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La Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado que preside Erendira Isauro Hernández y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), anunciaron la realización del Tercer Encuentro de Mujeres Indígenas que tendrá lugar el próximo 16 de junio en Palacio Legislativo, y que convoca a mujeres de las etnias purépecha, mazahua, otomí y náhuatl.

La diputada Erendira Isauro destacó que el encuentro tiene como finalidad ser un espacio para la reflexión respecto a la violencia política contra la mujer en razón de género que enfrentan quienes pertenecen a las comunidades indígenas al participar en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas.

Asimismo, busca resaltar la importancia de la participación de las mujeres indígenas y brindar estrategias de empoderamiento para ocupar espacios de toma de decisiones en sus comunidades.

El diputado integrante de la Comisión de Asuntos de Electorales y Participación Ciudadana, J. Reyes Galindo Pedraza, manifestó que la comisión ha marcado la ruta pro derecho a través del poder de la inclusión, por lo que la participación de las mujeres indígenas permite recoger sus experiencias, así como retos y limitantes para ser parte de las decisiones de las comunidades indígenas y traducirlo en acciones dentro del Congreso del Estado.

El presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, informó que durante este encuentro se conformarán mesas de trabajo, que abordarán los siguientes temas: experiencias de autogobierno, gestión de programas sociales y recursos Económicos, violencia de género, técnicas para hablar en público, migración, participación política de las mujeres y solución de conflictos comunales.

Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, consejera del IEM; refirió que durante este encuentro se presentará la revista “Testimonios de Consulta Indígena”, misma que recopila la experiencia de los autogobiernos, que recordó, han permitido al órgano electoral participar en la validación de 22 consultas 19 en el 2021, siete en el 2022 y seis en el 2023.

El diputado Roberto Reyes Cosari presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversos artículos de diferentes leyes, con el objeto de invalidar el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a cargos públicos.

Ante el Pleno Legislativo, Reyes Cosari argumentó que la nacionalidad es considerada como uno de los derechos humanos esenciales de las personas, toda vez que implica el acceso a un conjunto importante de las garantías que el Estado debe salvaguardar.

Para tal efecto, la iniciativa propone reformas a diversos artículos de la Ley del Notariado; Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; la Ley de Asistencia Social; la Ley de Pensiones Civiles; la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

También, la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso; la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo; y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, todas del Estado de Michoacán.

Para lograr dicha armonización, se propone la modificación de la redacción de decir “mexicano por nacimiento” se pasará a decir “mexicana o mexicano”, y sustituir “michoacano por nacimiento” por “michoacana o michoacano”, en el sentido de eliminar todas las porciones normativas del régimen estatal, y dar acceso a toda persona mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización, a los cargos públicos, bajo el principio de igualdad y no discriminación, y a su vez dar cumplimiento al principio de la igualdad de género que es necesaria en la redacción de los textos normativos contenidos en el presente proyecto de reforma, destaca la iniciativa presentada por Reyes Cosari.

El ecocidio conduce a la alteración, o destrucción de los ecosistemas, incluidos los océanos, los bosques, la tierra, el agua o el aire, desafortunadamente este fenómeno se presenta en Michoacán, uno de los estados con mayor biodiversidad, por lo cual es urgente sentar las bases de un marco legal que prevenga y sancione el daño y deterioro ambiental.

La diputada Luz María García del Partido Encuentro Solidario (PES), presentó ante la 75 Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, una iniciativa para tipificar el delito de ecocidio, dentro del marco jurídico penal y con ello prevenir daños a nuestros ecosistemas y sus efectos secundarios en la sociedad.

El estado de Michoacán presenta año con año una pérdida severa de miles de hectáreas de bosques; en el año 2022 se perdieron aproximadamente 27 mil hectáreas de bosques por incendios forestales y por cambio de uso de suelo.

Asimismo un estudio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) reportó que existen en la entidad 15 mil 610 especies de organismos que habitan en el estado, de las cuales más de 300 son endémicas.

“Es importante puntualizar que las niñas, niños, y adolescentes, así como los adultos mayores, forman parte de los grupos vulnerables de personas que se ven particularmente afectados por la acción mortífera del hombre sobre el medioambiente” expuso la diputada del PES.

Desde la tribuna del Congreso, la legisladora pesista explicó que el ecocidio también deriva en desastres naturales y efectos económicos negativos para las naciones. Refirió que entre 2000 y 2019, más de 1 millón de personas murieron como consecuencia de desastres naturales, además provocó daños económicos por 2.97 billones de dólares.

”Esto afecta invariablemente la vida y el desarrollo de millones de niñas, niños y adolescentes, por ende, al respeto y la protección de sus derechos” afirmó.

Con la aprobación de reformas al Código Electoral de Michoacán avanzamos hacia el respeto por la autodeterminación de los pueblos originarios, señaló Oscar Escobar Ledesma, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El legislador manifestó que se tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, por lo que era urgente reformar las leyes pertinentes para dar cumplimiento a los derechos políticos de autonomía y autogobierno.

“Son años de lucha de los pueblos originarios, años en los que exigieron ser reconocidos en el Código Electoral y en Tribunales, con estas reformas avanzamos en la construcción de una sociedad que reconozca y respete la autodeterminación de los pueblos originarios”.

Detalló que ahora el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán contará con las facultades para resolver juicios sobre autogobierno y presupuesto directo.

“Logramos reivindicar los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos que han sido marginados por muchos años. Comunidades como Janitzio y Santa Fe de la Laguna tendrán por fin garantizados sus derechos políticos por un marco normativo”.

Escobar Ledesma enfatizó que en Movimiento Ciudadano se tienen las puertas a abiertas para escuchar y defender a los pueblos originarios de Michoacán en el Congreso del Estado.

Con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y a los derechos laborales de los trabajadores, Oscar Escobar Ledesma, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, propuso ante el Congreso del Estado un acuerdo para enviar al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar diversas fracciones al artículo 742 de la Ley Federal del Trabajo.

Al considerar que tanto la parte trabajadora como patronal se ven afectados en su defensa dentro de un juicio laboral, al no ser avisados de manera personal cuando se va a notificar la contestación de demanda y la réplica o contrarréplica, Escobar Ledesma destacó que es necesario realizar los cambios adecuados a la Ley Federal del Trabajo para garantizar la justicia.

“Durante los procedimientos laborales, llevados por parte de Tribunales o Juzgados de la materia, en la etapa de réplica y contrarréplica no se notifica de forma personal porque no está contemplado en la Ley Federal del Trabajo; esto ha provocado que se vean afectados tanto la parte trabajadora como la parte patronal, por no defenderse adecuadamente dentro del juicio, por ello es necesario que se les notifique de manera personal y ejerzan su derecho a defenderse”.

Oscar Escobar detalló que con estas reformas se protegerá a los trabajadores, al garantizar sus derechos, buscando tener acceso a una justicia pronta y expedita, y se realice de manera transparente el procedimiento.

“Con esta reforma avanzamos en la conquista de la justicia laboral, para que los trabajadores y la parte patronal lleguen a acuerdos transparentes y justos”.

Reiteró que desde Movimiento Ciudadano se continuará impulsando una agenda por la defensa y conquista de los derechos laborales.

Garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos en el proceso de urbanización, así como contribuir a la lucha contra el calentamiento global y, la transición hacia una economía más sostenible, son los objetivos principales de las iniciativas que presentó el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Hernández Peña.

«Hoy más que nunca debemos poner en el centro de la política a las y los ciudadanos y sus derechos. Llegó el momento de urbanizar adecuadamente, de ahí que he propuesto la creación de una Procuraduría de Desarrollo Urbano, la participación social en política de urbanismo y la contribución en la lucha al calentamiento global», expresó el diputado.

Asimismo aseguró que la propuesta es una acción positiva que permitiría la existencia de una entidad especializada en la orientación y defensa de los ciudadanos y sus derechos en asuntos relacionados con la legislación urbanística.

Por lo que con ello, se busca contribuir a la planificación y ejecución de proyectos urbanos más sostenibles y justos, así como incorporar la participación e injerencia de la sociedad en la construcción de políticas públicas y acciones gubernamentales en materia de urbanismo para su mejora.

«Es momento de trabajar juntos y apoyar esta iniciativa para que las ciudades de Michoacán funcionen de manera óptima, especialmente en los momentos de crisis y guardar el equilibrio en la toma de decisiones para el desarrollo urbano y la planeación. ¡Legislar es apostar en el presente por un mejor futuro!», expresó.

Por otro lado, dijo que la creación de centros de acopio de neumáticos y/o llantas es otra excelente propuesta para abordar el problema de la gestión adecuada de estos residuos que son difíciles de desechar debido a su gran tamaño y composición por lo que aprobarla ayudará a reducir la cantidad de llantas y neumáticos sin uso.

Además, a fomentar la creación de empleos verdes y la economía mediante un adecuado acopio, manejo, reciclaje y disposición final de llantas y/o neumáticos y transformarlos en productos con vida duradera y materiales resistentes.

«Es una medida positiva que puede tener múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales», subrayó.

Con el interés de proteger y apoyar a las personas en estado de vulnerabilidad la diputada Margarita López Pérez puso a consideración del Pleno del Congreso, la Iniciativa de Ley para elevar a grado Constitucional la pensión para el Programa para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer.

Junto con los diputados Julieta García Zepeda y Juan Carlos Barragán Vélez, presentaron dicha iniciativa que, de ser aprobada, modificará el artículo 2° y un párrafo décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, el cual quedaría de la siguiente manera:

“El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a mujeres de entre 18 y 64 años 11 meses de edad, con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las indígenas, las afromexicanas y las personas que se encuentren en condición de pobreza”.
La legisladora hizo una semblanza sobre el serio problema que hay en el mundo, América Latina y México sobre la mortalidad debido al cáncer de mama y/o cervicouterino. Para el caso michoacano, se estima que anualmente se producen aproximadamente 500 defunciones causadas por estos dos padecimientos de mujeres mayores de edad.

La estrategia gubernamental federal ya da protección constitucional a las personas de la tercera edad y con discapacidad, pero en la entidad el gobierno ha hecho lo propio con fecha del 11 de abril de 2022, cuando se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el Acuerdo que establece el Programa para el Bienestar de Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer y sus Reglas de Operación.

Ahora es tiempo de elevarlo a grado Constitucional en Michoacán, generando así un derecho y beneficio para el apoyo en gastos de alimentación, vivienda, vestimenta y educativos de los menores, así como los gastos generados por su tratamiento y atención médica.

Para dar cuenta sobre la realidad de este problema, la legisladora informó los datos que emite la Organización Mundial de la Salud, en el que ubica a las Américas como casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020.

A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.94 defunciones porcada 100 mil mujeres de 20 años y más. En América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%), contrario a lo que sucede en los países de altos ingresos, los cuales han tenido una disminución del 40%.

En 2020, hubo más de 210,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68,000 muertes.

El Congreso de Michoacán aprobó reformas que amplían las facultades para que la Defensoría para la Protección de Derechos Político-Electorales del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), atiendan a grupos en situación de vulnerabilidad, y que el TEEM pueda conocer y resolver las solicitudes que hagan comunidades indígenas sobre el ejercicio y administración del presupuesto directo, el consentimiento y consulta previa, libre e informada por parte de las comunidades indígenas.

La reforma aprobada en el Congreso de Michoacán, además establece en el Código Electoral del Estado, el reconocimiento de autogobierno y procedimiento para acceder al presupuesto directo, mismo que ya contempla la Ley Orgánica Municipal y la Constitución del Estado, consolidando y fortaleciendo la reformas en la materia.

La propuesta presentada por la diputada Erendira Isauro Hernández y fortalecida por las aportaciones de los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, así como diputados integrantes de la 75 Legislatura, contribuye a reivindicar la lucha de los grupos sociales más desprotegidos y los pueblos originarios.

Durante su intervención la legisladora local, destacó que los ordenamientos jurídicos en los que se plasman sus derechos no pueden quedar como letra muerta, todos y cada uno, como ciudadanos y más aún en este poder que representa al pueblo de Michoacán tienen la responsabilidad de hacer lo propio por los pueblos originarios.
Refirió que el gobernador de Michoacán, siendo legislador impulso ordenamientos en favor de los pueblos y comunidades indígenas que hoy ya son una realidad, y con esta propuesta continúa impulsando ordenamientos que en todo momento beneficien a los pueblos y comunidades indígenas presentes en todo el territorio michoacano.

“Si bien la ley no es perfecta, es perfectible y con estas propuestas de reforma nos sumamos al pago de la deuda que se tiene con quienes por tato tiempo fueron ignorados , desde este Poder Legislativo, como sus representantes estamos haciendo lo propio en apego a lo pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde toda reforma en materia indígena debe ser sometida a una consulta previa, libre e informada, sin caer en chantajes de grupos o asociaciones que precisamente lucran con las necesidades de los pueblos”, expresó.

Las escuelas deben adoptar políticas y medidas concretas para garantizar el respeto de los derechos humanos en el aula y prevenir el acoso por parte de los maestros, subrayó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Este jueves desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador planteó exhortar al Ejecutivo del Estado para que, dentro de sus facultades, instruya a las instituciones pertinentes a generar los mecanismos necesarios para la prevención y atención en temas de acoso en todas las escuelas.

“Es necesario además generar campañas de concientización y sensibilización de este tema, así como la obligación de contar con protocolos de acción inmediata con la finalidad de que el acoso cese en las escuelas siendo atendido y sancionado conforme a las leyes aplicables. Y de no ser atendidos los temas de acoso en las escuelas, sean sancionadas las personas que sean omisos a este tema tan sensible”.

Recalcó que el acoso por parte de los maestros hacia los estudiantes es un grave problema que viola los derechos humanos fundamentales de los estudiantes a una educación segura y libre de violencia. Todos los estudiantes tienen derecho a una educación que les permita desarrollarse plenamente, sin importar su origen, género, orientación sexual o cualquier otra característica personal.

“El respeto de los derechos humanos es fundamental en cualquier sistema educativo y es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar garantizar que se respeten estos derechos. Los maestros tienen un papel clave en el fomento de los derechos humanos en el aula y en la formación de ciudadanos respetuosos y tolerantes”.

Víctor Manríquez subrayó que cuando los maestros intimidan a los estudiantes, crean una atmósfera de miedo y pánico en el salón de clases, lo que puede afectar el rendimiento y la salud mental de los estudiantes.

“Además, cuando los maestros intimidan a los estudiantes, pueden sentirse aislados y sin apoyo, lo que puede conducir a problemas emocionales y de comportamiento a largo plazo. Es importante que los directores de escuela tomen medidas proactivas para prevenir y detener el acoso docente. Esto incluye crear un ambiente seguro y acogedor para todos los estudiantes, promoviendo la inclusión y el respeto por los demás”.