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Gracias al trabajo coordinado entre los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en breve, en el Pleno del Congreso del Estado se estará votando el dictamen para ratificar la conformación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como modificaciones a la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán.

Así quedó de manifiesto durante el encuentro que sostuvieron los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, Vicente Gómez Núñez, así como el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla con el coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros, María Fernanda Ortiz Hernández, directora de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán y Nora Chávez, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Vicente Gómez Núñez reconoció la labor decidida de quienes integran la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXVI Legislatura para abordar los temas pendientes y lograr la integración del dictamen que permitirá la conformación del Consejo de Participación Ciudadana, así como una reforma a la Ley de Protección Civil, que establece, entre otros aspectos, que la Coordinación Estatal de Protección Civil y las coordinaciones municipales de Protección Civil deberán prestar los servicios de los cuerpos de bomberos ante cualquier situación de emergencia.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) agradeció el respaldo de los diputados Juan Antonio Magaña de la Mora, Carlos Alejandro Bautista Tafolla y Guillermo Valencia Reyes y de quienes integran la mesa técnica para lograr concretar los dictámenes que serán votados por quienes conforman la LXXVI Legislatura.

El diputado, Carlos Alejandro Bautista expresó que con la conformación de los dictámenes se da una muestra de que el trabajo colaborativo con todos los sectores brinda buenos resultados e invitó a la construcción de leyes tomando en cuenta la voz de todos los sectores de la sociedad.

En este sentido, el coordinador estatal de Protección Civil, Amuravi Ramírez Cisneros agradeció la visibilización del Sistema de Protección Civil y recalcó que las reformas a la ley eran requeridas para lograr cambios favorables y se puedan adecuar los reglamentos y transitorios a las necesidades actuales.

Mientras que María Fernanda Ortiz Hernández, directora de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, refirió que se logró una buena coordinación para adecuar los marcos normativos y mostró su disposición a seguir trabajando para modificar los ordenamientos legales que se requieran.

Finalmente, Nora Chávez, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, indicó que se tenía más de un año buscando la conformación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual estará integrado por nueve personas de la sociedad civil, desde el ramo turístico, académico, la iniciativa privada y las comunicades indígenas, entre otros.

La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una iniciativa ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local para reformar la Constitución y garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todas las personas.

La propuesta de la diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es reformar el artículo 2º de la Constitución Política del Estado de Michoacán mediante la adición de un segundo párrafo, para garantizar este derecho a las y los michoacanos.

Si bien el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La nueva reforma a la Constitución Local busca ampliar este derecho a todas las personas, sin importar su situación familiar o socioeconómica.

La vivienda digna y adecuada deberá cumplir con criterios de durabilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal y ubicación en zonas con acceso a servicios públicos básicos. Además, se debe respetar la diversidad cultural y arquitectónica de las comunidades.

La diputada Grecia Aguilar Mercado destacó que el derecho a la vivienda no debe estar condicionado a la capacidad económica de las personas, sino que debe ser un derecho fundamental garantizado por el Estado. También señaló que la iniciativa busca abordar los errores del pasado, en los que la vivienda se convirtió en un negocio y no en un derecho social.

Según estimaciones sólo el 11% de los michoacanos pueden adquirir una vivienda, esto debido a los bajos salarios y a los altos costos en la misma.

De acuerdo con la CONAVI, en Michoacán se construyen dos mil 400 casas al año; sin embargo, solo 266 mantienen precios aceptables para la mayoría del sector poblacional que nos es derechohabiente del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

El estado cuenta con cerca de cuatro millones 748 mil 846 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que solamente 522 mil 373 cuentan con casa propia o tienen la posibilidad para hacerlo. Sin embargo, para cumplir con la demanda según refiere la CONAVI se requiere la construcción de 274 mil nuevas.

Por tal razón, Grecia Aguilar dijo que la Bancada Naranja presenta dicha propuesta con la que reafirma en la Constitución del Estado el concebir a la vivienda social como un derecho de todas y todos.

«Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. digna, la cual deberá cumplir con criterios de durabilidad, seguridad, sostenibilidad ambiental, accesibilidad universal adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad, ubicadas en zonas con acceso a servicios públicos básicos de salud, educación, transporte adecuado y eficiente, además de cercanía a fuentes de trabajo y espacios públicos».

En el Congreso del Estado de Michoacán, la diputada local por el Distrito 05 de Paracho, Erendira Isauro Hernández, integrante de la Septuagésima Sexta Legislatura, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Constitución local y expedir la Ley de Revocación de Mandato en la entidad.

La propuesta busca adicionar un artículo 10 Bis y modificar el artículo 55 de la Constitución Política de Michoacán, con el objetivo de establecer el mecanismo de revocación de mandato para el titular del Ejecutivo estatal.

La legisladora destacó que esta medida es un derecho inalienable de la ciudadanía y una herramienta fundamental para evaluar a los gobernantes a la mitad de su mandato.

Isauro Hernández resaltó que la revocación de mandato ya es una realidad a nivel federal, luego de ser incluida en la Constitución del país como parte del proyecto de la Cuarta Transformación. En ese sentido, subrayó la importancia de armonizar la legislación estatal con esta medida para permitir que los michoacanos también puedan decidir si su gobernador o gobernadora debe continuar en el cargo.

La diputada argumentó que, con este mecanismo, se podría haber evitado que exmandatarios estatales incurrieran en presuntos actos de corrupción y desvíos millonarios, haciendo referencia al exgobernador Silvano Aureoles. Asimismo, hizo un llamado a sus compañeros legisladores a actuar con responsabilidad y compromiso con la ciudadanía, asegurando que el pueblo debe tener la facultad de “poner y quitar” a sus gobernantes.

Finalmente, la iniciativa fue presentada al Pleno del Congreso y se espera que sea analizada en comisiones antes de su posible aprobación. De ser avalada, Michoacán se sumaría a las entidades que han adoptado este mecanismo como parte de su marco legal, fortaleciendo la democracia y la rendición de cuentas en el estado.

Más allá de partidos y discursos políticos, ocho integrantes de la 76 legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, impulsaron en sinergia ocho iniciativas que refuercen los derechos de las mujeres en el ámbito laboral, familiar, deportivo y social con el objetivo de cerrar brechas de género.

Las congresistas Vanhe Caratachea (PAN), Sandra Arreola (PVEM), Belinda Hurtado (Grupo Parlamentario), Itzé Camacho (Morena), Brissa Arroyo (PRDM), Grecia Aguilar (MC), Diana Mariel Espinoza (PT) y Adriana Campos Huirache (PRI) presentaron una serie de reformas de ley en la Sesión Ordinaria celebrada en el Palacio Legislativo el día 26 de marzo.

Cada una de las ocho legisladoras, expuso desde desde la tribuna del pleno, iniciativas de decreto realizada en conjunto por diputadas que llevaran una agenda con perspectiva de género, a la par de sus comisiones y grupos parlamentarios, esto con la finalidad de trabajar para erradicar las formas diversas de violencia contra niñas y mujeres, de sus necesidades reales y la urgencia de cambiar la forma de hacer política en el país.

Vanhe Caratachea propuso garantizar que las trabajadoras puedan realizarse estudios médicos preventivos sin afectar su salario o días de descanso. Itzé Camacho presentó una iniciativa para prohibir preguntas discriminatorias en entrevistas de trabajo sobre estado civil, embarazo o maternidad, mientras que Brissa Arroyo planteó tipificar como delito el ocultamiento de bienes, al considerarlo una forma de violencia económica y patrimonial que restringe la autonomía femenina. Grecia Aguilar, por su parte, busca fomentar la equidad de género en el deporte, asegurando apoyos y becas para niñas, adolescentes y mujeres.

En materia de justicia y derechos laborales, Sandra Arreola propuso reformar el Código Penal de Michoacán para equiparar la tentativa de feminicidio con el feminicidio consumado, evitando que estos casos sean minimizados como lesiones calificadas o violencia familiar. Diana Espinoza planteó reconocer la misoginia como un factor clave en la violencia de género. Adriana Campos Huirache busca garantizar dos descansos de media hora para mujeres en periodo de lactancia y la instalación de lactarios en los centros de trabajo, mientras que Belinda Hurtado propuso que los gobiernos municipales gestionen estrategias para apoyar la lactancia materna con espacios adecuados.

“Las mujeres hemos abierto caminos, roto estereotipos, luchado contra la discriminación para lograr apertura de espacios en la toma de decisiones”, afirmó Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, durante su participación en el 2ndo Encuentro de Mujeres Electas en Michoacán, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Desde su posición en el congreso del Estado, Herrera Maldonado destacó el avance de las mujeres en la política y otros ámbitos de decisión.

“Vamos abriendo camino, permitiendo que las generaciones futuras cumplan sus sueños, que el relevo generacional se dé, tiene que ver con la frase de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que nos dice: El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Así que, digamos creyendo en los sueños, que con voluntad y perseverancia se hacen realidad”.

Durante su participación en el panel, reconoció la importancia de encontrar coincidencias y fomentar el respeto, sin importar el origen partidista, lo que enriquece el trabajo de las mujeres en los diferentes espacios de representación.

Tere herrera detalló que desde el Congreso del Estado las mujeres “son portavoz de la ciudadanía y defienden diferentes ideologías, lo que no les resta valía por sus pensamientos”.

“Nuestra ideología no nos hace ni más, ni menos mujeres, en esa diversidad. Hoy representamos a la ciudadanía que ha confiado en nosotros y que es nuestra responsabilidad alzar la voz por quienes confiaron en nosotros”.

La diputada panista reiteró su compromiso de continuar trabajando por una patria ordenada y generosa, y una vida mejor, más justa para todas y todos.

El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura exhorta a los 112 ayuntamientos del Estado de Michoacán de Ocampo y al Concejo Mayor de Cherán a observar y cumplir cabalmente con la presentación de las cuentas públicas, que debe hacerse ante el Congreso del Estado a más tardar el 31 de marzo.

A propuesta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior, las y los legisladores invitaron a los municipios y al Concejo mayor a cumplir con lo dispuesto en el artículo 123 fracción III de la Constitución del Estado, así como el artículo 42 párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Conforme al Acuerdo, las y los diputados definieron que en estricto apego y cumplimiento de lo mandatado en el marco Constitucional y legal, los ayuntamientos y el Concejo Municipal, así como, como entes obligados en la rendición de cuentas, deben observar la ley con estricto apego para evitar ser sancionado por la falta de observancia a la misma.

Ante la cercanía de la fecha de entrega de las cuentas públicas, el Congreso del Estado instó a los entes fiscalizables a cumplir a cabalidad con sus obligaciones dispuestas por el marco jurídico en la materia, para que entregues éstas en el Poder Legislativo, a fin de que pueda vigilarse el cumplimiento de las mismas.

Cabe destacar que el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, establece que el Gobernador del Estado presentará cada año al Congreso, a más tardar el 30 de abril, la Cuenta Pública de la hacienda estatal correspondiente al ejercicio fiscal próximo anterior.

Solamente se podrá ampliar el plazo de presentación hasta por treinta días naturales cuando medie solicitud del Gobernador y a juicio del Poder Legislativo.
Por su parte, los ayuntamientos, concejos municipales y las comunidades o consejos indígenas y ciudadanos deberán presentar la Cuenta Pública al Congreso a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.

Conforme a lo mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es atribución del Congreso del Estado aprobar las leyes de ingresos de los municipios, así como revisar, fiscalizar y dictaminar las cuentas públicas de las haciendas municipales y de los Concejos municipales con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la fiscalización superior.

Ante el aumento de padecimientos como trastornos de ansiedad y depresión, que llegan en muchas ocasiones al suicidio, el diputado local, Alejandro Iván Arévalo Vera, presentó una iniciativa a fin de garantizar atención tanatológica en instituciones educativas e instancias públicas.

En la máxima tribuna del estado, el legislador por el distrito local de Zacapu, detalló que “de acuerdo con las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2022, cada año se suicidan cerca de 700 mil personas en todo el mundo, mientras que en México, en 2023, se registraron 8 mil 837 suicidios, siendo las juventudes de entre 15 y 29 años de edad, los que tienen mayor registro de suicidios”, aseveró.

El diputado local señaló que con base en estas cifras, se requieren acciones inmediatas, motivo por el cual se necesita generar acciones efectivas para poder contrarrestar estos números, y aseguró que la tanatología es una ciencia que previene la comisión de suicidios.

Por ello, indicó que con esta propuesta de iniciativa lo que se busca es que se trabaje de manera coordinada en este tema y la tanatología sea promovida en instituciones educativas e instancias públicas como es el SDIF, que la educación tanatológica forme parte de la educación integral del individuo y con ello pueda enfrentar sucesos como pérdidas, separaciones, divorcios, o la muerte de un familiar cercano, toda vez que el mal manejo de las emociones puede provocar trastornos emocionales y en muchos casos hasta suicidios.

Cabe destacar que, la promoción y aplicación de una educación y conocimientos tanatológicos constituye una necesidad primordial para el bienestar, no sólo individual y familiar, sino también comunitario y el que se brinde en las instituciones públicas y educativas, puede ser un instrumento poderoso que incidiría de manera decisiva en el futuro económico, social y cultural de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por último, el diputado Iván Arévalo señaló que “el trabajo coordinado entre instituciones generara un estado de bienestar a la población y sobre todo a los educandos que no cuenten con más recursos que la escuela misma.”

Las y los diputados integrantes de la 76 Legislatura, aprobaron por unanimidad la reestructuración de las Comisiones de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana; de Desarrollo Social; y de Puntos Constitucionales, todas del Congreso del Estado de Michoacán.

En la propuesta de acuerdo elaborada por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, se establece que en la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, seguirá como presidenta la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, pero se suma a la misma, como integrante, el diputado Helder Valencia Soto.

En lo que respecta a la Comisión de Desarrollo Social, el nuevo presidente será el diputado Helder Valencia Soto y seguirá integrada por las diputadas Emma Rivera Camacho y Ana Belinda Hurtado Marín.

En tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales, la presidencia continuará a cargo de la diputada Emma Rivera Camacho y se suma a la misma, el diputado Helder Valencia Soto en vez del diputado con licencia Octavio Ocampo Córdova.

De esta forma, la 76 Legislatura ratifica el compromiso de darle continuidad al trabajo que se realiza en comisiones y con ello garantizar la legalidad en los dictámenes que sean presentados ante el Pleno.

Con el firme compromiso de avanzar hacia entornos laborales justos y equitativos para las mujeres, la diputada Itzé Camacho presentó, junto a otras legisladoras, una iniciativa con proyecto de decreto que propone reformar la fracción I del artículo 11 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

La propuesta busca reconocer expresamente como violencia laboral cualquier forma de discriminación durante los procesos de contratación, incluyendo preguntas relacionadas con el estado civil, embarazo, planificación familiar, maternidad u otras condiciones personales que no guardan relación con las capacidades profesionales de las aspirantes.

“Preguntas como ‘¿estás casada?’, ‘¿tienes hijos?’ o ‘¿piensas embarazarte?’ siguen presentes en entrevistas laborales, sin que tengan vínculo alguno con la preparación, la experiencia o el desempeño profesional de las mujeres”, denunció la legisladora desde la tribuna.

La legisladora morenista subrayó que estas prácticas, aunque a menudo disfrazadas de rutina o formalidad, constituyen una forma de violencia de género. “Son mecanismos de exclusión que condicionan el acceso al empleo y perpetúan la idea de que la vida personal de las mujeres define su valor profesional”, afirmó.

La iniciativa fue respaldada por las diputadas Belinda Hurtado, Adriana Campos, Brissa Arroyo, Grecia Aguilar, Diana Espinoza, Sandra Arreola y Vanessa Caratachea, consolidando una acción colectiva en favor de los derechos laborales y la dignidad de las mujeres michoacanas.

Con esta reforma, se busca garantizar que en Michoacán el acceso a un empleo se base únicamente en el talento, la preparación y el compromiso, no en aspectos personales ajenos al desempeño profesional.

“En nuestro estado, solo el 39% de las mujeres en edad productiva participan en el mercado laboral, frente a más del 70% de los hombres. Es urgente dejar claro, también en la ley, que este tipo de preguntas no solo son indebidas, sino que representan una forma de violencia laboral. Reconocerlo de manera explícita permitirá a las mujeres identificarlo, denunciarlo y exigir espacios de trabajo respetuosos y libres de discriminación», sostuvo.

“Construir espacios laborales seguros, igualitarios y libres de violencia es responsabilidad de todas y todos. Y empieza por entender que la violencia laboral no comienza en la oficina: puede iniciar mucho antes, con una sola pregunta disfrazada de protocolo”, concluyó.

Bajo la premisa de reducir la burocracia, homologar procesos y fortalecer la transparencia, mediante la digitalización administrativa en todos los niveles de gobierno, en beneficio de la ciudadanía, el Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículo 25 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A través del dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, es como la Septuagésima Sexta Legislatura se sumó a dicha reforma constitucional que busca dar solución a uno de los problemas estructurales en materia de gestión pública y garantizar el acceso a derechos fundamentales.

La Fundamentación refiere que mediante la simplificación administrativa, la homologación de trámites requisitos, se mejora el tiempo de resolución y los procesos de atención, así como, reducir la carga regulatoria.

Asimismo, se establece que el Congreso de la Unión expedirá la Ley Nacional, un modelo de simplificación y digitalización de trámites y servicios, que establezca los principios y obligaciones en dicha materia impulsando las buenas prácticas regulatorias, el desarrollo y fortalecimiento de capacidades públicas.

Finalmente, el acuerdo que será enviado al Congreso de la Unión señala que con la utilización y expansión de las plataformas digitales, facilitará el acceso a servicios públicos y disminuirá los costos asociados a los trámites presenciales, en beneficio de la ciudanía.

Con el objetivo de contar con una administración pública municipal eficaz, que tenga las herramientas necesarias para llevar las riendas de los gobiernos locales con capacidad técnica y ética, Reyes Galindo Pedraza, propuso que el cargo de secretario de Ayuntamiento, sea ocupado por profesionistas, de preferencia por licenciados/as en Derecho.

Así lo planteó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Pleno del Congreso local, a través de una reforma a la fracción II, del artículo 71 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, en la que se señala que el secretario del ayuntamiento sea un profesionista, preferentemente licenciado en Derecho, con experiencia en responsabilidades afines.

«Este ajuste permitiría profesionalizar aún más este cargo, asegurando que quienes lo desempeñen cuenten con las herramientas académicas y prácticas necesarias para afrontar los retos legales y administrativos que conlleva su función», explicó el líder petista al exponer esta reforma durante la sesión de este miércoles.

Asimismo,destacó que por ser la administración pública municipal una de las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía, su funcionamiento depende en gran medida de la capacidad técnica y ética de quienes ocupan los cargos clave dentro de su estructura; siendo justamente uno de estos cargos el de secretario del ayuntamiento, cuya responsabilidad abarca funciones administrativas, y normativas fundamentales para el desarrollo del municipio.

Reyes Galindo, explicó que esta propuesta de reforma señala que la Secretaria o Secretario del Ayuntamiento deberá cumplir con los siguientes requisitos:
ser profesionista, con cédula profesional, preferentemente licenciado en derecho, con experiencia en responsabilidades afines; no ser cónyuge o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad dentro del segundo grado, del presidente Municipal.

«Esta disposición busca garantizar que la designación se realice con base en el mérito y no en relaciones personales, fortaleciendo la imparcialidad y transparencia. Al exigir perfiles más capacitados y al limitar los vínculos personales en las designaciones, se da un paso firme hacia la consolidación de una gestión pública eficiente, ética y comprometida con los intereses de la comunidad», acotó Reyes Galindo.

Por último, enfatizó en que con estas modificaciones se busca no solo fortalecer el desempeño del cargo de secretario del ayuntamiento, sino también establecer un estándar que permita a los municipios michoacanos responder con mayor solvencia a las demandas de la ciudadanía.

«La transparencia y la profesionalización son pilares fundamentales de cualquier sistema de gobierno que aspire a ser moderno, eficiente y digno de la confianza de su pueblo», indicó el coordinador petista en el legislativo michoacano.