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En el marco del Día Nacional del Libro, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez propone que, por ley, se promueva la creación, edición, producción, difusión y venta de libros en sistema braille, audiolibros u otros formatos accesibles para personas con discapacidad visual.

De acuerdo con el vicepresidente del Congreso del Estado, el 95 por ciento de los materiales de lectura publicados siguen siendo inaccesibles para las personas con discapacidad visual. Además, del porcentaje restante, sólo el 0.5 por ciento está disponible en braille.

“No podemos olvidarnos de las personas con discapacidad visual, pues estaríamos vulnerando su derecho a la cultura y a la información. Es crucial implementar libros para este sector vulnerable, ya que, de lo contrario, podría considerarse un tipo de discriminación”, señaló Barragán.

El también presidente del Comité de Editorial, Biblioteca y Archivo del Congreso del Estado, reconoció que el braille continúa siendo la herramienta de lectura y escritura que garantiza a las personas débiles visuales su derecho a la educación, el acceso a la información y a la cultura, así como el desarrollo de su autonomía.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) de esta 76 Legislatura del Congreso del Estado, presentó su agenda legislativa 2024-2027, la cual será base para el trabajo que realicen las y los legisladores integrantes de esta fracción durante los próximos tres años.

En la presentación de esta agenda, estuvo presente el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien también recibió un tanto de este documento.

Está agenda legislativa está integrada en cuatro ejes fundamentales: Salud integral y protección social; Cultura de la paz y seguridad; Desarrollo Económico y competitivo; y Sustentabilidad y medio ambiente.

Este Grupo Parlamentario está integrado por la diputada Teresita de Jesús Herrera Maldonado, coordinadora; por el legislador Alfonso Janitzio Chávez Andrade, vicecoordinador; el diputado José Antonio Salas Valencia y la legisladora Ana Vanessa Caratachea Sánchez, estos ultimos integrantes.

En ese sentido, las y los diputados integrantes del GPPAN, coincidieron en que “durante la LXXVI legislatura, actuaremos de forma responsable y comprometida con la sociedad, colaborando en todo aquello que permita mejorar el bienestar de las familias, pero daremos fervientemente la batalla en todo lo que implique un autoritarismo”.

De cara al próximo Buen Fin, que se realizará en Michoacán y en todo el país del 15 al 18 de noviembre, la diputada Morenista, Belinda Iturbide Díaz, exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a proteger a los consumidores, a revisar los precios en los comercios e instalar más módulos de atención inmediata para recibir y resolver las quejas de la población en el momento de la compra.

La diputada también conminó a los 113 ayuntamientos a que promuevan descuentos en el pago de impuestos, así como en multas o recargos, en aras de ayudar a la población a que se regularice en caso de tener adeudos, dado que el Buen Fin se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más importantes del pais, con un récord de ventas en 2023 de 151 mil millones de pesos.

Iturbide Díaz reiteró que durante el Buen Fin es esencial la Profeco cumpla con su papel de guardián y defensor de los derechos de los consumidores. Por lo que solicitó que se monitoreen bien los precios, se promueva el consumo responsable, se vigile y sancionen a los negocios que no cumplan con los descuentos y se revise la publicidad de los establecimientos, porque el cliente es primero.

La diputada reconoció la participación de los comercios que año con año buscan ofrecer precios justos y accesibles, pues el objetivo es que los michoacanos tengan facilidad de compra de productos de calidad sin verse forzados a endeudarse en exceso.

También felicitó al Gobierno de Michoacán por sumarse al Buen Fin con descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos en pagos de renovación extemporánea de licencias de conducir y de derechos vehiculares, como el refrendo.

De manera histórica, las y los diputados de la 76 Legislatura posicionaron a Michoacán como el primer Estado del país en adecuar diversas disposiciones de la Constitución Política local en materia del Poder Judicial.

En sesión extraordinaria, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio la declaratoria oficial correspondiente al Decreto Número 03, aprobada por la Septuagésima Sexta Legislatura y por 59 Ayuntamientos.

Los ayuntamientos que avalaron la reforma Constitucional son: Aguililla, Angamacutiro, Apatzingán, Aquila, Ario, Arteaga, Briseñas, Buenavista, Carácuaro, Chilchota, Chinicuila, Chucándiro, Churumuco, Coahuayana, Coalcomán, Coeneo, Cojumatlán, Copándaro, Cuitzeo, Gabriel Zamora, La Huacana, Huandacareo, Huaniqueo, Huiramba, Indaparapeo, Jacona, Jiménez, Juárez.

Así como: Lagunillas, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Múgica, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Pajacuarán, Paracho, Parácuaro, Pátzcuaro, Queréndaro, Salvador Escalante, Santa Ana Maya, Tacámbaro, Tangamandapio, Tanhuato, Tarímbaro, Tepalcatepec, Tingüindín, Tlalpujahua, Tlazazalca, Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzintzuntzan, Villamar, Vista Hermosa, Yurécuaro y Zacapu.

Una vez que fue respaldada por la mayoría de los Ayuntamientos, dicha modificación será remitida al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su debida publicación, y con ello, quede completamente homologadas las leyes locales con la reforma federal en materia judicial.

Cabe destacar que con la reforma, el Poder Judicial del Estado, además de depositarse en el Supremo Tribunal de Justicia, será custodiado por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, estos dos últimos en sustitución del Consejo del Poder Judicial del Estado, garantizando la autonomía y especialidad técnica para una mejor impartición de justicia en beneficio de la población.

El apostar e invertir en ciencia, tecnología e innovación en nuestro estado y país, es garantizar desarrollo, por lo que las políticas públicas que se implementan deben fortalecerse, subrayó la diputada Adriana Campos Huirache.

La diputada presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la LXXVI Legislatura Local señaló que ante los grandes retos que se tienen, se trabaja para fortalecer la legislación vigente y también para gestionar que se incremente el presupuesto asignado en la materia.

Recordó que la Ley General de Educación en el artículo 119 establece que se debe destinar mínimo el uno por ciento del Producto Interno Bruto al gasto pata Educación Superior y la Investigación Científica y Humanística, así como al desarrollo tecnológico e innovación, sin embargo, es mínimo lo que se destina, y ello se replica en los estados y municipios, lo cual debe cambiar.

Este rubro, por su importancia al desarrollo, dijo, debe ser impulsado desde todas las trincheras y desde el Congreso del Estado, a través de la Comisión que preside se fortalecerá la legislación, con propuestas claras que atiendan los problemas que se tienen en la actualidad.

A nivel nacional recordó se ha padecido en años atrás el castigo presupuestal que ha sufrido este sector, lo cual es necesario que cambie y se apueste a fortalecer este rubro, que representa grandes oportunidades de desarrollo y bienestar social, lo que garantizaría una sociedad más justa.

En Michoacán, sostuvo la diputada local, se han realizado esfuerzos importantes por distintas instituciones educativas, quienes reconocen que se requiere de mayores recursos para poder beneficiar a más niñas, niños y jóvenes.

Destacó que se debe promover desde la infancia el interés por la ciencia, tecnología e innovación, pero también brindar los espacios y acceso a la misma, dotando de los recursos necesarios y es para lo que se fortalecerá la legislación vigente.

La iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para brindar autonomía a la Universidad Michoacana es positiva, porque busca garantizar el tema financiero y los procesos democráticos al interior de la máxima casa de estudios en la entidad, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís Sámano.

Las y los nicolaitas podrán definir el rumbo de la UMSNH, al participar en la elaboración de una nueva Ley Orgánica que rescate lo mejor de la herencia de nuestra universidad y construya una de vanguardia, garantizando su autonomía y con recursos destinados a las actividades sustantivas, pronunció la Diputada de Morena luego de asistir a la presentación de la Iniciativa de reforma al artículo 143 de la Constitución estatal, por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la cual se comprometió a analizar con detenimiento en cuanto la reciba formalmente el Poder Legislativo.

Consideró que la propuesta para que el presupuesto de la UMSNH nunca sea menor al del año anterior, sería la ruta adecuada para corregir estructuralmente los temas financieros, así mismo, vio con buenos ojos el incremento considerado para el ejercicio fiscal 2025, que seguramente se destinarían a actividades sustantivas que redunden en el incremento de la matrícula, para que, además, las y los jóvenes tengan realmente oportunidad de ingresar a una institución con profesores adecuados y especializados.

Respecto a la democratización universitaria, Alanís Sámano expuso que el hecho de que sea la propia comunidad nicolaita, es decir, las y los estudiantes, las y los trabajadores administrativos, las y los profesores, quienes formen parte de la decisión de quien debe conducir los destinos de la casa de Hidalgo, es también muy relevante porque es ir democratizándola por la vía de los hechos.

El respeto a los derechos humanos es una responsabilidad establecida en las leyes y tratados internacionales que deben garantizarse y cumplirse y desde la LXXVI Legislatura Local se trabaja en la agenda enfocada a ello, afirmó la diputada Xóchitl Ruiz González.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, señaló que se trabaja en la agenda Legislativa pero también se mantienen reuniones con las áreas encargadas de hacer cumplir y garantizar los derechos humanos, así como revisar las quejas, recomendaciones y cumplimiento de las mismas.

Con este estudio que se realiza, puntualizó la diputada de la bancada Verde en el Poder Legislativo, se busca presentar algunas iniciativas de reforma, para fortalecer la legislación vigente y garantizar su cumplimento en favor de los derechos humanos de los ciudadanos.

Desde la Comisión que preside, se busca promover los ordenamientos legales que garanticen el pleno respeto y desarrollo de los derechos de todas y todos, para lo que se adecuará la legislación, escuchando y atendiendo las diversas posturas y visiones.

Xóchitl Ruiz señaló que, «asumimos esta responsabilidad convencidos de los grandes retos que se tienen en materia de derechos humanos, por lo que siempre estamos en la mayor disposición de colaborar y aportar todo nuestro esfuerzo».

El trabajo, sostuvo que, estará fundamentado en las necesidades reales y prioritarias del Estado y sus ciudadanos, asumiendo los retos que como Legislatura se tienen de frente, y contribuir a que se cristalicen en el hacer de cada día.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso del Estado de Michoacán, Sandra Arreola Ruíz, buscará que el uso de agua tratada para ciertas actividades pueda ser una alternativa para cuidar y proteger el medio ambiente.

La legisladora indicó, que la escasez del agua y la contaminación de los cuerpos hídricos son problemas cada vez más graves en la entidad, por lo que la reutilización del agua residual tratada puede ser una solución efectiva para mitigar estos problemas y mejorar la calidad del medio ambiente.

«Se busca establecer un marco regulatorio que permita la reutilización segura y eficiente del agua residual tratada para fines como el riego de áreas verdes, agricultura, limpieza de vías públicas, lavado de autos, entre otros usos que contribuyan a la protección del medio ambiente», señaló.

En la exposición de motivos, manifestó que el tratamiento de aguas residuales ayudará a proteger los ecosistemas acuáticos al eliminar contaminantes y productos químicos dañinos antes de que ingresen a los cuerpos de agua naturales, ya que con «esto se evita la contaminación de ríos, lagos y océanos, y preserva la vida acuática y los hábitats naturales», dijo.

Arreola Ruíz, puso de ejemplo que, al utilizar aguas residuales tratadas en lugar de aguas subterráneas, la central eléctrica de San Luis Potosí (México) redujo los costos de agua en un 33 %, lo que implicó para la empresa proveedora del servicio de electricidad un ahorro de 18 millones de dólares en el término de seis años.

Mientras que, en el caso de la empresa proveedora del servicio de agua, los ingresos adicionales provenientes de la venta de aguas residuales tratadas ayudaron a cubrir los costos operativos y de mantenimiento.

Recordó que en la región de América Latina y el Caribe solo se trata entre el 30 % y el 40 % del agua residual recolectada, lo que tiene un impacto negativo tanto en la salud humana como en el medioambiente.