La dirigencia estatal del PRI Michoacán, a través de su presidente, Memo Valencia, exigió al gobierno federal, del estado y municipios a reconocer y apoyar a las víctimas de desplazamiento forzado por parte de grupos criminales que operan en la zona de la Costa-Sierra, así como parte de Tierra Caliente.
El dirigente priista, Memo Valencia, lanzó la exigencia principalmente al municipio de Coahuayana, donde se han refugiado parte de las familias despojadas de sus propiedades por medio de las armas de quienes buscan hacer sus actividades delictivas en comunidades solas.
“Exigimos a las autoridades municipales de Coahuayana, al gobierno estatal, obviamente, al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, que atienda esta comisión de personas. Ellos son desplazados, gente trabajadora, gente que dejó sus hogares, que dejó sus ranchos, que dejó sus vacas, que dejó sus tierras sembradas y que tuvieron que huir de su tierra donde por generaciones habitó su familia, a consecuencia de que el crimen organizado llegó y los desplazó”, comentó.
En la Tribuna del Pueblo, la señora Evangelina Contreras Ceja, de la Organización de Desaparecidos de la Costa y Feminicidios en Michoacán, quien es luchadora social, madre buscadora de desaparecidos, y, además, visibiliza el desplazamiento forzado, reconoció que viven con terror al no ser reconocidos por la Secretaría de Gobierno estatal como víctimas, porque se sienten indefensos ante el accionar el crimen organizado.
“¿Por qué dice (Carlos Torres) Piña que no habemos desplazados? ¿Por qué quiere tapar el Sol con un dedo?, ¿por qué quiere deslindarse de un problema que nos acecha? Porque lo estoy hablando, todas las personas que venimos desplazadas, nos quitan todo, nos queman las viviendas, nos despojan de todo, nos venimos sin nada, sin documentación. Y él dice que no nos sabemos”, aseguró.
La activista social indicó que actualmente tienen documentado el desplazamiento obligado por los criminales de 150 familias, alrededor de 532 personas, que se suman a una lista de mil 385 más de comunidades como San Pedro Naranjestil, El Coíre, Cuilala de Hidalgo, La Palmita, El Saucito, Paso de los Gringos conocida como Los Parajes, El Portal y Caleta de Campos, pero faltan muchos casos por conocer porque no hay denuncias formales ante el temor de ser perseguidos por los delincuentes.
“Entonces, estamos exigiendo que nos apoyen, porque no queremos seguir viviendo como estamos viviendo. Que pongan atención a este problema, porque no nomás arrastramos con esto, sino que tenemos familia asesinada y familia desaparecida”, dijo.
Por su parte, Laura Cáceres, quien forma parte también de esta organización civil, denunció que desde el Gobierno Federal tampoco han recibido atención a la problemática que ocurre en el estado.
“(La secretaria de Gobernación) Rosa Icela nos solicitó el censo que teníamos, las historias, se lo pasamos y en La Mañanera cuando le preguntan, dice, lo hablaremos después y le dio la vuelta. Ya no quiso volver a tocar el tema. Pensó que no teníamos los datos y que no había pruebas de los desplazamientos. Al encontrarse con otra realidad, decidió mejor callarse”, detalló.
El también diputado local, Memo Valencia, reafirmó su apoyo a las familias víctimas por la delincuencia organizada, y aseguró que estos testimonios de terror no pueden ser ignorados, porque se replican en muchas partes de Michoacán, no solo en las comunidades, también en sectores económicos como el limonero.
“Hasta los empaques se ven desplazados. Los cortadores de limón tienen que ir a vender su limón a otros municipios porque ahí en Apatzingán ya no pueden empacar. Y bueno, es solo un ejemplo de cómo el desplazamiento está afectando a todos”, finalizó.
