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El diputado Baltazar Gaona García precisó que los Derechos Humanos actualmente están en crisis «no porque se hayan perdido, sino porque hoy se enfrentan enormes desafíos, vivimos tiempos muy complejos en donde la violencia lastima nuestras comunidades, donde muchas personas sienten que la justicia llega tarde o simplemente no llega».

Al dar la bienvenida en la presentación del libro «Los Derechos en Crisis», el Presidente la Mesa Directiva del Congreso del Estado señaló que los derechos humanos son conquistas históricas de la humanidad, que costaron años de lucha, sacrificio, movimientos sociales y muchas veces, hasta vidas humanas y que pareciera que compiten con agendas políticas o con intereses económicos.

La sociedad comienza –dijo- a normalizar la violencia, a dejar de indignarse ante la injusticia y hasta por el dolor ajeno, y ante ello, instó a seguir trabajando «para que futuras generaciones no hereden miedo, violencia, ni divisiones. Sino que hereden un México más humano, más justo y más solidario».

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Xóchitl Ruíz González resaltó la importancia de la obra coordinada por José René Olivos Campos, Jaime Cárdenas Gracia y Pastora Melgar Manzanilla, como un ejercicio que aporta reflexiones que enriquecen la discusión pública y contribuyen a los pensamientos colectivos sobre cómo avanzar hacia mejores condiciones de libertad, igualdad y justicia y el desarrollo para todas y para todos.

«La defensa de los Derechos Humanos exige una reflexión crítica sobre las instituciones, las desigualdades y las relaciones del poder que atraviesan nuestra sociedad», señaló.

Ante el Diputado Federal Ernesto Núñez, magistrados del Tribunal Electoral del Estado Michoacán y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Coordinador del libro Los Derechos en Crisis, destacó que el Estado tiene la responsabilidad de atender y respetar los mandatos constitucionales y convencionales que ubiquen al ser humano como el origen, el centro y el fin de toda acción pública.

«Vivimos tiempos marcados por las patologías que vulneran nuestros derechos: la corrupción que erosiona la confianza pública; la inseguridad que fractura el tejido social; la fragilidad institucional que no garantiza plenitud», puntualizó.

Agregó que el libro, es una herramienta crítica para garantizar los derechos de toda persona, «sea el punto de partida, para dialogar, consultivamente informar y generar una transformación. Sea un instrumento para fortalecer nuestras instituciones, sea el impulso para hacer de la justicia una realidad visible para todas y todos».

Durante la presentación, Carlos Sinhué Vital Punzo expuso que como parte del derecho humano, se encuentra el derecho a la propiedad privada en el que se tienen muchos desafíos, porque «aún este en México más del 50% de la de la tierra en este país se encuentra en un carácter irregular; vale la pena recordar que tenemos trabajo pendiente para que a las personas más necesitadas se les acerque ese título, derecho que está establecido en la constitución».

Al reconocer que la que la industria de los videojuegos se ha convertido en una herramienta que desarrolla en los jóvenes la disciplina, les genera creatividad y les brinda un espacio de inclusión, el diputado Baltazar Gaona García resaltó la importancia de acercar a los jóvenes michoacanos a las nuevas tecnologías.

En el salón de Recepciones, el Presidente de la Mesa Directiva, junto con la diputada Brissa Ireri Arroyo Martínez, dieron la bienvenida a CEO´S de PUBGM de China para las Américas, así como de Erremedia, y al titular del Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH), a fin de avanzar hacia la construcción y uso de herramientas tecnológicas para las infancias y las juventudes michoacanas.

Baltazar Gaona García destacó que en la entidad hay jóvenes talentosos, creativos, con enormes capacidades que requieren solamente acceder a las herramientas para que se desarrollen exitosamente en el uso de las nuevas tecnologías.

Destacó que al abrir una puerta, con un proyecto de colaboración entre particulares y las autoridades estatales, les permitirá a los jóvenes michoacanos «acceder, aprender y hacerse llegar de recursos y herramientas que hacen falta para que, estos jóvenes se puedan desarrollar en esta autopista de las nuevas tecnologías».

Destacó que al abrir espacios para la animación digital, el desarrollo de software y la creación de videojuegos en las distintas universidades y en diversos municipios del estado, se facilitarán vínculos entre las plataformas de gaming y el sector académico o estudiantil, en beneficio de la sociedad misma.

La diputada Brissa Arroyo reconoció la iniciativa del titular del IJUMICH y el Gobierno del Estado para impulsar el proyecto que llevará nuevas tecnologías a los jóvenes a través de programas, que representan herramientas tanto económicas como de participación ciudadana, como lo son los viodeojuegos.

«Hoy ya son herramientas inseparables para socializar, para aprender y hasta para entretenimiento, fomentan sin duda, la creatividad y un sentido de pertenencia. Hagamos de las pantallas nuestras aliadas para la educación de nuestras hijas y nuestros hijos», precisó.

Agregó que los videojuegos se han convertido en potentes herramientas educativas y de aprendizaje, que fomentan una interacción con otros compañeros de su propio entorno; que fortalecen el desarrollo del pensamiento crítico, ayudan a la resolución de problemas y la motivación intrínseca de todos los jóvenes.

René Herrera, CEO de Erremedia, michoacano que funge como enlace entre la industria tecnológica con empresas internacionales detalló que hay estudios que avalan que el tema de los videojuegos generan condiciones buenas para los jóvenes como el desarrollo de habilidades, conocimiento, trabajo en equipo y la comunicación con personas de otro lado, y a hacer amigos.

«Son tecnologías que impulsan a los jóvenes a mejorar y ser mucho más productivos y a desarrollarse en el tema de la inteligencia artificial», precisó.

Lenín López explicó que dicha estrategia impulsará a los jóvenes el ámbito tecnológico, proyectado para desarrollarlo en todas las universidades de Michoacán, en algunos municipios y en zonas prioritarias de la entidad, lo que lo convertirá en un producto único en América Latina. «No lo hay en otro estado de la república son los pioneros en este tema y lo digo con mucho orgullo que Michoacán es el primer estado de todo continente americano».

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, refrendó su compromiso para que este mismo año quede lista y pueda concretarse la Ley de Búsqueda de Personas en Michoacán, al considerar que se trata de una deuda pendiente con cientos de familias michoacanas.

El legislador recordó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Michoacán existe un registro histórico de 7 mil 801 personas desaparecidas, cifra que contempla casos acumulados desde la década de los años sesenta hasta la fecha, por lo que consideró urgente fortalecer el marco jurídico estatal en esta materia.

Baltazar Gaona explicó que desde el Congreso del Estado se han impulsado diversos esfuerzos legislativos para concretar esta ley, incluyendo iniciativas ciudadanas y propuestas presentadas por distintas diputadas y diputados desde el año 2021. Precisó que incluso en octubre de 2023 el Pleno aprobó una propuesta de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán; sin embargo, observaciones realizadas posteriormente por el Poder Ejecutivo y reformas federales provocaron que el proyecto quedara desfasado.

«Hoy existe una nueva propuesta que se sigue trabajando en mesas técnicas con instituciones del Estado, la Fiscalía y colectivos. Nosotros vamos a darle puntual seguimiento para que esta ley finalmente pueda salir adelante», señaló el diputado presidente del Congreso.

Gaona García destacó además el trabajo que se ha realizado para construir consensos con madres buscadoras y diferentes dependencias, al tiempo que reconoció la disposición de la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada Anabet Franco Carrizales, para acelerar los trabajos legislativos y concretar el dictamen correspondiente.

«Voy a hacer el compromiso de que sea este mismo año cuando podamos tener lista esta ley en Michoacán, porque no podemos seguir postergando un tema tan sensible para miles de familias», expresó Baltazar Gaona, quien subrayó que actualmente Michoacán se encuentra entre las siete entidades del país que aún no cuentan con una legislación específica en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

Con el objetivo de garantizar el interés superior de la niñez y proteger el desarrollo emocional de niñas, niños y adolescentes, el diputado local Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para reconocer y fortalecer el derecho de convivencia familiar de hijas e hijos de personas privadas de la libertad.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que las consecuencias del encarcelamiento no deben trasladarse a las y los menores de edad, quienes enfrentan afectaciones emocionales, psicológicas y sociales derivadas de la separación de su madre o padre.

«La privación de la libertad de una persona no puede traducirse en la vulneración de los derechos de sus hijas e hijos. El Estado tiene la responsabilidad de generar mecanismos que protejan su bienestar y fortalezcan los vínculos familiares», expresó.

Iván Vera señaló que actualmente la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán no contempla disposiciones suficientes para garantizar de manera integral los derechos de convivencia de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores privados de la libertad, situación que contraviene el principio constitucional del interés superior de la niñez.

La iniciativa propone reconocer expresamente en la legislación estatal los derechos de las y los menores a mantener una convivencia efectiva con su madre o padre, así como establecer un régimen especial de visitas y convivencia que fortalezca los vínculos materno-filiales y paterno-filiales.

Asimismo, la propuesta busca impulsar una protección integral de la niñez michoacana, priorizando el bienestar emocional y el desarrollo de las y los menores afectados por la separación familiar, mediante acciones que reduzcan el impacto psicológico derivado de la ausencia de la figura materna o paterna.

Con esta iniciativa, el diputado Iván Vera refrendó su compromiso de impulsar reformas con enfoque humanista y de protección a los derechos de la niñez, fortaleciendo las políticas públicas orientadas a garantizar entornos más justos y sensibles para las familias michoacanas.

Con el objetivo de fortalecer la protección integral de niñas, niños y adolescentes y construir mecanismos de prevención social más efectivos, el diputado Alfredo Anaya presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Cívica del Estado de Michoacán para crear un procedimiento especializado dirigido a adolescentes que cometan faltas administrativas.

La propuesta contempla la creación de un nuevo capítulo denominado «Del Procedimiento de Justicia Cívica y Mediación Administrativa para Adolescentes», con el propósito de establecer un modelo preventivo, formativo y restaurativo que permita atender estas conductas desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo integral.

El legislador destacó que la intención no es criminalizar ni estigmatizar a las y los adolescentes, sino brindarles herramientas que permitan su reintegración y evitar que conductas administrativas puedan escalar hacia situaciones más graves.

«Debemos apostarle a la prevención y al acompañamiento, no a la sanción por sí sola. Nuestro compromiso es construir oportunidades para nuestros jóvenes y fortalecer el tejido social desde las primeras señales de riesgo», expresó Alfredo Anaya.

La iniciativa establece que, cuando un adolescente incurra en una falta administrativa, las autoridades deberán privilegiar medidas educativas y de reintegración social, garantizando en todo momento el respeto al interés superior de la niñez y sus derechos fundamentales.

Asimismo, se contempla que los adolescentes tengan derecho a ser escuchados durante el procedimiento, contar con el acompañamiento de padres o tutores y recibir orientación jurídica adecuada. También se propone que las audiencias se desarrollen bajo principios de oralidad, transparencia y rapidez.

Otro de los puntos relevantes de la propuesta es la posibilidad de que los jueces cívicos canalicen los casos a procesos de mediación administrativa o comunitaria para fomentar el diálogo, la reparación del daño y la reconstrucción del entorno social.

La reforma también establece que las medidas aplicables deberán ser de carácter formativo y no punitivo, evitando sanciones privativas de la libertad como medida principal. Además, se prohíbe que adolescentes sean retenidos en instalaciones destinadas a personas adultas, garantizando su integridad física y emocional.

De igual forma, la propuesta busca fortalecer las herramientas de seguimiento mediante la implementación de bases de datos biométricas en las direcciones de Justicia Cívica del estado, permitiendo una mejor coordinación con instituciones como la Fiscalía y el DIF para identificar a padres o tutores, dar seguimiento puntual a los procesos de reintegración y prevenir conductas de mayor riesgo.

Con esta iniciativa, Alfredo Anaya refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención, la protección de las juventudes y la construcción de una justicia más humana y cercana a las necesidades de la sociedad.

Con el objetivo de generar un espacio participación para las niñas, niños y adolescentes, a fin de promover el ejercicio pleno de sus derechos, así como, impulsar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones de la niñez y la adolescencia, el Congreso del Estado emitió la Convocatoria para el Parlamento Infantil Incluyente 2026.

Cuarenta niñas, niños y adolescentes de 9 a 12 años de edad, originarios o residentes de la entidad podrán hacer uso de la Tribuna del Poder Legislativo los días 23 y 24 de junio, en un ejercicio de aprendizaje, académico, libre expresión que fortalecerá su participación cívica y democrática.

Del viernes 22 de mayo y hasta el viernes 12 de junio del 2026, las y los interesados deberán presentar un manuscrito elaborado de su puño y letra, de manera impresa o digitalizada (en formato de imagen) y anexar una versión transcrita de su propuesta sobre temas como Derechos humanos y Cultura de la paz; Educación; Salud; Recreación; Deporte; Familia; Inclusión e igualdad; Medio ambiente; y, Uso de tecnología y redes sociales.

De acuerdo con la convocatoria, quienes deseen inscribirse, deberán enviar su trabajo y documentación digitalizada al correo electrónico parlamentoinfantil.2026@gmail.com, o de manera física en la oficina de la Diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, ubicada en la Calle Francisco I. Madero No 97, Centro Histórico, Morelia Michoacán, en un horario de 09:00 a.m. a 17:00 horas, de lunes a viernes, en días hábiles.

La propuesta deberá ser acompañada por los documentos: copia de CURP de la niña, niño o adolescente; copia del Acta de Nacimiento vigente o copia certificada; Constancia de estudios o en su caso de inscripción; original y copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

Además, deberán presentar formatos de autorizaciones expedidos por las Comisiones Unidas, para que sea asistido dentro de los trabajos del Parlamento Infantil Incluyente, participar en los debates dentro de las instalaciones del Poder Legislativo, así como, el reconocimiento de autoría del proyecto presentado de la niña, niño o adolescente, asimismo, para la publicación del nombre e imagen exclusivamente para fines institucionales del evento;

Es importante que ningún menor haya sido seleccionada o seleccionado, en un evento del Parlamento Infantil Incluyente anterior, ni familiar de diputadas y diputados del Congreso del Estado o de las y los titulares de la Administración Pública Estatal hasta en segundo grado de parentesco.

Las Comisiones Unidas de Protección a la Niñez y Adolescencia, así como, de Educación, emitirán y publicarán el día martes 17 de junio del 2026, en el portal del Congreso del Estado www.congresomich.gob.mx la lista definitiva e inapelable de las niñas, niños y adolescentes que integrarán el «Parlamento Infantil Incluyente del Estado de Michoacán de Ocampo para el Año 2026».

La Convocatoria puede consultarse directamente en la dirección: https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/05/CONVOCATORIA-PARLAMENTO-INFANTIL-INCLUYENTE-2026.pdf

En el marco de la sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen impulsado por la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, que reconoce el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres menstruantes a no ser sancionadas académicamente cuando la dismenorrea (dolor menstrual severo) les impida asistir a clases, garantizando así condiciones de aprendizaje con dignidad y equidad.

Durante su intervención, la legisladora explicó que la iniciativa parte de una premisa fundamental: el derecho a la educación no puede ejercerse plenamente si se ignoran las condiciones reales de salud física, emocional y biológica de quienes estudian. «Educar no solamente es permitir el acceso al salón de clases, sino garantizar condiciones efectivas de aprendizaje, permanencia y desarrollo con dignidad», afirmó.

Arreola Ruiz señaló que la menstruación es un proceso biológico natural, pero para un número significativo de mujeres se acompaña de síntomas como dolor abdominal intenso, cólicos severos, fatiga, náuseas, cefaleas y limitaciones funcionales reales que dificultan o impiden la asistencia a clases y el desempeño académico. No obstante, la falta de reconocimiento normativo ha generado una omisión estructural, enfrentando a las estudiantes a una disyuntiva injusta: asistir en condiciones de malestar extremo o ausentarse y asumir consecuencias institucionales como faltas injustificadas, evaluaciones reprobatorias o sanciones.

La diputada respaldó su posicionamiento con datos contundentes: el 78.9 por ciento de las estudiantes universitarias mexicanas padecen dismenorrea, y el 37 por ciento ha faltado a clases al menos una vez como consecuencia del dolor menstrual. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha reconocido que esta condición puede generar incapacidad funcional temporal por varios días.

«Ignorar la realidad que viven miles de estudiantes implica desconocer una condición de salud legítima, diagnosticable y verificable. De nada sirve reconocer el derecho a una menstruación digna si una niña sigue siendo sancionada por faltar a clases cuando su cuerpo le impide levantarse», expresó.

Subrayó que se busca construir un sistema educativo que abrace, entienda y acompañe a las mujeres, y que no mida la responsabilidad de una alumna únicamente por su asistencia, sino por su esfuerzo y su derecho a aprender en igualdad de condiciones.

Al anunciar su voto a favor, la diputada Arreola Ruiz concluyó: «Hoy queremos lograr que ninguna niña vuelva a sentir que su menstruación es motivo de castigo; que ninguna tenga que elegir entre cuidar su salud o cuidar sus calificaciones; y que ninguna estudiante vuelva a creer que su dolor debe soportarse en silencio para no tener consecuencias académicas. Legislar con perspectiva de género también significa reconocer las desigualdades que históricamente han sido normalizadas».

El dictamen aprobado fue turnado a las instancias correspondientes para su implementación en las instituciones educativas del estado.

La diputada local Nalleli Pedraza Huerta impulsó una propuesta para que el Congreso del Estado de Michoacán ejerza su facultad de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con el objetivo de reformar la Ley General de Salud y garantizar el acceso obligatorio, inmediato y gratuito a medicamentos huérfanos destinados al tratamiento de enfermedades raras infantiles y condiciones genéticas.

La propuesta fue presentada como resultado del histórico Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad del Estado de Michoacán, donde el parlamentario, José Francisco García Cruz expuso la urgente necesidad de legislar en favor de personas con acondroplasia, una condición genética que provoca displasia esquelética, talla baja y múltiples complicaciones médicas que comprometen seriamente la salud y calidad de vida de quienes la padecen.

Pedraza Huerta, explicó que la acondroplasia no solo representa una condición física visible, sino que está asociada a graves comorbilidades como apnea del sueño, estrechamiento de vías respiratorias, hidrocefalia, estenosis espinal, compresión medular y severas deformaciones ortopédicas.

Asimismo, se destacó que durante años los pacientes han tenido que recurrir a procedimientos altamente invasivos y dolorosos, como las elongaciones bilaterales de extremidades, que implican fracturas intencionales y largos procesos quirúrgicos con riesgos de infecciones, rechazo de material e incluso amputaciones.

En ese contexto, la legisladora se subrayó la importancia de la Vozoritida, primer medicamento huérfano aprobado para atender la causa molecular de la acondroplasia, permitiendo un crecimiento óseo más seguro y reduciendo el riesgo de complicaciones graves, además de favorecer la movilidad, autonomía y desarrollo integral de niñas y niños.

Sin embargo, se advirtió que la efectividad de este tratamiento depende de una ventana biológica limitada, ya que únicamente puede actuar mientras las placas de crecimiento permanecen abiertas. Por ello, cualquier retraso burocrático en la autorización o suministro del medicamento representa una pérdida irreversible para la salud y desarrollo de los pacientes pediátricos.

Ante esta problemática, la diputada Nalleli Pedraza planteó reformar el artículo 224 Bis 1 de la Ley General de Salud para establecer de manera expresa la obligación del Sistema Nacional de Salud de adquirir, abastecer y suministrar gratuitamente medicamentos huérfanos aprobados para enfermedades raras infantiles cuya eficacia dependa de etapas específicas del desarrollo biológico.

La legisladora señaló que esta reforma busca priorizar el interés superior de la niñez sobre las barreras administrativas y presupuestales, garantizando que ningún menor pierda la oportunidad de acceder oportunamente a tratamientos que pueden transformar su calidad y expectativa de vida.

Finalmente, la diputada Nalleli Pedraza, añadió que esta propuesta también contempla fortalecer las acciones de investigación y desarrollo de medicamentos huérfanos, así como establecer mecanismos que permitan asegurar su disponibilidad y acceso efectivo en las instituciones públicas de salud de todo el país.

Al considerar que sus ingresos son muy precarios y que en su mayoría provienen de sus pensiones, en sesión del Congreso del Estado, la diputada local Ana Belinda Hurtado Marín propuso que en Michoacán los adultos mayores gocen del beneficio de pagar sólo 50 por ciento en los viajes que realicen en el servicio de transporte público.

Previamente, en la tribuna y ante las y los legisladores, la legisladora presentó la iniciativa con proyecto de decreto para el que se reforma el inciso C de la fracción VII del artículo 31 de la Ley de Protección Integral a las Personas Adultas Mayores del Estado de Michoacán de Ocampo.

Para respaldar su propuesta, Hurtado Marín hizo notar que los adultos mayores son un grupo importante de la población que continúan realizando actividades productivas y contribuyendo al desarrollo y bienestar de la sociedad, más allá de sobrepasar los 60 años de edad.

Asimismo, subrayó que el trabajo y la vejez no son realidades opuestas, a cuyo respecto subrayó que actualmente muchas personas de la tercera edad siguen siendo productivas y contribuyen a la economía familiar , y en algunos casos son el único sostén económico de muchas familias.

En ese sentido, destacó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2020, muchos adultos mayores depende en gran medida del esquema de pensiones por jubilación considerado como uno de ls pilares de seguridad económica buscando evitar situaciones de necesidad y pobreza.

Ana Belinda Hurtado citó también el estudio del Consejo Estatal de Población, el cual indica que el transporte es el segundo rubro más importante en gastos de las familias michoacanas después de alimentos.

«No quiero hablarles de familias que se van a formar ni de proyectos de vida futuros. Quiero hablarles de familias que ya existen, que llevan años funcionando, cuidando, amando y sosteniéndose, pero que la ley todavía no termina de ver», afirmó el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM) al presentar una iniciativa para incorporar el procedimiento especial de adopción intrafamiliar en la legislación de Michoacán.

El legislador explicó que en el estado hay miles de niñas, niños y adolescentes que no son criados por sus padres biológicos, sino por sus abuelos, tíos, hermanos mayores o familiares cercanos que, ante el abandono, fallecimiento, migración o ausencia prolongada de los padres, asumieron la responsabilidad de protegerlos.

«Son abuelos que dejaron atrás su descanso para volver a criar. Son tíos que trabajan todos los días para sostener un hogar que no planearon, pero que asumieron con amor. Son hermanos mayores que dejaron de ser únicamente hermanos para convertirse en ejemplo, protectores y responsables de una niña o un niño», señaló.

Espinoza Villa denunció que, aunque estas familias ya están consolidadas en la realidad, la ley actual las obliga a enfrentar procedimientos largos, complejos y burocráticos para obtener el reconocimiento jurídico de una relación familiar que desde hace años ya existe en los hechos.

«¿Es justo tratar igual a una adopción entre personas sin ningún vínculo previo que a un caso donde una niña o un niño ya ha vivido durante años bajo el cuidado de sus abuelos o familiares directos? La respuesta es no. No estamos hablando de crear una familia desde cero, estamos hablando de reconocer legalmente una familia que ya existe, que ya cuida, que ya protege y que ya ama», enfatizó.

La propuesta crea un procedimiento especial de adopción intrafamiliar con las siguientes características:

· Más ágil, prioritario y simplificado para casos donde exista parentesco directo, convivencia permanente, cuidado continuo y vínculo afectivo plenamente acreditado.

· No elimina filtros ni pone en riesgo la protección de la niñez; al contrario, fortalece el interés superior del menor al priorizar que el niño o niña permanezca dentro de su entorno familiar y comunitario.

· Busca evitar que la burocracia se convierta en un obstáculo: hoy los procesos pueden tardar meses o años, generando incertidumbre jurídica mientras la vida de los menores sigue su curso.

El diputado recordó que distintas entidades del país ya cuentan con mecanismos que priorizan la conservación del menor dentro de su familia extensa, y que la tendencia nacional e internacional es clara: fortalecer los vínculos familiares ya consolidados.

«Legislar también significa entender cómo viven realmente las familias de nuestro estado. En Michoacán hay miles de hogares donde los abuelos, los tíos o los hermanos mayores ya son, en la práctica, quienes ejercen el papel de madres y padres. A ellos no podemos seguir tratándolos como extraños frente a la ley. Ninguna niña o niño debería esperar años para que la ley reconozca la familia en la que ya creció. Es momento de que nuestra legislación avance al mismo ritmo que nuestra realidad social».

El diputado local de Morena, Juan Pablo Celis, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 156 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de garantizar que ningún funcionario estatal gane más que la Presidenta de la República.

La propuesta busca armonizar la legislación estatal con el mandato establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fortalecer los principios de austeridad republicana, equidad salarial y combate a los privilegios dentro del servicio público.

«En la Cuarta Transformación creemos que el poder es para servir, no para enriquecerse. Ya no puede existir una clase dorada de funcionarios con salarios ofensivos mientras el pueblo exige mejores servicios y más obras», expresó Celis.

La iniciativa establece que todas las personas servidoras públicas de elección popular, así como titulares de dependencias centralizadas, descentralizadas, órganos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, deberán percibir una remuneración proporcional a sus funciones, sin exceder el salario de la Presidencia de la República.

El legislador morenista destacó que esta reforma representa un paso importante para terminar con excesos burocráticos y consolidar un modelo de gobierno más austero, eficiente y cercano a la gente.

«Se trata de poner fin a los privilegios que durante muchos años ofendieron al pueblo de México. El dinero público debe regresar al pueblo convertido en bienestar, obras, programas sociales y mejores servicios», señaló.

Juan Pablo Celis subrayó que esta medida también fortalece el combate a la corrupción, ya que elimina esquemas de altos salarios y prestaciones desproporcionadas que durante décadas beneficiaron a una élite burocrática alejada de la realidad de las y los ciudadanos.

Asimismo, recordó que recientemente se aprobaron reformas constitucionales federales para endurecer controles en materia de remuneraciones, pensiones y sistemas de retiro de mandos de confianza, por lo que los estados tienen la responsabilidad de armonizar sus normas locales.

«La austeridad no es un discurso, es una convicción. Cada peso que se ahorre eliminando privilegios puede destinarse a atender las verdaderas necesidades de la población», afirmó.

Finalmente, el diputado de Morena reiteró que esta iniciativa forma parte del compromiso de la Cuarta Transformación de construir gobiernos honestos, transparentes y con salarios equitativos.

«No puede haber funcionarios ricos en un pueblo con necesidades. La política debe recuperar su esencia de servicio y responsabilidad social», concluyó.

Con el objetivo de brindar certeza jurídica, proteger el patrimonio de las y los michoacanos y agilizar la resolución de conflictos derivados del arrendamiento de vivienda, el diputado David Martínez Gowman presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley Inquilinaria del Estado de Michoacán.

El legislador propuso modificar el artículo 32 de dicha ley para que las acciones legales en la materia dejen de ser un proceso lento y costoso, y pasen a tramitarse mediante la vía sumarísima.

Martínez Gowman destacó que el arrendamiento es una herramienta social y económica indispensable para miles de familias que no cuentan con una propiedad. Sin embargo, lamentó que cuando un inquilino incumple con el pago de la renta o se niega a desocupar el inmueble, los propietarios se enfrentan a un calvario judicial.

«En la práctica, los juicios actuales se vuelven una pérdida de tiempo y dinero para los afectados. Muchos morosos no pagan ni desocupan el bien, generando un impacto severo en la economía y la seguridad de los dueños. Lo que buscamos es que los conflictos se resuelvan en menor tiempo, evitar litigios largos y otorgar justicia pronta», afirmó el diputado.

La vía sumarísima, sustentada en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, es un procedimiento judicial simplificado que se utiliza en asuntos urgentes o de menor complejidad probatoria. Con este cambio, se pretende recortar drásticamente los tiempos de espera para recuperar un inmueble o saldar adeudos.

Asimismo, la iniciativa contempla la adición de dos párrafos normativos para dotar de herramientas claras a los juzgadores. De este modo, si el Juez detecta que la demanda requiere una vía procesal distinta, tendrá la facultad y obligación de reconducir el asunto desde el primer auto, garantizando el debido proceso. Si el Juez no resultara competente por materia, cuantía o territorio, deberá remitir el caso de inmediato a la autoridad correspondiente para evitar rezagos.

Con esta propuesta, el diputado David Martínez Gowman reafirma su compromiso con la creación de leyes equilibradas que protejan tanto los derechos de los inquilinos responsables como el patrimonio legítimo de los propietarios en Michoacán.