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Las balas al aire son un problema que ha dejado decenas de familias en luto, por ello el diputado Juan Carlos Barragán Vélez propone reforma al Código Penal del Estado para sancionar con cárcel a quienes los comentan.

De acuerdo con el legislador, son muy comunes estas prácticas durante los festejos de fin de año o en alguna festividad importante, sin embargo, las personas que los realizan no toman en consideración que esas balas provocan muertes o dejan personas lesionadas de por vida.

“No podemos permitir que estos hechos queden en la impunidad, debemos sancionar a las personas que toman un arma y disparan solo por diversión o para sentirse poderosos”, destacó.

Con esta reforma, que ya fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado, se sancionaría a quien sin causa justificada realice disparos de arma de fuego con dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de las penas que pudieren corresponderle por la comisión de otros delitos.

Además, este delito se cometerá sin importar que se tenga licencia o permiso de portación de arma de fuego, de igual manera la pena se agravará hasta en una mitad más del máximo previsto cuando la persona que dispare el arma de fuego sin causa justificada se encuentre en estado de ebriedad o bajo influjos de alguna sustancia médica, psicotrópica o que produzca efectos similares.

“Un festejo no tiene por qué terminar en una pesadilla, aunque se han hecho esfuerzos como las campañas de desarme estás no han sido suficientes, legislemos en la materia y sancionemos a los responsables”, concluyó Barragán.

Bajo la premisa de garantizar el derecho humano a una vida digna de cada habitante de Michoacán, el Pleno de la 75 Legislatura aprobó hoy reformas en materia de inclusión en desarrollo y donación y derecho al agua, entre otras.

Así, las y los legisladores votaron la modificación de diversos artículos del Código de Desarrollo Urbano del Estado, para que en verdad sea una herramienta de transformación social y que revista a los asentamientos urbanos de un carácter más humano.

La Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda fue la responsable de realizar el estudio y análisis de las adecuaciones al articulado de dicho Código y, mediante cuatro dictámenes, dio mayor garantía al derecho humano al agua para vivir dignamente, así como a la movilidad y equidad de las personas con discapacidad, y a promover la inclusión de un diseño urbano universal.

Con dichas reformas, el fraccionador -mientras se encuentre en etapa de ejecución de cualquiera de las secciones o partes autorizadas de un desarrollo, o en su caso, de un desarrollo en condominio-, estará obligado a suministrar subsidiaria y temporalmente, con normalidad y suficiencia, los servicios de agua potable y alumbrado público.

Asimismo, a solicitud del propietario, en los casos de las áreas de donación en los conjuntos habitacional menores a mil 500 metros cuadrados, deberá determinarse el valor comercial de dicha donación a efecto de que la pague a la Tesorería Municipal correspondiente, recurso que deberá ser destinado a la adquisición de reserva territorial del municipio, o al cumplimiento de los objetivos en la materia.

Las áreas de donación deberán destinarse a la dotación de equipamiento urbano, áreas verdes, considerando los ajustes razonables con obras y/o acciones que cumplan con el diseño universal.

En este sentido, se estableció que el diseño universal en infraestructura urbana debe cumplir con el derecho a la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, con el objeto de que las vialidades, guarniciones, banquetas, placas de nomenclatura, señalamientos viales y de tránsito, en parques urbanos, áreas verdes, áreas individuales y comunes de los adquirentes, así como el equipo, mobiliario e infraestructura del nuevo desarrollo, serán inclusivos y de acceso seguro, fácil y equitativo a las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Paralelamente, se dio claridad en el costo y el destino del uso de los recursos que provengan de las transferencias de potencialidad, ya que esta era una donación y ahora, al ser adquisición se establece un costo en la Ley de Ingresos Municipal y estará ligado a un fin específico para el fomento de desarrollo municipal.

Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó, a propuesta de los diputados Margarita López Pérez y Juan Carlos Barragán Vélez, el Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que informe el resultado del estudio y análisis que realizó de la Evaluación por la cual aprobaron modificar la vigencia de la concesión de la Autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, para ampliar el plazo de la vigencia de 30 a 60 años y autorizar un incremento del 15% en el costo de las tarifas actuales a cambio de construir sólo 65 kilómetros más, de una obra de 272 kilómetros.

Los legisladores presentaron y sometieron a la consideración del Pleno el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, para conocer la información entregada la “Concesionaria de Autopistas de Michoacán S.A. de C.V.”, para que se le determinara la viabilidad de ampliación de 2 a 4 carriles de un tramo de la Autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas a través de la Segunda Modificación al Título de Concesión de fecha 30 de marzo de 2012.

Dejó en claro que no es una solicitud en contra de la gestión que realizó el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ni contra la buena voluntad que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece para con el Estado, sino que a modo de no perder el beneficio de la duda, la explicación se la pide directamente a la dependencia federal.

Desde la máxima tribuna del estado, Margarita López Pérez explicó que dicha solicitud obedece a que, por sólo unos cuántos kilómetros, se le otorga a la concesionaria 30 años más de aprovechamiento y un incremento del 15 por ciento a las tarifas de todas las autopistas estatales que manejan, eliminando al mismo tiempo las responsabilidades establecidas en el primer acuerdo de Concesión, así como la responsabilidad que la empresa tiene por el mal manejo y mantenimiento de la ya conocida como “Autopista de la Muerte”

Actualmente, aseguró, “no podemos dejar de señalar que la concesionaria ha sido deficiente en la prestación de las obligaciones que tiene comprometidas en el título de concesión y que por el contrario los derechos que le otorgan, sí los ha explotado en demasía ya que los cobros de los tramos carreteros son excesivos en comparación con las condiciones en las que se encuentran éstas. Es una de las carreteras de cuota más caras del país, en la cual han ocurrido, siguen ocurriendo tragedias y desgraciadamente tal vez seguirán”.

De esa forma expuso la cronología de los hechos e indicó que con fecha 13 de mayo de 2010 se convocó lo que entonces se conoció como El Paquete Michoacán la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento por 30 años del libramiento de Morelia con 64.10 kilómetros de longitud y el libramiento de Uruapan con 25.20 kilómetros de longitud, así como para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la autopista de altas especificaciones Pátzcuaro-Uruapan-Lázaro Cárdenas de 272 kilómetros de longitud y las obras de modernización asociadas a la autopista antes señalada.

Para el 21 de noviembre de 2019 la Secretaría autorizó a la concesionaria uno o varios créditos bancarios a fin de mantener el flujo económico, considerando sus ingresos y el no comprometer la operatividad de las autopistas que integran el paquete Michoacán. Ya con fecha del 17 de enero de 2020 la concesionaria pago en forma anticipada sus deudas, por lo cual podemos deducir la viabilidad en el flujo y derrama económica que genera el ingreso por el cobro de peaje en el paquete Michoacán.

A partir del 25 de octubre de 2022, la Concesionaria mediante escrito incumple con el objeto de la concesión, al manifestar su imposibilidad de construir el libramiento de Uruapan aludiendo que por causa de fuerza mayor (que ya no es financieramente factible la construcción del libramiento).

Por fin, expone la legisladora, el mismo 25 de octubre de 2022, después de los reclamos de las autoridades federales, estatales, municipales y de la sociedad civil, ante los lamentables hechos fatales de accidentes graves, por un pésimo servicio, con gran inseguridad para los usuarios, con las cintas asfálticas en pésimo estado y mal mantenimiento, la concesionaria plantea la ampliación de un tramo carretero de la autopista Uruapan-Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, en una longitud aproximada de 65.00 kilómetros.

A todas luces, detalla Margarita López Pérez es una simulación, ya que los cuatro ejes medulares de aplicación en esta mal llamada autopista ya estaban obligados a cumplir al inicio de la concesión”.

Tal parece –dijo- que el presente planteamiento fuera o sería algo nuevo, es decir a lo que no estaban obligados o algo que no se tuviera dentro de lo realizado como parte de los estudios de factibilidad y viabilidad financiera o socioeconómica; solicitando a cambio “la insignificante ampliación de la temporalidad de 30 años adicionales a los 30 que tienen, más un incremento de la tarifa del 15%”.

Lamentablemente con fecha del 8 de febrero del año en curso se hace por fin la primera modificación al Título de Concesión para eliminar de este el derecho y obligación de la Concesionaria de construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años el libramiento de Uruapan, sin que hubiese alguna consecuencia para la Concesionaria.

Con fecha del 14 de febrero del presente año la concesionaria, mediante escrito expone que es posible la ampliación parcial de 2 a 4 carriles de un tramo de la autopista, mediante una nueva concesión y el incremento en las tarifas será en todas las autopistas que integran la Concesión. El 4 de abril del año en curso se firma la segunda modificación al título de concesión, modificaciones consistentes en ampliación del tramo carretero de aproximadamente de 65.00 kilómetros, de 2 a 4 carriles, sin especificar de dónde a dónde abarca dicho tramo y se les otorga los grandes beneficios antes referidos.

Que no se confunda, subrayó la legisladora, “estamos hablando de una ampliación que aún no inicia y no tiene nada que ver con los trabajos iniciados en días recientes en el tramo Zirahuén-Uruapan, que ya estaba considerado en el convenio original”, finalizó.

Ante las especulaciones generadas por el supuesto incumplimiento de un mandato judicial durante la Sesión de Pleno en la que se removió de su cargo al Auditor Superior de Michoacán, el día de hoy la Diputada Julieta García Zepeda dio a conocer la resolución del juzgado federal que le otorga razón al Congreso del Estado.

Señaló que el tema alcanzó un nivel muy alto de especulaciones y generó diferentes puntos de vista en los medios de comunicación: “es un tema que debemos tratar con mucha prudencia e institucionalidad, tenemos una gran responsabilidad todos como diputados y especialmente yo como Presidenta del Congreso. La sentencia que se publicó el día de ayer nos da la razón y me da mucho gusto que con esto se aclaren las especulaciones.”

El juzgado federal que se encuentra conociendo la demanda de amparo promovida por Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, resolvió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, y señaló que uno de los motivos por el que se determinó la remoción del cargo fue la imputación de una conducta que probablemente constituye un delito, con lo cual la suspensión que impedía al Congreso del Estado removerlo no surtió efectos.

En consecuencia, resultó infundado el incumplimiento denunciado por el ex auditor, y, por ende, el hecho de que el Congreso del Estado de Michoacán haya resuelto la remoción del cargo en cuanto Auditor Superior del Estado de Michoacán no constituyó ningún incumplimiento a un mandato judicial, se lee en la sentencia.

Los prestadores del servicio de estacionamiento público están obligados a responder por el robo total o parcial y los daños a los vehículos bajo su cuidado, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador junto con las y el diputado Samanta Flores, Mónica Valdez, Belinda Hurtado, Mayela Salas, Andrea Villanueva y Ernesto Núñez, presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado a fin de establecer la responsabilidad de los prestadores del servicio de estacionamiento público en la materia.

“Quienes manejamos auto en muchas ocasiones nos vemos obligados a recurrir a los estacionamientos públicos que cada día proliferan en la anarquía y falta de regulación por parte de las autoridades municipales. Cuando ingresamos alguno de estos establecimientos normalmente lo hacemos aprisa, razón por la cual la mayoría de las veces no revisamos las tarifas, ni las condiciones en que se presta el servicio”.

Víctor Zurita apuntó que la mayoría de estos estacionamientos se aprovechan de la falta de regulación o la complicidad de las autoridades municipales, para realizar cobros excesivos y deslindarse de responsabilidades en caso de robo total o parcial de los vehículos bajo su cuidado, o bien de los daños que estos pudieran sufrir mientras se encuentran en sus instalaciones.

“En el caso concreto de esta ciudad capital el acudir al centro se ha vuelto un lujo al alcance de unos cuantos, muchas veces gastamos más de estacionamiento que de gasolina, pero el problema no termina ahí, lo más grave es cuando regresamos a recoger nuestra unidad y nos damos cuenta de que fue robada o sufrió algún daño en el estacionamiento donde la dejamos, los dueños nos dicen que ellos no se harán responsables”.

Agregó que normalmente la justificación para evadir la responsabilidad, es que en alguna pared del establecimiento o en el mismo boleto colocan la clásica leyenda: “la empresa no se hace responsable por robo total o parcial de la unidad, ni por los daños sufridos dentro del establecimiento”, situación que coloca a los usuarios en una condición muy desfavorable ya que de nada vale la gran cantidad de dinero que se cobra por el servicio, que no brinda ninguna garantía, solo sirve para suplir la incapacidad de las autoridades para generar lugares de estacionamiento seguros.

Publicar una Ley o decreto en tiempo y forma debe ser un derecho de las y los diputados y formar parte del catálogo de derechos en nuestra Ley Orgánica y Procedimientos, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zacapu presentó este miércoles ante el Pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la referida norma, esto de manera conjunta con los legisladores Samanta Flores, Belinda Hurtado, Ernesto Núñez, Mayela Salas, Andrea Villanueva y Víctor Hugo Zurita Ortiz.

“El poder solicitar ser realice la publicación de una Ley o Decreto en tiempo y forma debe ser un derecho de los Diputados y formar parte del catálogo de derechos a la letra de los Diputados”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado apuntó que con esta reforma legislativa planteada se armonizaría la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado con la Constitución Política del Estado.

“Una vez aprobado un proyecto de ley o decreto por las y los diputados, se comunica al Ejecutivo, firmado por quien preside la Mesa Directiva del Congreso, y es entonces, cuando corresponde al Ejecutivo manifestar su acuerdo sancionando la ley y ordenando su promulgación, o bien en caso contrario expresar su disconformidad formulando objeciones al proyecto”.

Destacó la importancia de que los procesos legislativos culminen en todas sus facetas, por lo que consideró primordial que dentro del catálogo de derechos de las y los diputados está el que de no existir observaciones los decretos que se aprueben sean publicados en tiempo y forma en el Periódico Oficial del Estado.

No es justo que se haga caso omiso a las necesidades de las y los michoacanos que transitan por las autopistas de nuestro Estado en condiciones deplorables, con alta inseguridad vial y que aun así se tenga un incremento injustificado y excesivo, subrayó el diputado Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

A propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano este miércoles el Pleno Legislativo, exhortó al Ejecutivo Federal para que dentro de sus facultades, instruya a las instituciones pertinentes a generar los mecanismos necesarios para la atención a la problemática del incremento injustificado de los costos en las casetas de cobro del Estado.
“No es justo que se haga caso omiso a las necesidades de las y los michoacanos que transitan por las autopistas de nuestro Estado en condiciones deplorables, con alta inseguridad vial y que aun así se tenga un incremento injustificado y excesivo”.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador manifestó su preocupación por la recurrencia de accidentes en las autopistas concesionadas, los cuales resultan en la pérdida de vidas humanas y causan un impacto devastador en las familias afectadas.

“La inseguridad vial se ha vuelto una constante en nuestras vías, y la falta de mantenimiento adecuado ha contribuido significativamente a la deteriorada condición de las carreteras, poniendo en peligro la seguridad de los usuarios”.

Víctor Manríquez destacó la gravedad del incremento desproporcionado en los costos de las casetas, a pesar de las deficiencias evidentes que registran, y consideró que dicho aumento parece ir en detrimento de los intereses y las necesidades de los ciudadanos, generando una carga financiera adicional en un contexto en el que los sueldos continúan siendo bajos y difíciles de sostener para muchas familias michoacanas.

Como ejemplo puso la caseta de Zirahuén con un incremento del 15.38 por ciento, la de Taretan con un alza del 13.85 por ciento, y la de Santa Casilda que subió en un 13.85 por ciento, todo ello para automóviles.

La Ley debe regular los decibeles de sonido en el transporte público del estado, así como prohibir que personas en evidente estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, permanezcan a bordo de éste, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado buscando también prohibir que en el transporte público se transmita o reproduzca material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito.

“En la nueva Ley de Movilidad no existe obligación alguna para el operador de las unidades de transporte público, ante ello, es necesario incorporar algunos elementos que son un reclamo muy válido de la sociedad, como el que tiene que ver con la música que reproducen los operadores, y el volumen con que lo hacen”.

Apuntó que el segundo elemento de su propuesta de reforma es que los operadores del transporte público eviten el ascenso a personas en estado notable de ebriedad o que se encuentren bajo el influjo de estupefacientes.

“Estos dos elementos de la iniciativa que presento, confieren a los operadores del transporte público, obligaciones que son necesarias para cumplir con los principios rectores que esta nueva Ley ha dispuesto para las y los michoacanos”.

Diputados del Congreso del Estado anunciaron su acompañamiento a habitantes del municipio de Uruapan, inconformes con la sobre-explotación de los bosques y la invasión ilegal de terrenos con vocación forestal, a quienes atendieron hoy en audiencia.

La diputada Brenda Fraga Gutiérrez y los legisladores Fidel Calderón Torreblanca, Felipe de Jesús Contreras Correa y Baltazar Gaona García, este último presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, escucharon las demandas de los uruapenses que arribaron a la sede de la 75 Legislatura.

En esta reunión, los ciudadanos señalaron que en los últimos años se ha permitido la invasión indiscriminada de predios en la zona norponiente del Uruapan, una área con vocación forestal; es el caso del terreno conocido como “El Zapien”, declarado Zona de Protección Ambiental en julio de 2010.

Puntualizaron que dicha situación está afectando de manera dramática el ecosistema de la región, que está considerada como uno de los principales pulmones del estado. Además, agregaron que dicha situación ha provocado una venta ilegal de terrenos que, a su vez, ha generado que pseudo líderes sociales ingresen recursos de manera ilegal.

Ante estas demandas, la legisladora y los diputados establecieron una serie de compromisos a fin de apoyar su causa. Entre dichos acuerdos destaca la búsqueda de la intervención de la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán, de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de Michoacán y el Consejo Estatal de Ecología.

Además, se estableció el compromiso de generar un encuentro con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, a fin de revisar el estatus legal que guarda una querella presentada por el Ejecutivo Estatal hace aproximadamente 2 años y en el cual se denuncia el asentamiento ilegal en los predios antes señalados. De igual forma, se acordó dar seguimiento y acompañamiento en todas y cada una de las instancias involucradas con la solución de este conflicto.

Los legisladores invitaron a la población de Uruapan a evitar la compra venta de predios en “El Zapien” ya que es una área natural protegida, por lo cual asentarse en esa zona es ilegal.

En México no se cuenta con estadísticas actuales sobre el consumo de drogas, lo cual impide que este problema de salud se atienda de forma oportuna y especializada, aseveró la diputada del Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES) Luz María García.

Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado de Michoacán, la representante del PES, detalló que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) no ha realizado la encuesta nacional de adicciones, la cual debe realizarse cada cuatro años, pero la ultima se generó en el año 2016.

“No hay cifras precisas, hay una discordancia de datos al no tener una fuente oficial actualizada”, comentó.

Sin embargo, la congresista refirió que de acuerdo con el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Drogas, en los últimos 5 años se triplicó la demanda de servicios de atención de personas que tienen problemas por el consumo de estimulantes.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la legisladora advirtió que el consumo de drogas también deriva en otro tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud, la seguridad y el bienestar de las familias.

“Lo problemático y complejo de las drogas ilicitas es que no pasan por ningun tipo de control sanitario ni de calidad en su producción, desencadenando que los consumidores no sepan qué estan consumiendo ni el daño que les genera”, señaló.

Luz García, dijo que un informe de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, establece que a nivel global son 11.2 millones de personas se inyectan drogas, de las cuales la mitad vive con hepatitis C; 1.4 millones con VIH y 1.2 millones, con ambos, volviendo un problema de salud pública no sólo el consumo sino sus consecuencias colaterales.

Dicho informe establece que son 284 millones de personas de entre 15 y 64 años consumieron drogas en todo el mundo durante 2020, lo que supone un aumento del 26% respecto a la década anterior.

Para contribuir con el cuidado del medio ambiente y generar eficacia administrativa, el diputado local, Ernesto Núñez Aguilar, propuso que la vigencia en las actas de nacimiento o defunción no sea un requisito obligatorio al realizar trámites en dependencias gubernamentales o instituciones públicas.

Precisó que mientras el documento se muestre legible y compruebe su procedencia no es necesario solicitar tiempo ni vigencia, pues dichas actas constatan un suceso inmutable, lo cual no sólo ayudaría a la ciudadanía en agilizar trámites, sino también en el bolsillo de las familias en el estado.

“No es justo pedirles una impresión que les costará dinero, tiempo y tendrá un impacto en el medio ambiente, debemos de migrar a expedientes electrónicos, o implementar estrategias de mejora y simplificación administrativa”, expuso.

Núñez Aguilar consideró “absurdo solicitar actas tanto de nacimiento o defunción con menos de tres meses de vigencia”, toda vez que ello puede genera complicaciones y gastos al ciudadano, además de afectaciones al medio ambiente con la impresión de un documento adicional.

La iniciativa que propone la reforma al Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, aplicaría para dependencias, coordinaciones, entidades y organismos públicos desconcentrados del Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior de Michoacán, organismos públicos autónomos y bases normativas para gobiernos municipales y dependencias, entidades y organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la administración pública, estatal o municipal y los particulares.