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El bienestar animal ha adquirido en los últimos años una relevancia creciente dentro de la agenda pública, no sólo como un tema ético, sino como un componente fundamental para la construcción de sociedades más justas, empáticas y respetuosas de la vida en todas sus formas. En este sentido, el diputado Juan Antonio Magaña de la Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales de Michoacán, con el objetivo de establecer de manera expresa y contundente la prohibición del envenenamiento de animales, particularmente cuando dicha conducta sea ordenada, ejecutada, permitida o tolerada por autoridades.

En su exposición, el diputado Magaña de la Mora señaló que, si bien Michoacán ha logrado avances importantes en materia de protección animal, persisten prácticas incompatibles con los principios de trato digno y humanitario. «Una de las más graves es el envenenamiento de animales, el cual no sólo constituye un acto de crueldad extrema, sino que además representa un riesgo para la salud pública, el equilibrio ambiental y la seguridad de las comunidades», advirtió.

El legislador puso como ejemplo los hechos registrados recientemente en el municipio de Paracho, así como en la comunidad de Janitzio, perteneciente al municipio de Pátzcuaro, donde el envenenamiento de animales generó indignación social y evidenció la ausencia de protocolos éticos y humanitarios para el manejo de la fauna.

«Estos hechos no son aislados», subrayó. «Reflejan una problemática más amplia presente en diversos municipios de Michoacán, donde ante la falta de políticas públicas integrales se recurre a prácticas que vulneran de manera grave los derechos de los animales».

La iniciativa destaca que el envenenamiento, además de provocar sufrimiento prolongado e innecesario, tiene efectos colaterales graves: las sustancias utilizadas pueden afectar a otros animales, incluyendo fauna silvestre, así como a personas, particularmente niñas y niños que pudieran entrar en contacto con estos agentes tóxicos. Asimismo, esta práctica contamina el suelo y el agua, generando impactos negativos en el entorno ambiental.

Si bien la ley vigente ya considera el envenenamiento como un acto de maltrato o crueldad, el diputado Magaña argumentó que resulta indispensable establecer de manera explícita la prohibición de estas conductas cuando son ordenadas o toleradas por autoridades, quienes deben actuar bajo los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos.

Por ello, la iniciativa propone incorporar una prohibición clara y categórica del envenenamiento de animales por parte de autoridades estatales o municipales, independientemente de la finalidad con la que se pretenda justificar, incluyendo el control poblacional, razones de salubridad, festividades, usos y costumbres.

Asimismo, se busca fortalecer el marco normativo estatal para promover el empleo de los métodos y anestésicos adecuados que establecen las Normas Oficiales Mexicanas, así como alternativas éticas y efectivas en el control de la población animal, tales como la esterilización, la adopción responsable y la implementación de programas integrales de bienestar animal, en coordinación con los distintos órdenes de gobierno y la sociedad civil.

Con la finalidad de reducir los accidentes en carreteras mediante la modernización de la infraestructura y el control preventivo, el Congreso del Estado por unanimidad aprobó un Punto de Acuerdo que será enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración de las y los legisladores la propuesta de Acuerdo mediante el cual se envía al Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 23 Bis y 70 Ter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la Diputada Emma Rivera Camacho.

Cuyo objetivo es «ofrecer una solución integral que trasciende la simple vigilancia, transformando la seguridad vial en una política de Estado con soporte financiero y operativo. Al articular mecanismos de fiscalización técnica, protección patrimonial del usuario y garantías presupuestarias, la iniciativa se consolida como un instrumento jurídico que dota a la Federación de herramientas eficaces para reducir la mortalidad en carreteras», precisa el Punto de Acuerdo.

De igual forma, establece la obligación de realizar auditorías técnicas en zonas peligrosas, construir rampas de frenado cuando haya alta siniestralidad y crear zonas de detención gratuita para revisar las condiciones mecánicas de los vehículos de carga.

Además, fija topes económicos estrictos a los servicios de grúa y salvamento para evitar cobros excesivos tras un incidente, garantizando presupuesto específico para estas obras de seguridad.

Conforme a la propuesta, el Artículo 23 Bis establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizará una auditoría técnica anual obligatoria en los tramos carreteros identificados con alta siniestralidad.

Y que cuando un tramo acumule tres accidentes graves en un periodo de doce meses, se procederá a la construcción inmediata de una rampa de frenado adicional o al rediseño de la infraestructura crítica.

En el Artículo 70 Ter se propone que en los tramos de pendiente pronunciada o de riesgo técnico, dicha Secretaría establecerá paraderos o zonas de detención obligatoria para vehículos de autotransporte de carga.

Los conductores deberán detenerse en dichos puntos para realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas de la unidad, de conformidad con el reglamento respectivo y las normas oficiales mexicanas.

«Las zonas de detención deberán estar equipadas con la infraestructura, herramientas básicas y personal técnico necesario para brindar apoyo necesario y de asistencia mecánica de emergencia. El acceso a estos servicios será gratuito para todos los usuarios, quedando estrictamente prohibido cualquier cobro por concepto de estancia o asistencia técnica básica en estos puntos», se precisa.

Dichas zonas tendrán un carácter inclusivo, permitiendo el ingreso y uso de sus instalaciones a los automovilistas en general que transiten por la vía y requieran realizar una pausa de seguridad o verificar las condiciones de su vehículo ante pendientes prolongadas.

Con el objetivo de reconocer y atender la desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas artesanas, la diputada local Eréndira Isauro Hernández, representante del Distrito 05 de Paracho, presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado.

La propuesta plantea reformar el artículo 19 de dicha legislación, a fin de que la Casa de las Artesanías de Michoacán declare Regiones de Atención Prioritaria, dirigidas especialmente a comunidades con alta presencia de mujeres indígenas artesanas, para garantizar que los apoyos, microcréditos, asesoría técnica y recursos públicos lleguen de manera directa a quienes sostienen esta actividad desde los talleres familiares.

Desde tribuna, la legisladora destacó que Michoacán presume ante México y el mundo la riqueza de sus guitarras, rebozos, maque, cobre, barro y demás expresiones artesanales; sin embargo, advirtió que detrás de esa belleza persisten condiciones de marginación, desigualdad, intermediarismo y falta de acceso a financiamiento para las mujeres creadoras.

«Michoacán presume al mundo sus colores. Presumimos en ferias nacionales e internacionales nuestras guitarras, nuestros rebozos, el maque, el cobre y el barro. Nos llena de orgullo decir que somos el alma de México. Pero hoy les pregunto: ¿cómo tratamos a las manos que crean esa alma?», expresó.

Eréndira Isauro señaló que las mujeres artesanas purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes trabajan de sol a sol, combinando el cuidado del hogar con la elaboración de piezas que representan la identidad cultural del estado, pero muchas veces reciben pagos injustos, enfrentan a intermediarios y se encuentran con reglas institucionales que no comprenden su lengua, su contexto ni sus condiciones reales.

La diputada por Paracho subrayó que la iniciativa no busca otorgar apoyos asistencialistas, sino establecer un mecanismo legal para hacer justicia económica y distributiva a las comunidades originarias, particularmente a las mujeres que han preservado durante generaciones los saberes artesanales de Michoacán.

«No estamos pidiendo caridad ni dádivas. Estamos exigiendo justicia distributiva. Al aprobar esta reforma, garantizaremos que los recursos del Estado, los microcréditos y los apoyos no se queden solo en los intermediarios o en los talleres liderados por hombres en las grandes cabeceras», sostuvo.

La reforma también busca armonizar la legislación estatal con disposiciones federales que ya contemplan la definición de zonas prioritarias para otorgar estímulos mayores a comunidades indígenas, por lo que Michoacán, dijo la legisladora, no puede quedarse atrás en la protección de su patrimonio vivo.

Isauro Hernández afirmó que proteger la artesanía no significa únicamente preservar objetos, sino defender a las personas que les dan vida, especialmente a las mujeres que, desde sus comunidades, sostienen la economía familiar, transmiten conocimientos, fortalecen la identidad cultural y enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

«Proteger la artesanía no es proteger a un objeto; es proteger a la persona que le da vida. Ayudar a una mujer artesana indígena es evitar que tenga que migrar; es asegurar que sus hijos estudien; es garantizar que nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra identidad no mueran», enfatizó.

Finalmente, la diputada local llamó a las distintas fuerzas políticas del Congreso de Michoacán a respaldar esta iniciativa, al señalar que apoyar a las mujeres artesanas de Paracho, la Meseta Purépecha y las comunidades originarias del estado es una forma de garantizar justicia, dignidad y presupuesto para quienes sostienen la identidad cultural de Michoacán.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer la democracia, combatir el nepotismo electoral, garantizar la igualdad sustantiva y consolidar principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio del poder público en Michoacán.

La propuesta legislativa, presentada por las y los diputados Diana Mariel Espinoza Mercado, J. Reyes Galindo Pedraza, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Baltazar Gaona García y Vicente Gómez Núñez, contempla reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de impedir que los cargos públicos sean utilizados como mecanismos de continuidad familiar o concentración de poder político.

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado señaló que esta iniciativa responde a una exigencia social legítima de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar procesos electorales más equitativos y transparentes. «La democracia no puede construirse sobre privilegios familiares ni sobre estructuras cerradas de poder; el servicio público pertenece al pueblo y no a grupos que pretendan perpetuarse en los espacios de representación», expresó.

Asimismo, destacó que la propuesta busca armonizar el marco jurídico estatal con la reciente reforma constitucional federal en materia de nepotismo electoral y fortalecer principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la participación democrática real. «Queremos abrir mayores oportunidades para nuevos liderazgos sociales, mujeres, jóvenes y ciudadanía comprometida con transformar Michoacán desde la honestidad y la capacidad», puntualizó la legisladora petista.

Entre los puntos relevantes de la iniciativa destacan las restricciones para que familiares directos de quienes ocupen diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas o regidurías puedan contender de manera inmediata por esos mismos cargos; además de establecer límites al presupuesto del Poder Legislativo, reforzar criterios de austeridad republicana y prohibir prestaciones excesivas o discrecionales para funcionarios de organismos electorales y administrativos.

La y los diputados del PT señalaron que esta propuesta busca responder a una demanda ciudadana cada vez más presente: contar con instituciones más transparentes, procesos electorales más equitativos y un ejercicio del poder público más cercano a la gente.

La diputada Jackie Avilés del Distrito 03 de Maravatio, dejó claro su compromiso con el deporte y presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reconocer, prevenir y erradicar la violencia en el deporte en Michoacán.

La propuesta busca incorporar a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado el concepto de violencia en el deporte y establecer mecanismos claros para su prevención y atención, incluyendo conductas como el acoso, hostigamiento, discriminación, racismo y cualquier otra forma de violencia que afecte a deportistas, entrenadores, árbitros, familias y asistentes.

«Las canchas y espacios deportivos deben ser lugares donde se formen valores, se construyan sueños y se fortalezca la convivencia, nunca espacios donde la violencia tenga cabida», expresó la legisladora.

Con esta acción legislativa, la diputada demuestra su compromiso de impulsar iniciativas que garanticen espacios pacíficos y seguros para todas y todos los michoacanos.

En Michoacán queda prohibido que escuelas obliguen o presionen a madres y padres de familia para comprar uniformes, útiles o materiales con proveedores específicos, luego de que el Congreso del Estado aprobara este día la reforma a la Ley de Educación impulsada por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado.

Durante la discusión del dictamen elaborado por la Comisión de Educación, la legisladora sostuvo que «una educación verdaderamente incluyente no puede construirse sobre imposiciones económicas», al advertir que miles de familias michoacanas enfrentan cada ciclo escolar gastos excesivos derivados de prácticas que durante años se normalizaron en algunos centros educativos.

Grecia Aguilar señaló que muchas de las llamadas recomendaciones terminan convirtiéndose en presión para madres y padres de familia, quienes llegan a sentir temor de que sus hijas e hijos puedan ser señalados o excluidos si no adquieren productos en determinados establecimientos.

Asimismo, destacó que la reforma establece con claridad que ninguna institución educativa podrá inducir, limitar o condicionar la libre elección de las familias mediante listas exclusivas, convenios o recomendaciones obligatorias con proveedores determinados, fortaleciendo así principios de equidad, justicia y respeto a la economía familiar.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano precisó que esta modificación legal no busca afectar la organización escolar ni desacreditar el trabajo de docentes y directivos, sino proteger a las familias de cargas económicas indebidas, especialmente a quienes tienen ingresos limitados o varios hijos estudiando.

«Porque cuando protegemos a las madres y padres de familia, también estamos protegiendo el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes», expresó la diputada al fijar su postura a favor del dictamen.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que su voto fue a favor de defender la economía de los hogares michoacanos, garantizar la libre elección de madres y padres de familia y fortalecer una educación que permanezca como un derecho y no como una carga condicionada por intereses económicos. Además de agradecer el respaldo a las y los integrantes de la LXXVI Legislatura Local a la iniciativa que presentó y hoy es una realidad en Michoacán.

• Memo Velencia pidió al gobernador vetar la Ley para que candidatos y candidatas independientes hagan campaña sin restricciones.

Los diputados del PRI, Adriana Huirache Campos y Memo Valencia, apoyan al Movimiento del Sombrero para que no se limiten las candidaturas independientes, al reservar los artículos donde se habla al respecto en la reforma electoral que fue aprobada por la 76 Legislatura en el Congreso del Estado.

El diputado priista, Memo Valencia, pidió al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, ejercer su derecho de veto contra la Ley recientemente aprobada para que candidatas y candidatos independientes puedan hacer campaña sin restricciones como dice la reforma, aseguró que el mandatario ya lo hizo una vez con el tema de las cartas de no antecedentes penales para aspirantes a un puesto de elección popular, y espera pueda hacerlo nuevamente.

«Espero que esta vez tenga la misma mano firme y haga valer su derecho para evitar que las reformas en materia de candidaturas independientes no se cristalicen, porque les restringe el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales a muchos ciudadanos que continúan con el legado de Carlos Manzo», mencionó.

Al hacer las reservas correspondientes a las candidaturas independientes, el también dirigente estatal del PRI, aseguró que es histórica la reforma electoral porque, por primera vez, se escuchó a todos los grupos parlamentarios, y quien quiso participar con sus apostaciones pudo hacerlo sin exclusiones.

«La reforma está muy bien, es histórica en esta Legislatura porque nunca se nos había tomado en cuenta tanto a todos. Y de verdad me sorprende lo que hoy pasó, y bueno, pues como todos ustedes saben, mi amistad con Carlos Manzo pues me obliga a cambiar el sentido de mi voto con una reserva. Nada nos pasa, con que quitemos del paquete, todo lo que tenga que ver con los independientes», indicó.

A pesar de los argumentos de los priistas Adriana Huirache Campos y Memo Valencia, dichas reservas al Proyecto de Decreto no fueron aprobadas, y la reforma al Código Electoral y a la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, fue votada con las limitaciones para los candidatos independientes.

El diputado local reconoció también cosas positivas que podrán aplicarse para próximos comisios, como la iniciativa priista que él mismo presentó en su momento, en la cual los candidatos a presidentes municipales que no ganen la elección, puedan ser los primeros regidores en los municipios donde participen.

«Eso le va a dar fuerza a la oposición en los municipios y también controles para que no haya regidores que llegan a los ayuntamientos y se pongan de tapete a los presidentes municipales en turno, que haya voces fuertes en los ayuntamientos. Vamos a elevar el nivel político en los ayuntamientos», dijo.

Finalmente, felicitó a los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana por el trabajo para sacar adelante la reforma electoral.

La diputada local de Morena, Belinda Iturbide Díaz, afirmó que con la aprobación de la Reforma Electoral en el Congreso del Estado quedaron plenamente salvaguardados los derechos de las candidaturas independientes, además de fortalecerse la participación ciudadana mediante una reglamentación más clara y sólida.

La legisladora señaló que la reforma no tuvo ninguna dedicatoria política ni responde a intereses particulares, sino a la necesidad de fortalecer la vida democrática y dar mayor certeza a los procesos electorales en Michoacán.

«Con esta reforma se establecen reglas más firmes para evitar la participación de perfiles con antecedentes de violencia de género, corrupción o posibles vínculos delincuenciales, siempre privilegiando la legalidad y la confianza ciudadana», expresó.

Belinda Iturbide destacó que las modificaciones aprobadas también refuerzan los mecanismos de participación política para quienes buscan contender desde una vía ciudadana e independiente, brindando mayor claridad jurídica y orden al proceso electoral.

Finalmente, reiteró que desde Morena se respaldó una reforma orientada a fortalecer la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en la entidad.

Su llegada al equipo de Alfredo Ramírez Bedolla ocurrió desde el primer día de la actual administración. El 30 de septiembre de 2021 fue presentada originalmente como la titular de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial (Semaccdet). No obstante, tras la reforma orgánica publicada en octubre de ese mismo año, la dependencia se dividió, dando paso a la creación de la Sedum, cuya conducción asumió de manera formal el 3 de enero de 2022.

Con la formalización de su separación del cargo mediante la firma de esta renuncia, concluye uno de los periodos más estables dentro del gabinete legal de Ramírez Bedolla, abriendo la expectativa en torno a las definiciones internas de Morena en Michoacán, donde su nombre ya figura de forma prioritaria en la estructura territorial del partido guinda.

Con la participación de representantes de Colima, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Michoacán fue sede del Encuentro Regional Occidente, un espacio de diálogo, coordinación y construcción de estrategias para fortalecer la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en la región.

Durante este encuentro, se compartieron experiencias, retos y buenas prácticas en temas prioritarios como salud mental, prevención de violencias, violencia digital, reclutamiento forzado, participación infantil y fortalecimiento de políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia.

La titular de SIPINNA Michoacán destacó la importancia de seguir construyendo acciones coordinadas entre estados para colocar a las niñas, niños y adolescentes al centro de las decisiones públicas, impulsando entornos más seguros, empáticos y protectores para su desarrollo integral.

Asimismo, se reconoció el acompañamiento y liderazgo de SIPINNA Nacional y de su titular, Lorena Villavicencio, por impulsar estos espacios de articulación regional que permiten fortalecer el trabajo conjunto entre entidades federativas y consolidar estrategias de protección integral en favor de las infancias y adolescencias del país.

El encuentro también incluyó reflexiones sobre el impacto de las experiencias de la infancia y adolescencia en el desarrollo emocional y social de las personas, así como la necesidad de promover entornos familiares, escolares y comunitarios libres de violencia.

SIPINNA Michoacán reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con instituciones, especialistas, municipios y sociedad civil para seguir generando acciones preventivas y políticas públicas que garanticen el bienestar y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El Partido Revolucionario Institucional en Michoacán, condena la inacción de los tres niveles de gobierno en Apatzingán, por la cual dos jornaleros murieron el día de ayer al explotar una mina mientras laboraban.

Memo Valencia, líder estatal del PRI, puntualizó que, la indolencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y de la alcaldesa Fanny Arreola, de nueva cuenta costó la vida de dos inocentes más.

«Ángel Zavala y Alberto Vargas, murieron porque el gobierno no hace su trabajo en las huertas de toda la Tierra Caliente donde hay decenas de minas enterradas», expresó el también diputado local.

El dirigente estatal del PRI lamentó que una vez más, sean inocentes, las víctimas de las minas explosivas sembradas por delincuentes de origen colombiano que trajeron a nuestro estado esa tecnología criminal, violentando así la soberanía nacional que tanto menciona la presidenta de México, quien solo defiende a políticos corruptos, «están más ocupados en proteger al narcogobernador Rocha Moya, que en hacer algo en los campos agrícolas donde el crimen ha sembrado explosivos para causar terror y muerte».

La muerte de Ángel y Alberto, confirma la incapacidad de quienes están obligados a garantizar la seguridad en México, Michoacán y Apatzingán, «esa incapacidad e insensibilidad de los gobernantes morenistas, ha costado la vida a hombres, jóvenes y niños; también militares y al menos un profesor han muerto por los explosivos que terroristas colombianos y venezolanos han colocado en suelo michoacano», expresó el también luchador social.

Y añadió: «Aquí es, donde con el uso de explosivos, extranjeros violan la soberanía y matan mexicanos, ante la omisión criminal de la presidenta Sheinbaum, el gobernador Ramírez Bedolla y la alcaldesa Arreola».

Finalmente, el líder priista recordó que existe desde el 2025 un amparo otorgado a la población de Tierra Caliente, el cual fue promovido por el Revolucionario Institucional, para que el Gobierno Federal hiciera la búsqueda y desactivación de artefactos explosivos colocados en brechas y campos de cultivo de esa región, sin que a la fecha se tengan mayores resultados.

El diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, con el objetivo de garantizar condiciones de modernización tecnológica y competitividad para las y los concesionarios del servicio público de taxi.

La propuesta plantea reconocer jurídicamente las aplicaciones digitales utilizadas por taxistas como mecanismos auxiliares de modernización del servicio público y no como plataformas independientes de intermediación tecnológica.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador petista advirtió que actualmente existe una competencia profundamente asimétrica entre el transporte concesionado local y los corporativos transnacionales de plataformas digitales, los cuales concentran ganancias mediante esquemas extractivos que afectan directamente a las economías regionales.

«Hoy, la disyuntiva es simple: o seguimos permitiendo una competencia desigual donde empresas transnacionales extraen un porcentaje considerable de la riqueza que generan nuestros transportistas, o utilizamos la política fiscal como un instrumento para nivelar la cancha, estimular el desarrollo y proteger la economía michoacana», expresó Hugo Rangel desde tribuna.

La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, estableciendo criterios de proporcionalidad y diferenciación regulatoria para las herramientas tecnológicas implementadas por concesionarios del servicio público.

Con ello, se busca evitar una doble carga tributaria para el gremio taxista y facilitar su incorporación a la economía digital sin imponer costos desproporcionados que inhiban su modernización. «Si gravamos la innovación, obtenemos rezago. Si permitimos la extracción sin control, empobrecemos nuestro mercado interno», sostuvo el diputado petista.

Finalmente, el legislador señaló que la propuesta también busca impulsar la soberanía tecnológica y el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de plataformas locales con identidad michoacana, permitiendo que el valor generado por el transporte público permanezca en las comunidades del estado.

«Devolvamos la competitividad a nuestra gente y garanticemos que la riqueza de Michoacán se quede en Michoacán; es momento de hacer que lo bueno suceda», concluyó Hugo Rangel.