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La voz y las ideas de las y los niños es fundamental para el quehacer legislativo en esta Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, por ello se llevó a cabo el “Primer concurso de dibujo parlamentario 2025 para niños y niñas de comunidades indígenas”, organizado por la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos del Congreso del Estado.

En el marco de la ceremonia de premiación de este primer concurso, la diputada Eréndira Isauro Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, manifestó que, la pintura y el dibujo es la herramienta perfecta para que las niñas y niños plasmen sus ideas y pensamientos.

En ese sentido, indicó que “éste ejercicio nos sirve para recuperar y motivar a que los y las pequeñas se ocupen en estas actividades, además les aseguro que este no será el único concurso que hagamos, el próximo año esperamos poder realizarlo nuevamente”, aseveró.

Por su parte, el diputado Conrado Paz Torres, integrante de dicha Comisión, aseguró que los cinco niños premiados en este concurso, representan a todos los niños de Michoacán, a quienes enviaron sus trabajos y alzaron su voz y sus ideas.

“Aplaudo y celebró esta iniciativa de la comisión, este es un ejercicio que nos sirve porque aquí se expresan las ideas de las y los niños que quieren un mejor Michoacán”, agregó.

De esta manera los premiados fueron: en 5to lugar, Josúe C G.; en 4to lugar, Keidens Aleshka E. A.; en 3ro, Ximena G.; en 2do, Dilan Karlet O. G.; y en 1ro, Aranza Yazmin B. J; niñas y niños provenientes de las comunidades indígenas de Comanja, Sevina y Comachuen, además de las ciudades de Morelia y Uruapan.

El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, en el Congreso de Michoacán, el diputado Baltazar Gaona García, informó que un total de 109 municipios y seis Concejos Municipales cumplieron en tiempo y forma con la entrega del primer informe trimestral correspondiente a la Cuenta Pública 2025.

El legislador del Partido del Trabajo reconoció la disposición y compromiso de las autoridades municipales que han acatado esta obligación de ley, subrayando que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser principios fundamentales de la administración pública.

Gaona García detalló que los municipios de Susupuato, Tangancícuaro, Tanhuato y Chinicuila no cumplieron con la entrega de su informe, por lo que, de acuerdo con la normativa estatal, serán acreedores a las sanciones correspondientes.

Gaona García recordó que el municipio de Chinicuila, además de incumplir en esta ocasión, también omitió la entrega de su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024, lo cual constituye una reincidencia grave que debe ser atendida.

“Es nuestra obligación como Comisión Inspectora vigilar que se cumplan los plazos legales establecidos y que se sancione cualquier omisión; no es un tema menor, sino una responsabilidad constitucional que los municipios deben asumir con seriedad”, puntualizó el legislador.

El diputado petista también informó que el Poder Ejecutivo del Estado cumplió cabalmente con la entrega de la Cuenta Pública del año 2024, misma que será sometida a varias auditorías para verificar el cumplimiento en la aplicación de los recurso que son dinero del pueblo, a lo que el Diputado Baltazar Gaona advirtió:

“Solicitaré al titular de la Auditoría Superior de Michoacán, al licenciado Marco Bravo, para que las revisiones que se practiquen, sean todavía más profundas y más enérgicas, así como solicitar al titular de la Unidad de Evaluación y Control, al licenciado Valentín Gallegos, para que den acompañamiento en la ejecución de las mismas auditorías con la intención de verificar su cabal cumplimiento”.

Finalmente, reiteró el compromiso de la Comisión Inspectora de seguir actuando con responsabilidad y firmeza para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de forma adecuada, en beneficio de las y los michoacanos.

Avanza en el Congreso Local de la 76 legislatura la iniciativa de Nuevas Masculinidades que presentó la diputada local Brissa Arroyo, esto de que fuera avalada por las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, y de Salud y Asistencia Social de la 76 Legislatura.

El dictamen procedente fue firmado por las legisladoras y legisladores de las comisiones unidas para posteriormente pasarla al Pleno para una segunda lectura y su votación.

Fue el 28 de noviembre de 2024 cuando la diputada Brissa Arroyo dio lectura a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona la fracción XIV al artículo 2° y fracción VI al artículo 17 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Michoacán de Ocampo; asimismo, se adiciona la fracción X al artículo 35 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.

Tiene el objetivo de sensibilizar a las instituciones para que capaciten y orienten a hombres jóvenes y adultos, sobre las nuevas masculinidades, con la finalidad de deconstruir los roles y estereotipos de género aprendidos, buscando visibilizar y desnormalizar la masculinidad tradicional.

Impulsar, fomentar y promover la capacitación y orientación sobre las nuevas masculinidades, permitirá a hombres y hombres jóvenes expresar su masculinidad mediante prácticas respetuosas, igualitarias y sanas en las relaciones familiares, laborales y sociales.

Lo anterior, propone un enfoque evolutivo e inclusivo del concepto de masculinidad, desafiando las tradicionales nociones rígidas y estereotipos asociados al género masculino. Pues la masculinidad puede incorporar cualidades como la empatía, la sensibilidad y la colaboración.

Las Diputadas y los Diputados que integran las Comisiones Unidas, coincidieron en la importancia de impulsar acciones y políticas públicas para capacitar a las personas servidoras públicas en materia de nuevas masculinidades, como un eje fundamental para la prevención de la violencia de género.

Es importante mencionar que además de la iniciativa de la diputada Brissa Arroyo Martínez también se analizó en conjunto una iniciativa relacionada que presentó la diputada Giulianna Bugarini.

La diputada Eréndira Isauro Hernández presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 80 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, con el objetivo de establecer un enfoque diferenciado en la atención médica a mujeres privadas de libertad.

Esta propuesta fue acompañada por la diputada de Morena, Anabet Franco Carrizales y el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, integrante de la Representación Parlamentaria.

Durante su intervención, Isauro Hernández remarcó la urgencia de atender a las 360 mujeres que actualmente se encuentran en el sistema penitenciario estatal, garantizando su acceso a servicios médicos adecuados y con enfoque de género. “Es necesario que las mujeres privadas de su libertad tengan servicios e infraestructuras diferentes para satisfacer sus necesidades particulares y garantizar su plena protección y posible reinserción social”, expresó.

La propuesta busca cerrar la brecha legal que persiste en el sistema penitenciario y dar un paso hacia una legislación más justa y humanista, acorde a la realidad actual.

Subrayó que, aunque hombres y mujeres tienen los mismos derechos ante la ley, existen diferencias biológicas y de salud que requieren atención especial, particularmente en temas de salud ginecológica y prevención del cáncer.

Señaló que el cáncer de mama y el cervicouterino son de las principales causas de muerte entre las mujeres mexicanas, con 24,896 fallecimientos en 2024, según datos del INEGI.

Es fundamental que el Estado Mexicano y en Michoacán se implementen políticas públicas integrales para proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia, brindándoles el apoyo necesario para su desarrollo y bienestar, por lo que la diputada Adriana Campos Huirache propuso modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con el objetivo de abrazar desde el marco jurídico a los menores en situación de orfandad.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, señaló la urgencia de garantizar los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia en el estado, que incluya disposiciones sobre la protección y restitución de derechos de menores que han perdido a sus padres, priorizando el acogimiento familiar y evitando, en la medida de lo posible, la institucionalización.

Recordó que, en Michoacán, la violencia feminicida ha dejado a numerosos niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, por lo que es apremiante que la Ley los proteja y vele por ellos.

«Los niños, las niñas y los adolescentes en México se han convertido en víctimas invisibles de la ola de violencia y feminicidios que azotan a México, ya que, si bien no son las víctimas directas de estos actos despreciables, son víctimas indirectas quienes, al quedarse sin sus padres por alguna de estas dos causas, quedan huérfanos, viviendo o sobreviviendo en un entorno hostil, difícil y adverso», sostuvo la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en México más de 628 mil niños de 6 a 17 años abandonaron los estudios por falta de recursos económicos. Esto se da principalmente en los hermanos mayores, quienes se ven forzados a dejar los estudios para trabajar y apoyar a sus hermanos, lo que genera limitado acceso a oportunidades educativas y formación profesional.

Otro impacto que genera la orfandad es la vulnerabilidad económica y social, ya que al perder al proveedor o al jefe de la familia, la falta de ingresos disminuye, aumentando la pobreza y con ello viene la incapacidad de pagar servicios básicos en la vivienda, por lo que empiezan a carecer de agua, luz, y a acumular deudas de todo tipo; esto obliga a los niños y adolescentes huérfanos a aceptar empleos mal pagados, sin prestaciones e informales, que los pone en riesgo de explotación laboral o trata de personas.

Además, una consecuencia de la orfandad es el alto riesgo que tienen los menores de involucrarse en actividades delictivas, ya que, sin apoyo familiar o institucional, pueden ser reclutados por grupos del crimen organizado. Lo que hace que a su vez se genere un círculo vicioso, peligroso y triste, donde los niños y adolescentes repiten el fenómeno de violencia o feminicidio por necesidad, sentido de pertenencia o reproducción de patrones.

El diputado de Uruapan 14 Norte, Conrado Paz Torres, propuso dotar de personalidad jurídica a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Michoacán, a fin de fortalecer a las instituciones responsables de cuidar los derechos de las infancias más vulnerables en la entidad.

Conrado Paz indicó que con esta modificación legal se le reconoce a la Procuraduría su capacidad y responsabilidad jurídica, logrando con ello que los trámites que deban realizarse ante los órganos jurisdiccionales, sean más ágiles y permitan restituir a los menores sus derechos vulnerados, garantizándoles un entorno más seguro y digno.

Paz Torres explicó que esta personalidad jurídica, es esencial para que esta institución pueda gestionar recursos, celebrar convenios, presentar acciones legales y ejercer sus atribuciones sin depender exclusivamente de otros órganos administrativos».

«Todo niño que llega a la tutela del estado o a la intervención de la Procuraduría de Protección, es una niña, niño o adolescente que ha sido víctima de algún delito. Si todos estos niños son víctimas de conductas delictuosas cometidas en su agravio, tenemos aún más la obligación de generarles condiciones de seguridad y bienestar para su mejor desarrollo», explicó.

El Diputado por Uruapan aseguró que dentro de la agenda legislativa que impulsa están contempladas acciones que tiendan a la reconstrucción del tejido social, por lo que esta propuesta legal busca que en Michoacán ningún niño o niña quede sin la protección del estado.

Así, Conrado Paz Torres reafirmó su propósito de fortalecer todas las áreas institucionales necesarias para que las y los niños de Michoacán, particularmente aquellos en mayor.

Para garantizar una alimentación adecuada a las niñas, niños y adolescentes, y para que en Michoacán se destinen mayores recursos y se emprendan más acciones encaminadas a fortalecer programas de alimentación infantil, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esta iniciativa, presentada en conjunto con varias compañeras diputadas integrantes de la LXXVI Legislatura Local, tiene como finalidad que la alimentación infantil se atienda de manera integral y se mejoren también los apoyos que se entregan en los paquetes alimenticios a las familias de menores ingresos, y en las escuelas se lleve registro de talla y peso de las y los alumnos que permita detectar y actuar a tiempo.

La diputada local dijo que el problema del sobrepeso, además de afectar a la salud, afecta a miles de alumnos que son víctimas de bullying, por lo que se debe atender de manera integral y ayudar a las y los niños y adolescentes para que tengan una vida saludable.

Este sector de la población, señaló la diputada de la bancada de Movimiento Ciudadano, está siendo atacado por una enfermedad silenciosa y que a simple vista en ocasiones no permite ver sus estragos.

Y recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó la prohibición de comida de bajo valor nutricional en las escuelas, la conocida comida chatarra, lo cual es positivo. Sin embargo, un problema que existe es cómo garantizar que las familias tengan los recursos para dar una alimentación sana y adecuada a sus hijos cuando no se tiene lo suficiente, y es necesario generar los mecanismos para ayudar a quienes no cuentan con los recursos.

Recordó que se estima que el 31 por ciento de las niñas y niños tienen sobrepeso y el 22 por ciento padece obesidad, lo cual debe alertar a todas y todos, más a Michoacán, cuando en el 2023 la entidad ocupó el primer lugar a nivel nacional en obesidad infantil.

Grecia Aguilar llamó a actuar inmediatamente para atender el problema que se tiene en Michoacán, tras recordar que en el estado se tienen 63 mil niñas y niños en situación de desnutrición y 123 mil padecen anemia, y más de la mitad de la población de este sector viven en pobreza.

Por ello, con esta reforma se establece que las autoridades en materia de salud e infancia deberán prestar a las familias los servicios de atención nutricional que brinden apoyo profesional para fortalecer la educación alimentaria y combatir enfermedades asociadas a la desnutrición.

Con el objetivo de fortalecer la tipificación del delito de maltrato animal, ampliar las conductas sancionadas, endurecer las penas para los agresores y establecer la obligación de reparar el daño en caso de que el animal sobreviva, el diputado Víctor Manríquez González presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos y Protección para los Animales en el Estado de Michoacán y el Código Penal del Estado, con el objetivo de castigar con mayor severidad la crueldad y garantizar cero impunidad en casos de maltrato.

En sesión presentó la iniciativa en la que plantea incorporar un apartado específico sobre maltrato y crueldad animal en la Ley de los Derechos y Protección para los Animales en el Estado y modificar el artículo 311 del Código Penal, para aumentar las penas para quienes cometan actos de maltrato animal, sancionar de manera más severa la reincidencia en este delito, establecer la obligación de reparación del daño y incluir agravantes en los casos en que derive en la muerte del animal tras un prolongado sufrimiento.

El maltrato animal no solo es una conducta reprobable desde el punto de vista moral, sino también un fenómeno con profundas implicaciones en la seguridad y la salud pública. Diversos estudios han demostrado que la violencia contra los animales está vinculada con la violencia social en general, incluyendo el maltrato infantil y la violencia de género, sostuvo el diputado de Movimiento Ciudadano.

Víctor Manríquez recalcó que Michoacán no puede quedar rezagado en esta materia, por lo que urge fortalecer el marco normativo estatal para garantizar la protección y el bienestar de los animales, estableciendo sanciones proporcionales a la gravedad de los actos de crueldad y asegurando la reparación del daño en los casos en que el animal logre sobrevivir.

Esta reforma no solo representa un avance en la defensa de los derechos de los animales, sino también una medida clave para fomentar una cultura de respeto, empatía y responsabilidad social. Al proteger a los seres más vulnerables, estamos construyendo una sociedad más justa, ética y solidaria.

Víctor Manríquez subrayó que con estas reformas se busca proteger a los animales y promover una sociedad más justa y solidaria. La propuesta es un paso importante hacia la construcción de un Michoacán más compasivo y responsable con los seres vivos.

Recordó que en nuestro país mueren al año más de 60 mil animales por maltrato, por lo que urge resolver los vacíos legales en las normas vigentes para castigar a quienes atentan y aportar a la protección de los animales.

Con la finalidad de reconocer, prevenir y atender la violencia digital en Michoacán, el legislador por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó una iniciativa para garantizar una educación digital equitativa y herramientas tecnológicas seguras para la niñez y adolescencia.

Al hacer uso de la tribuna, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), dio a conocer que de acuerdo a datos de la UNICEF, alrededor del 50 por ciento de las niñas y los niños de seis a 11 años tienen acceso al internet; en tanto que el porcentaje en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años es de hasta el 94 por ciento.

En ese sentido, estableció que si bien el uso del internet tiene importantes beneficios para el desarrollo de la niñez y adolescencia como la socialización, el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y el entretenimiento; también implica riesgos que se deben atender como lo son el ciberacoso, ciberbullying, sexting, sextorsion, grooming, phishing y el robo de identidad.

Ante sus homólogos de la LVXXl legislatura del Congreso de Michoacán, planteó diversas modificaciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, a fin de reconocer la violencia digital y atender las problemáticas que de ella derivan y que pueden provocar graves afectaciones en la niñez y adolescencia.

La propuesta, implica identificar la violencia digital como toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual, o aquello que cause daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad; además de daño psicológico o emocional en cualquier ámbito de la vida privada de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, la iniciativa establece la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la implementación de campañas de concientización y capacitación dirigidas a los docentes, las familias y los servidores públicos en torno a este fenómeno en el estado.

De igual manera, se establece la creación y fortalecimiento de políticas públicas para la prevención de la violencia digital y para contar con herramientas legales que permitan hacer frente a los retos y problemáticas que se pudieranpresentar en todos los entornos de convivencia.

El legislador petista conminó a sus homólogos a hacer propia la propuesta, para proteger la integridad y los derechos de la niñez y adolescencia michoacana.

Vicente Gómez aprovechó para agradecer la asistencia del alumnado de plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) Cemsad 62, plantel San Rafael Tecario y a su director, Valdwin Iván León González.

Con la finalidad de dar mayor certeza y pluralidad al trabajo en comisiones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reestructuración de las comisiones de: Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, de Desarrollo Social, Protección a la Niñez y Adolescencia, la de Puntos Constitucionales, así como el Comité de Comunicación Social.

De esta forma, la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, quedó conformada por: las diputadas y diputados, Diana Mariel Espinoza Mercado, presidenta; Juan Carlos Barragán Vélez, Fabiola Alanís Sámano, Víctor Manuel Manríquez González y Octavio Ocampo Córdova, integrantes.

En tanto, la Comisión de Desarrollo Social, será presidida por el diputado Octavio Ocampo Córdova e integrada por las diputadas: Emma Rivera Camacho y Ana Belinda Hurtado Marín; la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia, será presidida por la legisladora Ana Vanessa Caratachea Sánchez y como integrante queda el diputado Víctor Manuel Manríquez González.

La Comisión de Puntos Constitucionales, quedó establecida con la diputada Emma Rivera Camacho, como presidenta e integrada por las y los diputados, David Martínez Gowman, Reyes Galindo Pedraza, Eréndira Isauro Hernández y Octavio Ocampo Córdova.

Por su parte, el Comité de Comunicación Social, será presidido por la diputada Belinda Iturbide Días e integrado por las y los legisladores: Abraham Espinoza Villa, Baltazar Gaona García, Alfonso Janitzio Chávez Andrade, Grecia Jennifer Aguilar Mercada y Adriana Campos Huirache.