales de inscripción a quienes hayan sido víctimas de violencia. Asimismo, contempla que las mujeres, sean madres o no, puedan continuar o iniciar su formación académica sin trabas burocráticas que revictimicen su situación.

“Esto no solo es un acto de justicia. Es una medida necesaria para garantizar condiciones de vida dignas, mayores oportunidades de empleo, y el desarrollo pleno de capacidades y talentos”, añadió Poncho Chávez.

La propuesta establece que será suficiente la solicitud expresa de la mujer o madre para hacer valer este derecho, sin necesidad de justificar o relatar su situación ante autoridades escolares, lo que busca evitar cualquier forma de revictimización por parte de las instituciones educativas o la Secretaría correspondiente.

El diputado Hugo Rangel presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca dotar de atribuciones jurídicas a los ayuntamientos para restringir la venta de alimentos ultraprocesados en las inmediaciones de centros escolares, esto frente al “deterioro en los hábitos alimenticios de la infancia y la alarmante prevalencia de enfermedades asociadas a la obesidad”.

“La excepción, hace tres décadas, era encontrar a un niño con sobrepeso; hoy, penosamente, la regla es exactamente la contraria”, expresó el legislador al contextualizar el retroceso nutricional al que se ha visto expuesta la niñez en las últimas décadas.

La propuesta legislativa encuentra su fundamento en el artículo 212 de la Ley General de Salud, así como en el artículo 75 de la Ley General de Educación, la cual establece una lista de alimentos prohibidos en escuelas primarias y secundarias.

De manera puntual, la iniciativa plantea que los 113 ayuntamientos del estado y el Consejo Municipal de Cherán cuenten con herramientas normativas para prohibir la expedición de licencias municipales a establecimientos que expendan productos con bajo valor nutricional, conocidos popularmente como comida chatarra. “Esta cruzada del Gobierno de la República requiere del esfuerzo coordinado de la sociedad civil y de los tres órdenes de gobierno”, señaló Rangel.

Citando a organizaciones especializadas como El Poder del Consumidor, advirtió que “uno de cada dos niños que hoy tienen entre 6 y 15 años tienen altas probabilidades de padecer hipertensión y diabetes en su vida adulta”. Ante esta proyección epidemiológica, el legislador defendió el papel de los gobiernos locales como garantes del interés superior de la niñez, al tiempo que exhortó a asumir con seriedad el compromiso de revertir esta tendencia.

El proyecto incluye un artículo tercero transitorio que establece un plazo no mayor a 60 días hábiles para que los gobiernos municipales adecuen sus reglamentos y hagan efectiva la aplicación de la nueva normativa. Además, se contempla que la Dirección de Inspección y Reglamentos de cada ayuntamiento coadyuve con las inspecciones escolares en vía pública. “Privilegiar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes exige no sólo voluntad política, sino también capacidad normativa”, concluyó.