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Ante el panorama que enfrentan el 99% de los organismos de agua potable en los municipios, los cuales están quebrados y mal operados, el diputado Alfredo Anaya Orozco, presentó ante el Congreso del Estado una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán.

El integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista (GPPVEM), señaló que esta iniciativa tiene como propósito establecer la obligación de que los organismos operadores de agua potable y alcantarillado municipales realicen, de manera anual, un diagnóstico integral sobre su situación operativa, técnica, administrativa y financiera.

“Hoy enfrentamos una crisis hídrica y financiera. El 99% de los organismos operadores en el país están técnicamente en quiebra, y cerca de la mitad del agua se pierde antes de llegar al consumidor. Esta situación exige decisiones legislativas responsables que promuevan una gestión más eficiente, transparente y sostenible del recurso hídrico”, señaló el legislador.

Para atender esta problemática en la iniciativa propone que se realice un diagnóstico anual que deberá contener el estado actual de la infraestructura y funcionamiento del organismo operador, así como las necesidades de inversión en infraestructura hídrica y una estimación de costos para mantenimiento, ampliación y mejora de los servicios, “y lo que se les está pidiendo, es la información básica, la inversión necesaria y el ingreso mínimo que ocupan para operar en números negros”, acotó.

Anaya Orozco explicó que con esta iniciativa se busca fortalecer la transparencia y rendición de cuentas y mejorar la eficiencia operativa de los organismos operadores.

“Este es un paso necesario para garantizar que cada michoacano tenga acceso seguro, equitativo y continuo al agua potable. La información es poder, y sin diagnósticos actualizados es imposible tomar decisiones acertadas”, concluyó el diputado.

Con el propósito de hacer frente a la violencia física contra las mujeres, la diputada local Itzé Camacho presentó en el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para implementar el programa “Botón Rosa”, el cual permite la atención de emergencias por parte de elementos de seguridad.

De acuerdo con la iniciativa, presentada en conjunto con el diputado Juan Carlos Barragán, el programa Botón Rosa consiste en un dispositivo de geolocalización vinculado directamente con la autoridad municipal, lo que permite la atención inmediata por parte de la patrulla más cercana, con un tiempo de respuesta menor a cinco minutos.

“Esta iniciativa que presentamos busca justamente eso: reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para incorporar mecanismos tecnológicos como el Botón Rosa en el marco normativo estatal, de forma que puedan implementarse en coordinación con los municipios y con respaldo legal, operativo y presupuestal”, agregó la congresista desde la tribuna.

La legisladora recordó que, durante su periodo como presidenta municipal de Lázaro Cárdenas, el municipio formaba parte del listado de localidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Michoacán, junto con Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo.

Sin embargo, destacó que en los últimos dos años no se ha registrado ningún caso de feminicidio en Lázaro Cárdenas, mismo que se convirtió en el primer municipio en abandonar el listado de localidades con dicha alerta, hecho que atribuyó en parte a la implementación del programa Botón Rosa.

Con base en este precedente, la legisladora expresó su intención de convertir esta medida municipal en un modelo replicable a nivel estatal, especialmente en los municipios que cuentan con Alerta de Género.

Sostuvo que esta propuesta no nace en un escritorio, sino desde la experiencia adquirida durante su gestión en el municipio de Lázaro Cárdenas.

“La tecnología bien aplicada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, añadió.

“Cuando la tecnología se integra en una política pública con enfoque humano y de género, entonces estaremos verdaderamente avanzando hacia un estado más seguro, más justo y más digno para todas”, concluyó.

El diputado Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del PT, refirió que “ante los múltiples casos de arbitrariedad cometidos por agentes de tránsito en Michoacán y los vacíos legales que permiten prácticas discrecionales”, es que presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado.

Remarcó que su propuesta busca establecer límites precisos a la remisión de vehículos al depósito, prohibiendo que los reglamentos estatales y municipales operen al margen de la norma general y dejando atrás un sistema permisivo con los abusos cotidianos.

En tribuna, el legislador señaló que “los ciudadanos se enfrentan a un estado de indefensión frente a prácticas viciadas que han normalizado el abuso como forma de gestión pública”. Por ello, la iniciativa incorpora un catálogo claro de causales que justifican la remisión de un vehículo, excluyendo toda posibilidad de interpretación arbitraria por parte de los cuerpos de seguridad vial. Además, se establecen obligaciones para preservar los objetos contenidos en los vehículos y responsabilidades patrimoniales en caso de daño o pérdida, cerrando así el paso a la impunidad institucional.

Otro eje central de la reforma, explicó, tiene que ver con la recaudación por los servicios de arrastre y depósito. Actualmente, estos cobros no siempre se transparentan ni se enteran debidamente a la Secretaría de Finanzas y Administración. La iniciativa plantea que sea esta dependencia, y no operadores externos o instancias municipales, la responsable de recibir dichos ingresos, con tarifas autorizadas previamente por el Congreso en la Ley de Ingresos del Estado.

“La ley vigente no protege lo suficiente al ciudadano, y sus omisiones han sido terreno fértil para la corrupción”, afirmó el legislador. Lo que está en juego no es un ajuste técnico, sino la necesidad de impedir que el sistema de tránsito siga operando como mecanismo de extorsión disfrazado de legalidad. “Nuestra tarea aquí, desde el Congreso del Estado es garantizar certidumbre jurídica al pueblo michoacano y frenar el abuso como política pública”, concluyó Hugo Rangel.

La Septuagésima Sexta Legislatura, aprobó ampliar el plazo hasta el día 31 de mayo, para que las y los contribuyentes michoacanos realicen sus pagos de los derechos fiscales, sin más cargas impositivas.

El plazo establecido anteriormente en la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo, para el cobro de los derechos, era el día 30 de abril, es decir, durante los primeros cuatro meses del año, sin embargo, las y los legisladores locales decidieron ampliar este término hasta el próximo 31 de mayo.

El dictamen presentado señala que “el comportamiento recaudatorio por los trámites realizados ante las oficinas administradoras y receptoras del SATMICH, por concepto de trámites y pago de derechos vehiculares, del 01 de enero al cierre del mes de marzo se atendieron 909,317 trámites, con una recaudación acumulada de, mil nueve millones, seiscientos ochenta y tres mil, ciento cuarenta y ocho pesos; siendo que el 69% de los pagos se realizaron en línea y 31% en ventanilla”.

Con ello también se beneficiará a las y los michoacanos concesionarios y refrendan su compromiso para la prestación del servicio de transporte público en el Estado de Michoacán.

El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán, presentó una iniciativa de reforma al artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, con la que propone que solo puedan aspirar a la gubernatura quienes hayan sido previamente electos mediante el voto directo para un cargo de elección popular.

Desde tribuna, Barragán indicó que “gobernar Michoacán requiere carácter, experiencia, legitimidad y, sobre todo, cercanía con el pueblo”.

Afirmó que “el cargo más alto del estado no puede estar en manos de quien nunca ha enfrentado las urnas ni ha sido evaluado por la ciudadanía”.

“Este no es un requisito excluyente, es una garantía de compromiso con el pueblo. Se trata de gobernar con conocimiento real del territorio, de sus comunidades, sus dolores y sus esperanzas”, señaló.

El legislador respaldó su propuesta citando al ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada y la transformación se construye desde abajo”, mencionó.

Barragán enfatizó que “quienes han ganado una elección conocen el valor de escuchar, dar la cara y rendir cuentas, virtudes indispensables para quien encabece el Poder Ejecutivo estatal”.

“Hoy también es tiempo de mujeres, pero no solo es tiempo de mujeres, es tiempo de transformación, de resultados, y de gobernar con experiencia probada y legitimidad real”, expresó.

La propuesta busca fortalecer la democracia en Michoacán y asegurar que las decisiones más importantes del estado “estén en manos de liderazgos legítimos, formados en la calle y no en la comodidad de la burocracia política”.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó ante el pleno una iniciativa para que aquellos funcionarios públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves, sean inhabilitados definitiva o permanente.

Lo anterior, lo planteó durante la sesión de este miércoles en el recinto legislativo michoacano, donde explicó que esta iniciativa se contempla en la Ley de Responsabilidades Administrativas, con la que se pretende frenar y sancionar los casos de corrupción e impunidad en el estado, derivado de la alta incidencia que se ha registrado en los últimos tiempos en este sentido.

«La “Muerte Cívica» a funcionarios y políticos corruptos, ha sido un tema prioritario para al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, ya que representa la materialización institucional de uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, señaló.

Agregó que la corrupción en Michoacán, es uno de los principales problemas públicos que deben ser atendidos con particular urgencia, ya que no solo representa una conducta inmoral por parte de políticos, funcionarios, servidores públicos y contratistas gubernamentales; sino que también trae consigo graves implicaciones políticas, económicas y sociales que debilitan el Estado de derecho, profundizan la pobreza y la desigualdad, e incrementan las violaciones a los derechos humanos.

El líder parlamentario petista, refirió que esta entidad, los casos de corrupción también representan una de las principales preocupaciones y malestares sociales, que se ha imbricado con otra serie de problemas arraigados en el contexto económico, social y político, y que deben combatirse con normas y procedimientos adecuados, reto que reposa primeramente en abatir la impunidad.

«Sostenemos con firmeza que una persona que accede al honor de representar la voluntad de la ciudadanía desde un espacio público, y quebranta con sus acciones la confianza que deviene con tal encomienda, debe verse despojado de la posibilidad de continuar dañando la integridad del servicio público y de las instituciones que tanto esfuerzo ha costado edificar, pues dicho sea de paso, el servicio público representa un alto honor para cualquier funcionario público, y no, por el contrario, un derecho irrenunciable para malos ciudadanos», acotó Reyes Galindo.

México es considerado, a nivel mundial, como uno de los destinos con mayor número de casos de explotación infantil, tanto sexual como laboral, y al ser Michoacán una zona turística con gran afluencia de visitantes cada año, se vuelve necesario y urgente legislar para salvaguardar los derechos de los menores de edad.

Así lo consideró la diputada integrante de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado, quien anunció la presentación de la iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado de Michoacán, para adicionar el artículo 115 Bis, en el que se plantea que todos los hoteles, moteles y centros de descanso, estarán obligados a acreditar que, cualquier menor que ingrese a estos espacios, estará acompañado por un familiar directo o, bien, un tutor legal, además de que serán obligados a denunciar cualquier caso que signifique la posible comisión de un delito.

“La industria hotelera en Michoacán tiene un gran potencial para influir positivamente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la entidad, por lo que su participación, nos ayudará a promover e implementar prácticas para combatir la explotación sexual y laboral infantil”, expresó.

Con esta modificación, señaló la diputada, se refrenda el compromiso de priorizar y privilegiar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Michoacán.