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La mujer embarazada debe conocer de manera libre e informada, la forma en que se llevará a cabo su parto, así como recibir una atención respetuosa, digna, segura, informada y de calidad, subrayó la diputada Julieta Gallardo Mora integrante de, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro ha promovido ante el Pleno Legislativo una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado para que la mujer embarazada con signos de parto o en cualquier etapa de la gestación que se encuentre y que requiera atención médica de urgencia, debe recibirla de manera prioritaria, inmediata e impostergable por las instituciones que presten servicios de salud, privilegiando siempre la vida de la madre y de su hijo, sin que medie requerimiento económico como condicionante.

“Es necesario implementar acciones integrales de política pública con perspectiva de género diseñadas desde la interseccionalidad e interculturalidad, enfocadas a combatir la Violencia obstétrica, garantizando el respecto integro de los derechos humanos, en especial del derecho a la salud, de las niñas, adolescentes y mujeres, librándolas de los graves efectos de la violencia, a través de medidas que garanticen el acceso universal a los servicios de salud obstétrica”.

Julieta Gallardo destacó la necesidad de establecer un marco normativo que respete los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento, y promueva el respeto a las particularidades de cada familia, etnia, religión, nacionalidad, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas.

“Con esta reforma se agrega en la Ley de Salud del Estado que la mujer embarazada conozca de manera libre e informada, la forma en que se llevará a cabo el parto, así como que reciba una atención respetuosa, digna, segura, informada y de calidad”.

Con miras a construir una Ley que responda a las necesidades de los habitantes de Michoacán, la diputada Julieta García Zepeda, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezó el 5to foro de Parlamento Abierto para la “Nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial”, celebrado en el municipio de Sahuayo.

La legisladora, quien también preside la Comisión de Comunicaciones y Transporte, manifestó que la intención de este tipo de foros es generar entre todos una Ley que cumpla con las expectativas de todos los sectores.

Estableció que la nueva Ley que está en plena construcción entre todos, se enfoca en la importancia de brindar a las personas las mismas oportunidades de desplazamiento, transporte e infraestructura de vanguardia, eficiente, incluyente y multimodal, toda vez que son incluidas las personas con discapacidad o movilidad limitada, motociclistas, usuarios de transporte no motorizado, del transporte público y otros, agregó.

La legisladora local, refirió que en este tipo de foros se busca presentar los diversos aspectos de la nueva Ley, aclarar las dudas que surjan y afianzar cada uno de los conceptos que sobresalen en el derecho a transitar y a transportarse libre y eficientemente de un sitio a otro.

“La nueva Ley de Movilidad para el Estado de Michoacán brindará a peatones, personas con discapacidad, ciclistas, motociclistas, automovilistas, usuarios y conductores del servicio de transporte público, las condiciones óptimas de desplazamiento”, concluyó.

Preocupada por el medio ambiente, el cambio climático, la protección de bosques y una productividad agrícola sustentable, la Diputada del Distrito 14 de Uruapan Norte, Mayela Salas Saénz, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán, con el objetivo de impedir que los apoyos a productores agrícolas se utilicen para cambiar el uso de suelo.

La legisladora petista, denunció prácticas lamentables que han deteriorado los bosques del estado y por ende su ecosistema, con el único deseo que cambiar el uso de las superficies para explotación agrícola de productos de alta demanda como el aguacate, sin embargo, precisó que de las 8 mil huertas de aguacate que se tiene registro, solo mil cuentan con el uso de suelo adecuado, permisos ambientales y todos los requisitos para ser legales.

Por tal motivo resulta indispensable coordinar los esfuerzos para proteger el entorno natural de nuestro estado, donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán y la Comisión Forestal del Estado, tengan comunicación y se evite que los recursos que entregue el Gobierno, de apoyo a los productores, no se usen para actividades agrícolas en zonas de recuperación de nuestros bosques.

“Actualmente, la Legislación, no obliga a la SADER a coordinarse con la COFOM, para evitar dar recursos públicos a personas o empresas que depredan y consumen nuestros bosques, porque a pesar de implementar medidas para el rescate de los bosques, no se tiene el cuidado en que todos los insumos, aditamentos y maquinaria, se utilicen para cambiar de manera ilegal el uso de suelo”.

Por estas razones, la congresista del PT afirmó que los beneficiarios de los programas y acciones que se implementen por la Secretaría, deberán de estar ubicados fuera de zonas deforestadas o de aquellos lugares que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, para tal efecto la Secretaría, consultará con la COFOM, la situación de los predios del o de los solicitantes, de tal forma que con esta coordinación, quede totalmente prohibido entregar cualquier tipo de apoyo, estímulo o similar a personas que tengan terrenos agrícolas de manera parcial o total en terrenos de índole forestal, y que puedan propiciar el cambio de uso de suelo.

Con esta determinación se pretende contener la crisis de pérdida de bosques y otros hábitats por culpa de la ambición desmedida de distintos sectores de nuestra sociedad.

Con el compromiso de aportar con alternativas innovadoras la protección al medio ambiente y al entorno de Michoacán, el presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente en el Congreso del Estado, el Diputado Baltazar Gaona García, manifestó que con la aprobación del uso de materiales biodegradables en los procesos comerciales industriales y domésticos, así como el “Programa de Reinserción Canina”, se avanza de manera correcta en el cumplimiento de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible.

En el caso de los materiales biodegradables, Gaona García, explicó que se busca dar mayores atribuciones a la Comisión Estatal de Agua y Gestión, para que se cuide, con mayor vigilancia, el desazolve de aguas residuales, conforme a la Ley y además con sanciones para quienes no cumplan con esta normatividad.

“La Dictaminación de la presente iniciativa busca fortalecer un marco regulatorio donde se regulen los permisos para las descargas en los drenajes, estableciendo los límites máximos permisibles de cada contaminante y la aplicación de futuras sanciones ante el incumplimiento de estas. Dotar a la Comisión Estatal de Agua y Gestión de cuencas de atribuciones para que ellos promuevan la utilización de elementos biodegradables.”

De igual forma, el representante del Distrito 08 con cabecera en Tarímbaro, puntualizó los benéficos que pude traer el “Programa Estatal de Reinserción Canina”, que ayudará a encaminar, de mejor forma, la proliferación de perros callejeros, además de mejorar el paisaje urbano y rural, con un proyecto que además protege la vida, al impedir sacrificar a los perros callejeros o que son abandonados por las familias, y darles otra oportunidad.

“La propuesta tiene que ver con una forma de una forma más integral, busca alternativas para darle una segunda oportunidad a los perros que se encuentran en situación de calle, estos pueden ser clasificados en cuatro áreas, para actividades terapéuticas, fisiológicas, psicológicas y psicosociales. Este programa de reinserción canina, plantea la readaptación, cuidado y entrenamiento de los perros en situación de calle, con la finalidad de que estos puedan colaborar en actividades como asistencia de manera terapéutica, educativa, de seguridad pública e investigación, con la aprobación de este dictamen se logra que los animales sean vistos de una manera positiva”.

El congresista petista, felicitó a sus compañeros Juan Carlos Barragán Vélez y Ernesto Núñez Aguilar, quienes presentaron estas iniciativas, además de extender la disposición de la Comisión para seguir coadyuvando con acciones en favor del medio ambiente y el desarrollo sostenible en el estado.

El Sistema Judicial del Estado sigue incumpliendo en la protección a las mujeres víctimas de violencia y es necesario actualizar el marco legal para que éste cumpla con la salvaguarda de la integridad de las víctimas, aseguró la diputada local Andrea Villanueva durante la presentación en el pleno legislativo de diversas reformas al Código Penal del Estado.

La representante del Distrito 11 de Morelia, señaló que actualmente el marco jurídico cuenta con diversos mecanismos que amparan a las víctimas en caso de violencia de género a través de una resolución judicial, en la cual el juez reconoce la existencia de un riesgo para la mujer y ordena su protección, acreditando la condición de víctima de violencia de género y reconociendo así los derechos de las mujeres.

Villanueva Cano consideró que si bien estas medidas buscan salvaguardar la integridad de las víctimas de violencia de género, en los hechos no han sido efectivas para proteger a las mujeres de sus agresores, pues de acuerdo a cifras de las Unidades de Medidas Cautelares reportadas a la fecha, el 27 por ciento de los casos no han cumplido con las condiciones impuestas.

“Con esta propuesta, se busca aumentar la pena para quien cometa feminicidio y haya violentado con anterioridad alguna medida cautelar impuesta por la autoridad competente, pues necesitamos brindar mayores herramientas al sistema judicial de la entidad para que pueda garantizar el acceso a la justicia para las víctimas del delito”, detalló.

Andrea Villanueva, expuso que las medidas cautelares que más son incumplidas son aquellas que se consignan en casos de violencia cometida por parejas, exparejas o familiares de las víctimas, que en varios de los casos han terminado en la comisión de feminicidios.

Finalmente, la legisladora local urgió implementar medidas más eficaces y contundentes que castiguen a los responsables y garanticen la seguridad y el bienestar de las víctimas de la violencia de género.

Desde el Parlamento de Mujeres 2023, la diputada Eréndira Isauro, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, reafirmó el compromiso del Congreso de Michoacán para contribuir a que las voces de las mujeres sean escuchadas, y sus aportaciones, transformadas en leyes que favorezcan la igualdad, la equidad y la inclusión.

La legisladora compartió con las integrantes del Parlamento su propia experiencia personal, destacando que enfrentó varias dificultades para llegar a ocupar un espacio en los lugares de la toma de decisiones, “fueron muchos años de lucha, primero por ser mujer, luego por ser indígena, por ser madre de familia y una mujer trabajadora”.

Agregó que, aún en la actualidad, las mujeres, por el simple hecho de serlo, enfrentan diversas dificultades atribuidas a prejuicios sociales que favorecen que el machismo siga presente en todos los espacios de la vida pública y privada del país.

“La violencia política en razón de género aún existe; por ello, hay que cambiar el paradigma e ir más allá de un discurso en favor de la mujer, es necesario hacernos presentes en este tipo de ejercicios, aportando nuestras experiencias para fortalecer la equidad y la inclusión”, apuntó.

De igual forma, Eréndira Isauro dijo que este es el momento de ocupar nuevos espacios en honor a la memoria de las mujeres que les antecedieron en la lucha, “hay que recordarlas con logros y resultados, para que, donde quiera que se encuentren, sepan que su trabajo no fue en vano, aquí estamos y seguiremos luchando”.

Añadió que aún existen muchos desafíos por enfrentar “pero estar hoy aquí, hará eco y dejará un recordatorio poderoso de que estamos haciendo progresos significativos; reconozco su valentía, dedicación, y todas las maneras en que han contribuido a hacer de Michoacán un lugar mejor”, agregó.

Les dijo finalmente que con el ejemplo de que “cuando nos apoyamos mutuamente y trabajamos juntas, podremos lograr nuestros objetivos, y hoy no es la excepción, pues vemos en este Recinto 40 parlamentarias demostrando que cuando las mujeres nos unimos, podemos cambiar las cosas”, concluyó.

Los adultos mayores son constantes víctimas del delito de despojo, ya que derivado de su vulnerabilidad, es común que personas se aprovechen de ellos para afectarlos en su derecho de usar y disfrutar la pertenencia legítima de sus propiedades o inmuebles, por lo cual, la diputada, Luz María García, del Partido Encuentro Solidario (PES) presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para que las personas que cometan este delito se les imponga una pena de 3 a 8 años de prisión.

En Michoacán durante 2022, se registraron 879 casos del delito de despojo, que de acuerdo con el Código Penal, se trata de una usurpación ilegal, en la que empleando la amenaza o el engaño, una persona ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho que no le pertenezca.

En este sentido, la diputada del PES, detalló que en esta práctica ilegal, se utiliza la violencia física o psicológica, para tomar posesión de un predio que no es de su propiedad.

”Es necesario actualizar el marco normativo para proteger el derecho patrimonial de las personas, en particular de nuestros adultos mayores, quienes por su edad, su fragilidad física, psicológica o emocional, son una presa fácil” afirmó.

Asimismo, refirió que problemas como la corrupción de funcionarios, la invasión de grupos delictivos y el demostrar evidencias ante las autoridades son elementos que atormentan a los afectados, además de revictimizarlos.

”No hay un castigo severo, por eso propongo aumentar la pena y la multa económica, para erradicar la práctica de este delito y proteger las casas, terrenos o pertenencias de todas las personas” reiteró.

La legisladora pesista precisó, que al atender el delito de despojo, también se previene otros delitos como el fraude, pues evita que los predios invadidos sean ofertados a otros ciudadanos y se ponga en riesgo su patrimonio.

Es necesario que nuestras leyes establezcan medidas más efectivas para evitar que la falta de pago de pensiones alimenticias siga afectando a niñas y niños en Michoacán, recalcó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó este jueves una iniciativa para reformar en la materia los códigos Civil, Familia y Penal del Estado de Michoacán.

“La problemática del pago de alimentos a favor los niños, niñas y adolescentes, trae como consecuencia la inestabilidad social, hogares disfuncionales, deserción de estudiantes en los centros educativos, desnutrición, delincuencia juvenil en diferentes ámbitos, tales como drogadicción, microtráfico de drogas, robo, o prostitución infantil”.

La diputada por el Distrito de Zacapu refirió que la falta de pago de las pensiones alimenticias ataca al grupo humano más vulnerable de la sociedad que son los menores de edad, mismos que está en desventaja frente a su progenitor que en la mayoría de los casos manifiestan ser notoriamente irresponsables con el pago sus pensiones alimenticias, que además son irrisorias, respecto al costo de vida.

“Por décadas se han venido vulnerando los derechos de los menores en el pago a tiempo de las pensiones alimenticias por parte de sus progenitores, sin causa justa, dejando desprotegidos no solo a sus hijos, sino también a sus cónyuges, ocasionando a la familia núcleo fundamental de la sociedad un desequilibrio en el orden emocional, económico y social, trayendo como consecuencia desesperación por no poder cubrir con sus necesidades básicas”.

Mónica Valdez recalcó que el Estado al no preocuparse de los menores crea una inseguridad jurídica siendo su papel principal velar por los derechos de sus menores consagrados en la Constitución y en las leyes de la Niñez y Adolescencia, principios que protegen a los menores, pero al dejarlos desprotegidos sin el derecho a reclamar alimentos, no está garantizando dichos derechos e indirectamente está provocando gravísimos problemas de orden social, por lo que es necesario que exista un cambio.

A nombre del Congreso del Estado, la diputada María de la Luz Núñez Ramos dio la bienvenida a las integrantes del Parlamento de Mujeres 2023, a quienes convocó a dar su mejor esfuerzo por el bien de Michoacán.

Durante su intervención, la presidenta del Comité Organizador y de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, destacó que este Primer Parlamento sienta un precedente histórico para que la voz valiente y entusiasta de las michoacanas que claman por sus derechos y libertades, sea escuchada y tomada en cuenta.

Así, acompañada por las diputadas Liz Hernández Morales y Samanta Flores Adame, integrantes del comité y de la comisión que preside, Núñez Ramos dijo que la 75 Legislatura estará pendiente de los proyectos sociales e iniciativas que se presenten con la finalidad de convertirlas en ley, en temas como derechos sexuales y reproductivos, “a decidir con libertad responsable sobre nuestros cuerpos y en contra de toda clase de abusos y violencia hacia las mujeres”.

Así también, a otros temas en materia de desarrollo económico y sustentable, salud, educación, grupos vulnerables e indígenas, seguridad y cultura de la paz, democracia y participación ciudadana, entre otros.

Agregó que, como protagonistas de este singular ejercicio, “hoy están inaugurando una práctica democrática en la que ejercerán su derecho de hablar, ser escuchadas, y participar en la toma de decisiones que habrán de incidir en la vida pública”.

Por su parte, la diputada Liz Hernández Morales, felicitó a las integrantes y destacó que este ejercicio consiste en aprender, debatir, escuchar y compartir propuestas que permitan consolidar los derechos que garanticen la participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, en condiciones de igualdad.

En tanto, la diputada Samantha Flores Adame, hizo un llamado a la sororidad de las integrantes, “hagan de cada curul un espacio en el que estén representadas todas las mujeres, construyan alianzas, sean puente de comunicación, escuchen y expresen las inquietudes propias y todas las que se propongan en el Pleno, hagan de este Parlamento de Mujeres lo mejor que nosotras sabemos hacer: responder en colectivo y construir en unidad”, subrayó.

Es necesario que en la Ley de Turismo del Estado de Michoacán se incorpore el concepto de industria turística, para potenciar sus capacidades y así fortalecerla, recalcó el diputado Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador presentó este jueves una iniciativa para reformar la referida norma de manera que considere como industria turística un establecimiento cuya actividad principal se relaciona con el turismo y elabore productos característicos del turismo.

“La intención es que la industria turística sea beneficiaria de las acciones para detonar programas a favor de ella, así como en la constitución, fomento, desarrollo, operación, fortalecimiento y estímulo, al igual que el otorgamiento de incentivos para incrementar su calidad y competitividad.

Recordó que la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, reporta que en México existen dos mil 500 ayuntamientos, de ellos 83 municipios forman parte del Programa de Pueblos Mágicos, siendo el estado de Michoacán el que se encuentra a la cabeza con ocho localidades inscritas: Pátzcuaro, Cuitzeo, Tlalpujahua, Santa Clara del Cobre, Angangueo, Tacámbaro, Tzintzuntzan y Jiquilpan.

“El turismo permite generar empleos e ingresos para las familias dedicadas a esta actividad. En México, el turismo representa el nueve por ciento del Producto Interno”.

Víctor Manríquez subrayó que tanto para el gobierno federal, para los gobiernos locales, los empresarios y la sociedad, en nuestro país el turismo ocupa un lugar central en el flujo de dinero, por lo que se debe permitir aprovechar el potencial turístico de nuestro país sobre todo en nuestro Estado de Michoacán.