admin

El Gobierno de Michoacán, a través de su programa “Salud en Tu Familia”, entregó más de 250 sillas de ruedas, andaderas y bastones a las personas detectadas con discapacidad, de los municipios de Tiquicheo, Tuzantla y Benito Juárez.

Al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña y al secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, les correspondió hacer la entrega formal de los aparatos funcionales, a los pacientes detectados con discapacidad motriz, por los brigadistas de “Salud en Tu Familia”.

Este programa ha podido visitar 93 mil viviendas en el estado, para llevar consultas médicas gratuitas, análisis de laboratorio, medicamentos y apoyos funcionales a las familias detectadas con discapacidad.

En las 93 mil casa visitadas por los brigadistas, se encontró a mil 660 pacientes que padecen una o varias discapacidades, principalmente físicas con mil 163 casos, 407 visuales, 255 auditivas, 104 intelectuales, 96 de lenguaje y 286 psicosociales, michoacanos que junto con el DIF Estatal serán atendidas.

Pátzcuaro reúne los requisitos necesarios para ser considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, consideró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, quien aplaudió que dicho Pueblo Mágico haya ingresado a la Lista Indicativa de México para obtener tal reconocimiento por parte de la Unesco.

García Zepeda dijo que la ciudad del lago es uno de los pueblos mágicos más emblemáticos de México, ya que posee una belleza arquitectónica inigualable, además de su riqueza cultural e histórica.

Destacó que ingresar a la lista de la UNESCO sería un avance muy significativo para la conservación del Centro Histórico de Pátzcuaro, ya que, de acuerdo con información difundida en diferentes foros, “son 284 obras civiles relevantes en la zona de monumentos históricos, 11 obras monumentales, 5 monumentos a prominentes héroes nacionales y locales, 2 bustos al mérito, 7 murales y 1 museo, los que podrían quedar protegidos bajo la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

Luego de que la secretaria de Cultura del gobierno estatal, Tamara Sosa, diera a conocer los avances que se tienen para la integración del expediente correspondiente, García Zepeda confió en que se habrá de lograr que Pátzcuaro obtenga la mencionada distinción.

Aseguró que desde el Congreso del Estado estarán pendientes de las gestiones que se están realizando para respaldar la iniciativa en cuestión, considerando los beneficios colectivos que la misma conlleva, no solamente para Pátzcuaro sino para Michoacán.

Afirmando que los servidores públicos tienen la obligación de trabajar y velar por el bienestar de los ciudadanos, la diputada del Distrito 11 de Morelia Andrea Villanueva Cano, propondrá durante la próxima sesión, reformas al Código Penal del Estado de Michoacán para sancionar a todo aquel funcionario que difunda de manera indebida, objetos, documentos o evidencias relacionadas con procedimientos penales.

Al respecto, la representante popular recordó que estas reformas obedecen a un movimiento nacional que busca tipificar las conductas reprobables de los funcionarios, quienes menoscaban la integridad y dignidad de las personas y sus familiares, al filtrar información delicada de quienes han sido víctimas de algún delito.

Si bien reconoció que desde el año 2020 se han presentado y aprobado reformas en esta materia tanto a nivel federal como local, la diputada de Morelia señaló que es necesario adecuar estas normas a la realidad que impera en nuestra entidad, especialmente ante un sistema de justicia que violenta de manera reiterada la dignidad de las víctimas.

“Esta propuesta sanciona desde el Código Penal, la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género o todo aquel instrumento relacionado con un procedimiento penal o producto de varios, señalados en Ley como delitos”, detalló.

Además, las sanciones aumentarán en una tercera parte si se menoscaba la dignidad de las víctimas y familiares; si se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, o de las circunstancias de su muerte, lesiones o del estado de salud de la víctima.

Con esta normativa, “lo que queremos es preservar la dignidad de las víctimas y sus familias, así como disminuir el daño que sufren al ser revictimizadas por los servidores públicos”, finalizó Andrea Villanueva.

La 75 Legislatura votó a favor de reformar el artículo 7 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para garantizar la atención a su desarrollo evolutivo con respeto a una plena independencia y libertad de decisiones, basada en sus aptitudes y capacidad mental y física, al establecer el principio de elección de su profesión, pasatiempos, estudios o actividad laboral.

Se trata de garantizar los derechos intrínsecos que tienen la infancia y adolescencia, siendo obligación del Estado garantizar ese desarrollo fundamental, se argumentó en el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

La reforma avalada por unanimidad por el Pleno del Poder Legislativo, será una herramienta más para lograr una verdadera y completa tutela de derechos de estos sectores sociales.

“Garantizar la plena independencia en sus aptitudes y capacidad mental y física de niñas, niños y adolescentes, representa que ellos logren un mejor progreso en su vida cotidiana, generando indicadores óptimos de desarrollo y emocionales, así como un máximo crecimiento social y psicológico”, fundamenta el decreto.

Para concluir, las y los legisladores refrendaron su compromiso de generar herramientas jurídicas y las medidas razonables, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno tutelen y garanticen dichos derechos, preponderando en todo momento el interés superior de la niñez.

Con el objetivo de generar un desarrollo basado en la sustentabilidad, que se priorice a los seres humanos y no a los vehículos, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, propuso que se incorpore el principio del Derecho a la Ciudad al Código de Desarrollo Urbano de Michoacán.

A través de una iniciativa de decreto en el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7 Bis, del Código antes mencionado, el líder de la bancada petista en el legislativo estatal, retomó el principio señalado por la ONU que indica que en los últimos 50 años ha habido una enorme tendencia hacia la urbanización de la vida de las personas en el mundo; por ello destaca la necesidad de que las leyes, políticas públicas y regulaciones de desarrollo urbano, se lleven a cabo con enfoques de integralidad, a fin de que, en el futuro mediato en Michoacán se pueda contar con ciudades más sustentables, incluyentes, habitables y propicias para la convivencia familiar, comunitaria y social.

“El propósito de la presente iniciativa tiene por objetivo incorporar a la legislación y las políticas de desarrollo urbano de Michoacán y sus municipios, la observancia de los principios y componentes del derecho a la ciudad, como una serie de medidas que permitan el óptimo goce y disfrute de los centros urbanos”, señaló el diputado petista.

Y explicó que el Derecho a la Ciudad es definido por la ONU como: ¨el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna¨.

Por ello, destacó la importancia de que gobernantes, legisladores, hacedores de política pública y ciudadanía, tengan presente que las ciudades “son para las personas y se deben dejar atrás premisas mercantilistas y excluyentes que tienden a desarrollar ideas y conceptos donde las personas son para las ciudades”.

“Para el Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo, resulta de vital importancia que en Michoacán los proyectos de planeación urbana se lleven a cabo bajo el enfoque del derecho a la ciudad, que se priorice una política con sentido humanista, para que prepondere el principio de un desarrollo integral”, indicó al respecto Reyes Galindo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Julieta García Zepeda, se congratuló del acuerdo que firmó el gobierno del estado con asociaciones de productores para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector agroindustrial.

El Acuerdo de Formalización Laboral de la Agroindustria significa avanzar para alcanzar la meta de incorporar a más de 45 mil trabajadores a la seguridad social, y así hacer realidad la justicia laboral de estos jornaleros, expresó la congresista.

García Zepeda reconoció la disposición de los productores, empacadores y exportadores de la agroindustria en Michoacán para formalizar a los jornaleros y garantizar todos sus derechos.

Con lo anterior, expuso la diputada por el distrito de Lázaro Cárdenas, se demuestra que la colaboración entre el sector público y privado es crucial para concretar acuerdos que permitan beneficios tangibles para la sociedad, en este caso para los trabajadores del campo michoacano.

Coincidió con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, en que el Acuerdo de Formalización Laboral es un importante paso hacia la transformación del sector productivo a través del reconocimiento de los derechos de sus trabajadores, quienes han hecho de Michoacán el estado número uno a nivel nacional en agroexportaciones.

Desde la 75 Legislatura seguiremos pugnando para lograr mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabadores no solamente del campo, sino de los diferentes sectores productivos, ya que es un imperativo luchar en contra de la injusticia y la desigualdad social, puntualizó García Zepeda.

Para combatir actos de corrupción y transparentar el actuar de los cuerpos policiales y de Tránsito, la 75 Legislatura emitió un exhorto a las áreas competentes del Estado y a los municipios, para que implementen la colocación de cámaras en patrullas y solapas de los elementos de esas corporaciones.

En la exposición de motivos, la diputada proponente de esta propuesta de acuerdo, Mayela del Carmen Salas Sáenz, manifestó que la corrupción en el ámbito de la seguridad pública es un problema grave que afecta a la sociedad, e hizo referencia a las situaciones en las que los agentes de Tránsito o funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes en ésta materia, abusan de su poder y quebrantan la norma a cambio de sobornos o beneficios personales.

“Para combatir la corrupción en el tránsito, es necesario fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en los organismos encargados de hacer cumplir las leyes de Tránsito”, dijo.

En este contexto, refirió la implementación de mecanismos, como cámaras de video, en las unidades y solapas de los elementos con atribuciones en materia de Tránsito, a efecto de que toda interacción con la ciudadanía quede grabada, y con ello tener la certeza de la actuación de los agentes, y cualquier denuncia se resuelva con evidencias tangibles, de tal forma que no haya duda de la calidad del servicio, expuso.

De esta forma, las y los legisladores aprobaron como urgente y de obvia resolución, presentar un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Publica, al titular de la dirección de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán de Ocampo, y a los 113 municipios para que, en el ámbito de sus competencias, implementen las medidas señaladas.

Es necesario fortalecer la política migratoria para que, de manera efectiva, los órganos del estado atiendan y protejan a los connacionales y sus familias en situación de retorno al Estado.

Así quedó de manifiesto en el Pleno de la 75 Legislatura, tras aprobar el dictamen con proyecto de acuerdo en relación al Plan de Desarrollo Integral 2021-2027, presentado por el titular del Ejecutivo del Estado, en materia de migración.

El proyecto de acuerdo, presentado por las y los diputados integrantes de la Comisión de Migración, refiere que, con el propósito de contribuir a mejorar los derechos humanos de las personas migrantes, se analizó el Plan de Desarrollo Integral presentado por el Ejecutivo Estatal, en el que se establecen objetivos sectoriales, estrategias y líneas de acción, con metas e indicadores para evaluar su desempeño y cumplimiento.

Asimismo, analizó los apartados en los que se describen los criterios de transversalidad, que incidirán en todas las políticas públicas de la administración, teniendo como ejes transversales la inclusión e igualdad sustantiva y gobierno digital, honesto, eficaz y transparente, a favor de los grupos vulnerables.

En ese sentido, una vez concluido el análisis del contenido de sus ejes fundamentales, la comisión dictaminadora determinó que, para lograr una protección genuina de los derechos humanos de las comunidades migrantes, se requiere la suma de esfuerzos y acciones desde todas y cada una de las dependencias públicas, en el ámbito de sus atribuciones.

De esta forma, se podrá incidir y erradicar cualquier acto que atente o vulnere los derechos de las y los migrantes.

Por lo tanto, es necesario que, en lo referente a la atención de los migrantes y sus familias, se integren metas, plazos de ejecución, responsabilidades y bases de coordinación de las acciones, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del Estado.

De igual forma, refiere, la necesidad de que las acciones dirigidas a la atención de los migrantes y sus familias en el ámbito educativo, salud, seguridad, laboral y económico, sean concretas y cuantificables.

Tras considerar como un acierto el inicio de la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, la diputada local, Erendira Isauro Hernández, celebró que este jueves el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y Jorge Nuño Lara secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT), dieran el banderazo de salida a la obra que contempla 22 kilómetros de Pátzcuaro-Uruapan.

La legisladora recordó que en octubre del 2022, presentó un exhorto ante el Pleno del Poder Legislativo, que hacía un llamado respetuoso a realizar las tareas necesarias para ampliar este tramo carretero; demanda que se sumó a otras voces que exigían mejores condiciones de seguridad en esta vía de comunicación.

Por ello, reconoció la sensibilidad del Gobierno Federal y Estatal para atender las sentidas demandas ciudadanas, dar respuesta con esta acción contundente que permite que este tramo sea seguro para quienes transitan por ella.

La diputada recordó que los usuarios de la autopista siglo XXI; indicaron que las principales causas que generan insatisfacción en los usuarios son los baches, baños sucios y estado físico de la carretera.

Pero el más preocupante es la cantidad de accidentes ocurridos en esta autopista, que obligaban o poner los ojos en este tema en particular, por lo que su ampliación permitirá evitar lo que hasta hoy en día lamentablemente sigue ocurriendo, en ese tramo carretero, accidentes, pérdidas materiales, pero sobre todo pérdidas humanas.

La legisladora reconoció los esfuerzos para dar respuesta a este exhorto y otros llamados del Poder Legislativo, y agregó que desde su trinchera acompañará al gobernador del Estado en la gestión y acciones que permitan tener más kilómetros ampliados, que es uno de los compromisos de esta administración.

Con una modificación al Artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal de Michoacán, el Congreso del Estado definió que, cada vez que se instalen las nuevas administraciones de los ayuntamientos, éstos tendrán un plazo máximo de 45 días hábiles para la creación de sus Concejos Municipales de Cultura Física y Deporte.

Lo anterior, con la finalidad de que en la planeación del desarrollo municipal se establezca una política de fomento, desarrollo y promoción del deporte en todos sus géneros y modalidades, así como todos los objetivos que se establecen en la Ley de la materia.

Las y los integrantes de la 75 Legislatura, votaron a favor de la reforma propuesta por las Comisiones Unidas de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales así como de Jóvenes y Deporte, con base en la Iniciativa presentada por las diputadas Julieta García Zepeda, Anabet Franco Carrizales y Margarita López Pérez, además del legislador Juan Carlos Barragán Vélez, en la que se destaca la importancia de definir la creación de estos consejos, que mandata la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado, en la Ley Orgánica Municipal de Michoacán.

Ante ello, determinaron la necesidad de que todos los ayuntamientos cuenten con un eficiente y capacitado Concejo Municipal de Cultura Física y Deporte, “lo que además contribuirá a promover en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuado del medio ambiente, y además se mejorará la aptitud y la salud física y mental de las personas, lo que repercutirá directamente en el nivel de vida de la población de cada uno de los municipios y, por ende, del Estado”.

Con la reforma, las y los diputados buscan salvaguardar el derecho humano fundamental al deporte social, estudiantil y escolar, de alto rendimiento, así como el deporte profesional en su modalidad de espectáculo público; y fomentar, promover, organizar y conducir la política pública en esta materia.

Cabe destacar que, hasta antes de la reforma aprobada, la legislación michoacana preveía la obligación de los ayuntamientos de establecer un Concejo Municipal de Cultura Física y Deporte; sin embargo, no se refería el periodo en el que éste debería de integrarse, lo que hoy se corrigió.

Con el propósito de hacer efectivas las políticas públicas a favor del campo michoacano, los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 45 días, a partir del inicio de sus funciones, para instalar sus respectivos Consejos de Desarrollo Rural Sustentable.

Lo anterior, como parte de las reformas aprobadas por el Congreso del Estado al artículo 57 fracción 12 de la Ley Orgánica Municipal, que tiene como finalidad el garantizar la integración, funcionamiento y operación de este órgano encargado de dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, y contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del campo michoacano.

De esta manera, el dictamen presentado por las y los diputados integrantes de las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales y de Desarrollo Rural, atiende a la necesidad de fijar un plazo para la integración de dichos consejos, ya que, actualmente, en la legislación michoacana no se establece el periodo o tiempo fatal para hacerlo.

Por lo tanto, señala que es necesario reformar la normatividad, a fin de establecer un término para que los municipios, a través de la Comisión de Medio Ambiente, Protección Animal y Desarrollo Rural, integren y operen sus Concejos.

Así, las y los diputados integrantes de las comisiones de dictamen, hacen énfasis en la necesidad de fortalecer el marco jurídico, para que, a través de la integración de estos consejos, se dé seguimiento a los programas y acciones que deben llevar a cabo los municipios, conforme a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable.

Dichas acciones, abonarán al crecimiento sustentable, gradual y sostenido de la productividad y la competitividad del sector, contribuyendo a mejorar la rentabilidad de las actividades productivas y a elevar la calidad de vida de los habitantes del campo michoacano.

De igual forma, permitirá el reconocimiento del valor de la diversidad biológica y cultural; así como del fortalecimiento de la participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

En una acción más de protección a las especies animales, el Pleno del Congreso del Estado aprobó nuevas medidas que abonen a lograr condiciones idóneas para mejorar su calidad de vida, mantenerlos sanos, con una alimentación adecuada, sin sufrimiento, dolor o estrés, recibiendo atención, amor y cuidados.

Así, fueron votadas diversas reformas y adiciones a la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán, con las que se prohíbe de manera firme, que se continúe con la venta de especies domésticas por medio de intermediarios, ya que el sólo hecho de dejarlos por días y noches enteras sin ningún tipo de interacción humana o con los de su especie, sin paseos para disminuir el estrés, hacen que estos animalitos, tengan problemas de adaptación una vez que han sido adquiridos.

Con esta iniciativa, se faculta a la Secretaría del Medio Ambiente, así como a los ayuntamientos, con el apoyo de las asociaciones protectoras, para que los establecimientos de crianza de animales domésticos sean supervisados al menos de manera semestral.

Las y los legisladores locales, lamentaron la explotación de hembras que son preñadas constantemente por años, o incluso por toda su vida fértil, al punto que desarrollan tumores, quedan descalcificadas, enfermas, pierden movilidad al estar encerradas en jaulas y al final, tienen un destino cruel, todo por un fin comercial.

Por esta razón, también se aprobó en la iniciativa que, por cuestiones de madurez reproductiva y eficiencia biológica, las hembras sólo se aparearán después del primer año de vida, una sola vez al año y hasta la edad de 4 años y será obligatorio que todos los animales que enajenen o transfieran mediante cualquier título legal a terceros, se encuentren desparasitados y vacunados de acuerdo con su edad biológica, por un médico veterinario.

En ese sentido, es importante promover la formalidad y legalidad de los establecimientos dedicados al criadero, comercialización y pensión de animales domésticos en Michoacán, los cuales, por muchos años, han sido reproducidos y comercializados sin ninguna restricción legal, sanitaria o ética, permitiendo su venta o exhibición bajo cualquier circunstancia, sin cuidar su salud y pudiendo ser víctimas de maltrato; problemática a la que hoy la 75 Legislatura pretende poner un freno frontal.