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Con el propósito de formalizar y hacer valer los derechos laborales de los trabajadores, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Mayela Salas Saénz presentó una iniciativa para que se añada como requisito que las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, formalicen sus actividades con sus empleados, para poder acceder a programas económicos y estímulos que implemente la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán.

Durante su exposición de motivos, la legisladora petista expuso datos del Instituto Mexicano del Seguro Social de diciembre de 2022, donde apenas uno de cada cuatro trabajadores en nuestra entidad cuenta con afiliación al IMSS y con seguridad social, lo que significa que el resto de los empleados, labora bajo la informalidad.

“Esta informalidad de los patrones, además de afectar la seguridad social de los trabajadores de nuestra entidad, también provoca una grave falta de ingresos fiscales por el concepto del pago del 3% del impuesto de nómina y asimilables a las arcas públicas estatales.”

Salas Saénz, señaló que las PYMES y grandes empresas, solicitan una serie de peticiones a los gobiernos, con la condición de invertir y generar empleos, sin embargo, estas ofertas no cumplen con lo marcado por la Ley, lo que se traduce en una serie de faltas y salarios mal remunerados, por tal motivo esta situación debe cambiar en favor de los trabadores.

“Las Pymes y las grandes empresas quieren subsidios, condiciones, financiamientos, obra, terrenos y espacios para instalarse u operar en nuestra entidad, pero apenas afilian a uno de cada cuatro de sus empleados al IMSS, y muchas evaden claramente con ello el monto de lo que les corresponde del pago de impuestos estatales aun cuando estos sean ínfimos, pero que ya en conjunto y si se pagara lo adecuado, serían un gran aporte a las finanzas públicas estatales”.

Por tal motivo, la representante de Uruapan Norte busca adicionar al artículo 30 de la Ley de Desarrollo Económico del Estado, que se adicione como requisito tener al total de sus empleados afiliados al IMSS, estar dados de Alta en el sistema tributario local y estar al corriente en sus obligaciones fiscales estatales, para potenciar y beneficiar de manera integral a todo nuestro estado.

El Congreso de Michoacán aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el cual perros en situación de calle serán entrenados para servir como asistentes emocionales para personas con necesidades especiales.

Lo anterior tras validarse la iniciativa con proyecto de decreto propuesta por el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, la cual fue aprobada en sesión ordinaria del Congreso local.

La iniciativa plantea la creación del Programa Estatal de Reinserción Canina como mecanismo para la inclusión y reinserción de los canes a la sociedad con fines de asistencia, terapéuticos, educativos, de seguridad pública e investigación policíaca.

“Agradezco mucho la voluntad y respaldo de mis compañeros legisladores para sacar adelante esta iniciativa, la cual tiene causas muy nobles y en beneficio de nuestra sociedad”, apuntó.

A través de este programa se llevará a cabo la implementación y desarrollo de acciones para la capacitación y adiestramiento de la población canina por parte del Estado, toda vez que su objetivo central será el de proporcionar interacciones positivas entre la sociedad y los canes a través de la incorporación del talento y las características propias de estos con fines de utilidad pública y social.

De igual manera contribuir al proceso de recuperación de las personas con necesidades especiales del orden asistencial, terapéutico y educativo, mejorando las condiciones de salud y seguridad de la ciudadanía al reducir la sobrepoblación canina, ofreciéndoles una oportunidad de vida y trato digno.

La 75 Legislatura aprobó reformas a la Ley de Derechos y Protección para los Animales, en la que se establece la creación del Programa Estatal de Reinserción Canina, como un mecanismo para la inclusión de perros, en condición de abandono, a la sociedad, con fines de asistencia, terapéuticos, educativos, de seguridad pública e investigación policiaca.

De esta forma, el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, refiere que el programa está dirigido a brindar una oportunidad de vida y trato digno a los canes en situación de calle para que puedan contribuir al proceso de recuperación de las personas con necesidades especiales.

En este contexto, los ayuntamientos serán los encargados de operar el Programa Estatal de Reinserción Canina a través de sus unidades de control canino o análogas, de acuerdo a lo estipulado en la ley.

Para tal efecto, el Ejecutivo del Estado destinará los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, de acuerdo a sus posibilidades, para el desarrollo del programa en referencia.

Asimismo, plantea que para el desarrollo del programa, las unidades municipales podrán solicitar el apoyo de la sociedad civil organizada.

De igual forma, señala que el proceso de reinserción canina, a través de su adiestramiento e instrucción, se basará en la alteración de la conducta del animal realizada por profesionales, con la finalidad de acondicionarlo para llevar a cabo rutinas con fines de asistencia, terapéuticos, de seguridad, auxilio, investigación o apoyo policiaco.

Con ese propósito, se establecen los lineamientos para llevar a cabo el proceso de detección, canalización, instrucción y adiestramiento de los canes, destacando, que solo serán elegibles para el programa aquellos que, en condición de calle, sean recuperados por las autoridades municipales competentes.

Añade también, que el adiestramiento, instrucción y preparación canina será realizado por profesionales especializados y capacitados en las materias de medicina veterinaria, biología o carreras afines.

La diputada Adriana Hernández Íñiguez, reconoció al Heroico Colegio Militar con motivo de sus 200 años de fundación, en tribuna del pleno del Congreso de Michoacán, señalando que es una institución que ha trascendido con independencia de las profundas transformaciones acontecidas en el país y de los vaivenes políticos, adaptándose para servir con lealtad y persistencia a México.

Por ello busca que se coloque con letras de oro la leyenda “2023 año del bicentenario del Heroico Colegio Militar” en el Muro de Honor del Palacio Legislativo del Congreso de Michoacán.

“Concebido desde la época virreinal, aunque finalmente constituido tras la consumación de la Independencia, el Colegio Militar ha sido semillero de talento y disciplina, de valentía y capacidad de innovación, tal como lo demuestran la actuación de sus cadetes y egresados frente a las agresiones extranjeras, las revueltas internas y las catástrofes provocadas por la fuerza de la naturaleza”, apuntó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Y resaltó la participación que ahora tienen las mujeres dentro del Colegio, “quienes al igual que los hombres, pueden hacer de la defensa de la patria un proyecto de vida, una noble aspiración que involucra al sacrificio personal en aras de un bien superior como lo es la viabilidad del Estado mexicano”.

Asistieron a la sesión del Congreso, como invitados de la diputada local, los coroneles Manuel de la Fuente Barrera y Elvim Rolando Ramos Santos.

El Pleno de la 75 Legislatura aprobó reformar la Ley del Agua y Gestión de Cuencas en Michoacán, a fin de impulsar el uso de materiales biodegradables en el manejo del vital líquido, atendiendo así las Normas Oficiales Mexicanas en la materia.

En la exposición de motivos del dictamen sometido a consideración de las y los legisladores michoacanos por parte de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, se estableció la importancia de revisar el correcto tratamiento de aguas residuales, para que éstas sean vertidas en los cuerpos receptores debidamente tratadas.

Pero que además, en su proceso, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas verifique que los usuarios que descarguen aguas residuales, utilicen preferentemente materiales biodegradables, siempre y cuando técnicamente sean viables atendiendo a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) reglamentarias de la materia.

Conforme al dictamen de la iniciativa presentada por las diputadas Julieta García Zepeda, Anabet Franco Carrizales, Margarita López Pérez y el legislador Juan Carlos Barragán Vélez, con la reforma se pretende además armonizar la Ley de Agua y Gestión de Cuencas para el Estado de Michoacán con la Ley de Aguas Nacionales, de tal forma que el vertido de aguas residuales en la entidad cumpla con la Ley y con la Norma Oficial Mexicana respecto a “la adecuada utilización de materiales biodegradables en el proceso, a fin de minimizar el impacto ambiental”.

Se resaltó además que la contaminación del agua tiene un severo impacto en los ecosistemas y en la salud, y por ello es preciso reducir notoriamente los volúmenes, mejorar los procesos de tratamiento, no sólo para procurar el bienestar social y la protección ambiental, sino también por razones económicas y de seguridad nacional.

Finalmente, se estableció que, en México, las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales (abastecimiento público urbano y rural) y no municipales (otros usos como industria autoabastecida); y según cifras oficiales, solamente se procesa el 52.7% de las aguas municipales que se generan, y el 32% de las aguas no municipales.

Según las proyecciones, “en 2030 habrá 9.2 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales que, de ser tratadas y reusadas, reducirían en un 40% la demanda”, destaca la iniciativa aprobada.

Para reforzar la concientización sobre la prevención de la violencia de género, la diputada Liz Alejandra Hernández Morales propuso ante el Pleno del Congreso del Estado, se declare el 9 de marzo como Día de luto estatal en conmemoración de las mujeres que han perdido la vida por esa causa.

En su exposición de motivos, la legisladora local resaltó que tomar esa decisión es también incidir en aquellas que siguen sufriendo algún tipo de violencia.

Se trata, dijo, de hacer conciencia en las futuras generaciones para que el día de mañana que lleguen a ocupar cualquier cargo público, sigan fomentando el respeto como valor social para lograr el bienestar y el desarrollo económico de la entidad.

“Como legisladores nos corresponde preocuparnos por las niñas y mujeres que viven en una gran brecha de desigualdad social y estoy segura que, aunque no podemos erradicar de tajo la violencia de género, sí podemos ir sembrando pequeñas acciones e ir despertando conciencias para prevenirla y, en su momento, erradicarla”, aseveró.

En ese sentido, en señal de luto, se propone el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, durante el día 09 de marzo de cada año.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura y Artes del Congreso del Estado para su análisis, discusión y dictamen, para que posteriormente sea regresada al Pleno del Congreso del Estado para su votación por las y los 40 diputados.

La diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán de Ocampo, para incluir el derecho a la alimentación en condiciones de dignidad, bajo los criterios de nutrición, suficiencia y calidad, esto con el objetivo de asegurar el correcto de desarrollo de la niñez y juventud michoacanas.

Durante la sesión realizada este día, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario el Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó que en su iniciativa también busca el establecimiento de un sistema de indicadores de progresividad de derechos, esto con la intención de fijar metas en el presupuesto anual y tener las herramientas para evaluar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de nutrición infantil y juvenil.

María Guadalupe Díaz, quien es integrante de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia, estableció que de acuerdo a cifras de la Unicef, una de cada 20 niñas y niños menores de 5 años y 1 de cada 3, entre los 6 y 19 años, padece sobrepeso u obesidad, poniendo al país en uno de los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial. A manera de contraste, indicó que también en México, una de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Ambas condiciones ponen en riesgo la salud de este sector de la población, por lo que es necesario legislar al respecto y establecer políticas públicas que combatan ambos flagelos.

La propuesta busca consignar el derecho a la alimentación nutritiva, lo suficientemente satisfactoria y con la mejor calidad, además de ordenar al Estado proporcionarla cuando los padres o tutores no puedan cumplir con este ordenamiento.

De igual forma, la iniciativa pretende dar atribuciones a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán para establecer y operar un sistema de indicadores de progresividad de derechos; con esta herramienta se contará con datos que permitan conocer el avance, estancamiento o retroceso de los derechos de las niñas, niños y jóvenes michoacanos.

Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), propuso ante el pleno del Congreso de Michoacán que se incluya en la Ley de Educación estatal, una fracción en el artículo 163, en donde se plantee que a todos los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas se les otorgue una póliza de gastos médicos.

“Brindar una póliza contra accidentes escolares a las y los educandos michoacanos, representaría una manera de cuidar la economía de las familias michoacanas, ya que este tipo de sucesos son generadores de gastos imprevistos a los que se les hace frente de manera muy diversa”, argumentó el congresista.

El legislador, refirió que la entrega de una póliza de gastos médicos a cada estudiante de educación básica de escuelas públicas como un instrumento de garantía de atención de forma gratuita en caso de sufrir un accidente escolar, es ya una realidad en otras entidades del país, como el caso de la Ciudad de México o el Estado de México, dónde las y los alumnos de educación básica en escuelas públicas cuentan con este esquema de protección como parte de su política educativa.

En este sentido, Reyes Galindo agregó que la aprobación de la presente iniciativa de ley se traducirá en la generación de mejores oportunidades de desarrollo para las y los alumnos de los programas de educación pública en el nivel básico, y destacó que contar con un Estado capaz y comprometido con ofrecer educación pública, laica y de calidad, ha sido una de las principales banderas que ha izado el Partido del Trabajo a lo largo de su vida institucional.

“Las y los legisladores del PT de la presente Legislatura en Michoacán, estamos a favor de la educación básica y la mejora permanente de las condiciones de los educandos y sus familias. Otorgar una póliza de gastos médicos a cada estudiante de educación básica en las escuelas públicas en Michoacán, no significa por sí misma una reducción de accidentes de nuestros educandos, pero sí representa una mejor forma de hacer frente a los estos”, puntualizó.

La falta de herramientas legales y de mayores recursos humanos y materiales impide a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) brindar la atención integral y el acompañamiento que merecen las víctimas en el estado, aseguró la diputada local del Distrito 11 de Morelia, Andrea Villanueva Cano.

Lo anterior, luego de reunirse con el titular de la CEAV, Josué Alfonso Mejía Pineda, quien acompañado de todo el personal que colabora en este importante organismo, agradeció a la diputada local esta reunión para conocer de primera voz, las necesidades y los retos a los que se enfrentan para garantizar los derechos de asistencia, protección, atención, a la verdad, a la justicia, a la debida diligencia y sobre todo, a la reparación para las víctimas.

En este sentido, Andrea Villanueva destacó los esfuerzos que realizan todos los que ahí trabajan y se consideró una aliada para construir los mecanismos legales necesarios a fin de otorgarles mayor presupuesto año con año, además de consignar las modificaciones oportunas a la legislación estatal y estar en condiciones de atender a todo el universo de víctimas que lamentablemente no ven salvaguardados sus derechos.

“Una de las mayores demandas es el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Hemos visto cómo el dolor ha consumido familias completas y necesitamos fortalecer a la Comisión para que cuenten con los mecanismos y los recursos necesarios para acompañar a las víctimas y a sus familias, y garantizarles el acceso real a la justicia”, detalló la legisladora.

Cabe señalar que en próximas fechas estará proponiendo ante el Pleno del Poder Legislativo diversas modificaciones a la ley estatal, con la finalidad de brindarle a la CEAV, mayores recursos humanos y materiales para que este organismo esté en condiciones de acompañar y garantizar el acceso y respeto a los derechos de las víctimas.