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Toda persona tendrá derecho al cuidado, lo que conlleva al bienestar físico y emocional, con especial enfoque en niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y vulnerabilidad, propuso la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, al presentar una reforma a la Constitución Política del Estado a fin de establecer este derecho.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano resaltó que esta propuesta surge para saldar la deuda histórica que el Estado Mexicano ha tenido con millones de personas, en su mayoría mujeres: el derecho al cuidado.

Grecia Aguilar propone la creación del Sistema Estatal de Cuidados, la profesionalización y regulación de los trabajos de cuidado, políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad, y una base financiera que garantice su progresiva implementación.

Esta es una propuesta para las niñas que cargan con responsabilidades que no les tocan. Para las madres que no pueden acceder al empleo por cuidar solas. Para las personas mayores que viven sin apoyo. Para las personas cuidadoras que necesitan derechos y reconocimiento.

Resaltó que Michoacán tiene hoy la oportunidad de ser pionero en justicia social, de colocar la vida y el bienestar en el centro de sus decisiones legislativas, por ello, resaltó la importancia de que se cristalice y de los beneficios que generaría en miles de michoacanas y michoacanos.

Los cuidados han sido invisibilizados, desvalorizados y cargados de manera injusta sobre los hombros de las mujeres, esta carga ha limitado sus oportunidades educativas, laborales, sociales y políticas. “Ha reforzado desigualdades estructurales y ha perpetuado ciclos de pobreza y exclusión”.

Por ello, Grecia Aguilar propone que en Michoacán el cuidado se reconozca como un derecho humano universal, exigible, interdependiente y garantizado por el Estado y se establezca en la Constitución Local.

“Que se reconozca el valor de quienes cuidan, que se protejan sus derechos laborales y se construya un sistema estatal que distribuya equitativamente esta responsabilidad entre familias, instituciones públicas, sector privado y sociedad en general”.

Esta iniciativa parte de principios sólidos: igualdad, universalidad, progresividad, no regresividad y corresponsabilidad social y de género. Se alinea con tratados internacionales, como la CEDAW, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana sobre Personas Mayores y los compromisos de la OIT.

Expuso que de acuerdo con la ENASIC 2022, más de 58 millones de personas en México requieren cuidados. Y de estas, el 76% de las horas de trabajo de cuidado son realizadas por mujeres. Esta desigualdad no es sostenible.

A fin de que las autoridades locales diseñen y ejecuten, en coordinación con la iniciativa privada, un programa de apoyo para migrantes víctimas de repatriación forzosa y que cuenten con estudios equivalentes a licenciatura o posgrado, a efecto de integrarlos al sector productivo del Estado, lo que significa la atracción de los dreamers o soñadores a la economía de esta entidad Federativa, la diputada Adriana Campos Huirache propuso reformar la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias del Estado de Michoacán.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura en la Máxima Tribuna del Estado expuso que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos la situación de los llamados dreamers y sus familias puede volverse aún más inestable, por lo que se debe estar preparado como entidad y tener opciones que brindarles en caso de ser deportados.

La aprobación de una medida de esta naturaleza podría compararse, con la política emprendida por el presidente Lázaro Cárdenas hacia el exilio español en 1939 tras la derrota de la República, toda vez que ésta supuso el enriquecimiento de la vida cultural y económica de México gracias a la valiosa contribución de los republicanos que se asentaron en nuestro territorio.

Adriana Campos recordó que gracias a DACA muchos soñadores han podido acceder a educación de calidad, rompiendo así las barreras que les imponía su origen, lo que en muchos casos ha quebrado los ciclos de pobreza. Si bien es cierto no existen cifras al respecto, tan sólo la organización thedream.us dio a conocer en su informe de 2024 que más de 4000 ex alumnos apoyados por esta institución y por otra de nombre Golden Door se han graduado de universidades de todo Estados Unidos, lo que nos da una aproximación de la forma en que esta política ha favorecido la movilidad social de forma ascendente.

Recordó que siendo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón se reunió en diversas ocasiones con grupos de soñadores, mientras que la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y ahora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tuvo un encuentro con dreamers en 2022 a quienes les expresó que “son héroes y heroínas porque no solamente sostienen la economía de Estados Unidos, sino en mucho sostienen la economía de México”.

Tales encuentros y declaraciones nos hablan del interés que existe entre un sector de nuestra sociedad por estrechar lazos con esta parte de la diáspora mexicana que en mucho puede contribuir a la prosperidad del país.

A casi una década de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán, pese a los esfuerzos la violencia contra las mujeres no cede, por lo que es apremiante actualizar y fortalecer nuestro marco legal subrayó la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, al presentar ante el Pleno de la LXXVI Legislatura Local una iniciativa para reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán.

En la Máxima Tribuna del Estado la diputada local integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propuso reforzar las estrategias con las que cuenta el Estado para hacer frente a la violencia que viven las niñas y mujeres.

Sostuvo que es fundamental establecer en la ley la obligación del Estado de elaborar un programa de trabajo específico para atender la alerta de violencia de género o, en su caso, integrarlo al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por Razones de Género.

“Esta medida no es solo una formalidad, sino un instrumento clave para garantizar que las instituciones cumplan con las obligaciones adquiridas tras la emisión de una alerta de esta naturaleza. Actualmente, la ley no define con claridad esta obligación ni establece los requisitos mínimos que debe cumplir dicho programa”.

Xóchitl Ruíz subrayó que no se puede permitir que la falta de claridad en la legislación se traduzca en omisiones o en acciones insuficientes. Es momento de reforzar el marco normativo, dotar de herramientas efectivas a las instituciones y, sobre todo, asegurar que las mujeres en Michoacán vivan libres de violencia.

El Sistema Estatal deberá crear y conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género; así como para garantizar el cumplimiento de las medidas derivadas de la alerta de violencia de género.

Por lo que la diputada plantea que, aunado a ello, el Sistema Estatal tendrá por objeto la creación e instrumentación del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres por razones de género, los mecanismos que faciliten la aplicación del Modelo Único de Atención, sus instrumentos, servicios y políticas públicas, así como el programa de trabajo para la implementación de las medidas establecidas en la alerta de violencia de género.

Las acciones del Programa se articulará tomando en consideración: los avances en materia de armonización jurídico-social; la operatividad de las dependencias, entidades y unidades administrativas en la atención de la violencia; en su caso, las medidas establecidas en alerta de violencia de género; y, los dictámenes sobre la implementación de medidas de Alerta de violencia de Género que se emitan.

El Sistema Estatal deberá elaborar un programa de trabajo para la implementación de las medidas establecidas en la alerta de violencia de género. Dicho programa deberá cumplir, al menos, con los requisitos establecidos para el Programa Estatal o, en su caso, integrarse como parte de este.

El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, revisó y fiscalizó las Cuentas Públicas de 113 ciento trece haciendas municipales, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2023, en donde se determinaron mil 213 observaciones, de acuerdo con el Informe General Ejecutivo e Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de las Haciendas Municipales del mismo ejercicio, realizados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

Ante ello, las y los legisladores aprobaron mediante el artículo quinto del Decreto, que la ASM deberá informar al Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, cada 6 meses, un informe del estatus que guardan las observaciones pendientes y de las faltas que hayan considerado graves o no graves, así como el procedimiento que se sigue en cada una de ellas hasta su resolución final.

De la revisión, destaca que algunos municipios fueron identificados por la Auditoria Superior de Michoacán, con observaciones preliminares vinculadas con el incumplimiento de las obligaciones fiscales federales y/o estatales; mientras que en relación con la información de Obra Pública sujeta a fiscalización, se determinó incumplimiento de las disposiciones normativas; y, algunos Organismos Operadores de Agua fiscalizados presentaron inconsistencias e incumplimientos del marco normativo.

Dentro de las observaciones relevantes se señala que el Balance Presupuestario no cumple con el Principio de Sostenibilidad; mientras que en algunos de los municipios existe la falta de cumplimiento al principio de sostenibilidad, establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

También se observa que en la gran mayoría de las auditorías realizadas, se tiene un cumplimiento parcial así como deficiencia y/o inexistencia de un Sistema de Control Interno que contenga y mitigue el incumplimiento de la normatividad que regula la actuación de los ayuntamientos.

Ante ello, las y los legisladores de la 76 Legislatura instruyeron a la Auditoría Superior de Michoacán para que en coadyuvancia con los municipios, lleven a cabo acciones pertinentes para dar cabal cumplimiento con la obligación que les impone a los Servidores Públicos en el desempeño del empleo. Y para que se instauren los mecanismos necesarios, que faciliten el Registro y Valoración del Patrimonio; el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles.

En el Dictamen se definió la necesidad que la ASM con apoyo de las Contralorías Municipales, analice detalladamente los saldos de los Estados de Situación Financiera, para corregir los saldos contrarios a su naturaleza contable y que se revela en el referido estado financiero, así como corregir cualquier error contable que afecte la situación financiera del municipio; y, para Implementar mecanismos que coadyuven a la adecuada estructura organizacional de la Administración Pública Municipal.

La diputada local Brissa Arroyo, se sumó a las voces de protesta que reprueban la improcedencia del desafuero al diputado federal Cuauhtémoc Blanco.

Luego de que las diputadas y diputados federales desecharon la solicitud de desafuero, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), alzó la voz en la máxima tribuna del estado y reprobó la vergonzosa votación de la que fuimos testigos el día de ayer.

La Congresista, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura, sostuvo que la votación perpetúa la impunidad porque cubren bajo el manto del fuero a un presunto agresor, presunto violador.

“Hoy me sumo a las voces de protesta de las mujeres porque después de esta decisión en el Congreso federal hemos sido vulneradas, porque prevalecieron los compromisos políticos ante la violencia de la que seguimos siendo objeto”, afirmó.

Hoy más que nunca es urgente pasar del discurso a los hechos, mostrar empatía, solidaridad y compromiso real para la igualdad sustantiva.

Arroyo Martínez ejemplificó que éste es un caso público pero, mencionó, “no olvidemos a todas las víctimas que siguen calladas por estos procedimientos dudosos que solamente revictimizan, por eso hoy amiga, yo si te creo”.

La diputada local refrendó su compromiso en la lucha y defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, “porque la agenda de las mujeres no puede tener retrocesos, y nuestra obligación es garantizar la progresividad de estos derechos”.

Al presentar una iniciativa de reforma al Código Penal, el diputado David Martínez Gowman, remarcó que “la igualdad de los derechos de mujeres y hombres es prioridad en la agenda del Partido Verde Ecologista de México, las nuevas tecnologías de la Información, así como la Inteligencia Artificial han cambiado la forma de vida de todas las personas”.

En este contexto dijo que “no todos los cambios han sido positivos, también se han generado nuevas formas de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. En el mismo sentido , para complementar la propuesta, considero la Reforma al Código Penal para el Estado de Michoacán, en el que adiciono como delitos para que puedan ser sancionados a la violencia mediática y el sicariato digital”.

Esta iniciativa, dijo, plantea reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el estado de Michoacán así como solicitar reforma al Código Penal en este tema.

El legislador del Partido Verde explicó que “para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, es necesario que abordemos estos temas del mundo digital, el uso de las nuevas tecnologías si no son utilizadas de forma segura ocasionan daños a la dignidad, integridad, seguridad, datos personales, libertad de expresión y acceso a la justicia de todas las personas, principalmente de las niñas, adolescentes y mujeres”.

Martínez Gowman enfatizó que “actualmente no contamos con un concepto consensuado respecto a la definición de violencia digital; la ONU la define como aquella que se comete y expande a través de los medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la dignidad, la integridad y seguridad de las víctimas”.

El legislador dijo que la iniciativa en el que se contempla: Adicionar a la Violencia Digital, la Violencia Mediática, con el objetivo de incluir a quienes hacen uso de la inteligencia artificial. En el artículo que establece la violencia política en contra de mujeres señalo las conductas del sicariato digital, como son la generación y difusión de campañas difamatorias, manipulación de información y la creación de cuentas falsas en redes sociales para suplantar identidades o engañar a la opinión pública, así como alterar y propagar imágenes o audios generados o modificados mediante inteligencia artificial.

“Asimismo, adiciono el sicariato digital como una forma de violencia digital” expuso el legislador quien señaló que presenta esta iniciativa en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, destacando que, “el 8 de marzo, es una fecha que nos recuerda la lucha de millones de mujeres, mediante movimientos de reivindicación política y laboral, huelgas, marchas y persecuciones a finales del siglo XIX y principios del XX. El día de hoy podemos decir que valieron la pena. Sin embargo, nos recuerdan que nunca más nadie debería luchar por derechos que les corresponden por el simple hecho de ser personas”.

«Ante lo expuesto, estoy proponiendo esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9, se adicionan las fracciones VIII y IX; y se adiciona el artículo 9 BIS, se adiciona el articulo 9 TER y el articulo 9 QUÁTER, de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres», precisó el legislador.

La legislación en materia de violencia de género, continúa en construcción, lo que ha derivado en imprecisiones que dificultan el acceso a la justicia para las víctimas, señaló la diputada del Partido del Trabajo (PT), Diana Mariel Espinoza Mercado.

Durante la presentación de la iniciativa de reforma al artículo 127 del Código Penal del Estado, elaborada por las diputadas integrantes de la LXVI Legislatura, la integrante de la bancada del PT refirió que se ha detectado un factor común en todos los casos de violencia a las mujeres: la misoginia.

“El componente misógino implica un componente de desprecio, subordinación, discriminación y violencia contra una mujer por razón de su género. Considerar que una mujer debe someterse a la voluntad de otros, subordinar sus decisiones y el derecho sobre su cuerpo, que una mujer es culpable por desobediencia de las agresiones que sufre, pensar que una mujer provoca por cómo se viste o cómo actúa, son elementos que constantemente llevan a cometer estos delitos contra las mujeres”, señaló.

Espinoza Mercado insistió en que no se puede seguir justificando la agresión y la vulneración de las mujeres por razones de género, lo que debe atacarse desde raíz, es decir, desde el hogar.

Lo anterior, al ser el círculo cercano, es decir, pareja, padres, hermanos, quienes cometen la mayor cantidad de agresiones a las mujeres, pues según datos de la OMS, más del 38 por ciento de todas las mujeres violentadas en el mundo, eran víctimas de su compañero íntimo.

La reforma al artículo 127 del Código Penal, busca la identificación de las lesiones como agravantes de la pena de agresiones a las mujeres, y otorgarles así la pena estipulada en la ley.

El Pleno de la septuagésima Sexta Legislatura designó a Marisol Sánchez Zamudio para ocupar el cargo de Fiscal Estatal Anticorrupción de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, por un periodo de siete años.

La Comisión de Justicia fue la encargada del estudio, análisis y dictamen de los resultados de los aspirantes que se inscribieron a la Convocatoria Pública, para así, integrar la terna de la cual fue electa con 38 votos vía cedula, Marisol Sánchez Zamudio y tomó protesta ante el Pleno del Poder Legislativo.

Las y los diputados Anabet Franco Carrizales, David Martínez Gowman, Vicente Gómez Núñez, Giulianna Bugarini Torres, Marco Polo Aguirre Chávez, presidenta e integrantes, respectivamente, de la Comisión de Justicia en su momento acordaron como necesario realizar entrevistas de manera virtual a los aspirantes registrados, para que además del soporte documental, las personas aspirantes pudieran ser evaluadas a través de su expresión oral y conocimientos generales en la materia.

Es así como, luego de escuchar las respuestas que los aspirantes dieron a un reactivo que los y las diputadas integrantes de esta Comisión seleccionaron, para que cada aspirante la expusiera en un video, expresando su respuesta de manera oral en un máximo de cinco minutos, pudieron, realizaron una evaluación integral de la idoneidad de las personas aspirantes que cumplieron tanto los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo.

Cabe destacar, que para evaluar la idoneidad de la recién electa como Fiscal Estatal Anticorrupción se consideraron sus conocimientos técnicos, necesarios para el desempeño del cargo, distinción por su competencia, antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, su honestidad y buena fama pública.

«No podemos seguir permitiendo que nuestras hijas, madres, hermanas y amigas vivan con miedo. Cada intento de feminicidio es un acto que busca arrebatarle la vida a una mujer, y debe ser castigado con la misma severidad”, señaló Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al presentar una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán y equiparar la tentativa de feminicidio con el feminicidio consumado.

La violencia contra las mujeres, en particular el feminicidio, sigue siendo uno de los crímenes más atroces que afecta a la sociedad, en Michoacán, solo un 12% de las muertes violentas de mujeres son investigadas como feminicidios, muy por debajo de la media nacional del 25%. Además, la tentativa de feminicidio no se castiga con la severidad adecuada, clasificándose muchas veces como «lesiones calificadas» o «violencia familiar».

«El feminicidio es el acto más extremo de violencia de género, pero muchas mujeres son víctimas de intentos de asesinato que, por alguna razón, no se consuman. No podemos permitir que estos actos queden impunes o sean minimizados bajo otras figuras delictivas menos graves», declaró la legisladora.

La iniciativa presentada por la Diputada Sandra Arreola Ruiz propone modificar el Código Penal del Estado de Michoacán para establecer que la tentativa de feminicidio sea castigada con la misma pena que el feminicidio consumado, eliminando vacíos legales que permiten la impunidad.

El proyecto de decreto establece en su Artículo 71: «Tratándose de la tentativa del delito de feminicidio, se aplicará la pena de prisión como delito equiparable al feminicidio y se sancionará con la misma pena establecida en el Artículo 120 del Código Penal para el Estado de Michoacán.»

«No podemos permitir que la justicia le conceda una segunda oportunidad al agresor, cuando la víctima apenas tuvo la primera para sobrevivir», enfatizó la Diputada Arreola Ruiz.

Con esta reforma, el Congreso de Michoacán tiene la oportunidad de dar un paso firme en la protección de los derechos de las mujeres y en la lucha contra la impunidad en los delitos de género. La iniciativa será discutida en comisiones y se espera que cuente con el respaldo de otras fuerzas políticas y colectivos feministas.

Con el propósito de defender la democracia y fomentar la igualdad, la diputada Itzé Camacho presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Michoacán para combatir el nepotismo electoral y la reelección inmediata en cargos públicos.

Durante la sesión ordinaria, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena en conjunto con el diputado Juan Carlos Barragán, propuso que ninguna persona pueda postularse a un cargo de elección popular si tiene parentesco, hasta el cuarto grado, con quien actualmente ocupa ese mismo cargo.

La diputada advirtió que una práctica común entre quienes se encuentran en el poder, es utilizar los recursos públicos para perpetuarse en el cargo, lo que limita la participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones. “En Michoacán debemos acabar con estas dinastías políticas que favorecen a unos cuantos, y marginan a la mayoría”, expresó desde la tribuna.

Respecto a la reelección inmediata, la diputada señaló que esta práctica genera condiciones desiguales para quienes buscan competir con propuestas genuinas, ya que permite que quienes están en el poder acumulen ventajas injustas.

Por ello, propuso prohibir de forma definitiva la reelección inmediata en Diputaciones, Gubernatura, Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías en el estado de Michoacán.

Itzé Camacho aseguró que esta iniciativa “representa un acto de congruencia con el mandato federal impulsado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quien con valentía y visión ha decidido poner fin a prácticas que atentan contra la igualdad y la justicia. Porque, como dice nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador: ‘Con el pueblo todo, sin el pueblo nada’”, finalizó.