admin

Con el objetivo de atender las causas de la contaminación lumínica y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, la 76 Legislatura aprobó reformar la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado de Michoacán.

La propuesta presentada por el diputado David Martínez Gowman y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, adiciona las XIX Bis y XXVIII, Bis del artículo 4º, y los artículos 162 Bis y 162 Ter del denominado capítulo IV de la ley en mención.

Es así que, ahora por ley se reconoce la contaminación lumínica como el resplandor luminoso en ambientes nocturnos o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en los gases aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los objetos celestes.

De igual forma, se establece el término de luz intrusa que incluye la luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere iluminar; así como, la luz difusa, La luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que resulta del reflejo directo e indirecto de la radiación visible e invisible dispersada por los constituyentes de la atmosfera, moléculas de gas, aerosoles y particulares en la dirección de la observación.

Asimismo, las y los diputados del Congreso local establecieron que en la construcción de obras o instalaciones que generen luz intrusa, en el funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y correlativas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente.

Finalmente, autoridades estatales y municipales deberán promover en coordinación con la Secretaría de Energía programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica.

Para proteger a las víctimas de violencia, su dignidad y proteger la información de las investigaciones, la diputada Adriana Campos Huirache presentó una reforma al Código Penal del Estado en la que se plantea aumentar las penas a los servidores públicos que difundan imágenes de violencia contra mujeres y menores.

La diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI planteó en la Máxima Tribuna del Estado, que se incrementará en una tercera parte la sanción si la información que se difunda tiene como fin menoscabar la dignidad de sus víctimas o familiares o dar a conocer las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima.

También se clarifica que los servidores públicos no podrán dar a conocer información quien no tenga derecho, documentos, constancias, información, fotografías, indicios, objetos, videos o audios que obren en una carpeta de investigación, en un proceso penal o sujetos a cadena de custodia y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.

Refirió que si bien en Michoacán en el 2021 se aprobó una reforma, con la que se contribuye a solucionar la problemática planteada, la cual surge por el caso de Ingrid Escamilla Vargas quien lamentablemente fue asesinada por su pareja en el 2020 y fue víctima de la filtración de sus imágenes e información, lo que generó que varios estados modificarán su legislación para proteger a las víctimas, es indispensable seguir fortaleciendo la norma vigente.

Por ello, Adriana Campos propone agregar a la descripción típica la difusión indebida de indicios y objetos, así como también que se incrementará en una tercera parte la sanción si la información que se difunda tiene como fin menoscabar la dignidad de sus víctimas o familiares o dar a conocer las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la víctima, acercándonos así a una armonización como la iniciada a partir de la reforma aprobada en la Ciudad de México.

Recordó que como diputada federal en el 2022, se aprobó la reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, a fin de sancionar la circulación indebida de imágenes relacionadas con una investigación penal, modificación que se encuentra pendiente de aprobación en el Senado de la República

Con reformas a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, busca incidir en la disminución de los accidentes y defunciones en motocicleta, así como garantizar la atención médica inmediata de los lesionados, con pólizas de seguro obligatorias y operativos permanentes que vigilen el uso de casco al conducir.

Para ello propone la iniciativa para reformar la fracción IV del artículo 19, la fracción XXII del artículo 40, la fracción I del artículo 132, la fracción XI del artículo 145, y el artículo 332 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, para que todo motociclista cuente con un seguro adecuado que garantice que cada víctima reciba una indemnización justa y rápida, y se fortalezca la atención prehospitalaria, para que cada vida en riesgo tenga una oportunidad real de ser salvada.

Esta reforma también protege a los peatones, y propone multas severas y suspensiones de licencia, a quienes ignoren la obligatoriedad del seguro y portación del casco, sobre todo si en el 2024 se registraron en Michoacán, 5 mil 613 accidentes en motocicleta; 88 atropellamientos causados por motociclistas; 987 colisiones entre vehículos y motos; y 271 choques entre motociclistas y conductores de bicicletas.

La medida busca finalmente, que las licencias de conducir para motocicletas, motonetas y vehículos similares sean otorgadas, siempre y cuando se cuente con póliza de seguro, y se suspendan por seis meses y un año, si se reincide en infracciones diversas, sobre todo por alcoholemia.

En el caso de las multas por infracciones, un porcentaje será destinado al fortalecimiento de la atención prehospitalaria, para que ambulancias y paramédicos refuercen sus equipos y brinden una atención inmediata

La Diputada Local y Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Emma Rivera Camacho, celebró la aprobación de reformas a la Ley de Salud de Michoacán, que garantizan la interrupción legal y voluntaria del embarazo en hospitales públicos y privados.

Con 23 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, el Congreso del Estado dio luz verde a esta reforma que busca asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, además de regular la objeción de conciencia sin afectar derechos individuales ni colectivos.

“Esta reforma equilibra el derecho a la salud, la dignidad de las personas y el respeto a las convicciones del personal médico. Hoy avanzamos hacia un sistema más justo y seguro para todas”, destacó Rivera Camacho.

La legisladora reiteró que la medida refuerza la calidad de la atención médica en Michoacán bajo principios de interculturalidad, perspectiva de género y laicidad.

“Las mujeres y personas gestantes en Michoacán hoy tienen mayor certeza sobre su derecho a decidir. Seguiremos legislando para garantizar que los derechos sean una realidad, no solo en papel”, concluyó.

La Condecoración “La Mujer Michoacana” 2025, será para Yareni Karla Pérez Vega y Jeannet Adriana Hernández Vega, esto, luego que la 76 Legislatura determinó que cumplen con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en la convocatoria pública.

Mediante el dictamen presentado por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género se informó que se recibieron 18 propuestas de aspirantes a dicho reconocimiento, de entre las cuales, destacaron las recipiendarias de este año, Pérez Vega y Hernández Vega.

Cabe señalar, que la condecoración se entrega a ciudadanas e instituciones michoacanas que trabajen a favor de las mujeres y que se hayan destacado en sus actividades en la lucha por alcanzar la Igualdad de Género dentro de la sociedad Michoacana.

Así como en la atención a mujeres, niños, personas con discapacidad y adultos mayores; en labor social con y para las mujeres y demás grupos vulnerables; por los derechos y desarrollo de las mujeres, fomento a la participación femenina, salud, o cualquier ámbito donde se fomente la inclusión y participación de la mujer michoacana.

La Condecoración “La Mujer Michoacán” 2025, será entregada por el Pleno de la 76 Legislatura en Sesión Solemne el próximo seis de marzo, como parte de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

Con el propósito de garantizar el acceso universal y seguro a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como de regular la objeción de conciencia en términos que respeten tanto los derechos individuales como los derechos colectivos, las y los diputados locales aprobaron diversas adiciones a la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.

En el marco de la Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo este jueves y luego de un extenso debate, con 23 votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, el Pleno del Congreso del Estado, aprobó el decreto en el que se adicionan diversas fracciones a la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.

Según lo expuesto en el dictamen presentado por las comisiones de Salud y Asistencia Social, y la de Igualdad Sustantiva y de Género, señala que “garantizar la calidad en la atención clínica en Michoacán no solo refuerza la eficiencia y seguridad de los servicios de salud, sino que también promueve un sistema de salud inclusivo, confiable y respetuoso de la dignidad humana”.

En este sentido, las comisiones evaluaron exhaustivamente los aspectos relacionados con salud pública, acceso a servicios médicos y garantías para la protección de los derechos de las personas usuarias y del personal de salud para garantizar el respeto a los derechos humanos con interculturalidad, perspectiva de género y laicidad.

El dictamen aprobado por las y los legisladores locales refleja el equilibrio entre la protección de la salud, la dignidad de las personas usuarias y el respeto a los derechos del personal sanitario, sin extralimitarse en áreas ajenas a su competencia legislativa

Las y los legisladores michoacanos tomaron protesta a dos magistradas y dos magistrados que formarán parte del Pleno del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa, luego de que éstos cumplieron con la etapa de registro y de entrevistas, y tras ser evaluados, fueron los idóneos para ocupar los cargos.

Swany Peña Reyes, Lizeth Puebla Solórzano, Carlos Enrique Verduzco Hurtado y Sergio Alberto Martínez Ocampo tomaron protesta para ocupar el cargo de Magistrada de la Primera Sala, Magistrada de la Segunda Sala, Magistrado de la Tercera Sala y Magistrado de la Cuarta Sala, respectivamente, del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo.

De acuerdo con los dictámenes sometidos a consideración de las y los integrantes de la 76 Legislatura del Congreso del Estado, la Comisión de Justicia estudió los respectivos expedientes, para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes, considerando los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño del cargo y que se hubieran distinguido por su competencia, antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica, su honestidad y buena fama pública.

Durante la Sesión Extraordinaria quedó de manifiesto que se analizaron todos y cada uno de los perfiles e iniciaron el proceso de deliberación a efecto de integrar las cuatro ternas que permitirían elegir a quienes ocuparán los cargos de magistradas y magistrados de la Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa.

Las personas seleccionadas, en criterio de las y los integrantes de la Comisión de Justicia, resultaron mejor evaluadas para el cargo y por ello fueron incluidas en la terna que se sometió a consideración del Pleno, al ser consideradas como las que cuentan con los perfiles idóneos para el desempeño de los mismos.

“La determinación final de esta Comisión de Justicia para seleccionar los perfiles que se integraran a la terna, fue parte de un proceso complejo que partió de una evaluación de los méritos formales de todas las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales establecidos en la Constitución de Michoacán, en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y en la Convocatoria. Con lo cual, se tuvo un panorama de los méritos académicos, de su experiencia profesional, así como de su honestidad y buena fama pública”, precisa el Dictamen

“Michoacán no puede aguantar más abusos contra su gente trabajadora”, afirmó el diputado priista, Memo Valencia, al proponer una reforma al Artículo 204 del Código Penal estatal para aumentar la pena del delito de robo hasta diez años cuando se cometa contra una persona en el momento o posterior, en un intervalo razonable, de disponer dinero en efectivo de una institución bancaria, financiera y/o alguna tienda de conveniencia o similar.

«El robo a quienes recién han dispuesto dinero en efectivo de un cajero automático se ha convertido en una práctica alarmante que atenta contra el mínimo vital de las familias, más aún cuando hemos sabido de casos realizados contra abuelitas y abuelitos después de cobrar su pensión», dijo.

Recordó que este tipo de robos ha aumentado de manera preocupante en la entidad, por ello, la reforma va particularmente hacia aquellos hurtos que se comentan con violencia y en circunstancias donde las víctimas quedan totalmente indefensas.

Asimismo, el legislador local presentó una segunda iniciativa para reformar el segundo párrafo y adicionar un tercero al Artículo 187 del Código Penal para el Estado de Michoacán, el cual menciona que en el caso de amenazas de muerte, y donde existan circunstancias que permitan determinar la credibilidad de violencia, a juicio de la autoridad, la pena sea de dos a seis años de prisión y de quinientos a mil días multa y caución de no ofender.

«Endurecer las penas por proferir amenazas de muerte, creíbles de violencia hará que se visibilice este tipo de delitos y se les brinde la debida atención por parte de las autoridades y que quienes lo hacen de manera imprudente, sin medir consecuencias, producto del enojo, la piensen dos veces antes de ejercer este tipo de violencia psicológica que también afecta el tejido social», mencionó.

En este caso, la reforma pide también que, cuando quede acreditado a juicio de la autoridad la credibilidad de violencia, el delito se persiga de oficio, para evitar que se intimide nuevamente al querellante y así no retire su denuncia.

Cabe mencionar que ambas propuestas de Memo Valencia, fueron suscritas por 20 diputados de la 76 Legislatura local.

A partir de ahora el marco jurídico establece que los campamentos tortugueros se deberán regularizar y ser beneficiados con recursos a fin de garantizar la conservación de la especie, luego de que el Congreso del Estado aprobó una reforma al reforma el artículo 74 de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental para el Estado de Michoacán.

La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente puso a consideración del Pleno de la 76 Legislatura el Dictamen elaborado sobre la propuesta del Diputado Abraham Espinoza Villa mediante la cual se pretende lograr la regularización de los campamentos tortugueros del estado de Michoacán.

De igual forma, sean beneficiados directamente para la conservación de la especie, y sean considerados en la Secretaria del Medio Ambiente del Estado para que se les designe el recuso necesario para su mantenimiento y fortalecimiento del mismo.

En la Exposición de Motivos se precisó que la costa del estado tiene una extensión de más de 200 kilómetros a donde cada temporada llegan tres especies de tortugas migratorias en peligro de extinción, “por ello las acciones que hace la comunidad y el gobierno son de vital importancia para evitar la pérdida de estos ejemplares”.

Se dio a conocer que en la costa michoacana se ubican 25 campamentos tortugueros debidamente registrados y con permisos federales, 10 en Lázaro Cárdenas, 13 en Aquila y 2 en Coahuayana, los cuales ofrecen una importante labor en el cuidado y protección de las crías antes de su liberación al mar.

“Cabe resaltar que los voluntarios de los campamentos tortugueros si han recibido apoyo, pero no ha sido un apoyo constante, lo poco que han recibido es para su equipamiento y subsistencia del mismo por ello lo que se quiere es que cada campamento tortuguero sea autónomo y tenga su propio recurso para su fortalecimiento”, se señala en el Dictamen.

También indica que la tortuga golfina constituyó una de las poblaciones más abundantes, pero que hoy en día está sumamente mermada, debido a la explotación excesiva de la que fue y ha sido objeto

“Los campamentos tortugueros son resultado de la perspectiva de planeación ambiental, enfocado en la protección e investigación de las tortugas, lo que genera una alternativa de desarrollo para poblaciones locales, y atracción de visitantes en busca de experiencias recreativas y de aprendizaje en convivencia con el ecosistema costero”.

Con la finalidad de anticipar y reducir riesgos potenciales ante el creciente uso de vehículos personales de movilidad sostenible como lo son los escuters, los monociclos eléctricos, las patinetas eléctricas, entre otros; usados como un medio de transporte accesible, económico y eficiente, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó dos iniciativas para la regulación de este tipo de medios de transporte personal.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que estas propuestas están también encaminadas a proteger al peatón, prevenir accidentes y promover el respeto a las normas de convivencia en los espacios públicos.

La primera iniciativa se refiere a la adición y modificación gen de diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, para incorporar en el ordenamiento a este tipo de vehículos y que sean incluidos en la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad.

La segunda iniciativa propone la reforma a la fracción II del artículo 11; el párrafo primero; las fracciones V, X, XI y XIII todas del artículo 18; así como la adiciones a la fracción LXXIII BIS del artículo 6; las fracciones XIV, XV, XVI y XVII del artículo 18 de la misma Ley; para regular el uso de estos vehículos personales de movilidad sostenible.

Con esta propuesta, explicó, se atenderá el vacío legal respecto a la diferenciación en la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal Sostenible, en relación a las velocidades que éstos pueden alcanzar, implementando regulaciones a los usuarios de vehículos con velocidades máximas superiores a los 25 kilómetros por hora, en igual similitud a las que se prevén para los usuarios de motocicletas; mientras que los vehículos con velocidades inferiores, deberán contar con un Certificado de Vehículo Personal de Movilidad Sostenible.

El legislador petista precisó que lo que se busca con estas disposiciones es la anticipación y reducción de riesgos potenciales, ante el creciente uso de este tipo de vehículos que circulan por las avenidas y calles, permitiendo la adecuada gestión, regulación y control de estos nuevos medios de transporte.

Además, subrayó que estas iniciativas contribuirán a proteger los derechos de los peatones con la implementación de medidas preventivas para evitar accidentes, así como de promover la movilidad de forma sostenible.

Ante lo que señaló como “la urgente necesidad de contar con condiciones de seguridad y protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado presentó ante el pleno de la LXXVI Legislatura, la iniciativa para adicionar al Código Penal del Estado de Michoacán, el Artículo 122.

Esta plantea penas más severas para quien o quienes, dolosamente, priven de la vida a una persona por razones de su labor en la defensa de Derechos Humanos y el Periodismo.

La diputada integrante de la bancada del Partido del Trabajo, refirió que, hasta junio de 2022, Michoacán ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al número de periodistas y defensores de derechos humanos bajo el Mecanismo de Protección, con 111 personas beneficiarias.

Explicó que “en cuanto a homicidios, hasta febrero del mismo año, Michoacán registraba cinco periodistas asesinados, ubicándose en la cuarta posición nacional en este lamentable indicador”.

“Estos datos reflejan la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos en Michoacán, lo que da cuenta de la necesidad urgente de fortalecer las medidas de protección y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de estas labores fundamentales para la sociedad”, mencionó.

Espinoza Mercado insistió en la obligación de las autoridades de todos los niveles, para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, así como crear la legislación adecuada, que garantice su labor en un ambiente de seguridad.

“Es imperativo que se fortalezcan los marcos normativos en Michoacán para incrementar las penas a quienes atenten contra la vida de periodistas y defensores de derechos humanos, con el fin de garantizar su seguridad y el libre ejercicio de su labor. La presente iniciativa busca atender esta problemática de manera estructural y efectiva, asegurando que se cumplan las responsabilidades estatales en materia de derechos humanos y libertad de expresión”, agregó.

La iniciativa, que reconoce la vulnerabilidad de ambos grupos sociales, fue enviada a la Comisión de Justicia para su análisis, estudio y dictamen

Con la finalidad de promover el uso eficiente y sostenible del agua residual tratada, el Congreso del Estado, aprobó por unanimidad, diversas reformas a la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo.

Con las reformas aprobadas se establecerá un marco regulatorio que permita la reutilización segura y eficiente del agua residual tratada para fines como el riego de áreas verdes, agricultura, limpieza de vías públicas, lavado de autos, entre otros usos que contribuyan a la protección del medio ambiente.

Según el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente y aprobado por el Pleno, especifica que “se espera que a través de estas nuevas medidas se contribuya a mejorar la calidad del medio ambiente y a garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.”

En la exposición de motivos presentada con esta iniciativa, se advierte la necesidad de considerar las aguas residuales como un recurso, con el objetivo minimizar los residuos y aprovechar al máximo los recursos, para reducir así la demanda de agua potable y con esto disminuir la contaminación de los cuerpos hídricos.

De esta forma, queda establecido en la Ley del Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán de Ocampo, que el agua residual, es el agua de composición variada que proviene de las descargas de uso público urbano, domestico, industrial, comercial, de servicios, agrícola pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas.

Además de que el agua tratada, es agua residual resultante del proceso de tratamiento o adecuación de su calidad, para remover total o parcialmente sus cargas contaminantes, a fin de lograr su reúso o aprovechamiento.

De la misma forma se especifica que, se promoverá el uso de agua tratada para actividades no esenciales y que las instituciones públicas o privadas y los usuarios de agua de primer uso, realizaran acciones positivas para el reciclaje del agua y la reutilización de agua residual tratada, de manera gradual en diversos niveles.