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Con el propósito de ampliar las oportunidades de desarrollo para las mujeres del campo, el diputado local Octavio Ocampo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán, mediante la cual propone la creación del Fondo Estatal para el Empoderamiento de Mujeres Rurales Emprendedoras.

Octavio Ocampo destacó que el desarrollo rural no puede limitarse únicamente a la productividad agrícola, sino que debe contemplar la justicia social y la inclusión económica. «Las mujeres rurales sostienen economías familiares, fortalecen las comunidades y preservan conocimientos fundamentales para el campo, pero siguen enfrentando barreras para acceder a financiamiento y oportunidades productivas», señaló.

El legislador explicó que la propuesta busca incorporar una perspectiva de inclusión financiera con enfoque de género dentro del Sistema Estatal de Financiamiento Rural. «No se trata solamente de ampliar apoyos; se trata de generar condiciones reales para que las mujeres rurales puedan acceder a oportunidades productivas en condiciones de equidad», afirmó.

La iniciativa plantea reformar la fracción XIX del artículo 12, adicionar un segundo párrafo al artículo 42 y crear el artículo 55 Bis de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán, con el objetivo de establecer mecanismos de acceso preferente a financiamiento, capital semilla, capacitación y asistencia técnica para mujeres rurales y grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la propuesta contempla priorizar la atención a jefas de familia, mujeres indígenas y habitantes de zonas de alta y muy alta marginación, a fin de fortalecer su autonomía económica y avanzar hacia un modelo de desarrollo rural más incluyente, equitativo y sustentable.

Las voces de los pueblos originarios, las comunidades y la ciudadanía deben traducirse en leyes y acciones reales que garanticen sus derechos, afirmó la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, Xóchitl Ruiz González, durante el Parlamento Regional realizado en Pátzcuaro rumbo a la reforma integral de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Durante su intervención, la legisladora destacó que escuchar a los pueblos originarios, a las comunidades, colectivos y ciudadanía es fundamental para construir una reforma que realmente responda a las necesidades actuales y contribuya a saldar las deudas históricas que aún existen en materia de derechos humanos y garantizar que la nueva norma, responda a las necesidades de los distintos sectores sociales.

«Qué bueno que estos espacios se estén llevando a las regiones, porque las mejores propuestas nacen cuando la gente participa y expresa lo que vive día a día», resaltó Xóchitl Ruiz al referirse a la importancia de los ejercicios de diálogo y escucha ciudadana impulsados dentro de los Parlamentos Regionales.

Se coincidió en que se deben garantizar traductores de lenguas originarias en centros de salud, una mayor intervención de las autoridades en seguridad, medio ambiente, el diseño de planes educativos interculturales, entre otros.

La diputada celebró que este foro se enfocara especialmente en los derechos de los pueblos indígenas y llamó a las autoridades a respetar plenamente su autonomía y formas de organización, al considerar que estos encuentros permiten construir propuestas reales desde las propias comunidades.

Asimismo, sostuvo que todas las propuestas y planteamientos expresados por las y los participantes deberán traducirse en acciones concretas desde el Poder Legislativo para fortalecer el marco jurídico estatal en materia de derechos humanos.

En el Parlamento Regional participaron el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, Josué Mejía, diputadas y diputados locales, autoridades estatales, representantes de comunidades indígenas y diversos sectores sociales.

El Pleno de la LXXVI Legislatura Local del Congreso del Estado aprobó este día el dictamen mediante el cual se envía al Congreso de la Unión la iniciativa promovida por la diputada Adriana Campos Huirache, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fortalecer el combate a la trata de personas y la explotación laboral, incorporando el dolo, la mala fe y la violencia en la descripción típica de este delito, a fin de proteger a las y los jóvenes víctimas de engaños y abusos.

Durante la sesión legislativa se aprobó el dictamen con proyecto de acuerdo para enviar al Congreso de la Unión la iniciativa para reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.

La diputada Adriana Campos Huirache destacó que el dictamen abre la puerta a legislar desde la federación sobre un tema que lacera la paz social y afecta profundamente la tranquilidad de miles de familias mexicanas que han sido víctimas de explotación laboral y reclutamiento mediante engaños.

«La apropiación de personas por personas no es un asunto del pasado ni un tema exclusivo de los libros de historia; el tráfico y la trata de personas siguen vigentes pese a las leyes y convenciones existentes», señaló la legisladora priista al advertir que este fenómeno se ha agravado debido al crecimiento de las actividades de la delincuencia organizada y a la deshumanización que vive el país.

Adriana Campos Huirache recordó el caso ocurrido en Teuchitlán, Jalisco, donde decenas de jóvenes fueron engañados con falsas ofertas de trabajo para posteriormente ser reclutados y degradados moralmente por grupos delincuenciales, situación que calificó como una muestra dolorosa de la urgencia de fortalecer el marco legal en México.

La coordinadora parlamentaria del PRI explicó que la propuesta busca sancionar de manera más efectiva a quienes reclutan mediante engaños a jóvenes y personas en situación vulnerable, aprovechándose de la necesidad económica y de la falta de oportunidades laborales que prevalece en distintas regiones del país.

Asimismo, sostuvo que con esta reforma se pretende contribuir de manera decidida al combate de conductas antisociales que afectan principalmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad, al tiempo que reconoció el trabajo realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales por dictaminar favorablemente esta iniciativa en beneficio de la juventud mexicana.

Finalmente, Adriana Campos Huirache reiteró que desde el Congreso del Estado se continuará trabajando para construir un Michoacán más justo, seguro y con mayores garantías de protección para las y los ciudadanos, impulsando acciones legislativas que defiendan la dignidad humana y fortalezcan la paz social.

Ante las altas cifras de accidentes en donde la causa deriva de que el conductor se encontrara en estado de ebriedad o bien, intoxicado por alguna droga, el diputado local, David Martínez Gowman, presentó una iniciativa con proyecto de decreto, del Código Penal, ante el Congreso del Estado, que contempla sanciones administrativas y penales, para los conductores que cometan el delito de transitar bajo los influjos del alcohol o alguna droga.

El legislador explicó que, las víctimas no siempre son los conductores que han consumido bebidas alcohólicas, sino también sus acompañantes, así como los conductores y pasajeros de otros vehículos, además de otros usuarios de las vías de comunicación, sobre todo los más vulnerables como peatones, ciclistas y motociclistas.

Estas personas terminan sufriendo las consecuencias negativas del riesgo asumido por el conductor al manejar vehículos bajo los efectos del alcohol, drogas o ambas.

Esta iniciativa tiene el objetivo de quien conduzca un vehículo de motor o eléctrico y resulté con una concentración en sangre o aliento superior a los límites establecidos en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, bajo los efectos de sustancias tóxicas o estupefacientes, independientemente de las sanciones administrativas que le correspondan, el Ministerio Público le apercibirá formalmente, dejando constancia de que si incurre nuevamente en esta conducta dentro de un plazo de dos años, será consignado a la autoridad judicial, y de resultar responsable, se le impondrá una prisión de tres meses a un año; multa de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, suspensión de hasta por seis meses del derecho a conducir vehículos de motor y se le podrá someter al tratamiento de desintoxicación, de acuerdo a lo previsto en este Código.

Asimismo, señala que si el delito previsto en el artículo anterior se comete por conductores de vehículos de transporte oficial, público, escolar, de pasajeros, de personal, de carga, o de plataformas digitales; en el momento en que se encuentren prestando dicho servicio, se impondrá, la primera vez, de uno a tres años de prisión, multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y suspensión de hasta por un año en el ejercicio de este oficio.

En caso de reincidencia en la comisión de este ilícito, dentro del plazo de dos años, contados a partir de que se cumpla la suspensión, la pena prevista será de tres a cinco años de prisión, multa de a quinientas a setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización y la pérdida definitiva del derecho a ejercer el oficio de conductor.

El Congreso del Estado, exhortó a todos los ayuntamientos de Michoacán y al Concejo Mayor de Cherán, para que a través de sus atribuciones, implementen acciones concretas para fortalecer el cumplimiento de la Ley para la Atención de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán.

Ante la propuesta realizada por la diputada Belinda Iturbide Díaz y en el marco del Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar, esta Septuagésima Sexta Legislatura, instó a los ayuntamientos a habilitar, fortalecer y difundir mecanismos accesibles y visibles de denuncia, incluyendo la promoción activa del buzón digital para la recepción de denuncias y la canalización inmediata de reportes de violencia escolar.

Además, Coordinar acciones con las instancias competentes, particularmente con el DIF Municipal, áreas de salud y autoridades educativas, a fin de garantizar atención psicológica inmediata, gratuita y especializada, así como seguimiento oportuno a víctimas y canalización a quienes generan violencia escolar, evitando la revictimización.

También, se exhortó a los ayuntamientos para que implementen estrategias de prevención y protección en zonas escolares, especialmente en la periferia de las instituciones educativas, transporte escolar y trayectos de entrada y salida, mediante acciones de vigilancia preventiva y proximidad social, para fortalecer entornos seguros y reducir riesgos de violencia escolar.

En sesión del Congreso del Estado, César Osuna Belmonte rindió protesta como diputado local, en suplencia del legislador Juan Carlos Barragán.

Durante el acto, se comprometió a fortalecer el trabajo legislativo y dar continuidad a la agenda de territorio, cercanía con la ciudadanía y transformación que se impulsan en coordinación con Barragán.

«Seguimos construyendo un equipo fuerte, cercano a la gente y comprometido con la transformación. Lo más importante es que el trabajo no se detenga y que las causas del pueblo sigan teniendo voz todos los días en el Congreso», expresó.

Con esta toma de protesta, se reafirma el compromiso de seguir trabajando en unidad, fortaleciendo los proyectos y acciones que buscan mejores condiciones de vida para las familias de Morelia y de todo Michoacán.

A propuesta del diputado Baltazar Gaona García, el Congreso del Estado exhortó a la Rectora de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para que atienda a la brevedad las peticiones laborales del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y se ponga fin a la huelga que mantiene cerradas las instalaciones de la misma.

Asimismo, exhortaron a la Rectora Yarabí Ávila González, para que atienda a la brevedad las peticiones laborales del Comité Legado Vindicación UMSNH conformado por viudas, viudos, huérfanos y beneficiarios de profesores y trabajadores fallecidos de la misma universidad.

«Que establezca un calendario de pagos con los miembros de dicho Comité; y les pague sin más dilaciones pago de marcha, seguro de vida y demás prestaciones establecidas en los contratos Colectivos del Trabajo que nos les han sido pagadas desde 2018 y hasta la fecha», precisa el acuerdo aprobado por mayoría de votos.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Baltazar Gaona destacó la importante tarea que desempeña la Universidad Michoacana; por ello, el Congreso del Estado, «ha venido apoyando a la UMSNH a efecto de fortalecerla y mejorar sus condiciones, ya que al mejorar a la universidad de manera directa se está apostando por el mejoramiento del desarrollo del estado», expuso.

Recordó que estas acciones de fortalecimiento no solo quedaron en políticas públicas administrativas y temporales, sino que se estableció, desde nivel constitucional, un presupuesto directo y suficiente para que nuestra máxima casa de estudios pueda cumplir sin limitaciones con su actividad sustantiva de educar a profesionistas de calidad en beneficio de toda la sociedad michoacana.

«Con ello, se esperaba dejar a tras los problemas añejos que venían debilitando el papel tan trascendente que desempeña la Universidad Michoacana, sin embargo y contrario a lo esperado vemos con tristeza, una vez más que se encuentra paralizada por un conflicto laboral de corte económico», lamentó el legislador.

Para concluir, Gaona García puntualizó que esta huelga no solamente afecta a la comunidad universitaria, sino a toda la economía que se sostiene con la vida pública de la universidad michoacana, «de allí la importancia de poner manos en el asunto juntos logremos que la vida universitaria vuelva a la actividad cotidiana, en beneficio de las y los estudiantes universitarios y de un desarrollo integral de Michoacán», finalizó.

Por unanimidad, las y los integrantes de la 76 Legislatura acordaron enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se propone reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.

La propuesta presentada por la diputada Adriana Campos Huirache y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene el objetivo tipificar aquellas situaciones donde el aprovechamiento del trabajo ajeno no es producto de un acuerdo libre, sino del ejercicio de coacción moral, engaño o violencia.

En particular lo que proponen las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a sus homólogos a nivel federal, es que se especifique que la explotación laboral es también cuando mediante dolo, mala fe o la violencia física, psicológica o moral, y así estas acciones sean sancionadas con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa.

Lo anterior, permitirá que el Estado intervenga no solo desde una perspectiva administrativa y laboral, sino bajo un régimen de protección de derechos humanos, garantizando que cualquier beneficio económico obtenido mediante la anulación de la voluntad del trabajador sea castigado como una violación grave a su libertad.

Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado señaló la importancia de integrar estos elementos, y así, no solo atender a una justicia social, sino perfeccionar el sistema de los derechos fundamentales y cerrar el paso a la impunidad en las relaciones asimétricas.

«Al reconocer que el dolo, la mala fe y la violencia son mecanismos de anulación de la libertad, se garantiza que el trabajo sea siempre una vía de realización personal y nunca un espacio de degradación y sometimiento», concluyeron las y los legisladores en el decreto aprobado.

Por unanimidad, las y los integrantes de la 76 Legislatura acordaron enviar al Congreso de la Unión, la iniciativa mediante la cual se propone reformar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de Víctimas de estos Delitos.

La propuesta presentada por la diputada Adriana Campos Huirache y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene el objetivo tipificar aquellas situaciones donde el aprovechamiento del trabajo ajeno no es producto de un acuerdo libre, sino del ejercicio de coacción moral, engaño o violencia.

En particular lo que proponen las y los integrantes de la Septuagésima Sexta Legislatura a sus homólogos a nivel federal, es que se especifique que la explotación laboral es también cuando mediante dolo, mala fe o la violencia física, psicológica o moral, y así estas acciones sean sancionadas con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa.

Lo anterior, permitirá que el Estado intervenga no solo desde una perspectiva administrativa y laboral, sino bajo un régimen de protección de derechos humanos, garantizando que cualquier beneficio económico obtenido mediante la anulación de la voluntad del trabajador sea castigado como una violación grave a su libertad.

Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado señaló la importancia de integrar estos elementos, y así, no solo atender a una justicia social, sino perfeccionar el sistema de los derechos fundamentales y cerrar el paso a la impunidad en las relaciones asimétricas.

«Al reconocer que el dolo, la mala fe y la violencia son mecanismos de anulación de la libertad, se garantiza que el trabajo sea siempre una vía de realización personal y nunca un espacio de degradación y sometimiento», concluyeron las y los legisladores en el decreto aprobado.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia para grupos históricamente discriminados y combatir la impunidad en los crímenes motivados por odio y discriminación, el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Michoacán para redefinir y robustecer el delito de homicidio por prejuicio.

La propuesta incorpora elementos como violencia estructural, perspectiva de diversidad sexual y criterios específicos para la acreditación del delito.

Durante su intervención en tribuna, el legislador señaló que la legislación vigente resulta insuficiente para atender la complejidad de las violencias ejercidas contra personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y otros sectores históricamente vulnerados. «La falta de precisión técnica termina invisibilizando estas violencias y diluyéndolas en la categoría de homicidios comunes. El Estado no puede seguir siendo ciego frente a crímenes que nacen del odio y la discriminación», sostuvo. Asimismo, enfatizó que la reforma busca reconocer que «no todas las violencias tienen el mismo origen ni el mismo impacto social».

La iniciativa plantea que el homicidio por prejuicio sea entendido como aquel cometido por motivos de odio, rechazo, discriminación o violencia estructural derivados de características reales o percibidas de la víctima, incluyendo orientación sexual, identidad y expresión de género, origen étnico o racial, condición social, discapacidad, religión o cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana.

Además, se establecen penas de veinte a sesenta años de prisión y multas económicas para quienes incurran en este delito. «Nombrar el prejuicio como elemento central del delito es reconocer que el derecho penal debe estar al servicio de la dignidad humana» expresó Hugo Rangel.

La propuesta también incorpora obligaciones específicas para la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones de seguridad pública, quienes deberán adecuar protocolos y capacitar a su personal en materia de derechos humanos, identidad de género y violencia estructural. Particularmente, se establece una tutela reforzada para víctimas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, especialmente mujeres trans.

«Esta tribuna hoy se convierte en un frente de batalla para honrar la memoria de quienes fueron silenciados por el odio y la intolerancia. Michoacán ya no puede ser terreno donde el prejuicio sea una sentencia de muerte sin castigo», concluyó el legislador petista.