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Con el objetivo de fortalecer los preceptos legales para combatir la corrupción e impunidad, la 76 Legislatura aprobó reformar la Constitución Política del Estado para transformar el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán en el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán.

El dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia reforma los artículos constitucionales 24, 44, 50, 70, 95, 97, 109, 109 bis, 109 ter, 133 y 134, todo con el fin de impulsar la transparencia en la gestión pública, el desempeño honesto y eficiente de los servidores públicos.

Cabe destacar, que el Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa continuará siendo un organismo autónomo; por ello, el Congreso del estado deberá realizar las acciones necesarias para que se asigne el presupuesto anual, los recursos que le correspondían al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Asimismo el Tribunal tendrá la obligación de resolver controversias administrativas, así como la facultad de imponer sanciones graves a servidores públicos y particulares relacionados con actos de corrupción, y garantizar el cumplimiento de las decisiones de transparencia.

Dentro de las reformas, se aprobó que el periodo constitucional de las magistradas o magistrados pasara de cinco a nueve años en el ejercicio del cargo y podrán ser reelectos por una única ocasión, al término de su periodo cesarán sus funciones.

En este sentido, el Congreso elegirá a las magistradas o magistrados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, mediante convocatoria pública y observando el principio de paridad de género.

Finalmente, las y los diputados destacaron que dicha reforma es con la finalidad de crear un sistema y ordenamiento jurídico para las responsabilidades de los servidores públicos, para beneficio de las y los michoacanos.

El Congreso del Estado de Michoacán aprobó este miércoles por unanimidad, la reforma constitucional que fortalece la igualdad de género, garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradica la brecha salarial. La Diputada Emma Rivera Camacho, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que esta iniciativa, responde al compromiso de construir un estado más equitativo.

Esta reforma simboliza un avance significativo en la lucha por la igualdad, alineada con los principios de justicia de la Cuarta Transformación: “Hoy avanzamos hacia un Michoacán donde las mujeres vivan y trabajen en condiciones dignas y justas,” reiteró la legisladora.

La reforma establece la creación de fiscalías especializadas para atender la violencia de género, la paridad en los nombramientos públicos y la eliminación de la discriminación salarial para que “a trabajo igual, salario igual” sea una realidad.

Además, refuerza el cumplimiento de compromisos internacionales para proteger los derechos de las mujeres, lo que sitúa a Michoacán a la vanguardia en temas de igualdad y justicia social.

El diputado local priista, Santiago Sánchez Bautista, propuso en el Congreso del Estado, elevar la pena para el delito de violación en Michoacán.

En su proyecto de reforma al Artículo 164 del Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, aseguró que actualmente robar una vaca en la entidad tiene una sanción más elevada que el delito de violación.

El legislador del PRI mencionó que este incremento en las penas no es un acto de venganza, sino una acción de justicia social y así, «el castigo que se encuentra previsto con 5 a 15 años de prisión, pase a un nuevo rango de 30 a 50 años de prisión; tratándose de violación en perjuicio de una niña, niño o adolescente, la pena irá de los 40 años a la pena máxima prevista en la Constitución michoacana: 60 años de prisión».

Sánchez Bautista insistió en que esta propuesta no es solo una modificación legal, «es una respuesta contundente al sufrimiento de miles de personas que han sido violentadas en su integridad, en su dignidad, y en su derecho a vivir sin miedo».

Reafirmó ante el Pleno al presentar su iniciativa, que «más que nunca, Michoacán necesita un marco de justicia que esté a la altura de la gravedad de estos crímenes y que sea un freno efectivo para aquellos que amenazan la paz y seguridad de nuestra sociedad».

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, instó a las autoridades del estado a rendir cuentas sobre el proceso de implementación de la Agenda 2030 en la entidad, que está enfocada en atender las necesidades de desarrollo de las y los michoacanos.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el líder parlamentario petista, presentó una propuesta de acuerdo en el Pleno del poder Legislativo en el que exhortó al Ejecutivo, a los titulares y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, del Supremo Tribunal de Justicia, de la Fiscalía del estado a informar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, sobre sobre el grado de implementación de mecanismos orientados a la Agenda 2030.

«La transformación en la realidad económica, política y social de la población ha sido históricamente el objetivo principal de los gobiernos nacionales y subnacionales de todo el mundo, por eso es deber de todas las instancias y órdenes de gobierno dar seguimiento a estas acciones que buscan impulsar un mejor estilo de vida de la población «, dijo.

Y recordó que: «Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es el simbólico y atinado título del documento que fue adoptado por México, como por todos los Estados Miembros de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos propósitos fundamentales se encuentran orientados a propiciar nuevos equilibrios y reducir las brechas estructurales de las desigualdades socioeconómicas de la población y su entorno personal, familiar, laboral, comunitario y medioambiental en las presentes y futuras generaciones.

Por último, señaló que para lograr la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS´s), se requiere que tanto gobiernos nacionales como subnacionales, se comprometan desde sus respectivos ámbitos de competencia a emprender acciones que abonen en el logro de estos objetivos y metas no solo de manera enunciativa, sino también a destinar financiamiento racional, elaborar regulación, legislación, así como de formulación de políticas públicas eficaces, eficientes, transversales y medibles en el mediano y largo plazo.

Destacó que el compromiso de esta Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, con la implementación y seguimiento de Agenda 2030, debe entenderse en dos sentidos fundamentales:

«El primero, es trabajando en la generación de leyes y acuerdos que propicien que los poderes ejecutivo y judicial, así como los organismos autónomos de la entidad, puedan llevar a cabo agendas, programas, acciones y políticas públicas orientadas con el seguimiento de los objetivos y metas de Desarrollo Sostenible; el segundo, es directamente con la atención de las necesidades de las y los michoacanos y la transformación en sus condiciones de vida», acotó.

La Reforma de Igualdad Sustantiva que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo representa un logro histórico y rompe con la brecha salarial entre hombres y mujeres, señaló la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Fabiola Alanís Sámano, quien además refirió que garantiza el acceso a una vida libre de violencia para todas las personas.

Una vez que el Congreso de Michoacán aprobó la reforma en cuestión, la legisladora morenista destacó que dicha modificación constitucional también fortalece la participación política de las mujeres al establecer la obligatoriedad de paridad de género en los gabinetes federales, estatales y municipales.

“Los ejes centrales de esta reforma aterrizan en que se reconoce la igualdad sustantiva en la Constitución, se garantiza el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres y se rompe con la brecha salarial entre hombres y mujeres, bajo el lema: ‘a trabajo igual, salario igual’”, enfatizó.

La diputada especialista en políticas públicas con perspectiva de género remarcó que esta reforma es reflejo de una lucha histórica por la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que celebró que el Poder Legislativo haya dado paso a su aprobación por unanimidad.

Finalmente, reiteró que la agenda del Grupo Parlamentario de Morena estará permanentemente ligada a hacer respetar los derechos de las mujeres, a fin de acabar con las barreras de desigualdad que han limitado su desenvolvimiento social, político y profesional.

Desde Movimiento Ciudadano se respalda la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, afirmó la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado.

Al hacer uso de la tribuna para razonar su voto a favor, la diputada local señaló que la bancada naranja defiende esta reforma porque se pone en el centro el respeto y la igualdad para las mujeres. «Esta propuesta representa nuestra convicción de que el progreso de una sociedad se mide por la justicia que se brinda a sus mujeres».

Esta reforma destacó, busca erradicar la brecha salarial y garantizar que el trabajo de una mujer sea valorado de la misma manera que el de un hombre, ya que en la actualidad una mujer gana en promedio 86 pesos por cada 100 que percibe un varón por la misma labor.

«En Movimiento Ciudadano creemos que es inaceptable que las mujeres tengan que enfrentar esta discriminación, y por eso apoyamos que, a través de esta reforma, se garantice a trabajo igual, salario igual», sostuvo Grecia Aguilar.

Resaltó que la bancada naranja siempre defenderá la inclusión de la perspectiva de género en nuestras instituciones de seguridad y justicia, convencidos de que el cambio debe empezar en el Estado. «Necesitamos que las mujeres se sientan protegidas y seguras, que cada denuncia de violencia sea atendida y existan fiscalías especializadas en delitos de género y se garantice la atención oportuna».

Puntualizó que un Estado que protege a las mujeres, avanza para lograr un país más justo. No obstante, recalcó que la paridad en los cargos públicos es otra demanda urgente que debe atenderse. «Queremos un gobierno en el que las mujeres tengan representación en cada decisión y en cada espacio de poder, no podemos hablar de democracia mientras la mitad de la población está ausente de los espacios en los que se toman decisiones».

Llamó a construir un país en donde todas y todos tengan voz, por lo que celebró que en Michoacán se cristalice esta reforma constitucional y reiteró que desde la bancada naranja se trabaja por un México y Michoacán para todas y todos, con igualdad y justicia.

Un país más justo, en donde las mujeres estén protegidas y se les garanticen sus derechos es una lucha histórica que respalda el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXXVI Legislatura Local, afirmó la diputada Adriana Campos Huirache.

Tras manifestar su respaldo a la reforma constitucional encaminada a construir un país más igualitario tanto en oportunidad de vida, laboral y salarial, ya que estas adecuaciones normativas unifican a las y los mexicanos, por un trato igualitario sin distinción de género, a trabajo igual, salario igual.

Adriana Campos expresó que ver plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos a la igualdad sustantiva, a la perspectiva de género, al derecho a una vida libre de violencia, así como la igualdad en salarios por razón de género y la paridad en diversos espacios de decisión pública, es un gran avance.

Por todas las mujeres y por las dieron su vida en esta lucha, por las niñas y por todas, nuestro voto a favor de este dictamen y de todas las propuestas que sean en pro de las mujeres.

Señaló que desde todas las trincheras se debe seguir trabajando hasta lograr un país más justo y libre de violencia. «La ampliación de los derechos de las mujeres a rango constitucional constituyen un proceso irreversible y avance. Por lo que tenemos que seguir trabajando para eliminar las barreras que deben derribarse a fin de alcanzar una igualdad plena en un ambiente de seguridad».

Refirió que se deben redoblar esfuerzos por un país más seguro para las mujeres y recordó que desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024, han desaparecido 11 mil 600 mujeres. Esto equivale a 6 desaparecidas diariamente. Además, en ese mismo periodo 21 mil mujeres fueron asesinadas, lo cual refleja la gravedad de lo que viven día a día.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señalan que 7 de cada 10 mujeres en México han vivido algún tipo de violencia, lo que significa que las agresiones se encuentran presentes en los hogares, los centros de trabajo, las escuelas y las calles, lo que obliga a fortalecer la legislación, pero también emprender acciones integrales para erradicar la violencia.

Adriana Campos resaltó que el camino por recorrer es largo para lograr una sociedad igualitaria de manera plena, hay mucho por hacer y por construir para las niñas y las mujeres, no obstante, esta reforma marca un antes y un después, por lo que se debe seguir trabajando y el PRI respaldará todas las propuestas encaminadas a defender los derechos de las mujeres, por la justicia y paz.

En el marco de la Sesión Ordinaria, celebrada este jueves, se reestructuró la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, así como el Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de esta 76 Legislatura del Congreso del Estado.

A propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, será presidida por la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, e integrada por los diputados: Juan Carlos Barragán Vélez, Víctor Manuel Manríquez González y Octavio Ocampo Córdova.

De esta forma, sale de esta Comisión, el diputado Conrado Paz Torres, quien a partir de este momento será el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información, mismo que hasta el momento se encontraba acéfala.

Con ello se busca darle la mayor pluralidad a las Comisiones y los Comités, además de darle agilidad a los trabajos que se lleven a cabo en esta Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado.

El diputado Hugo Rangel Vargas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, presentó hoy en el Congreso del Estado una iniciativa que busca reformar el modelo de Defensoría Pública en Michoacán.

La propuesta está orientada a garantizar una defensa adecuada para todas y todos los michoacanos, en especial aquellos en situación de vulnerabilidad, asegurando que sus derechos humanos sean plenamente respetados y defendidos. En su intervención, Rangel destacó la necesidad de contar con un servicio de defensoría eficiente y accesible en el marco de un Nuevo Modelo de Justicia que priorice la equidad.

La iniciativa contempla la prestación gratuita del servicio de Defensoría Pública Judicial, con los principios de probidad, honradez y profesionalismo, a cargo del Poder Judicial.

Esta propuesta responde a la obligación del Estado de asegurar el derecho a la defensa para quienes no cuentan con los recursos económicos para contratar asesoría legal, poniendo especial atención en comunidades rurales e indígenas, donde históricamente se ha registrado un rezago en la defensa de derechos.

Rangel Vargas enfatizó que uno de los ejes clave de esta reforma es erradicar prácticas discriminatorias y desigualdades que han afectado a estos grupos vulnerables en el ámbito judicial, permitiendo que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados de manera integral.

Al finalizar su intervención, el diputado hizo un llamado a sus compañeras y compañeros legisladores a sumar esfuerzos para garantizar la justicia en Michoacán.

“Tenemos una deuda histórica con la impartición de la justicia y debemos velar por que las zonas rurales y las comunidades indígenas cuenten con una adecuada defensa; es nuestra oportunidad de hacerlo, seamos garantes de sus derechos humanos de manera efectiva.,” concluyó el diputado petista.

El Pleno del Congreso del Estado tomó protesta a David Acosta Álvarez como Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

A propuesta de las comisiones de Justicia y Gobernación, el nuevo funcionario fue electo de la terna también integrada por Daniel Israel Andrade Ruiz, Vanessa Arriaga García, Abner Paniagua Torres y Nadia Marilyn García Rico, quienes luego de atender la convocatoria emitida, obtuvieron las mejores resultados.

Cabe recordar que en sesión de Pleno celebrada el 23 de septiembre de 2024, se dio lectura a la comunicación de fecha 13 de ese mismo mes y año, suscrita por la Secretaria de Estudio y Cuenta de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, en la que se remitía la lista de la quinteta de los aspirantes con los mejores resultados, para ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Las y los aspirantes, los días catorce y quince de agosto hicieron entrega de la documentación requerida en la convocatoria y posteriormente, en fecha treinta de agosto del año que corre, se les aplicó el examen a quienes cumplieron con los requisitos para ocupar el cargo.

Siguiendo el procedimiento de dicha Convocatoria, con fecha cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, el Pleno de dicho Tribunal, en Sesión Ordinaria, aprobó los resultados del examen, así como la lista de los cinco aspirantes que obtuvieron mejor resultado en dicho proceso e instruyó a esta Secretaria General de Acuerdos, la integración y remisión de los expedientes de los mismos al Congreso del Estado.

El nuevo Contralor Interno cumplió con el requisito de ser ciudadano mexicano, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tiene más de veinticinco años de edad; cuenta con título profesional, con antigüedad mínima de cinco años, de nivel licenciatura afín al cargo; y cuenta con los conocimientos así como con la experiencia necesaria para el desempeño de sus funciones.

De igual forma, no ha sido condenado por delito doloso; no ha sido registrado como candidato, ni ha desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años; no ha ocupado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años; y, no ha pertenecido en los cuatro años anteriores a su designación, a despachos de consultoría o auditoría que hubieren prestado sus servicios a un órgano del Estado o a algún partido político.