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Con la finalidad de fortalecer las instituciones de las Coordinaciones de Protección Civil del Estado y sus Municipios, en la prestación del servicio del Cuerpo de Bomberos y el establecimiento de multas más severas para las personas que cometan infracciones o reincidan en ellas, el Congreso del Estado reformó la Ley de Protección Civil del Estado.

Las y los legisladores michoacanos aprobaron reformas a los artículos 4, 8, 19, 24, 25, 28, 43, 81, 111 y 112 de la citada ley con el fin de consolidar el sistema estatal de protección civil, a través de la coordinación estatal y municipal para la prestación de los servicios de cuerpos de bomberos, ante cualquier situación de emergencia, que represente riesgos, siniestros o desastres.

Con las modificaciones, queda establecido que la Coordinación Estatal de Protección Civil y las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, deberán prestar los servicios de Cuerpos de Bomberos, ante cualquier situación de emergencia que represente riesgos, siniestros o desastres.

También define como sus funciones: atender, controlar y extinguir todo tipo de incendios cuando la capacidad del municipio sea rebasada, incluidos los de establecimientos e inmuebles de industrias y establecimientos privados, sin que ello implique no poder auxiliar; ingresar en sitios cerrados, públicos o privados, donde se registre cualquier tipo de siniestro o desastre.

De igual forma, atender y controlar explosiones, derrames, fugas de gas y, en su caso, sustancias peligrosas que pongan en riesgo la integridad de las personas; coadyuvar en labores de rescate, incluyendo la atención a colisiones de los diferentes medios de transporte público o privado, y que se esté en riesgo la vida o la integridad de las personas; y, auxiliar en la atención de riesgos ocasionados por fauna que represente un peligro para las personas.

En la nueva redacción del ordenamiento, se establece que para la imposición de las sanciones por infracciones, se tomará en cuenta la acción u omisión y los daños que se generen, así como la gravedad de la infracción, la cual se calificará en leves, graves y muy graves, conforme al Reglamento.

En casos de reincidencia, las sanciones económicas aumentarán, de acuerdo a la gravedad, podrán ser de hasta dos veces más del monto máximo permitido. Y se considera reincidente al infractor que incurre más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, dentro de un periodo de dos años contados a partir de la fecha en que se levante el acta en la que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiera sido desvirtuada.

A la vez, establecen el incremento de las multas que podrá ir de 25 hasta 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quienes provocan daños y en ocasiones irreversibles e irreparables a las personas y al medio ambiente; y además se establece la posibilidad de que se dicte por la autoridad administrativa la suspensión o revocación de permisos, licencias o autorizaciones que se hubieran otorgado por la Unidad Estatal o municipal.

La 76 Legislatura del Congreso de Michoacán dio ha lugar a iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo con el objetivo de incluir el término «Gobernadora».

La iniciativa, promovida por la diputada de Morena Nalleli Pedraza Huerta, tiene el objetivo de establecer desde la Constitución del Estado el termino de Gobernadora, esto, para garantizar la correcta armonización del lenguaje y en la distinción del género para ocupar dicho cargo, destaca el documento.

Esta propuesta contiene lineamientos con los cuales se aprobó la reforma constitucional que establece la obligación de observar el principio de paridad de género, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Igualdad Sustantiva y de Género y desde ahí se realizará el análisis correspondiente para proceder a su dictaminación.

Con el firme compromiso de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los municipios michoacanos, el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán presentó una iniciativa de reforma en materia de enajenación y gravamen de bienes muebles del dominio privado municipal.

La propuesta busca establecer reglas claras que impidan la discrecionalidad en la venta o disposición de bienes municipales, evitando que estos sean mal utilizados o vendidos a precios irrisorios en beneficio de unos cuantos.

“No podemos seguir permitiendo que patrullas, camiones de basura y otros bienes municipales sean declarados obsoletos de manera arbitraria para luego ser vendidos a precios de ganga y, en muchos casos, terminar en manos de exfuncionarios o sus allegados”, enfatizó Barragán.

Entre los principales puntos de la iniciativa se contempla que la enajenación o gravamen de bienes municipales solo pueda realizarse con la autorización previa del Cabildo, y que esta decisión sea publicada en el Periódico Oficial del Estado. Además, se exigirá un avalúo de los bienes y la realización de una subasta pública para garantizar que el proceso sea transparente y equitativo.

“Esta reforma es un paso más en la lucha contra la corrupción. Nuestro compromiso con la Cuarta Transformación es claro: acabar con los abusos y garantizar que los bienes del pueblo sean utilizados en beneficio de la gente, no de unos cuantos”, destacó el legislador.

Juan Carlos Barragán hizo un llamado a sus compañeras y compañeros diputados a respaldar esta iniciativa y sumarse al esfuerzo por un gobierno municipal más justo, honesto y transparente.

“Es momento de cerrar la puerta a la opacidad y blindar el patrimonio de nuestros municipios”, concluyó.

Ante la creciente crisis hídrica que enfrentan algunos municipios de Michoacán, el diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante un punto de acuerdo para establecer acciones concretas que reviertan la sobreexplotación de los recursos acuíferos y garanticen inversiones responsables en infraestructura hídrica.

En su exposición, el legislador ecologista destacó que, año con año, la falta de proyectos claros y recursos programados ha agravado la situación nacional de acceso al agua, colocando a México en el cuarto lugar mundial en extracción de agua subterránea, superado solo por China, Estados Unidos e Indonesia.

Debido a que se estima que duranye el siglo XX, la población mundial se triplicó, la extracción de agua subterránea se sextuplicó poniendo en riesgo la disponibilidad futura Anaya Orozco advirtió que la falta de supervisión a los organismos operadores de agua y la ausencia de inversiones estratégicas han generado contaminación, infraestructura obsoleta y déficits presupuestales críticos.

Ante este panorama, el legislador propuso un punto de acuerdo con acciones urgentes que incluye dos ejes centrales uno de ellos de exhorto a los 112 municipios y al Concejo Mayor de Cherán para que emitan informes detallados sobre el Estado actual de los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, las necesidades de inversión en infraestructura hídrica, los costos estimados para mantenimiento y mejoras, así como la s ituación presupuestal (déficit o superávit) en el sector.

“El agua no es un tema político, es un derecho humano. Este acuerdo permitirá diseñar modelos de gestión transparentes, asignar recursos con base en necesidades reales y evitar que la sobreexplotación acabe con nuestros recursos. Está en juego la estabilidad social, el desarrollo económico y la supervivencia de nuestras comunidades”, afirmó el legislador.

En el año de la Mujer Indígena, declarado así por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la diputada de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, refrendó su compromiso con las mujeres indígenas, además que reconoció la trayectoria de Guadalupe Hernández Dimas, conocida como Nana Lu, mujer emblema también nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005.

El papel de la mujer indígena, refirió Belinda Iturbide, “es esencial en la preservación de nuestras raíces, lenguas y cosmovisiones ancestrales, y como hija de campesinos y primera mujer presidenta municipal de Puruándiro, entiendo profundamente los desafíos y la fortaleza que implica ser mujer indígena en nuestro país”.

Por ello en el año de la Mujer Indígena, es imperante erradicar actitudes discriminatorias que no reflejan el humanismo de la cuarta transformación, y trabajar por el impulso de más mujeres como Nana Lu, que tejan puentes entre el pasado y el presente, fortalezcan la cultura, la lengua y la identidad de nuestras comunidades.

Por ello conminó a reforzar acciones para que las mujeres indígenas, sigan en el centro de las políticas públicas, a que los recursos públicos se apliquen con perspectiva de género y se promuevan sus derechos humanos y culturales, y a valorar su papel fundamental en la construcción de un México más justo, incluyente y diverso.

La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Fabiola Alanís Sámano, promovió la homologación de la Reforma de Igualdad Sustantiva que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum para erradicar todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres y poner fin a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

Al exponer los argumentos con que promovió la homologación de esta reforma a nivel estatal, Fabiola Alanís recordó que, en Michoacán, las mujeres trabajadoras ganan hasta 25 por ciento menos que los hombres por hora trabajada, situación por la que destacó la importancia de acabar con esta brecha salarial.

“Desde la bancada de Morena tenemos claro que la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación depende de un acceso pleno al goce de derechos para todas y todos en igualdad de condiciones. Por ello, debemos eliminar todas las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que han impedido que las mujeres tengamos igual acceso a recursos y espacios de toma de decisiones que los hombres”, remarcó.

La legisladora morenista recordó que, además de buscar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, dicha reforma eleva a rango constitucional la garantía a una vida libre de violencia con deberes reforzados del estado para las mujeres, las adolescentes, las niñas y los niños.

Asimismo, involucra a los municipios en las facultades y obligaciones de eliminar la violencia contra las mujeres, además de que las instituciones de Seguridad Pública deben integrar en sus principios de actuación la perspectiva de género y el pleno respeto a los derechos humanos, así como mandatar la existencia de una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con las Violencias de Género contra las Mujeres en la Fiscalía General del Estado.

“Con este proyecto buscamos reforzar el reconocimiento de los derechos de las mujeres a la Igualdad Sustantiva y a la Igualdad Salarial, así como al derecho a una vida libre de violencias para todas y para todos”, finalizó.

Aplicar la Ley Silla en Michoacán, para dignificar las condiciones laborales de la clase trabajadora, propuso el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

En su intervención en tribuna, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de garantizar espacios laborales adecuados.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) indicó que el propósito de su propuesta está encaminado a concientizar a las instituciones públicas, en torno a qué ningún trabajador puede, ni debe permanecer de pie durante el desempeño de su jornada laboral, por lo que deberán contar con el número suficiente de asientos o sillas para el uso de los empleados.

Ante sus homólogos de la LXXVI Legislatura del Congreso de Michoacán, dijo que esta sugerencia permitirá avanzar hacia condiciones dignas y de igualdad, con entornos adecuados para desarrollo de las actividades diarias.

Dejo claro que es obligación de las instituciones públicas, el brindar las herramientas necesarias para el desempeño eficiente y erizar del trabajo.

En la sesión ordinaria en la que presentó la propuesta, invito a las y los legisladores a sumarse a la misma, a fin de avanzar a entornos laborales en donde se respeten los derechos humanos de los trabajadores.

En sesión ordinaria, la 76 Legislatura ratificó a las y los ciudadanos propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado para formar parte del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por un periodo de tres años.

Fue la Comisión de Seguridad Publica y Protección Civil la encargada de estudiar, discutir y dictaminar la ratificación de las y los ciudadanos que ocuparan dicho encargo con carácter honorifico.

En este sentido, el Pleno Legislativo tomó protesta para integrar el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Seguridad Pública a: Carlos Alberto Gómez Prado y Rodrigo Tavera Ochoa, representantes de la comunidad académica; a Carlos Humberto Huerta García de León, representante de la iniciativa privada; como representante del sector turístico, a Pablo Ramírez Paredes.

Así como, a Nanci Equihua Urbina, representante de una Asociación Civil relacionada al tema de seguridad pública; en representación del sector social, a Sergio Enrique Arreguín Suárez y Alejandra Lizet Sánchez Espinoza; y, de las comunidades indígenas se designó a Ramiro González Miranda y Salvador Sebastián Santiago.

Cabe destacar, que para la designación de dichos cargos se realizó una convocatoria pública, misma que a su cierre no se recibió ninguna propuesta, ni interesados en participar, por lo cual, se declaró desierta la Convocatoria para la designación de los integrantes de dicho Consejo; por ello, se instruyó al Secretario Ejecutivo para que procediera a invitar a los representantes de los sectores ya mencionados.